domingo, 31 de enero de 2010

Identifican a joven fallecido en accidente vial en la Insurgentes con Felipe Angeles

Chetumal, Quintana Roo

El representante social informa que, de manera oficial la señora Maria Concepción Canul Salas identificó el cuerpo de su hijo Cristhian Magasiel Canul Salas de 21 años de edad, quien anoche falleciera producto de un hecho de tránsito en las confluencias de avenida Insurgentes con calle Felipe Ángeles, colonia Adolfo López Mateos en la capital del estado.

Al reconocer oficialmente a su hijo en la averiguación previa 263/1-2010 iniciada anoche, la señora Maria Concepción manifestó que su hijo fue originario de Chetumal, contaba con 21 años de edad, de estado civil soltero, de ocupación estudiante, profesaba la religión católica y actualmente vivia en su domicilio ubicado en la colonia Proterritorio de Chetumal.

De su deceso, dijo haberse enterado alrededor de las 19 horas de anoche por conducto de un familiar hecho que confirmó momentos después dijo, razón por la que presentó formal denuncia por el delito de homicidio en agravio de su hijo y en contra de quien resulte responsable.

El agente del Ministerio Público añade que entre otras diligencias hasta el momento conjuntadas en el expediente están la puesta a su disposición por personal en Hechos de Tránsito de la Policía Estatal Preventiva (P.E.P.).,de los siguientes vehiculos; Dodge tipo

Atos blanco con franja amarilla, placas de circulación 1130-TNB de Quintana Roo del Servicio Público (taxi) número económico 113 y una motocicleta marca Italika, tipo Elite color amarilla, placas de circulación ZNG- 78 de Quintana Roo, unidad que de acuerdo a las investigaciones era conducida por el ahora occiso quien iba acompañado de otra persona de nombre Efraín Aurelio quien tras el percance fue llevado a un nosocomio para su atención médica. Hasta el momento se ignora el nombre del conductor del taxi en virtud que tras el percance citadino se retiró del lugar.

PJE investiga homicidio de Luis Montaño Salmerón


P.J.E, a través de su Grupo de Homicidios trabaja para esclarecer homicidio reportado esta madrugada en Fraccionamiento del Mar en Chetumal.

El agente del Ministerio Público reporta que integra la averiguación previa 265/1-2010 con motivo del homicidio por arma blanca de Luis Montaño Salmerón de 24 años de edad, reportado a elementos de la Policía Judicial del Estado (PJE), alrededor de las 01:10 horas de hoy, vía Emergencias 066 en un domicilio de Privada Universidad número 55-B esquina avenida Universidad del Fraccionamiento del Mar en Chetumal.

Añade que, como parte de sus diligencias junto a peritos y agentes de la P.J.E., acudió al lugar en donde dio fe ministerial de un cadáver que encontró en posición decúbito dorsal en el interior de una recámara. Esta persona de acuerdo a versiones recabadas hasta el momento, fue originario del municipio Benito Juárez, aunque actualmente vivía en Chetumal.

La fe ministerial realizada durante las diligencias de levantamiento del cadáver manifestó que Luis Montaño Salmerón presentaba tres lesiones por arma blanca a la altura del pecho, sin embargo será hasta que personal del Servicio Médico Forense (SE.ME.FO.), de Chetumal concluya la necropsia de ley que podrá determinarse la causa del fallecimiento.

Agentes del Grupo de Homicidios de la PJE, por su parte reportan que a raiz del hecho delictivo llevan a cabo sus investigaciones , entrevistando a personas que conocian al occiso y todo aquel elemento necesario para aportarlo al agente del Ministerio Público, acción que permitirá esclarecer a la brevedad posible el caso.


Asesinan a maquillista de Los Arrecifes

De tres puñaladas a un joven de 24 años le fue quitada la vida al interior de su domicilio en esta ciudad, presuntamente por su pareja sentimental. El ahora occiso trabajaba en un bar.

De acuerdo a la Policía Judicial del Estado (PJE), se recibió el reporte al número de Emergencias 066 a las 03 horas de ayer, donde se informó del hallazgo de un cuerpo.

Elementos de la PJE, de la Policía Preventiva Municipal y Estatal acudieron a verificar el hecho, en la calle privada Universidad número 57, entre López Velarde y Universidad, en el fraccionamiento Brisas del Mar.

En la vivienda ya se encontraba un grupo de bailarinas y amigos del occiso de nombre Luis Montaño.

Las autoridades policíacas entrevistaron a una persona de nombre Angie Zambrano Hernández, bailarina y compañera del fallecido, quien dijo que Luis Montaño no se presentó a maquillarlas como todos los días en el bar los Arrecifes, donde trabajaba.

Por ello, después de su jornada laboral acudió a casa del difunto y al llegar encontró la puerta abierta y el cuerpo desnudo de su amigo, además de un charco de sangre.

La PJE dio a conocer que a simple vista el cuerpo presentaba tres heridas punzocortantes en el pecho (específicamente dos a la altura de la tetilla derecha y una en la izquierda). En la mano derecha tenía atado un cinturón, con lo que presuntamente fue sometido.

Hasta el momento se siguen dos líneas de investigación, el crimen pasional y el robo. En cualquiera de los casos se dijo que el asesinato lo cometió una sola persona.

El Ministerio Público del Fuero Común y personal de la Dirección de Servicios Periciales dieron fe de los hechos e integran la averiguación previa correspondiente por el delito de homicidio calificado en contra de quien resulte responsable.

El cadáver que fue llevado al Servicio Médico Forense para la necropsia de rigor, dio como resultado que la muerte obedeció a un shock hipovolémico.

Cabe mencionar que en el lugar de los hechos se informó que el ahora occiso, al parecer tenía tendencias homosexuales y le gustaba sostener relaciones sexuales en situaciones extremas y se presume que su pareja sentimental pudo ser el autor del crimen. 

SIPSE
Novedades de Quintana Roo

Recibió tres puñaladas

Recibió tres puñaladas

Chetumal, Quintana Roo

De tres pu­ña­la­das en el pe­cho fue ase­si­na­do Luis Mon­ta­ño Sal­me­rón, de 24 años de edad, ma­qui­llis­ta de las bai­la­ri­nas del bar "Los Arre­ci­fes".

El ro­bo o el cri­men pa­sio­nal son dos de las lí­neas de in­ves­ti­ga­ción que la Po­li­cía Ju­di­cial si­gue en tor­no a es­te ho­mi­ci­dio re­gis­tra­do la ma­dru­ga­da de ayer en el "Frac­cio­na­mien­to del Mar".

Tam­bién hay va­rias hi­pó­te­sis so­bre si es uno o son va­rios los ase­si­nos.

El cuer­po del in­for­tu­na­do su­je­to es­ta­ba com­ple­ta­men­te des­nu­do, bo­ca arri­ba, en­tre un char­co de san­gre y un cin­tu­rón ata­do a su ma­no de­re­cha.

La Po­li­cía Ju­di­cial es­tá en es­pe­ra de los re­sul­ta­dos de la ne­crop­sia, pa­ra de­ter­mi­nar si la víc­ti­ma sos­tu­vo re­la­cio­nes se­xua­les po­co an­tes de ser vic­ti­ma­do.

In­for­ma­ción pro­por­cio­na­da por Ma­rio Fer­nan­do Li­ra Man­za­ne­ro, di­rec­tor de la PJE en la Zo­na Sur de la en­ti­dad, in­di­có que el re­por­te fue re­ci­bi­do a las 03:00 ho­ras de la ma­dru­ga­da de ayer.

Sin em­bar­go, hay otras ver­sio­nes so­bre que los he­chos ha­brían ocu­rri­do al­re­de­dor de la me­dia­no­che.

Los po­li­cías ju­di­cia­les, es­ta­ta­les y mu­ni­ci­pa­les acu­die­ron a la vi­vien­da nú­me­ro 55-B de la ca­lle Pri­va­da Uni­ver­si­dad, del re­fe­ri­do frac­cio­na­mien­to, don­de ya se ha­bía reu­ni­do un nu­tri­do gru­po de bai­la­ri­nas y ami­gos del oc­ci­so.

