Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Juan Silva Meza

Ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; señor licenciado Alejandro Martí García, Presidente de México SOS, Asociación Civil;

Distinguidas damas; respetables caballeros:

Sean estas mis primeras palabras de agradecimiento a los integrantes de la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Apoyo a los Juicios Orales y el Debido Proceso, quienes comedidamente me extendieron esta invitación para dirigir estas palabras, en ocasión de la inauguración de este Foro.

Señoras y señores:

En los tiempos que corren, entender que el trabajo de la Judicatura y el papel que le toca jugar en el marco del Estado, que éste es de servicio en y para la sociedad, no tiene vuelta atrás.

Hoy, todas las instituciones de la República enfrentamos dos grandes retos, dos grandes compromisos: el de la eficacia y el de la legitimidad.

Por el lado de la eficacia, estamos obligados a cumplir con nuestro trabajo, hacerlo mejor, hacerlo pronto, hacerlo cada vez con mayor calidad y con menores recursos.

Por el lado de la legitimidad, debemos construir, mantener y acrecentar todos los días nuestra credibilidad. Debemos contar siempre con el respaldo, con la autoridad, con la confianza, con el apoyo de la sociedad, porque actuamos con honradez, con seriedad, con honestidad.

En estos dos grandes retos, en estos dos compromisos, tenemos claro que es fundamental la relación que seamos capaces de construir con los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil.

El funcionamiento moderno de las instituciones del Estado se construye a partir de relaciones estrechas, productivas y respetuosas con la sociedad civil, con los ciudadanos.

En una República democrática, como la nuestra, las instituciones son fuertes y se fortalecen cuando están cerca de la sociedad, cuando la saben escuchar, cuando realizan correctamente y con pulcritud sus funciones constitucionales.

Eso lo entendemos, o cuando menos lo intuimos todos; lo decimos y lo repetimos en discursos, en conferencias. Pero la pregunta es: cómo lo hacemos realidad, cómo hacemos las instituciones de la República para construir nuevas y mejores relaciones con la gente, con los usuarios de nuestros servicios, con la sociedad, en general.

Necesitamos una mejor forma de relación con la sociedad, que empieza, por supuesto, en la apertura, en la información, en la transparencia, para que la sociedad sepa perfectamente qué está pasando con las instituciones públicas.

En el Poder Judicial asumimos la transparencia como un deber que empieza en la punta de la pirámide y que debe avanzar hacia el conocimiento pleno de todo lo que sucede en un proceso, por eso avanzamos en la oralidad y nos hemos comprometido con esta visión, con esta corriente, en la que debemos cumplir con lo que mandatan ahora las leyes y la Constitución.

Tenemos claro que la transparencia, la apertura y la información son sólo el principio. Que la gente sepa, y conozca es un buen punto de partida. Pero a partir de que la gente sepa, debemos nosotros saber cómo debemos hacerla participar, cómo aprovechar ese sentir, esos contenidos, esas ideas y cómo aprender a canalizar la nueva demanda, la exigencia de calidad, de mejora, de cambio.

En el transcurso de los últimos tres años, el régimen constitucional de México ha recibido nuevas adiciones que, vistas en conjunto, representan una nueva forma de entender la función pública en general y la impartición de justicia en particular.

El Congreso de la Unión ha aprobado reformas sustantivas a nuestro sistema de justicia penal, al régimen que regula el Juicio de Amparo en México, y al Sistema de Protección de los Derechos Humanos en el país.

Leídas como un solo bloque, estas tres reformas orientarán la labor de una nueva Judicatura Federal, más hacia la ciudadanía, más hacia la sociedad civil.

A partir de su entrada en vigor, estas reformas generarán que la labor de la Judicatura estará más a la vista de la ciudadanía, estará más abierta a recibir las inconformidades e impugnaciones, deberá ser más ágil, deberá ser más accesible.

La reforma a nuestro Régimen de Justicia Penal, una de las más importantes en los últimos años, en tanto propicia un cambio cultural, traerá consigo nuevas exigencias para los jueces. Y qué bueno. Tenemos y queremos responder a la sociedad. Podemos y sabemos cómo hacerlo.

A la Reforma en Materia Penal, en el Poder Judicial de la Federación le hemos dado la bienvenida, como a las otras dos, pero es necesario tener claro los retos que aquella, la primera, la Penal, con urgencia nos pone por delante.

La Reforma Constitucional en Materia Penal tiene repercusión en tres dimensiones: la normativa, la organizacional, y la de infraestructura y tecnología, su puesta en marcha completa, tendrá que estar en vigor el 19 de junio de 2016, esto es, ya sólo en poco más de cinco años, y el tiempo va de prisa, pero la implementación parece lenta, pues los requerimientos de la sociedad aumentan. Su paciencia se agota.

Debemos construir consensos y, con responsabilidad, responder. No podemos pasar por alto que, por ejemplo, en menos de dos meses, el Sistema de Reinserción y el Régimen de Modificación y Duración de Penas, deberá estar en vigor.

Tenemos las herramientas para hacerlo. Debemos solucionarlo.

El Poder Judicial de la Federación toma ya las decisiones necesarias para recibir la reforma e instrumentarla con los menores contratiempos.

