jueves, 5 de mayo de 2011

Se nos está debilitando la cohesión social, Marcelo Ebrard

  • El jefe de Gobierno del DF advierte que la curva de violencia es 'notoria y notable' porque se está debilitando la cohesión social

Marcelo Ebrard Casaubon
"Si se sigue debilitando la cohesión social, no creo que logremos reducir la violencia con todos los cambios que hagamos", aseguró el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard.

Durante su participación en el Tercer Foro Nacional de Seguridad y Justicia con el tema "La Visión Local: avance de la Reforma Penal en los Estados", dijo que es "muy difícil" reducir la curva de la violencia cuando el número de personas en pobreza alimentaria subió cinco millones.

"Se nos está debilitando la cohesión social, por eso la curva de violencia es notoria y notable", aseguró.

Ebrard Casaubon detalló que uno de los focos rojos en el combate a la violencia es el ataque a las finanzas del crimen organizado. Estimó que mientras la economía de la delincuencia crece a una tasa superior al 5%, la economía formal crece al 2%.

Recordó que en el DF con la Ley de Extinción de Dominio ya se atacaron 60 inmuebles del crimen organizado, además de que hay 27 sentencias a favor y 14 amparos concedidos.

El mandatario local dijo que se debe organizar la cohesión social sobre la base de la reducción de la desigualdad, en particular entre los jóvenes.

Comentó que el 52% de los estudiantes de secundaria a nivel nacional tienen problemas de adicción al alcohol y que la tasa va en crecimiento.

En materia de mejoras al sistema penal en el DF, comentó que este año se capacitarán a ocho mil servidores públicos y que se trabaja en la construcción de 61 salas de ejecución de sanciones y 5 más para la justicia alternativa, además de la instalación de 250 cámaras para grabar las audiencias, aunque reconoció que "no vamos a terminar este sexenio, salvo que hagamos una simulación".

Luego, Ebrard se dirigió a Alejandro Martí, presidente de la organización México SOS, que fue el moderador: "En el consejo de seguridad nacional al cual fuimos convocados, Alejandro me dijo, si no puedes, renuncia y si no quieres, ya vete, si no quieres entrar, si a ti no te toca. Y qué bueno que lo dijiste Alejandro, y todavía no me renuncias, así que ahí la llevo".

En el foro participaron los gobernadores de Yucatán, Ivonne Ortega, y Baja California Sur, José Guadalupe Ozuna, quienes hablaron de las medidas que han adoptado en esas entidades para el tema de la reforma penal.

ml / gdh

Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Juan Silva Meza
Ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; señor licenciado Alejandro Martí García, Presidente de México SOS, Asociación Civil;

Distinguidas damas; respetables caballeros:

Sean estas mis primeras palabras de agradecimiento a los integrantes de la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Apoyo a los Juicios Orales y el Debido Proceso, quienes comedidamente me extendieron esta invitación para dirigir estas palabras, en ocasión de la inauguración de este Foro.

Señoras y señores:

En los tiempos que corren, entender que el trabajo de la Judicatura y el papel que le toca jugar en el marco del Estado, que éste es de servicio en y para la sociedad, no tiene vuelta atrás.

Hoy, todas las instituciones de la República enfrentamos dos grandes retos, dos grandes compromisos: el de la eficacia y el de la legitimidad.

Por el lado de la eficacia, estamos obligados a cumplir con nuestro trabajo, hacerlo mejor, hacerlo pronto, hacerlo cada vez con mayor calidad y con menores recursos.

Por el lado de la legitimidad, debemos construir, mantener y acrecentar todos los días nuestra credibilidad. Debemos contar siempre con el respaldo, con la autoridad, con la confianza, con el apoyo de la sociedad, porque actuamos con honradez, con seriedad, con honestidad.

En estos dos grandes retos, en estos dos compromisos, tenemos claro que es fundamental la relación que seamos capaces de construir con los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil.

El funcionamiento moderno de las instituciones del Estado se construye a partir de relaciones estrechas, productivas y respetuosas con la sociedad civil, con los ciudadanos.