Los ju­di­cia­les en­tre­vis­ta­ron a An­gie Zam­bra­no Her­nán­dez, bai­la­ri­na y com­pa­ñe­ra del oc­ci­so, quien di­jo que les ex­tra­ñó que Luis no se pre­sen­ta­ra a ma­qui­llar­las co­mo lo ha­cía to­dos los días.

Por tan­to, con­ti­nuó, al ter­mi­nar su ho­ra­rio de tra­ba­jo de­ci­dió ir a ca­sa del hoy oc­ci­so. la cual en­con­tro abier­ta, y en su in­te­rior el ca­dá­ver.

El di­rec­tor de la Ju­di­cial co­men­tó que in­gre­sa­ron a la vi­vien­da don­de ha­lla­ron el cuer­po de Luis Mon­ta­ño Sal­me­rón, de 24 años de edad, y que a sim­ple vis­ta ob­ser­va­ron que pre­sen­ta­ba tres he­ri­das pun­zo­cor­tan­tes en el pe­cho (dos a la al­tu­ra de la te­ti­lla de­re­cha y una en la iz­quier­da).

Asi­mis­mo, en la ma­no de­re­cha te­nía ata­do un cin­tu­rón, con el cual, se pre­su­me, in­ten­tó li­brar­se de la ata­du­ra que su o sus vic­ti­ma­rios le rea­li­za­ron pa­ra so­me­ter­lo.

El Mi­nis­te­rio Pú­bli­co del Fue­ro Co­mún, tras las pes­qui­sas rea­li­za­das por la PJE y per­so­nal de la Di­rec­ción de Ser­vi­cios Pe­ri­cia­les, dio fe de los he­chos e in­te­gró la ave­ri­gua­ción pre­via 265/01-2010.

Diario de Quintana Roo

martes, 12 de enero de 2010

Cancún: la jaula de oro

Agencia Proceso
2010-01-10

El penal estatal de Benito Juárez, hasta hace poco en control de Los Zetas, es ampliado ahora por una constructora propiedad de un sobrino del jefe del Cartel de Juárez y actual aliado de los Beltrán Leyva.

CANCÚN, Quintana Roo, 9 de enero.- El empresario chihuahuense Luis Carlos Carrillo Cano, sobrino del narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes, jefe del cártel de Juárez y actual aliado de los Beltrán Leyva, está ampliando y remodelando la prisión estatal Benito Juárez, ubicada en esta ciudad, gracias a un contrato de obra pública que le otorgó el gobierno de Quintana Roo.

Pese a versiones según las cuales el empresario se dedica a lavar dinero de los Beltrán Leyva, él obtuvo dicha concesión para su empresa inmobiliaria Safie de Quintana Roo, que actualmente construye 250 nuevos “espacios” en esa prisión –antes controlada por Los Zetas– para resolver el hacinamiento en que viven sus reclusos.

La decisión de ampliar el penal fue tomada el año pasado por el entonces secretario de Seguridad Pública del estado, Salvador Rocha Vargas, actualmente preso en Nayarit, acusado de proteger las actividades de los Beltrán Leyva en Quintana Roo.

El contrato de obra pública número CEE-OP-060/09, cuya copia tiene Proceso, estipula que el sobrino de Carrillo Fuentes, en “su carácter de administrador único” de Safie y, por lo tanto, “contratista” de la obra, recibirá 9 millones 876 mil pesos por construir un “edificio” de “252 espacios” para recluir a los “varones”, además de que levantará la “barda perimetral” y “el rondín interior y exterior” de la cárcel Benito Juárez, en la que también hay una sección para mujeres, misma que no tendrá modificaciones.

Firmado el 11 de agosto de 2009, el contrato añade que Safie es una constructora legalmente constituida, tiene capacidad para “la ejecución de la obra” y “dispone de la organización y elementos suficientes para ello”, motivo por el cual –asegura– ganó la licitación número 034/09.

El documento compromete a Carrillo Cano a someterse a la legislación en la materia, a “las especificaciones de la obra, el proyecto, el programa de trabajo, los montos mensuales de obra derivados del mismo, así como al documento en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas”.

El contrato también estipula que la cárcel es manejada por la Secretaría de Seguridad Pública estatal, aunque la ejecución de la obra depende de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, por lo que dicho contrato fue firmado por el titular de esta última dependencia, Gabriel Mendicuti Loria, así como por Luis Carlos Carrillo Cano, en su calidad de “contratista” y dueño de la empresa constructora.

Otros dos funcionarios estatales firmaron el documento: Juan Martínez Mendoza, director de Administración y Presupuesto de Obra Pública, y Andrés Canul Novelo, su subsecretario técnico.

Presunto lavador
La concesión otorgada a la constructora Safie está marcada por supuestas irregularidades, pues las empresas locales Constructora y Controladora del Sureste, Margadín Caribe y Edificación y Señalización del Sureste encabezaban la lista para obtener la licitación, según el acta de presentación que hizo pública la propia Secretaría de Infraestructura y Transporte el 13 de julio. En esa lista ni siquiera figuraba la empresa de Carrillo Cano.

“Hubo trampa en esa licitación. Y quien metió la mano fue el entonces secretario de Seguridad Pública, Rocha Vargas. Lo hizo para favorecer a los Beltrán Leyva, uno de cuyos operadores en Quintana Roo es justamente Luis Carlos Carrillo Cano, quien específicamente se dedica a lavarles las ganancias producto del narcotráfico”, comenta un excolaborador de Rocha Vargas, quien pide que se omita su nombre por temor a eventuales represalias.

Asegura que Luis Carlos es sobrino de Vicente Carrillo Fuentes, actual aliado de los Beltrán Leyva, y afirma que incluso dos hermanos de Luis Carlos –Ricardo y Alfredo– también están involucrados en el narcotráfico. Proporciona un reporte de la Procuraduría General de la República (el estudio 2012/06-PGR) el cual señala que “Ricardo Carrillo Cano y Alfredo Carrillo Cano, ambos sobrinos de Vicente Carrillo Fuentes”, están involucrados “en actividades de tráfico de drogas” hacia Estados Unidos. El reporte no especifica más sobre dicho parentesco, ni menciona a Luis Carlos.

“A diferencia de sus hermanos, Luis Carlos no participa directamente en el tráfico de drogas. Sólo se dedica a invertir las ganancias que deja este trasiego, mediante empresas legalmente constituidas”, recalca el entrevistado, y señala a la constructora Safie como una de esas empresas.

En el acta constitutiva de Safie del 26 de octubre de 2004, protocolizada ante el notario público número 20 de Cancún, Benjamín de la Peña, se señala que es una sociedad anónima de capital variable, cuyo principal objetivo es la “construcción de obras civiles, así como la compra, venta y renta de bienes muebles e inmuebles”, lo mismo que “realizar, supervisar o contratar por cuenta propia o de terceros, toda clase de construcciones, edificaciones, conjuntos inmobiliarios, fraccionamientos, edificios o instalaciones para oficinas o establecimientos de empresas comerciales o industriales”.

Carrillo Cano declara ser un “comerciante”, casado, oriundo de Chihuahua, Chihuahua, donde nació el 21 de agosto de 1955. Y da su domicilio en Cancún: calle 12, número 324, supermanzana 62.

La disputa por el penal
En la tesorería del Ayuntamiento de Benito Juárez aparecen registradas 47 propiedades a nombre de Carrillo Cano. Se pudo ingresar a una de ellas: se trata de la Quinta María Luisa, un enorme e impecable jardín de 10 mil metros cuadrados que actualmente se alquila para realizar fastuosos festejos, a un costo de miles de dólares por día. El alquiler incluye los banquetes, el lujoso mobiliario, grupos musicales y los juegos de luces. Alrededor de la piscina y las palapas, bajo las altas palmeras, por el jardín deambulan venados, flamingos, pavorreales y otras aves exóticas que abrevan en las fuentes artificiales. Un alto muro de piedra, tapizado de enredaderas, circunda al jardín y lo protege del exterior.

