domingo, 22 de febrero de 2009

Itinerario Político. Columna.

Por Ricardo Alemán

22 de febrero de 2009


Buendía: ayer y hoy

Como si fuera casualidad macabra, cuando los capos de la droga en México gozan de mayor poder e impunidad, un juez benefició con libertad anticipada a José Antonio Zorrilla, autor intelectual del crimen de Manuel Buendía, periodista que indagaba la presunta relación entre el narco y altos niveles del gobierno de Miguel de la Madrid

Indagaba nexos de narco y gobierno
De la Madrid avaló la narcopolítica

Como si fuera casualidad macabra, cuando los capos de la droga en México gozan de mayor poder e impunidad, un juez benefició con libertad anticipada a José Antonio Zorrilla, autor intelectual del crimen de Manuel Buendía, periodista que indagaba la presunta relación entre el narco y altos niveles del gobierno de Miguel de la Madrid.

Es posible que para muchos cuya edad ronda los 30 años, poco diga la cita de Buendía, el columnista político más leído e influyente hasta el 30 de mayo de 1984, fecha en que fue asesinado cuando el gobierno de Miguel de la Madrid no llegaba al primer tercio. Desde entonces la sociedad se formuló dos interrogantes básicas: ¿quién y por qué mataron a Manuel Buendía?

Desde hace dos décadas el fiscal especial del caso, Miguel Ángel García, señaló como autor intelectual del crimen a José Antonio Zorrilla, ex titular de la temible y corrupta Dirección Federal de Seguridad, sentenciado a 35 años de cárcel y que gracias a la justicia mexicana recibió la libertad anticipada, apenas en días pasados.

Zorrilla no actuó solo —apenas fue el operador del crimen—, pero otra vez la sapiente justicia nunca llegó más arriba pese a que muchos apuntaron desde 1984 en dirección a Manuel Bartlett, entonces titular de Gobernación y jefe directo de Zorrilla. Años después, en los previos a la elección de 2006, el comisionado del PAN ante el IFE, Germán Martínez, señaló públicamente a Bartlett como el verdadero autor intelectual del crimen. Éste reaccionó de inmediato y denunció ante las autoridades al ahora dirigente del PAN. De manera parcial se sabe el “quién”. Pero ¿por qué mataron a Buendía?

EL NARCO, AYER Y HOY

Aquí las casualidades tornan el tema en algo macabro. Desde hace 25 años hay indicios de que al inicio del gobierno de De la Madrid, estrechos colaboradores del presidente —incluso el mismo mandatario— habrían pactado con los entonces jefes de las bandas de narcotraficantes. No es un secreto que la narcopolítica floreció en esos años en México y que se metió hasta en altos mandos militares.

Y el PRI de hoy no puede eludir su responsabilidad de ayer en esa escalada del crimen, como tampoco hacer hoy como que nada sabe de la narcopolítica en estados gobernados por el PRI, donde el narco influye desde rancherías hasta gobiernos estatales. En efecto, torpes colaboradores de Calderón hablan en tono “chabacano” del riesgo de que el próximo presidente sea del narco.

Pero también es cierto que hoy nadie quiere ver las evidencias que vinculan a un ex presidente priísta con el narco —como De la Madrid—, los vínculos de altos mandos militares de anteriores gobiernos del PRI, y no pocos olvidan que por lo menos un gobernador del tricolor era sostenido por el narco: Mario Villanueva. ¿Y qué decir sobre el ex fiscal antidrogas, Mariano Herrán Salvatti, y los nexos que de su puño exhibe con la narcopolítica y la narcoempresa?

PERIODISMO Y NARCO: AYER Y HOY

Manuel Buendía fue asesinado porque habría descubierto nexos entre el narco y los hombres de De la Madrid. Fue un crimen de Estado —y no existe la menor duda—, pero hoy, contrario a ese crimen de hace 25 años, los periodistas son amordazados, amenazados y asesinados por los narcotraficantes y los criminales organizados. En los dos casos, sin embargo, la tragedia y las víctimas siempre son del lado de los periodistas.