En una República democrática, como la nuestra, las instituciones son fuertes y se fortalecen cuando están cerca de la sociedad, cuando la saben escuchar, cuando realizan correctamente y con pulcritud sus funciones constitucionales.

Eso lo entendemos, o cuando menos lo intuimos todos; lo decimos y lo repetimos en discursos, en conferencias. Pero la pregunta es: cómo lo hacemos realidad, cómo hacemos las instituciones de la República para construir nuevas y mejores relaciones con la gente, con los usuarios de nuestros servicios, con la sociedad, en general.

Necesitamos una mejor forma de relación con la sociedad, que empieza, por supuesto, en la apertura, en la información, en la transparencia, para que la sociedad sepa perfectamente qué está pasando con las instituciones públicas.

En el Poder Judicial asumimos la transparencia como un deber que empieza en la punta de la pirámide y que debe avanzar hacia el conocimiento pleno de todo lo que sucede en un proceso, por eso avanzamos en la oralidad y nos hemos comprometido con esta visión, con esta corriente, en la que debemos cumplir con lo que mandatan ahora las leyes y la Constitución.

Tenemos claro que la transparencia, la apertura y la información son sólo el principio. Que la gente sepa, y conozca es un buen punto de partida. Pero a partir de que la gente sepa, debemos nosotros saber cómo debemos hacerla participar, cómo aprovechar ese sentir, esos contenidos, esas ideas y cómo aprender a canalizar la nueva demanda, la exigencia de calidad, de mejora, de cambio.

En el transcurso de los últimos tres años, el régimen constitucional de México ha recibido nuevas adiciones que, vistas en conjunto, representan una nueva forma de entender la función pública en general y la impartición de justicia en particular.

El Congreso de la Unión ha aprobado reformas sustantivas a nuestro sistema de justicia penal, al régimen que regula el Juicio de Amparo en México, y al Sistema de Protección de los Derechos Humanos en el país.

Leídas como un solo bloque, estas tres reformas orientarán la labor de una nueva Judicatura Federal, más hacia la ciudadanía, más hacia la sociedad civil.

A partir de su entrada en vigor, estas reformas generarán que la labor de la Judicatura estará más a la vista de la ciudadanía, estará más abierta a recibir las inconformidades e impugnaciones, deberá ser más ágil, deberá ser más accesible.

La reforma a nuestro Régimen de Justicia Penal, una de las más importantes en los últimos años, en tanto propicia un cambio cultural, traerá consigo nuevas exigencias para los jueces. Y qué bueno. Tenemos y queremos responder a la sociedad. Podemos y sabemos cómo hacerlo.

A la Reforma en Materia Penal, en el Poder Judicial de la Federación le hemos dado la bienvenida, como a las otras dos, pero es necesario tener claro los retos que aquella, la primera, la Penal, con urgencia nos pone por delante.

La Reforma Constitucional en Materia Penal tiene repercusión en tres dimensiones: la normativa, la organizacional, y la de infraestructura y tecnología, su puesta en marcha completa, tendrá que estar en vigor el 19 de junio de 2016, esto es, ya sólo en poco más de cinco años, y el tiempo va de prisa, pero la implementación parece lenta, pues los requerimientos de la sociedad aumentan. Su paciencia se agota.

Debemos construir consensos y, con responsabilidad, responder. No podemos pasar por alto que, por ejemplo, en menos de dos meses, el Sistema de Reinserción y el Régimen de Modificación y Duración de Penas, deberá estar en vigor.

Tenemos las herramientas para hacerlo. Debemos solucionarlo.

El Poder Judicial de la Federación toma ya las decisiones necesarias para recibir la reforma e instrumentarla con los menores contratiempos.

A la fecha, hemos creado siete juzgados especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, que trabajan las 24 horas de los 365 días del año. También hemos capacitado a nuestro personal en México y en el extranjero; hemos realizado diversos cursos e integrado consejos asesores y consultivos, aprobamos ya la instalación de un circuito piloto para poner en ensayo las nuevas exigencias, hemos capacitado y certificado ya a los próximos jueces de ejecución.