Entre el empresariado local, Carrillo Cano ha sabido mantener un perfil muy bajo. De pronto se le ve en algunos bares y centros nocturnos de Cancún. Es un hombre alto, delgado y de pelo crespo, que suele lucir pulseras y relojes costosos. No se sabe a ciencia cierta cuántos negocios están bajo su mando. Y se rumora que las obras que realiza en la cárcel Benito Juárez servirán para arrebatarle definitivamente a Los Zetas el control de esa prisión.

El 20 de febrero del año pasado, el entonces director del penal, Marco Antonio Mejía López, alias Puma, fue encarcelado debido a sus presuntos vínculos con Los Zetas y a su participación intelectual en el asesinato del general Mauro Enrique Tello Quiñones. Mejía López había sido guardaespaldas del excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, por lo que su arresto todavía causó mayor revuelo.

La cárcel –que entonces era municipal– se había convertido en un centro de operación de Los Zetas en el que había tráfico de drogas, venta de armas, prostitución, consumo de alcohol y protección para quienes pudieran pagarla. La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) cateó el penal y encontró documentos que supuestamente vinculaban a Los Zetas con Mejía López y otros funcionarios locales, entre ellos Francisco Velasco Delgado, El Vikingo, secretario de Seguridad Pública municipal, quien también fue arrestado (Proceso 1688).

La alimentación de los presos la proporcionaba la empresa Tabana Banana S.A. de C.V., manejada por la familia de Nicolás Mollinedo, Nico, quien fue chofer de López Obrador.

Poco después, el control de la cárcel se le quitó al municipio gobernado por el alcalde perredista Gregorio Sánchez Martínez, el Greg, y el gobierno estatal asumió su control. Al frente quedó el secretario de Seguridad Pública estatal, Salvador Rocha Vargas, quien para entonces ya estaba vinculado con los Beltrán Leyva.

Gracias a Rocha, el sobrino de Vicente Carrillo obtuvo en agosto del año pasado la concesión para realizar la actual obra en el penal, con capacidad para 480 reos pero que actualmente alberga a mil 242 internos que viven hacinados y en condiciones insalubres.

Al parecer, esta obra responde a la reciente alianza entre Vicente Carrillo y los Beltrán Leyva, producto de una “tregua” entre los dos grupos de narcotraficantes acordada en diciembre de 2008 y documentada en Proceso 1682.

Los reacomodos
Con el mando de la policía estatal, Rocha se dedicó a proteger a los Beltrán Leyva y a perseguir a Los Zetas, sus enemigos en Cancún. Para ello, creó las Fuerzas Especiales Policiales de Apoyo (FEPA) y habilitó como policías a gente de los Beltrán Leyva.

Sin embargo, los nexos de Rocha con los Beltrán Leyva empezaron a ser exhibidos públicamente a través de un video subido a You Tube. Ese narcovideo mostraba a tres sicarios torturados –Iván El Cubano, Alfredo Rosales y Hugo Sánchez– detallando esos nexos. Luego, estos sicarios fueron ejecutados.

El Ejército mexicano emprendió una investigación que derivó en la aprehensión de Salvador Rocha el 1 de septiembre y en su trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número cuatro, “El Rincón”, ubicado en Tepic, Nayarit.

Junto con Rocha, se arrestó a 17 implicados más que recibían dinero de los Beltrán Leyva, entre policías municipales, estatales, federales y hasta militares, agentes del Ministerio Público y funcionarios de los juzgados.

Era toda una red bien coordinada que operaba en la entidad. En ella participaban el director de la Policía Turística de Cancún, Alejandro de Jesús Betancourt Pérez, quien permitía la venta de droga a los turistas alojados en la zona hotelera; los policías federales Ricardo Flores Castro y Tomás Mendiburu, quienes operaban el trasiego de droga en los aeropuertos de Quintana Roo, y el policía federal de Caminos y Puentes Francisco Villagómez, que colaboraba en el trasiego terrestre de armas y droga.

Según la causa penal 301/2009, integrada por el Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales en el estado de Nayarit, Salvador Rocha recibió un primer pago por 100 mil dólares por colaborar con los Beltrán Leyva, y una “cuota” semanal de entre 30 mil y 35 mil pesos.

En ese expediente de 318 fojas, el testigo protegido Jeniffer, operador de los Beltrán Leyva para “reclutar” a funcionarios públicos en Quintana Roo, detalla cómo contrató personalmente a Salvador Rocha, en sus oficinas de Chetumal, en mayo de 2007, cuando Rocha todavía era subsecretario de Seguridad Pública del Estado:
Al saludarme Rocha Vargas me invitó a sentar en un sillón que estaba frente a la puerta de entrada y a la derecha quedaba su escritorio, empezamos a platicar, y en ese momento escuché que dentro de la oficina Rocha tenía música puesta y reconocí que era instrumental de la película “El Padrino” y le dije a Rocha que por qué estaba oyendo esa música… me respondió que esa era la música acorde al conocer a un elemento de la mafia… de inmediato entramos en el tema que nos ocupaba, lo abordé diciéndole si sabía de qué se trataba la entrevista y me dijo que era todo oídos, así que comencé por decirle, que era el encargado de la plaza de Cancún por parte de Sinaloa, que mi jefe directo era Edgar Valdés Villarreal alias “La Barbie”, a lo que él me contestó que él ya sabía algo, que “La Barbie” era el güerito y que lo había conocido tiempo atrás… le indiqué que mi jefe me había mandado a arreglar la plaza y que necesitaba ayuda en la policía municipal, a lo que rápidamente Rocha me dijo que la policía municipal de Cancún ya estaba con “Los Zetas”, que él no quería ningún trato con ellos, que ya le habían ofrecido trabajar con ellos y que él rechazó la oferta, por lo cual me indicó que a él sólo le gustaba trabajar con la raza de Sinaloa, por lo que le dije que necesitábamos que diera de alta a elementos del cártel como policías del Estado, a lo que él me contestó que nos arregláramos y que veríamos el modo de trabajar, así que en ese momento le hice entrega de 100 mil dólares en efectivo, que “La Barbie” me había entregado para él.

Cuenta el testigo protegido que, al acordar el trato, se comunicó telefónicamente con La Barbie para informarle que el arreglo estaba hecho. La Barbie le pidió que lo comunicara con Salvador Rocha. Éste tomó el teléfono celular y le dijo, satisfecho: “Ya está güerito, ya conocí a tu licenciado, así que estamos trabajando… estamos en contacto y salúdame a don Arturo (Beltrán Leyva)”.

Menos de tres años después, todo ha cambiado. Tras el arresto de Salvador Rocha, la muerte de Arturo Beltrán Leyva en la ciudad de Cuernavaca, y el posterior encarcelamiento de su hermano Carlos Beltrán, en este importante destino turístico todavía no se sabe cómo quedará el reacomodo de fuerzas entre los cárteles de la droga.

En este contexto, el gobernador de Quintana Roo, el priista Félix González Canto, declaró alarmado que “se avecinan ajustes de cuentas” y “reacomodos” entre los capos del narcotráfico, por lo que pidió a la población que se mantenga en “estado de alerta”.