Y para quienes aún dudan de las razones por las que fue asesinado Buendía, pronto estará a la venta el libro Crimen de Estado, de Gregorio Ortega —Plaza y Janés—, del que les ofrecemos una pincelada.

“Al momento en que Salanueva corta un bocado de huevos a la veracruzana, Benavides le dice, muy cerca del oído derecho, que todos los enterados saben que el Chocorrol, después de levantarle los faldones de la gabardina a Buendía, y dispararle uno, dos, tres balazos por la espalda, con paso cansino huyó por Insurgentes hasta la esquina de Liverpool, donde dio vuelta a la izquierda, hasta llegar a Havre; ahí, en una motocicleta Kawasaki 1000 lo esperaba Rafael Moro Ávila Camacho, para llevárselo y modificar su destino.

“Rogelio Salanueva parece no estar interesado en lo que desgranan sobre su oído derecho. Engulle como si hiciera días que hubiera dejado de comer, pero está atento y conminaba a Benavides a continuar. Éste lo entera de que José Luis Ochoa Alonso era agente en activo de la DFS al momento de hacerse responsable del tramo final de la ‘Operación Noticia’, como se codificó el operativo para ejecutar a Buendía.

“Pero —la voz de Benavides adquiere una pausa distinta, sonríe antes de seguir adelante, con la pretensión de crear suspenso— el Chocorrol no sobrevivió ni mes y medio al periodista, porque a su vez y para romper con todo posible seguimiento, hasta el autor intelectual fue asesinado el 11 de julio. Naturalmente, de 1984, enfatiza Benavides, con el propósito de que su interlocutor se percate de que el gobierno —dado que no se puede negar que fue un crimen de Estado— era consumido por el miedo a las consecuencias de sus actos, y estaba urgido de que murieran quienes debían morir, con tal de garantizar al poder la limpieza y la continuidad de los acuerdos establecidos con la Casa Blanca y con los barones de los cárteles del norte de México, para asegurar la viabilidad económica de la nación.

“—Ahora bien, lo importante no es la muerte del matarife que acribilló por la espalda a Buendía. Su identidad dejó de interesar en el momento en que dejó de existir. Lo que debe inquietarnos es quiénes y cómo lo ejecutaron, porque saberlo nos muestra el camino que debemos de seguir para, al menos, intuir quién dio la orden, ya que los nombres de quienes necesitaron como del aire esta cadena de homicidios nunca se harán públicos.

“Mira, mano —se pone coloquial el comandante, como si quisiera descargarse de lo que escuchó y no debería saber—, al Chocorrol lo mataron otros agentes de la DFS, y lo que te cuento no es nuevo… Es así como Salanueva se entera de que Ochoa Alonso recibió 20 millones de pesos en efectivo por ejecutar a Buendía… Se hace de su conocimiento entonces que los jefes del Chocorrol en la DFS, conociéndolo, sabían de su debilidad por el dinero… por lo que decidieron ponerle una trampa, con el propósito de no tener en el futuro alguien que por unos cuantos pesos se decidiese a abrir la boca, contar lo que hizo y ponerlos a todos en un predicamento…

“Después, el silencio y la necesaria muda evaluación de Salanueva. Se pregunta para qué le sirve saber los nombres de los ejecutores del asesinato de Buendía o cómo se gestó el operativo para matar a otro cabrón, como quedó estipulado entre esos miembros de la DFS. Se pregunta también cuánto costó la vida de Buendía y para qué sirvió el dinero pagado por ella, y en qué medida esa muerte sirvió, sirve, para ensanchar los caminos de la libertad de prensa.

“A estas alturas, diciembre de 1987, medita en voz alta Salanueva, de poco o nada sirvió tanto crimen de Estado: pronto se tornó en un secreto a voces que al periodista lo ejecutaron por orden del gobierno, aunque no se dijera el nombre del autor intelectual. Pero se intuía su cargo, se sabía quién necesitaba de ese silencio”. Fin de la cita.

Han pasado 25 años y nada hemos aprendido. Y sí, un asesino está suelto.