Nuestros esfuerzos, sin embargo, todavía insuficientes, deben acompañarse por el trabajo de otros Poderes de la Unión y los demás niveles de Gobierno. Y creemos, hay que decirlo, que resulta necesario reforzar el trabajo en coordinación entre los Poderes de la Unión, y no desconocemos que la conclusión exitosa de esta reforma constitucional implica el trabajo comprometido de las entidades federativas. Estar todos al mismo ritmo.

La reforma exige que todos andemos al mismo paso y a la misma velocidad. Nadie puede quedar rezagado, y eso sólo puede lograrse si trabajamos juntos, si cooperamos, si construimos los consensos para ello. Es un cambio de cultura, no una reforma más. No hay que olvidarlo, así lo determinó el poder revisor de la Constitución.

Desde la perspectiva del Poder Judicial de la Federación, es necesario acelerar y actualizar la agenda de la Reforma Penal que nos permita, si es el caso, redefinir objetivos y alinear recursos, establecer nuevas tareas y responsables, revisar el cronograma de instrumentación y fortalecer mecanismos de seguimiento y evaluación.

En el marco del nuevo contexto constitucional, éste nos obliga a estar más cerca de la sociedad. La Suprema Corte de Justicia, desde enero de este año, ha puesto en marcha un programa de Derechos Humanos, que tiene como objetivo orientar el trabajo del máximo Tribunal, desde una perspectiva de derechos, programa que se sostiene en dos ejes fundamentales: acceso a la justicia y debido proceso. Programa que debe permear a la Judicatura y orientar el trabajo de nuestros jueces y magistrados.

El acceso a la justicia exige que las autoridades jurisdiccionales mejoren sus mecanismos de asistencia para los ciudadanos, con el fin de que todos estén más al tanto de los derechos que tienen y los mecanismos a su alcance para hacerlos valer.

Estamos renovando nuestros enlaces tecnológicos y de comunicación con la sociedad, con el fin de sacar el máximo provecho de las herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías.

En la Corte y el Consejo de la Judicatura, hemos iniciado procesos de reestructuración administrativa suprimiendo áreas redundantes e innecesarias, y optimizando nuestros procesos.

Estamos comprometidos con el desempeño honesto de nuestro trabajo, y para ello, mejoramos constantemente los mecanismos de control sobre nuestros funcionarios.

El Consejo de la Judicatura aprobó, como parte de los mecanismos de vigilancia a nuestro desempeño, un Acuerdo que por primera vez autoriza realizar un control permanente sobre la situación financiera de jueces, magistrados, ministros e integrantes del Pleno del Órgano Constitucional.

Hacemos patente nuestro compromiso con una administración jurisdiccional transparente, en la que no hay lugar para los abusos y desvíos.

La impartición de justicia debe ser un servicio que se preste con independencia, con agilidad y que responda a las demandas apremiantes y legítimas de la sociedad con solidez técnica y un profundo sentido de responsabilidad, pero, también, debe estar siempre dispuesta a rendir cuentas de sus actos y a hacerse responsable de los mismos.

La Judicatura Federal está abierta al escrutinio permanente de la Nación que la sostiene y a la que se debe. La sociedad tiene derecho de escudriñar a través de sus representantes constitucionales, cómo empleamos los recursos que se nos asignan y de evaluar la oportunidad, eficiencia, honradez y efectividad con la que realizamos nuestros actos.

El problema de acceso a la justicia en México es añejo. Estudios recientes confirman que el ejercicio de este derecho en el país, sigue siendo una prerrogativa limitada a ciertos sectores de la sociedad.

El reto al que nos enfrentamos es el de continuar ampliando dicho acceso para todos, sin distinciones injustificadas, siendo particularmente cuidadosos en asistir debidamente y siempre en el marco del derecho, a los más desprotegidos, a los más débiles, a los que tradicionalmente son invisibles, a los que no tienen voz.

El acceso a la justicia en nuestro país debe permitir que la sociedad ejerza un mayor control sobre sus jueces, que las malas actuaciones sean pasadas a cuenta, que se combata la impunidad y que estemos más cerca de alcanzar el ideal de justicia en paz y seguridad a la que todos aspiramos; que asumamos, en lo que a nosotros nos toca, el ya basta de la sociedad. Entendámoslo, los jueces, como una demanda legítima. Asumámoslo, revisémonos.