Mientras tanto, el empresario Carrillo Cano continúa realizando sus obras en la cárcel de Cancún de largos muros blancos, situada a la salida a Mérida: difuminados por el polvo, grupos de albañiles colocan los bloques de concreto de una nueva barda, remozan una torre de vigilancia que destaca sobre la planicie, trabajan entre alambrados de púas y guardias armados.
(Rodrigo Vera, APRO)

Constructor de Cancún niega ligas con Carrillo Fuentes


El dueño de la constructora Safie, Luis Carlos Carrillo Cano, que amplía la cárcel de Cancún, rechazó ser familiar del líder del cártel de Juárez, o tener vínculos con el de los Beltrán Leyva

Adriana Varillas
El Universal
Cancún, Q. Roo Lunes 11 de enero de 2010
20:48

El dueño de la constructora Safie, Luis Carlos Carrillo Cano, que amplía la cárcel de Cancún, rechazó ser familiar de Vicente Carrillo Fuentes, líder del cártel de Juárez, o tener vínculos con el de los Beltrán Leyva.

También se negó a esclarecer si tiene o no relación con Ricardo y Alfredo Carrillo, quienes figuran en reportes de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), como presuntos responsables de tráfico de drogas, lavado de dinero, extorsión y homicidio.

"Mi único pecado es llevar el apellido Carrillo", dijo esta tarde en conferencia de prensa, a la que convocó para "dejar en claro que no tengo ningún parentesco, ni relación con Amado, ni Vicente Carrillo, ni con los Beltrán Leyva; no los conozco, ni los he visto en mi vida".

El entrevistado, quien confirmó que posee al menos 42 propiedades en Cancún, resaltó que cuenta con 24 años de residencia en Quintana Roo, lapso en el que ha prosperado en los negocios, con base en su trabajo, por lo cual el vincularlo con "grupos criminales me perjudica grandemente, a mí y a mi familia".

Al preguntarle sus nexos consanguíneos con Ricardo y Alfredo, respondió en reiteradas ocasiones que se reservaba la respuesta, a menos que una autoridad competente le citara a declarar al respecto.

Carrillo Cano tampoco quiso ampliar los detalles sobre la licitación 52010001-013-09, para la ampliación de la cárcel municipal, y se limitó a manifestar que ganó el concurso, pese a que existen documentos que indican que el dos de agosto del año pasado el gobierno del estado lo declaró desierto.

Luego invitó directamente a la empresa -Safie de Quintana Roo-, que el 10 de ese mes ingresó la documentación y al día siguiente obtuvo el fallo a su favor.

fml


domingo, 10 de enero de 2010

¿En qué piensa el Gobernador? Bello Melchor a CDHQROO


Por El Cocinero

Ya se escucha, entre la prensa local y nacional que el gobernador Félix González Canto está planeando una de las maniobras más obscenas y ofensivas para el pueblo de Quintana Roo: quiere nombrar al procurador Bello Melchor como representante de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo.

Sobre esto, menciona el periódico El Universal en su columna “bajo reserva”, bajo el título de “Los Excesos de un gobernador”, lo siguiente:
“Los excesos de los gobernadores son noticia de todos los días, pero lo que quiere hacer el de Quintana Roo, el priísta Félix González Canto, podría llevarse el premio del año en materia de aberraciones. Para blindar a su procurador estatal, Bello Melchor Rodríguez y Carrillo, cuya gestión arrastra un largo rosario de denuncias por violaciones a los derechos humanos y por tortura, se le ocurrió el antídoto perfecto: nombrarlo presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a partir del próximo año. Por lo pronto ya instruyó a los diputados locales de su partido, quienes dominan el congreso estatal, que sólo hay un candidato: su procurador. Alguien debería recordarle al joven mandatario que por excesos de poder como éste un antecesor suyo, Mario Villanueva, se encuentra en prisión”. - El Universal (14/12/09)

Bello Melchor Rodríguez y Carrillo, a quien diputados del Congreso Local le exigieran que renunciara por ahí de Mayo del 2009, qué ha acumulado cientos de casos sin resolver, asesinatos, violaciones, injusticias; quien también, paradójicamente, ha sido acusado de “cómplice de la corrupción” y por violaciones a los derechos humanos, por parte de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, ahora aparece dentro de la lista de posibles comisionados para dicha institución. ¿Lo merece?

Félix demuestra una vez más el desprecio absoluto hacia la sociedad quintanarroense. Ya no le basta únicamente poner a sus “amiguitos” oligarcas en puestos que podrían ser ocupados por gente capaz, como es el caso de Marco Lozano Occman que fue designado a la Comisión del Deporte y la Juventud, o a Roberto Borge, quien es apoyado con todos los recursos del estado para su campaña gubernamental (a pesar de su completa ineptitud e inexperiencia); ahora, el gobernador también pretende imponer a su amigo (y cómplice) Bello Melchor en un puesto, que tal como menciona el vicepresidente del Colegio de Abogados de Cancún, Alejandro Aguirre Buenfil, se está tomando a la ligera.

¿Y que hay de sus vínculos con la corrupción y el narcotráfico? No olvidemos que cuando la SIEDO declaró que investigaría a los funcionarios mencionados en el video de los “matazetas”, como involucrados con la organización criminal de Los Zetas, entre los que se encontraba Salvador Rocha Vargas, ex secretario de Seguridad Pública del estado, detenido y encarcelado por vínculos con el narcotráfico, el Procurador Bello Melchor, no solo descalificó totalmente el contenido del video, si no que defendió a capa y espada a Rocha Vargas, a pesar de la investigación federal.
De igual forma, no podemos olvidar cuando fue acusado por la Procuraduría General de la República, en 2007, por haber ocultado pruebas y videos que demostraban la culpabilidad del pederasta, Jean Succar Kuri (amigo del gobernador), actualmente en prisión, además de haber coludido junto con el “gober precioso” para torturar a la reportera Lydia Cacho, como se demostró con grabaciones telefónicas entre el procurador, Bello Melchor, y la procuradora de Puebla.
Y como olvidar cuando su protegido, el ex subprocurador de Justicia en la Zona Sur, Víctor Vivas Vivas (sobrino del gobernador Félix), fue acusado como cómplice del asesinato del pederasta Juan José González Sabido alias “Pepín”, además de haber sido reconocido en cintas de video en “orgías” con menores de edad, fue blindado por el Procurador, por ordenes del gobernador, a tal grado que no solo no fue citado a comparecer ante el juzgado, si no que fue nombrado magistrado del Tribunal Estatal Electoral en Enero del 2009.

Pero a pesar de todas estas fechorías imperdonable, su acto más grave es el encubrimiento de la averiguación previa 1100/99, por la cual se acusa a Félix Gonzáles Canto como autor intelectual del homicidio de Mayra Ayuso, quien fue asesinada a golpes en la isla de Cozumel, cuando el ahora gobernador era Presidente Municipal de la isla.
Esos son nuestros gobernadores, y esa es nuestra justicia.

sábado, 9 de enero de 2010

Hay enemigos, enemigos mortales y compañeros de partido…

DESPACHO 14
Alfredo Griz
28/Diciembre/2009

Diferencias y coincidencias
Hay enemigos, enemigos mortales, y compañeros de partido…

Hay de diferencias a diferencias, incluso mi amigo Juan Salinas, siempre me decía que hasta en los perros hay razas, hoy que por circunstancias extrañas revisaba mi correo electrónico y encontré de casualidad un correo de un familiar cercano al que fuera Secretario de Seguridad Publica de Quintana Roo, Salvador Rocha Vargas, donde este me reclamaba airadamente y con todo el poder que su ignorancia le brinda, porque osaba yo al decir que su tío,(hoy preso por sus nexos con el crimen organizado), era un incompetente y protegía al crimen organizado, pero estas líneas son para refrescarle la memoria a ese familiar desmemoriado, para decirle que ha vivido engañado todo este tiempo y que hasta entre los perros hay razas cuanto más en las personas hay diferencias y también similitudes y vaya que las hay, he aquí algunas de ellas, algunas que nos unen a varios estados del sur de la república.