A la fecha, hemos creado siete juzgados especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, que trabajan las 24 horas de los 365 días del año. También hemos capacitado a nuestro personal en México y en el extranjero; hemos realizado diversos cursos e integrado consejos asesores y consultivos, aprobamos ya la instalación de un circuito piloto para poner en ensayo las nuevas exigencias, hemos capacitado y certificado ya a los próximos jueces de ejecución.

Nuestros esfuerzos, sin embargo, todavía insuficientes, deben acompañarse por el trabajo de otros Poderes de la Unión y los demás niveles de Gobierno. Y creemos, hay que decirlo, que resulta necesario reforzar el trabajo en coordinación entre los Poderes de la Unión, y no desconocemos que la conclusión exitosa de esta reforma constitucional implica el trabajo comprometido de las entidades federativas. Estar todos al mismo ritmo.

La reforma exige que todos andemos al mismo paso y a la misma velocidad. Nadie puede quedar rezagado, y eso sólo puede lograrse si trabajamos juntos, si cooperamos, si construimos los consensos para ello. Es un cambio de cultura, no una reforma más. No hay que olvidarlo, así lo determinó el poder revisor de la Constitución.

Desde la perspectiva del Poder Judicial de la Federación, es necesario acelerar y actualizar la agenda de la Reforma Penal que nos permita, si es el caso, redefinir objetivos y alinear recursos, establecer nuevas tareas y responsables, revisar el cronograma de instrumentación y fortalecer mecanismos de seguimiento y evaluación.

En el marco del nuevo contexto constitucional, éste nos obliga a estar más cerca de la sociedad. La Suprema Corte de Justicia, desde enero de este año, ha puesto en marcha un programa de Derechos Humanos, que tiene como objetivo orientar el trabajo del máximo Tribunal, desde una perspectiva de derechos, programa que se sostiene en dos ejes fundamentales: acceso a la justicia y debido proceso. Programa que debe permear a la Judicatura y orientar el trabajo de nuestros jueces y magistrados.

El acceso a la justicia exige que las autoridades jurisdiccionales mejoren sus mecanismos de asistencia para los ciudadanos, con el fin de que todos estén más al tanto de los derechos que tienen y los mecanismos a su alcance para hacerlos valer.

Estamos renovando nuestros enlaces tecnológicos y de comunicación con la sociedad, con el fin de sacar el máximo provecho de las herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías.

En la Corte y el Consejo de la Judicatura, hemos iniciado procesos de reestructuración administrativa suprimiendo áreas redundantes e innecesarias, y optimizando nuestros procesos.

Estamos comprometidos con el desempeño honesto de nuestro trabajo, y para ello, mejoramos constantemente los mecanismos de control sobre nuestros funcionarios.

El Consejo de la Judicatura aprobó, como parte de los mecanismos de vigilancia a nuestro desempeño, un Acuerdo que por primera vez autoriza realizar un control permanente sobre la situación financiera de jueces, magistrados, ministros e integrantes del Pleno del Órgano Constitucional.

Hacemos patente nuestro compromiso con una administración jurisdiccional transparente, en la que no hay lugar para los abusos y desvíos.

La impartición de justicia debe ser un servicio que se preste con independencia, con agilidad y que responda a las demandas apremiantes y legítimas de la sociedad con solidez técnica y un profundo sentido de responsabilidad, pero, también, debe estar siempre dispuesta a rendir cuentas de sus actos y a hacerse responsable de los mismos.

La Judicatura Federal está abierta al escrutinio permanente de la Nación que la sostiene y a la que se debe. La sociedad tiene derecho de escudriñar a través de sus representantes constitucionales, cómo empleamos los recursos que se nos asignan y de evaluar la oportunidad, eficiencia, honradez y efectividad con la que realizamos nuestros actos.

El problema de acceso a la justicia en México es añejo. Estudios recientes confirman que el ejercicio de este derecho en el país, sigue siendo una prerrogativa limitada a ciertos sectores de la sociedad.

El reto al que nos enfrentamos es el de continuar ampliando dicho acceso para todos, sin distinciones injustificadas, siendo particularmente cuidadosos en asistir debidamente y siempre en el marco del derecho, a los más desprotegidos, a los más débiles, a los que tradicionalmente son invisibles, a los que no tienen voz.

El acceso a la justicia en nuestro país debe permitir que la sociedad ejerza un mayor control sobre sus jueces, que las malas actuaciones sean pasadas a cuenta, que se combata la impunidad y que estemos más cerca de alcanzar el ideal de justicia en paz y seguridad a la que todos aspiramos; que asumamos, en lo que a nosotros nos toca, el ya basta de la sociedad. Entendámoslo, los jueces, como una demanda legítima. Asumámoslo, revisémonos.

México sigue siendo un país que cree en la ley. La sociedad que quiere creer en sus instituciones, en particular, en lo que a nosotros atañe, quiere creer en sus jueces; desea vivir y prosperar en seguridad. Respondamos.

Reforcemos esas actitudes, nos conviene a todos. Conviene a la paz de todos nosotros y de nuestras familias. Lo debemos a los que se han ido, a los que ya no están con nosotros.

Llevemos a conclusión las reformas constitucionales que se han aprobado por el Congreso de la Unión. Esto nos acercará a ese ideal.

El Poder Judicial de la Federación también convoca a todos a avanzar juntos en armonía por esa ruta. Ése es para nosotros un compromiso.

Muchas gracias.