México sigue siendo un país que cree en la ley. La sociedad que quiere creer en sus instituciones, en particular, en lo que a nosotros atañe, quiere creer en sus jueces; desea vivir y prosperar en seguridad. Respondamos.

Reforcemos esas actitudes, nos conviene a todos. Conviene a la paz de todos nosotros y de nuestras familias. Lo debemos a los que se han ido, a los que ya no están con nosotros.

Llevemos a conclusión las reformas constitucionales que se han aprobado por el Congreso de la Unión. Esto nos acercará a ese ideal.

El Poder Judicial de la Federación también convoca a todos a avanzar juntos en armonía por esa ruta. Ése es para nosotros un compromiso.

Muchas gracias.

Alejandro Joaquín Martí García

Alejandro Joaquín Martí García
Ciudadano Presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa; ciudadano Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ministro Juan Silva Meza; representantes del Congreso de la Unión; distinguidos miembros del Gabinete; señoras y señores representantes de la sociedad civil.

México es hoy un país que busca fortalecer su democracia. Es una democracia que nos pertenece a todos, porque todos la hemos construido con dolor y sacrificio, y mucho esfuerzo.

Escuchar que esa democracia se encuentra en riesgo, amenazada por la violencia de la delincuencia organizada, no puede más que movernos a la preocupación, y de ahí, a la acción.

Paradójicamente, esa democracia no cuenta con todos los elementos normativos y legales modernos para defender a sus ciudadanos del delito. A esta modernidad democrática no le ha correspondido la actualización de un marco legal tan vital, como es el derecho penal, que data, en su concepción, del México colonial, por expresarlo de alguna manera. Este derecho penal, en su historia, no fue construido para su funcionamiento en una democracia como la actual, sino como un instrumento represor del Estado mexicano.

En 2008, la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal surgió como una oportunidad para la actualización de nuestro marco legal, de nuestro marco penal, haciendo un énfasis en los juicios orales, que no son nuevos en nuestro país, puesto que la Constitución de 1917 ya los contemplaba, sólo que el Código Procesal Penal fue publicado hasta 1931.

Y es aquí, a mi juicio, donde se encuentra la gran debilidad de la Reforma en Materia de Justicia Penal.

Uno. En lo que se refiere a la posible existencia de un código procesal único y otro, en la gran inoperancia e ineficacia de las policías estatales.

Existe hoy un proyecto de Código de Procedimientos Penales construido con el consenso de académicos, activistas sociales, abogados, miembros y ex miembros del sistema judicial mexicano, así como expertos de la Secretaría Técnica, dirigida por el licenciado Felipe Borrego, que es justo decirlo, ha tenido el acierto de buscar los consensos generales, y a fin de que el Congreso de la Unión lo conozca y apruebe de acuerdo a sus facultades.

La aprobación de este instrumento procesal es vital para la modernización de nuestro sistema de justicia penal y, por ello, desde la sociedad civil hacemos un llamado a los legisladores para que sancionen esta propuesta y doten a las instituciones de justicia del instrumento que permita que la Reforma Constitucional, verdaderamente camine hacia un esquema en el que respeten los derechos, tanto de la víctima, importante decirlo, tanto de la víctima, como del acusado; partiendo de la presunción de inocencia, fortaleciendo el debido proceso y el pleno respeto a los derechos humanos de todos los involucrados.

A tres años de distancia, las siguientes entidades han logrado poner en operación los nueve ejes estratégicos de la Reforma Constitucional: Baja California, Durango, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca y Zacatecas.

Adicionalmente, otro número importante de estados ya han comenzado con el proceso de implementación de la misma, al fin de este sexenio, poco más de la mitad de las entidades habrán concluido con la implementación, lo que vemos con mucho optimismo, esperando que al cumplirse el plazo de ocho años, establecidos para estos efectos, se cumpla la meta a nivel nacional.

Resumo. Con el nuevo Código de Procedimientos Penales y con modelos de implementación exitosas que ya existen en la República, será mucho más sencilla la replicación del modelo en el país.