Quintana Roo, es verdad un estado pujante y creciente, pero también un paraíso para criminales y políticos que se han enriquecido acosta de la necesidad de la gente, al igual que el Estado de Veracruz y veamos bien que por ejemplo entre Mario Villanueva Madrid y Félix González Canto hay similitudes y diferencias y una de ellas es que uno está en la cárcel y otro no. Pero por ejemplo en el caso de Mario Villanueva y Miguel Ángel Yunes Linares es más grande. La similitud y la diferencia, por ejemplo ambos dieron protección al cártel de Juárez, uno como gobernador de Quintana Roo y otro como secretario general de gobierno en el estado de Veracruz, pero mientras el primero está preso en el penal de alta seguridad de La Palma, Almoloya de Juárez, el segundo irónicamente y a conveniencia de muchos y del el propia fue su custodio de lujo en ese reclusorio, y lo fue cuando fungió como secretario técnico del Consejo de Seguridad Pública en el gobierno federal, absurdo que la mayoría de los analistas reduce a la alianza entre Vicente Fox Quesada y Elba Esther Gordillo, situación que dejo más que evidente que detrás del poder político y el poder económico, muchas veces detrás también está el interés del crimen organizado.

Ahora bien Felipe Calderón al tratar de hacer una estrategia al encumbrar a Yunes Linares, deja en evidencia que en muchos frentes su lucha contra el crimen organizado es una farsa toda vez que el mismo los encumbre, esto en el caso de Yunes Linares.

Ahora bien Félix González Canto, si existiera la justicia, pues simplemente no sería gobernador y pues simplemente debería estar en prisión o al menos bajo proceso judicial por el caso de Mayra Ayuso Rodríguez, que tenía 16 años de edad cuando fue asesinada a golpes el 9 de noviembre de 1999 en un lote baldío, cerca del aeropuerto de Cozumel, Quintana Roo, por sicarios al servicio del ex director de la policía municipal, Salvador Rocha Vargas, la muchacha esperaba un hijo como producto de abuso sexual y atribuía la presunta paternidad a Félix González, entonces presidente municipal y ahora gobernador del estado, incluso días antes de la elección fue publicado en el periódico la Jornada un reportaje donde la familia de Mayra Ayuso daba cuento de toda esta historia, y donde Félix González Canto presuntamente había señalado como autor intelectual del crimen por uno de los asesinos materiales. La averiguación previa 1100/99, iniciada por la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo, en donde consta esta acusación, desapareció durante más de un lustro y fue sustituida por un expediente encubridor, pero reapareció en febrero del año pasado, horas antes de las elecciones locales, lo cual no impidió para que González Canto obtuviera la gubernatura ni para que los homicidas materiales siguieran en libertad. El premio para el ex director de la policía municipal de Cozumel fue la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Miguel Ángel Yunes, por su parte, ha sido socio y amigo personal del pederasta Jean Succar Kuri desde que fue subdirector de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) entre 1985 y 1987, y es mencionado varias veces en los testimonios de por lo menos veinte niñas que fueron víctimas de Succar Kuri, y en oficios enviados y recibidos por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), como su amigo y participante en las orgías que organizaba el empresario con menores de edad en las Villas Solymar de Cancún, Quintana Roo.

Como secretario general de gobierno en Veracruz, durante el mandato de Patricio Chirinos Calero, entre 1992 y mediados de 1997, hay indicios de que Yunes tuvo tratos con el cártel de Juárez, entonces encabezado en el Estado de Veracruz por Albino Quintero Meraz, que pagó ni más ni menos que la cantidad de quince millones de dólares por darles su protección en el estado y datos arrojados por Inteligencia Militar y la SEMAR indican que se transportó en promedio 800 kilogramos de cocaína en cada viaje de Colombia a Veracruz. Por lo que prácticamente Veracruz junto a Quintana Roo se volvieron las dos plazas más importantes para el trasiego de droga desde ese momento, luego imagínense que coincidencia el director de la AFI en ese entonces, Juan Carlos Ventura Moussong, fue el principal captor de Mario Villanueva, y de manera osada estaba por atrapar también a Albino Quintero Meraz, cuando de manera intempestiva fue contactado por Yunes para "que arreglaran las cosas de mejor manera y no siguieran calentando mucho la plaza, con esto dejarían en paz al capo de la droga, quien finalmente en e 2002 fue arrestado por el Ejército Mexicano y quien coincidentemente está preso en el mismo penal donde esta Mario Villanueva Madrid.

Y vaya que hay coincidencias incluso más que similitudes pues coincidentemente y convenientemente también Ventura Moussong fue asesinado el 30 de julio de 2002 por un comando armado en la Ciudad de México. ¿Coincidencia? O ¿conveniencia?

Pero como dicen los capos en Sinaloa, y la mata sigue dando, y esto viene a colación por que la recurrente represión que todo el pueblo Veracruzano sufrió durante la gestión de Miguel Ángel Yunes al frente de la Secretaría General de Gobierno en Veracruz fue nada más y nada menos que objeto de 20 recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Pero también como legislador federal, al saber de la detención de Jean Succar en Chandler, Arizona, Yunes Linares solicitó al entonces delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Cancún, Miguel Ángel Hernández Castrellón, "la no acción penal" en su contra. Y ahí "Por instrucciones", la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo congeló así la averiguación previa 7431/2003 que involucra a Yunes. Dicha indagatoria es una de las tres que -junto con la 447/2003 y la 7151/2003- inició la procuraduría local en contra de Succar Kuri, entre otros, por el delito de corrupción de menores, averiguaciones que muchos creen perdidas y otros creen tener en sus manos.

Poco después, Hernández Castrellón fue detenido y trasladado a la Ciudad de México por haber encubierto la entrada del narcotráfico a Quintana Roo, mientras que coincidentemente otro Miguel Ángel, pero esta vez Miguel Ángel Pech Cen, ex subprocurador local en la zona norte del estado, fue transferido a la zona sur después de haber facilitado la huida del pederasta a Estados Unidos, en coordinación con Leidy Campos Vera, subdirectora de averiguaciones previas de la procuraduría local y quien está involucrada en el asunto de los niños desaparecidos de la “Casita” y vinculada a la “Secta de los Perfectos” y Francisco Argüelles Mandujano, comandante de la policía judicial del estado, conocido en Cancún como protector de las narcotienditas y detenido por la PGR después de una masacre de policías y narcotraficantes.

Ni la PGR ni la procuraduría local han cerrado el caso de Yunes Linares, pero lo mantienen congelado por obvias coincidencias y conveniencias hay que decirlo también.

Es muy importante destacar que durante su gestión como director general de Prevención y Readaptación Social, cuando los reclusorios del país eran administrados por la Secretaría de Gobernación, la gente cercana a Yunes fueron acusados de actos de corrupción, lo cual no obstó para que después los promovieran. Y como ejemplo José Luis Lagunés López, coincidentemente dirigió los penales de Veracruz y después se fue a trabajar de nuevo con Yunes pero en la SSP.

Y fue precisamente gente de Yunes la que estuvo inmiscuida en los asesinatos de capos de la droga en penales de se supone alta seguridad y es que fue cuando después de tres años en el puesto, Carlos Tornero, personaje ligado a Yunes Linares, renunció a raíz de los asesinatos, en el penal de La Palma, de Miguel Ángel Beltrán Lugo y Arturo Guzmán Loera, hermano de Joaquín "El Chapo" Guzmán, actualmente convenientemente prófugo.

Hay que reflexionar, a preguntarse a cuestionarnos y cuestiónales a recriminarles a la hora de los votos, a la hora en que acuden a los electores con su cara de yo no fui, hay que inevitablemente pensar ¿qué tipo de compromisos tiene esta gente y con quienes?

Esta red de corrupción de complicidades hace que nos alarmemos que nos preguntemos ¿si el que nos gobierna es el crimen organizado?¿Por qué tanta impunidad?

El encumbramiento de personajes como Félix González Canto y Miguel Ángel Yunes Linares, en el mejor de los casos, es un signo inequívoco y una señal de que las cosas en el país, están mal y no precisamente por similitudes, diferencias o coincidencias, sin embargo creo que es también de reflexionar que los que no conocen la verdad pues simplemente podemos llamarlas ignorantes, en el buen sentido de la palabra claro, pero a aquellos que si la conocen y la callan y la llaman mentira, solo podemos llamarlos criminales.