Interrogan a ex operador pejista por la ejecución del general Tello

Concesionó comida del penal a familiares de Nicolás Mollinedo sin licitación alguna.

Dom, 22/02/2009 - 05:35

Solicitará la SIEDO una orden de arraigo contra Mejía López.

México.- La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR investiga a Marco Antonio Mejía López, director del penal de Cancún y ex colaborador de Andrés Manuel López Obrador, por su presunta implicación en el asesinato del general Mauro Enrique Tello Quiñones.

Además, la representación social federal tiene la sospecha de que el funcionario —detenido el viernes en el filón turístico y trasladado a la Ciudad de México la madrugada del sábado— forma parte de una red de servidores públicos que brinda protección al cártel del Golfo en Quintana Roo.

Mejía López es interrogado sobre sus presuntos vínculos con el ex jefe de la policía municipal de Cancún Francisco Velasco Delgado, El Vikingo, actualmente arraigado por la ejecución del militar, ocurrida el 3 de febrero en Cancún.

De acuerdo con las investigaciones, Mejía López también puede estar involucrado con Javier Díaz Ramón, El Java, supuesto líder del cártel del Golfo en Quintana Roo y Veracruz, capturado en diciembre pasado por el Ejército.

Autoridades federales informaron que es muy probable que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la SIEDO solicite a un juez federal una orden de arraigo contra el director de la cárcel municipal de Cancún, como presunto responsable del delito de delincuencia organizada y lo que resulte.

Mejía López laboró en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México (2000-2006) como titular de la Subdirección Operativa y de Servicios, que dependía de la Coordinación de Logística, a cargo de Nicolás Mollinedo Bastar, conocido como Nico e identificado como el chofer del tabasqueño, pues suele conducir el vehículo en que viaja éste.

Entre las funciones del ahora detenido como funcionario del gobierno capitalino se encontraba coordinar a las gacelas, el agrupamiento femenil de la Secretaría de Seguridad Pública local que custodiaba a López Obrador. Inclusive Mejía López, al igual que varias de ellas, recibió entrenamiento en Israel en 2005.

Durante la campaña presidencial de 2006, el señalado participaba en la logística del entonces abanderado perredista e incluso se coordinaba con los elementos del Estado Mayor Presidencial asignados al resguardo del político.

Cuando concluyó la elección presidencial, Mejía López se incorporó a la administración capitalina de Marcelo Ebrard, a quien le brindaba servicios de seguridad.

El 10 abril de 2008 el alcalde de Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo, Gregorio Sánchez Martínez, lo designó director de la cárcel pública municipal.

Cinco meses después de haber asumido, se dio a conocer que Mejía López dio la concesión —sin licitación— de la comida para los internos a familiares de Mollinedo Bastar, chofer de López Obrador.

En esa ocasión, el secretario del ayuntamiento, Lenin Zenteno, explicó que la licitación fue declarada desierta y la asignación de la concesión de los alimentos de la cárcel se realizó por “invitación restringida”.

Se informó que la empresa Tabana Banana, SA de CV, cuyos accionistas, de acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad, son Rafael Fernando Marín Mollinedo y María Amada Mollinedo Valencia, con 20 y 80 por ciento de las acciones, respectivamente, se haría cargo de brindar los alimentos.

Mejía López fue detenido la mañana del viernes tras acudir a un llamado de la SIEDO.

El crimen

La madrugada del 3 de febrero, en Cancún se encontraron los cuerpos de tres hombres con el tiro de gracia en la carretera libre a Mérida, entre ellos, el general de brigada Enrique Tello Quiñones.

Tello Quiñones, quien estaba adscrito a la 21 Zona Militar en Michoacán, participó en el operativo Buenos Aires en 1997, como director de agrupamiento de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

El reporte de los forenses dejó constancia de que Tello Quiñones, su escolta y el sobrino del alcalde de Cancún fueron “torturados de forma salvaje” antes de ser ejecutados.

Ignacio Alzaga
Foto: Elizabeth Ruiz/Cuartoscuro