La Reforma Penal es un hecho, pero si no cejamos y mantenemos el nivel de exigencia hacia los gobiernos de los estados para que se corresponsabilicen en la reforma, en el combate al crimen y la inseguridad en sus territorios.

Señoras y señores:

Es inmoral el saber que algunos estados del país no han ejercido plenamente sus recursos etiquetados para el combate al delito. Eso sólo nos llama a pensar que no existe compromiso ni valentía política para defender a sus ciudadanos de la delincuencia.

Pareciera que este estado de urgencia nacional, de tragedias colectivas provocadas por los criminales, los hogares enlutados, los hijos ausentados, los huérfanos de la violencia no son suficientes para movilizar a nuestra clase política a producir instrumentos que permitan frenar la violencia.

Hoy, el ya basta se ha generalizado, y pareciera que nuestros políticos se han inmunizado contra él.

Qué le puede esperar a un país cuya clase política no es sensible al reclamo de sus ciudadanos. Qué más debemos hacer los ciudadanos para que los políticos se comprometan con el bienestar de México.

Quiero preguntarme: El nuevo Estado democrático lo construimos a pesar de los políticos. No será que una de las amenazas hacia nuestra frágil democracia proviene de aquellos políticos que sólo ven al país como un trofeo electoral.

Hace semanas fuimos testigos de un caso que conmovió miles de consciencias y generó una oleada de participación ciudadana sin precedentes. Me refiero al caso develado por el documental Presunto Culpable, un caso que se ha convertido en paradigma de la vergüenza.

El valioso documental, realizado por Layda Negrete y Roberto Hernández, refleja un sistema caduco, ineficiente, opaco y corrupto; un sistema de justicia agotado y antidemocrático. Pero ante eso, vuelvo a preguntarme: Dónde está el verdadero culpable de este crimen.

No es posible que no se haya fincado responsabilidad alguna a los policías, ineptos y sin escrúpulos, que acusaron a este muchacho. Fueron copartícipes, para mi gusto, los jueces. Casos como el de Toño, este joven que fue víctima del sistema penal, se generalizan en todo el país.

Nuestro aparato de justicia, paradójicamente, está produciendo injusticia generalizada, y no puede haber una democracia sólida sin la efectiva representación del interés social ante el delito.

En este contexto, la Reforma Penal, de la que hablo, tiene un gran reto por resolver, y éste es el de las policías.

Señor Presidente:

Debemos ser claros en aseverar que la reforma estará condenada al fracaso si no tenemos una verdadera policía investigadora, eficiente, honesta y bien pagada, para que sus integrantes vivan dignamente, con seguridad para sus familias, con reconocimiento y prestaciones.

La asignatura pendiente de nuestro país es la reconstrucción de las instituciones policiacas, hacer que éstas les brinden seguridad a los ciudadanos. Es lamentable que una función tan importante, como es la que desempeñan las instituciones policiacas, sean hoy las más desprestigiadas, pero también las más abandonadas por el Estado mexicano.

La pulverización de los cuerpos policiacos. Tenemos poco más de 400 mil policías en manos de dos mil 400 unidades independientes. Es una gran complicación para ordenar, limpiar y reestructurar.

En 2008, acordamos resolver el problema de las policías. Dos años después, la CONAGO firmó un convenio para establecer el mando único estatal, a lo cual se comprometieron los Ejecutivos Estatales. Sin embargo, cuántos en realidad lo han implementado.

La sociedad no ve la solidaridad de los gobernadores con sus ciudadanos. Por qué. Que nos lo expliquen, porque ellos son moral y políticamente responsables de los inocentes que han sido victimizados por la violencia.

Lo que le hace falta a este país son políticos de altura, verdaderos demócratas, representantes del bien común. Tenemos que ponernos de acuerdo ya. No se vale apostarle al diferendo político y despreciar los consensos para dotarnos de un marco legal que permita disminuir la delincuencia. Es México y su futuro el que está en riesgo. Son sus familias, sus hijas y sus hijos.

