lunes, 7 de diciembre de 2009

Cancún y el narco


Plan B
Lydia Cacho

07 de diciembre de 2009

Si en algún lugar del país se puede hablar de Estado fallido es en Cancún, el polo turístico erigido hace 40 años que hoy está en manos del narco. Los cárteles se disputan la plaza ante la parálisis de las autoridades y la complicidad pasiva, en algunos casos activa, de empresarios. Cancún anticipó lo que sucedería en muchas ciudades, que hasta hace poco no estaban “contaminadas” por el crimen organizado. Pero en Quintana Roo, a diferencia de otras entidades, el narco no “llegó”, sino fue prohijado conscientemente desde el poder.

Mario Villanueva gobernó el estado de 1993 a 1999. Es el paradigma del gobernador priísta que abrió las puertas a los narcos colombianos y colaboró en la construcción y fortalecimiento de grupos que desangran hoy a México. Desde entonces hablábamos de las pistas donde aterrizaban avionetas con cocaína, de los millones para permitir su libre paso. Directores de medios le temían, censuraban a sus colaboradores y reporteras para evitar la ira de Mario.

Hoteleros mexicanos y españoles le entregaban sumas multimillonarias para recibir su aval en la destrucción del ambiente y se sometían al desprecio de su reconocido talante agrio. Escuchamos historias sobre supuestos asesinatos y vimos cómo hoteleros, políticos y policías tejían redes de complicidad y silencio. Toda persona que revelara la realidad era acallada, amenazada y aislada. Los más ricos y poderosos empresarios de Cancún y Cozumel departían con Villanueva a sabiendas de su narcoalianza.

El 4 de junio de 2008 el ex gobernador fue sentenciado a 36 años y 9 meses de prisión por su complicidad con el trasiego de drogas de Colombia a los EU. El gobierno estadounidense lo considera responsable de abrir las puertas a la globalización del narcotráfico con el Cártel de Juárez cuando Amado Carrillo El señor de los cielos era el jefe criminal en mi ciudad. A pesar de la clara evidencia cientos de personas de todos los estratos sociales le defienden; hoteleros y empresarios, políticos y gente común consideran que “fue un buen gobernador”.

La extradición despierta viejos fantasmas. Aunque Villanueva purgue una pena merecida por gestar el monstruo de la impunidad y el fortalecimiento de los cárteles, quedan cientos de hombres de poder que fueron cómplices silenciosos, que callaron cuando debieron hablar, que festejaron la corrupción, que compraron su entrada con dinero sucio; esos que aún gobiernan Quintana Roo y controlan parte de su economía.

Ahora Los Zetas controlan la cárcel y mantienen enormes galerones con productos piratas en la avenida López Portillo que distribuyen en el sureste. Los Beltrán Leyva pelean el control del tráfico de drogas con El Golfo. Durante 2007 hubo 34 ejecuciones en Cancún y en aras de proteger el turismo el gobierno gasta millones en acallar a la prensa. Mario Villanueva es quien es y su herencia pervive aunque sea extraditado.

Genocidio: recientemente en España hablé sobre la responsabilidad del Estado en los casos de feminicidios (tipo penal aceptado en la Ley federal). Además hablé de la posible limpieza social por 15 mil asesinatos impunes. Alguien en el camino decidió acusarme de hablar de genocidio, haciendo una falsa interpretación de mi análisis sobre la violencia en México.

Fuente: El Universal

La figura jurídica de Testgos Protegido, es endeble

  • La eficacia de la figura es puesta en duda frente a emblemáticos casos fallidos
  • En siete años la PGR ha cuadruplicado el número de sus testigos protegidos
  • Eran 99 y ahora son 411 
  • Reciben entre 25 mil y 50 mil pesos mensuales 
  • 80 residen fuera del país

 
Gustavo Castillo García

 
La Procuraduría General de la República (PGR) cuadruplicó en siete años el número de testigos protegidos, al pasar de 99, en 2002, a 411 este año; supuestamente todos aportan elementos al Ministerio Público Federal para sustentar pesquisas o procesos penales contra presuntos integrantes del crimen organizado.

 
La veracidad de sus testimonios ha sido puesta en duda en casos emblemáticos para la justicia mexicana, como el Maxiproceso (contra el cártel de Juárez, 1997); la Operación Limpieza (contra el cártel de los Beltrán Leyva, 2009), y en la investigación contra el ex comandante de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP) Javier Herrera Valles, quien desde febrero pasado está sujeto a juicio por supuestos vínculos con el cártel del Golfo.