Quejas y sugerencias a emiliogriz@hotmail.com

En un "informe", el presunto homicida de Mayra Ayuso implicó a Félix González

Resurge acusación de asesinato contra candidato priísta a la gubernatura de QR
La madre de la víctima amplió la demanda porque la muchacha estaba embarazada
Las versiones, "chismes" para afectarlo en los comicios: subprocurador de Justicia

BLANCHE PETRICH, HUGO MARTOCCIA Y JAVIER CHAVEZ ENVIADA Y CORRESPONSALES

Cancun, QR, 5 de febrero. A 12 horas de que se inicie la competencia electoral por el gobierno de Quintana Roo, al candidato del PRI Félix González Canto se le vino encima un viejo expediente judicial que se había "extraviado" hace años y en el que se le señala como implicado en el asesinato, el 9 de noviembre de 1999, de una jovencita de 16 años, Mayra Ayuso Rodríguez, en Cozumel, donde el priísta, en esa época de 31 años, era presidente municipal.

La madre de la muchacha, Ana Isabel Rodíguez Mejía, presentó anoche una demanda penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por el extravío de la averiguación previa 1100/99, y pidió que fuera aceptada como prueba parte de este expediente perdido y recuperado por la familia de Mayra. En éste, uno de los declarantes, Juan Carlos Padilla Alcocer, confesó haber matado a golpes a la adolescente junto con un cómplice de nombre José Enrique, por encargo de un señor Rocha.

Dijo ante el agente del Ministerio Público de Cozumel, Mario Cajum Fernández: "Bajamos a Mayra en un lote baldío ubicado en un costado del aeropuerto y le advertimos acerca de la actitud que estaba tomando con el presidente municipal, de quererlo extorsionar por un supuesto embarazo, poniéndose ésta impertinente, por lo que se tuvo que tranquilizarla a golpes, y como estábamos ya alcoholizados se nos pasó la mano y la abandonamos en el lugar. Agrego a usted que la intención no era matarla, sino darle un pequeño susto".

El presunto asesino admitió haber recibido el pago por el encargo cumplido y además "me trasladé unos días a Playa del Carmen y Cancún para pasar unos días de vacaciones regresando después por el efectivo faltante". Después fue interceptado por Cajum para que realizara su declaración ministerial y fue dejado en libertad. Nunca se le volvió a molestar.

Por la muerte del hijo nonato de Mayra su madre amplió ayer su denuncia por doble homicidio.

La manipulación y extravío del primer expediente de este caso, dijo la madre de la muchacha al fundar su demanda, es un hecho "grave, delictivo e ilegal", porque en este reporte "se señala a los autores materiales del delito de homicidio de mi hija y de su hijo no nacido, y de igual forma se indica que el autor intelectual es Félix González Canto".

Este viernes empezó a circular entre algunos medios de prensa un "informe de investigación", firmado por el comandante de la policía judicial de Cozumel Jorge Picasso Sosa, con fecha del 8 de enero de 2000, con la declaración ministerial de Padilla Alcocer.

Al salir de la diligencia, llorosa y custodiada por el chofer del candidato del PRD-PT al gobierno estatal, Juan Ignacio García Zalvidea, la madre de Mayra recalcó que su demanda es contra quien resulte responsable y declinó hacer más comentarios.

Las dos hojas del expediente extraviado que detonaron el nuevo giro en este caso, que durante años logró ser acallado por autoridades judiciales del estado, pertenecen a la averiguación previa (AP) 1100/99. Esta fue sustituida posteriormente -no se precisa cuándo- por la AP 438/99. Este hecho, sostiene en su declaración la madre, es "incomprensible, arbitrario y contumaz, fuera de la lógica jurídica", y permitió el extravío de pruebas.

En el curso de la segunda averiguación fueron detenidos dos amigos de la joven, Alejandro Ciau Polanco, de 19 años, y Norma Páez, de 15, como "sospechosos". La chica fue liberada bajo fianza y el joven pasó 10 meses en la cárcel de Cozumel hasta que fue reconocida su inocencia.

En su nueva denuncia, la señora Rodríguez señala que Ciau fue "una víctima más de los funcionarios que integraron la maliciosa averiguación previa con el objeto de no señalar a los verdaderos asesinos materiales e intelectuales de mi hija".

La demanda de la señora Rodríguez se presentó ante el agente del Ministerio Público en turno de la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo. Poco antes de que iniciara, el subprocurador Luis Alfonso Chi Paredes intentó "desmentir" la cita de reporteros con la madre de Mayra y opinó que "todas esas versiones son chismes para afectar electoralmente" al candidato del PRI.

En la recta final de las campañas políticas el tema de este asesinato, ocurrido hace un lustro, no estuvo ausente de los medios de comunicación locales, pero los operadores políticos de González Canto no previeron que pudiera llegar a este punto.

La declaración de Padilla Alcocer aporta también elementos que apuntan a la existencia de prostitución infantil y pederastia en la isla en aquellos años, práctica en la que estaría involucrado el ex director de la Policía Municipal de Cozumel, de apellido Rocha, y de la que el alcalde González Canto supuestamente era cliente.

El presunto homicida declaró que llegó a la isla de Cozumel con José Enrique, de quien desconoce sus datos generales, y se hospedaron en el hotel El Cozumeleño, donde fue presentado con el señor Rocha, y le explicó el trabajo que tenían que realizar; es decir, ir a una fiesta y ahí encontrar a Mayra, quien les iba a brindar un servicio en el que se incluía el sexo. Dijo que la finalidad principal era darle un susto debido a que "se encontraba extorsionando al presidente municipal, al que con anterioridad ella había dado un servicio."

El declarante ofrece más detalles. Se operaba en la discoteca Neptuno. Se les pagó 20 mil pesos iniciales por "el servicio" y luego se les liquidó una cantidad similar. Una vez muerta, el comandante Rocha -quien no fue citado a declarar en el proceso de investigación- los ayudó a "cambiarse de hotel" por protección y les aseguró que "iba a tratar de manejar la situación con gente de muy arriba".

El agente Cajum escuchó en ese entonces este relato de viva voz y levantó el acta. Posteriormente el comandante Picasso, de la Policía Judicial del estado, elaboró un informe a sus superiores. Después, el expediente se perdió. Ahora está de regreso, cuando nadie en las altas esferas del poder estatal lo esperaba.

¿ESTE ES EL GOBERNADOR QUE QUEREMOS?

Hace ya algunos meses, desde antes de que inicien las campañas electorales, puse este tema y al parecer quedó en el olvido.

Pariente de aspirante priísta, involucrado en asesinato 

BLANCHE PETRICH ENVIADA (La Jornada).

Cozumel, QR, 1º de febrero. El pequeño taller de Mirna Zapata, costurera de oficio, es comedor, sala y cocina a la vez. Ahí se prepara la comida, se ve la tele y se "costura", todo al mismo tiempo, cuando suena el teléfono. "Es de la campaña de Félix", anuncia una voz desde el fondo de la vivienda.

En la isla, la batalla por los votos, de dos de los candidatos a gobernador -Félix González, por PRI-PVEM, y Addy Joaquín, por PAN-Convergencia, ambos prominentes cozumeleños-, se libra casa por casa. Pero en este hogar, la llamada de los promotores del priísta cae como una bofetada. Dos mujeres, Ana de Ayuso y doña Mirna, han charlado toda la tarde dando vueltas a las historias de sus hijas: una muerta hace cinco años; la otra, violada el año pasado. En ambos casos se vieron involucrados hombres del poder. En ninguno se hizo justicia.