Es por esto que, desde la Tribuna, quiero insistir en que nosotros, los ciudadanos, reclamamos, y exigimos en voz alta, la acción y la unidad, dejando nuestros intereses particulares y de partido.

Por ello, al Poder Legislativo, particularmente a la Cámara de Diputados, queremos recordarles la importancia de que en el próximo debate presupuestal, se asignen los recursos necesarios para la implementación de nueva justicia penal, y se fortalezca al Consejo de Coordinación que se creó con esta finalidad.

A ambas Cámaras del Congreso de la Unión, la urgente aprobación del Código de Procedimientos Penales; a los Poderes Judiciales, reforzar los esfuerzos de sensibilización, profesionalización y especialización de sus integrantes, que al respecto, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Consejo de la Judicatura Federal, han comenzado a hacer.

Es importante que los juzgadores de todos los fueros adopten las mejores prácticas judiciales, logrando transmitir a juzgadores, secretarios y otros funcionarios jurisdiccionales, las habilidades mínimas, necesarias para operar el nuevo Proceso Penal Acusatorio y Oral

A los Gobernadores de los estados: que cumplan con lo acordado, que tomen la responsabilidad de sus estados en cuanto a seguridad y Estado de Derecho. No se vale usufructuar los recursos millonarios y no destinarlos a las tareas sensibles de la seguridad pública.

Señores y señoras:

Aunque la promulgación de la Reforma Penal fue un paso importante en el camino hacia una justicia eficaz y expedita, todavía queda mucho por hacer para que sus postulados adquieran plena vigencia, y se traduzcan en una mayor confianza de la población en sus instituciones.

El hecho de la que implementación de la reforma involucre a un gran número de actores, ha provocado que adolezca de una suerte de orfandad política, que ha retrasado la obtención de resultados.

Las organizaciones de la sociedad civil hemos hecho nuestro el compromiso de llevar a un buen puerto este proyecto. Pero solos no lo lograremos.

Quiero resaltar el trabajo consistente y comprometido de todas las organizaciones que integran la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Apoyo a los Juicios Orales y al Debido Proceso, así como el apoyo que nos ha brindado la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID, para la realización de este Foro.

Agradezco también el solidario acompañamiento de los medios de comunicación en la gran tarea de convocar a la sociedad a estar alerta. El reto continúa, los necesitamos. Uno de los elementos claves para el desarrollo del nuevo sistema penal es lograr que la ciudadanía conozca sus beneficios.

Por esto, queremos pedirles a todos que asuman sus liderazgos políticos en este esfuerzo para que juntos, sociedad y Gobierno, podamos avanzar en este pendiente inaplazable. Insisto, es urgente que el país transite hacia una nueva forma de impartir justicia, sustentada en la transparencia y la oralidad de las audiencias, en el que se termine por fin con los anacronismos y el poco confiable sistema de expedientes.

No aceptemos con indiferencia la incapacidad de quienes están obligados a darnos seguridad. Mantengamos la exigencia hasta el límite, desde todos los campos de acción legal e institucional, hasta que las cosas cambien.

El país enfrenta un momento decisivo en la lucha contra la delincuencia que no admite dudas o mezquindades. Lo que hagamos o dejemos de hacer hoy en materia de seguridad y justicia, definirá cómo será el país en los próximos 30 años. Comportémonos a la altura de esta noble exigencia.

A todas las víctimas. Nuestro compromiso de que persistiremos hasta el límite por justicia y un país seguro.

Muchas gracias.

Tercer Foro: Seguridad y Justicia



Ciudad de México, 4 de mayo del 2011

El día de hoy, el Presidente Felipe Calderón acompañado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza; la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, y líderes de organizaciones civiles como Alejandro Martí y la señora Isabel Miranda de Wallace, encabezó la Ceremonia de inauguración del Tercer Foro sobre Seguridad y Justicia: Construyendo consensos respecto a la implementación de la reforma penal.

El Titular del ejecutivo mencionó que el Gobierno Federal trabaja con ahínco para redoblar el paso en la implementación de la reforma y se sumó al llamado que previamente hizo el señor Alejandro Martí para impulsar el Código Federal de Procedimientos Penales, y que sea homologado en las 32 entidades federativas.