 
Funcionarios del gobierno federal que participan en el Gabinete de Seguridad Nacional revelaron a La Jornada que los pagos a los testigos protegidos van de 25 mil a 50 mil pesos mensuales, y que su permanencia en el programa depende del tiempo que tarden los juicios en que hayan rendido declaraciones, por lo que algunos llevan más de nueve años recibiendo un pago, supuestamente protección física, alimentación y vivienda.

 
Sin embargo, la muerte de dos testigos, Jesús Zambada Reyes (20 de noviembre) y Édgar Enrique Bayardo del Villar (1º de diciembre), puso al descubierto que no existe normatividad que fije las medidas de seguridad que debe proporcionarles la autoridad ni las condiciones en que vivirán quienes han decidido colaborar en la persecución de la delincuencia organizada.

 
Los recursos para mantener a los testigos se obtienen de la partida Gastos en Seguridad Nacional, y 80 de los 411 viven fuera de México.

 
Por la falta de regulación, un número desconocido de testigos habita en casas decomisadas a narcotraficantes, como el inmueble localizado en Xitle 87, en la colonia Santa Úrsula, en la ciudad de México, que perteneció al extinto Amado Carrillo Fuentes y donde vivieron Bayardo del Villar y Zambada Reyes.

 
En 12 años han muerto seis testigos protegidos, cinco ejecutados. En 1997 y 1998 fueron asesinados Tomás Colsá McGregor y el comandante Jaime Olvera. En 2000 fue ultimado el militar Humberto Capelletti, pieza importante en el juicio contra el general Jesús Gutiérrez Rebollo.

 
Asimismo, un hombre identificado sólo como Noé fue asesinado el 21 de agosto de 2008 en la carretera México-Toluca, tras haber denunciado que José Manzur, ex delegado de la PGR en el estado de México, tenía ligas con los cárteles de La Familia y Los Zetas.

 
De los 411 testigos a cargo de la PGR, la cuarta parte no recibe protección institucional, lo que ha ocasionado que en algunos casos su vida sea puesta en riesgo, o bien que no acudan a ratificar sus declaraciones ante los jueces y ello afecte las sentencias judiciales.
En febrero de 2008, la identidad de dos personas que había sido ocultada con los seudónimos de Pedro y Juan Antonio fue revelada por el juzgado quinto de distrito mediante edictos que se publicaron en periódicos de la ciudad de México. El mandamiento judicial solicitó su comparecencia en el proceso penal contra Ramón Alcides Magaña, El Metro, uno de los líderes del cártel de Juárez.

 
Casos emblemáticos

 
El ex gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid fue señalado por 25 de los testigos protegidos utilizados en el Maxiproceso, y el Ministerio Público Federal le imputó siete cargos, entre ellos delincuencia organizada, delitos contra la salud y cohecho. Fue exonerado de seis delitos, su única sentencia fue por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

 
A finales de 2008, el comandante de la PFP Javier Herrera Valles ya había denunciado casos de corrupción del secretario de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, cuando fue detenido y acusado por la PGR de haber recibido dinero del narcotráfico, con base a declaraciones de testigos protegidos.

 
Víctor Hugo Martínez Rocha, uno de los que supuestamente acusaba al policía, denunció ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que primero fue torturado y luego la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) le ofreció convertirse en testigo protegido y un millón de pesos para que acusara a Herrera Valles; se negó y fue consignado.

 
La Operación Limpieza ha sido considerada la develación del mayor caso de corrupción institucional, pero la PGR no pudo acreditar los nexos de Miguel Colorado González, ex coordinador técnico de la SIEDO, con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, debido a que los testigos protegidos, identificados con los nombres Jeniffer, David, Moisés y Saúl, se contradijeron en sus declaraciones.

 
Otros casos en que los testigos protegidos imputaron delitos pero sus declaraciones no sirvieron para formalizar procesos penales ocurrieron con Nahúm Acosta, ex director de giras de la Presidencia de la República, a quien se acusó de filtrar información de la agenda de Vicente Fox a narcotraficantes.

 
En otro caso, el arquitecto Joaquín Romero Aparicio fue detenido y arraigado al haber sido “confundido” por los testigos con el líder del cártel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes.

Periódico La Jornada
Lunes 7 de diciembre de 2009, p. 8