La hija de Ana, Mayra Beatriz, murió hace cinco años, cuanto tenía 16. Salió de su casa el 5 de noviembre de 1999 rumbo a la escuela, vestida con su uniforme. Nunca regresó. Cuatro días después la Policía Judicial estatal avisó a su madre que el cuerpo de la adolescente había sido encontrado en un terreno propiedad de la familia del entonces presidente municipal González Canto. Se inició la averiguación previa 438/99 por homicidio. El médico forense Efrén González, pariente del hoy abanderado por el PRI, dictaminó asfixia por ahorcamiento como causa de la muerte. Los padres de Mayra la enterraron el día 10. Al día siguiente del sepelio les avisaron de la agencia del Ministerio Público (MP) que "se les había olvidado el feto". En ese momento se enteraron de una segunda versión policiaca: que la niña estaba embarazada de cuatro meses al morir y tenía perforación del útero por un legrado mal aplicado. Se les informó que eso -y no un ahorcamiento- le había causado la muerte. Ante la duda, los padres pidieron la exhumación del cuerpo y otra necropsia. Cuatro meses después tenían otra acta forense, del mismo Efrén González, que dictaminaba: "muerte por traumatismo craneal". Y se confirmaba la lesión del útero. La diferencia entre las tres versiones, les dijeron, fue producto "de un error humano".

La familia Ayuso pidió entonces la exhumación del feto y exámenes de ADN para determinar la relación de esos restos con los de Mayra y poder identificar al responsable del embarazo. La Procuraduría de Justicia estatal se negó a abrir esa línea de investigación, alegando que debido al costo de los análisis de ADN sólo se hacían cuando se trataba de "un caso muy especial".

Algunos testigos declararon ante el MP que el presidente municipal, que entonces tenía 31 años, sostenía una relación sentimental con la adolescente y en ocasiones pasaba a recogerla a dos cuadras del Conalep, donde estudiaba. Al poco tiempo los testigos se retractaron.

La investigación, a cargo del entonces procurador estatal Carlos Humberto Pereira, fue errática. El sitio donde se encontró el cuerpo nunca fue preservado, y la familia propietaria inmediatamente construyó casas en los predios. No se investigó quién pudo haber practicado un aborto fatal ni las conclusiones contradictorias del forense. Jamás se cuestionó el comportamiento del alcalde ni los frecuentes escándalos de sus colaboradores con jovencitas. Al año fueron detenidos dos jóvenes, amigos de Mayra, como "sospechosos". Nelson Ciau, de 19 años, pasó casi un año en la cárcel porque en los cuadernos de la chica aparecía su nombre junto a corazoncitos dibujados. Y Norma Páez, de 15 años, tuvo que pagar una fianza para evitar ser apresada, por ser la mejor amiga de Mayra.

A cinco años de su muerte, su madre se pregunta: "¿Tiene caso que me siga dando golpes contra la pared?"

Doña Mirna Zapata, presente en la entrevista, piensa que vale la pena seguir luchando por esclarecer el caso. El año pasado, 4 de febrero, su hija de 13 años fue violada por José Agustín Rangel, chofer y asistente personal de Félix González, quien en ese momento era diputado. Cuando se enteró del ataque acudió al MP. Tardaron cinco horas en atenderla y cuatro días en aceptar practicarle un examen médico a la niña. En lugar de levantar el acta por violación, el MP calificó el delito de "abuso deshonesto", lo que permitió que el atacante, confeso, quedara en libertad.

Las autoridades judiciales no reaccionaron hasta que doña Mirna fue a Cancún y denunció el delito en conferencia de prensa. Con la intervención de la agente especial en delitos sexuales del estado, Ruth Bustillos, el delito fue calificado finalmente de violación y se emitió orden de aprehensión contra Rangel. Entonces la familia recibió noticias de que Félix González quería hablar con la madre para llegar a un acuerdo. Polly, esposa del candidato, le pidió que abandonara el caso. "Ya ve que todavía tenemos a cuestas el asunto de Mayra", le dijo. El presidente de la Asociación de Padres de Familia de Quintana Roo, José Pulido, también la contactó -y después lo reconoció ante la prensa- para ofrecerle un millón de pesos.

Pero Mirna Zapata no ha desistido de su denuncia. En una población pequeña, como es Cozumel, se sabe cuando llega Rangel a la isla, custodiado y protegido. La policía municipal no se atreve a aprehenderlo. "Mire, doña -le han dicho a la madre-, nosotros no podemos hacer nada; si usted lo detiene y lo somete nos lo trae."

En opinión de doña Mirna, el arresto de Rangel y una investigación a fondo del médico forense Efrén González pudieran ser la clave para esclarecer la muerte de Mayra Ayuso y hacer justicia a su propia hija. Las dos mujeres esperan.

:angry:

México: Los mitos de J. Villalobos


Raymundo Riva Palacio | 2010-01-09 | La Opinión

México
En el momento más álgido de la crítica al presidente Felipe Calderón por su manejo de la guerra contra las drogas, una mano amiga salió en su defensa. Joaquín Villalobos, quien de ser uno de los cinco comandantes del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional salvadoreño pasó a ser consultor internacional en solución de conflictos, publicó un alegato en la revista Nexos donde critica a los críticos de la estrategia gubernamental. En 12 puntos pretendió desmantelar la ola expansiva opositora con argumentos con olor a pinos, bordados con verdades a medias y sofismas. Un buen intento que resultó fallido.

Villalobos empieza tropezándose al afirmar que el origen de la guerra contra el narcotráfico se debió a que el presidente Calderón decidió combatir frontalmente al narcotráfico por la violencia extendida, que había sido enfrentada por el gobierno de Vicente Fox. No dice que esa violencia entre cárteles estalló tras la fuga de Joaquín "El Chapo" Guzmán de un penal de máxima seguridad en el inicio del sexenio foxista, donde la responsabilidad era del entonces subsecretario de Gobernación, Jorge Tello Peón —viejo amigo de Villalobos—, ni explica porqué, si existía se percibía tan grave el fenómeno, nunca figuró en el discurso de campaña, ni en sus promesas electorales, ni en su programa de gobierno.

El narcotráfico no era prioridad para Calderón, quien iba a arrancar su gobierno sobre dos ejes: infraestructura y monopolios. Pero a cinco días de haber iniciado su administración, todo cambió. El 5 de diciembre, sin consultar con nadie, el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, autorizó que detuvieran a Flavio Sosa, líder de la APPO, sobre quien había una orden de aprehensión por su participación en el conflicto magisterial en Oaxaca. La detención provocó alarma en el gobierno por las consecuencias que preveían y lo censuraron políticamente. Sin embargo, el tracking poll de la Presidencia, que es la encuesta diaria para medir las políticas del gobierno, mostró un brinco significativo en la aprobación de Calderón.

Un presidente sin legitimidad por la sospecha de fraude electoral, vio que la acción policial le daba la fuerza moral que no había conquistado en las urnas. García Luna, quien llegó al equipo porque en vísperas del anuncio del gabinete, el designado Tello Peón declinó el cargo, fue visto inmediatamente como una solución al déficit político que arrastraba Calderón. Esa ventana fue aprovechada por el secretario, quien planteó al Presidente una lucha contra el narcotráfico, con la participación de las Fuerzas Armadas, que fueron arrastradas a ella. En Los Pinos lo vieron como una oportunidad para mejorar la imagen del Presidente y siete días después comenzó la guerra. Durante dos años y medio al menos, funcionó mediáticamente.

Villalobos plantea, sobre la misma mentira original, que Calderón no tenía opción. Argumenta que el estar "atrapado" México entre Estados Unidos, el mar de los consumidores, y Centroamérica, la zona "más violenta del mundo", no podía aislarse de la contaminación del fenómeno. Nuevo sofisma. El problema estalló mucho antes que cambiara el entorno social en Centroamérica: en 1996, los cárteles colombianos modificaron los términos de pago a sus socios mexicanos, y con ello la dinámica del fenómeno.

Los colombianos informaron a sus socios que dejarían de pagar en efectivo a los cárteles mexicanos que introducían la droga a Estados Unidos, y que saldarían las deudas en especie. Al quedarse la droga en México se modificó radicalmente el estado de cosas, en términos de negocio y de consumo. Las bandas mexicanos tuvieron que crear redes de distribución y comercialización que necesitaban respaldos logísticos y de seguridad, entrando en una espiral de competencia por el nuevo mercado. Se convirtieron en cárteles transaccionales, otro sofisma que plantea Villalobos, quien alega que las organizaciones evolucionaron al narcotráfico del contrabando, lo cual sólo sucedió con el Cártel del Golfo.

Este desconocimiento del origen de los cárteles de las drogas en México lleva a Villalobos a incurrir en otro error. Al criticar las teorías conspirativas de que detrás del narco hay políticos poderosos y empresarios, Villalobos afirma que el narco surge de clases medias bajas con poca educación que se dedicaban al contrabando. Esto refleja el origen de El Golfo, donde Juan N. Nepomuceno construyó una organización delictiva a partir del contrabando de whiskey y electrodomésticos en el noroeste del país. Nunca quiso entrar a las drogas, que fue introducida por su sobrino, Juan García Ábrego, actualmente preso en Estados Unidos, cuando lo sustituyó. Pero el resto tuvo un origen distinto. Los principales barones de la droga que dieron origen a los cárteles que se fueron creando y recreando desde fines de los 60 y 70, eran policías, como Guillermo González Calderoni, Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Aguilar, quienes encabezaron los cárteles de Guadalajara y Juárez, que se desdoblaron en Tijuana y Sinaloa.

Su operación no podía darse sin redes de apoyo institucional. Varios gobernadores han sido identificados abiertamente en el pasado por sus vínculos con los barones de las drogas, como Leopoldo Sánchez Celis y Antonio Toledo Corro; uno más está preso, Mario Villanueva. La propia Dirección Federal de Seguridad, nació al amparo de la CIA, que aceptó que algunos de sus jefes traficaran con marihuana. Más adelante, la hoy extinta DFS controló la distribución de cocaína que repartían a artistas y periodistas, y un secretario de la Defensa, Juan Arévalo Gardoqui, también fue señalado en Estados Unidos como el principal traficante de marihuana. Es decir, las teorías conspirativas, si bien alcanzan rangos ilimitados, sí tienen fundamento.

Villalobos olvida convenientemente toda esa larga historia de narcotráfico en México, y utilizan las cifras y argumentos del gobierno para establecer analogías amañadas, al no emplear los contextos adecuados. Estos alegatos sofistas no eran necesarios para hacer la defensa a la guerra contra las drogas. Una defensa panfletaria no es defensa. Es propaganda, donde un ex guerrillero al servicio del gobierno —quizás espontáneo—, es el nuevo protagonista de la campaña de medios.

Raymundo Riva Palacio es director de Eje Central.
www.twitter.com/rivapa

viernes, 8 de enero de 2010

Asfixia por ahogamiento de Manuel Jesús Valdez Calderón

Asfixia por ahogamiento causa del fallecimiento de Manuel Jesús Valdez Calderón, determinó la necropsia de ley.

La Procuraduria General de Justicia de Quintana Roo informa que una vez que personal del Servicio Médico Forense (SE.ME.FO.)., de Chetumal realizó la necropsia de ley a quien en vida respondiera al nombre de Juan Carlos Valdez Poot determinó que la causa de su fallecimiento obedeció a asfixia por ahogamiento.
Elementos de la Policía Judicial del Estado (P.J.E.)., destacados en Mahahual, Othón P. Blanco informan que, en relación a este caso, el dia 4 del mes en curso tuvieron conocimiento de que el ahora occiso junto a otras personas habían ido a pescar a la altura de la comunidad Río Indio ubicada en el sur de Quintana Roo, sin embargo después de un buen rato los acompañantes de Valdez Poot salieron, no asi él, hecho que fue reportado a autoridades policiacas asentadas en la zona, incluyendo a efectivos de la P.J.E.
De esa manera, agentes de la P.J.E., en estrecha coordinación con elementos preventivos estatales, municipales, de la Marina y el Ejército Mexicano se incorporaron a la búsqueda de Juan Carlos Valdez Poot de 23 años de edad cuyo hallazgo fue reportado a temprana hora de este jueves a aproximadamente 15 kilómetros del lugar en donde junto a amigos ingresaron a pescar, expuso el director de la P.J.E., en el sur de la entidad Fernando Lira Manzanero.
El representante social destacado en Mahahual, Othón P. Blanco por su parte informó que al tener conocimiento del hallazgo del cadáver acudió al sitio en donde dio fe que lo encontró a la orilla de la playa en posición decúbito ventral, asentando los hechos en el Acta Circunstanciada AC- 2/91/2010 y en la que oficialmente fue identificado por su papá Manuel Jesús Valdez Calderón.

Grupo de sicarios asesina al periodista mexicano Valentín Valdés

Un grupo de sicarios asesina al periodista mexicano Valentín Valdés a la salida de su trabajo

MONTERREY, 8 Ene. (Reuters/EP

Un grupo de hombres armados, presuntos sicarios, asesinaron este viernes al periodista del diario mexicano 'Zócalo' Valentín Valdés, después de secuestrarlo a la salida de su trabajo en la noche del jueves en la ciudad de Saltillo, en el estado de Coahuila (norte).

La Policía encontró su cadáver fuera de un motel de la ciudad con un disparo y un mensaje en el pecho cuyo contenido no ha sido facilitado a los medios de comunicación. Sin embargo fuentes del diario para el que trabajaba aseguran que el texto contiene amenazas contra el fiscal estatal, Jesús Torres, que en diciembre de 2009 lanzó una ofensiva contra el crimen.

Funcionarios de la oficina del fiscal general del estado de Coahuila afirmaron que Valdés era uno de los objetivos de las bandas de narcotraficantes que operan en la zona por su trabajo, dedicado a contar los problemas locales de la ciudad.

Éste es el segundo ataque contra un informador en menos de un mes, después de que en diciembre presuntos sicarios mataran a un periodista en la ciudad balneario de Tulum, en el estado de Quintana Roo (sureste), y secuestraran a otro en el estado de Sinaloa (noroeste).

Saltillo y las ciudades de Monterrey, Reynosa y Matamoros están controladas por el cártel del Golfo de México y su brazo armado, 'Los Zetas', dedicados al tráfico de drogas y al blanqueo de dinero procedente del mismo.

La lucha por el control de las principales vías de narcotráfico en México hacia Estados Unidos ha causado cerca de 17.000 muertes desde que el presidente Felipe Calderón iniciara en 2006 su campaña contra las drogas.

En concreto, 24 periodistas han sido asesinados desde entonces, convirtiendo a México en uno de los países más peligrosos del mundo para los medios de comunicación, de acuerdo con el Comité de Protección a Periodistas de Estados Unidos.

"El asesinato de Valdés sigue un patrón de violencia sin precedentes contra los medios de comunicación en México", dijo el coordinador principal de la comisión para la América Latina, Carlos Lauría.

lunes, 4 de enero de 2010

Homicidio de indigente el móvil fue el robo de sus bienes muebles

El agente del Ministerio Público informa que integra la averiguación previa 29/2009 por el delito de homicidio de una persona del sexo femenino en el interior de una cuartería marcada con el número 493 de la calle Librado Rivera entre Benjamin Hill y Ramón Corona en la capital del estado.
El representante social agrega que el reporte del caso, lo recibió esta mañana a través de agentes de la P.J.E., motivo por el cual junto a peritos y elementos de la Policía Judicial del Estado (P.J.E.)., acudieron al sitio en cuyo interior ubicaron en posición decúbito ventral el cadáver de quien en vida respondiera al nombre de Maria Guadalupe Pérez de 51 años de edad, propietaria del inmueble de acuerdo a datos aportados por Hiner Ulisés Verde ( hijo de la fallecida) y Virginia de los Ángeles Arguelles Pérez hermana de la mencionada.