sábado, 11 de junio de 2011

Inspección judicial a residencia de Hank Rhon

  • En la diligencia participaron alrededor de 25 personas -entre la jueza, actuarios, secretarias y abogados defensores- se prolongó durante más de tres horas


Tijuana, Baja California
Julieta Martínez

La jueza novena de Distrito, Blanca Evelia Parra Meza, encabezó una inspección judicial a la residencia del ex alcalde Jorge Hank Rhon, en la que verificó las condiciones en que el empresario priísta fue detenido por elementos del Ejército Mexicano el pasado 4 de junio.

Abogados defensores del magnate de las apuestas esperaban que la magistrada autorice una reconstrucción de los hechos, pero al parecer esa información se dará a conocer durante el domingo.

La revisión se hizo en la mansión donde presuntamente se encontró un arsenal, cuya posesión se atribuyó a Jorge Hank.

La inspección, en la que participaron alrededor de 25 personas -entre la jueza, actuarios, secretarias y abogados defensores- se prolongó durante más de tres horas.

Verificaron cada detalle, incluso letreros, objetos, dimensiones, colores y formas de cada parte de la propiedad ubicada en el fraccionamiento Puerta de Hierro.

Fernando Benítez Álvarez del Castillo, informó previamente que la inspección judicial se hizo con el fin de conocer las circunstancias en que militares realizaron un cateo y la presunta incautación de un arsenal consistente en 88 armas, más de 9 mil cartuchos y una granada de gas.

El recorrido inició a las 14:06 y concluyó a las 17:15 horas del Pacífico, sin que ninguna autoridad de las que participó ofreciera alguna información a los medios informativos que se encontraban presentes.

Se espera que la defensa de Jorge Hank Rhon emita un posicionamiento sobre el resultado de la inspección judicial.

Campaña pro-Hank

Mientras se llevaba a cabo la diligencia, simpatizantes del dueño de las casas de apuestas montaron un campamento para reunir firmas que presentarán para exigir la liberación de Hank, quien enfrenta prisión preventiva en el penal de mediana seguridad de El Hongo, en Tecate.

Hasta la mañana del sábado habían logrado que casi 15 mil personas firmaran en una lista que mostrarán a la opinión pública y entregarán a organismos de derechos humanos, para demostrar la indignación pública por lo que consideran un arresto arbitrario.

Octavio Corona Flores, miembro del grupo "Amigos de Hank", explicó que en Tijuana se montaron dos campamentos en los que la gente ha acudido a firmar.

En tanto, cuadrillas de personas vestidas con camisetas rojas o blancas con la leyenda "Yo apoyo a Hank" o "Todos somos Hank", se instalaron en los cruceros más transitados de la ciudad para pedir más firmas y colocar engomados en los vehículos con el mensaje a favor del ex alcalde de Tijuana.

tcm/crs

www.eluniversal.com.mx


Blanca Evelia Parra Meza, menos de seis meses en el juzgado y alrededor de 40 años

México, Distrito Federal

Según sondeo realizado por el periódico Zeta de Tijuana entre abogados y profesionales del rubro, la jueza noveno de distrito de Baja California, Blanca Evelia Parra Meza, quien ayer tomó la declaración preparatoria del empresario y ex alcalde Jorge Hank Rhon, cuenta con buena reputación en el ámbito judicial estatal.

Periodistas precisaron en diálogo telefónico, que Parra Meza tiene menos de seis meses en el juzgado y alrededor de 40 años.

De la funcionaria sólo el nombre figura en la página del Consejo de la Judicatura Federal. Tampoco en su oficina proporcionaron datos de la trayectoria de la jueza.

Ayer, Hank Rhon fue trasladado desde el Centro de Readaptación Social de mediana seguridad de El Hongo al Juzgado Noveno de Distrito, donde era esperado por sus abogados.

Tras tomar la declaración, la jueza dispone de 72 horas para definir la situación jurídica, plazo que vence a las 3:10 horas del sábado 11.

El abogado Fernando Benítez adelantó que solicitará la ampliación del término judicial para presentar evidencias a favor de su cliente; el principal argumento es que el Ejército irrumpió en la propiedad del empresario e hizo una búsqueda sin orden de cateo.

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Asesino de Policía Federal sentenciado a 60 años de prisión


MÉXICO, D.F., 11 de junio (apro).- Un juez de distrito en el estado de Jalisco sentenció a 60 años de cárcel a Alejandro Ramírez Báez, homicida del coordinador general de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF), Edgar Eusebio Millán Gómez, informó la Procuraduría General de la República (PGR).

En un comunicado la dependencia señaló que este sujeto es responsable de los delitos de homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, por lo que además se le impuso una multa de 55 días de salario mínimo.

Por los mismos hechos, el juez también sentenció a un año siete días de prisión e impuso una multa a Gerardo Antonio García Antúnez o Gerardo García Antúnez, El Jerry.

De acuerdo con las investigaciones, a esta persona se le acreditó su responsabilidad penal en el ilícito de posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Millán Gómez fue asesinado el 8 de mayo de 2008 en un domicilio ubicado en la calle de Camelia de la colonia Guerrero, en la Ciudad de México, por lo que la PGR en el Distrito Federal inició un día después la indagatoria PGR/DDF/SZC-CAM1333/08-05.

Posteriormente, elementos de la PF capturaron a los sentenciados y en el curso de la investigación que se integró, se logró identificar que formaban parte de una célula de una organización criminal.

Luegue Tamargo en la pasarela de los acusados

José Luis Luegue Tamargo

Ciudad de México. La empresa ADS Mexicana SA de CV, dedicada a la producción de tubería de polietileno de alta densidad corrugado, que se usa en sistemas de alcantarillado del país, presentó una denuncia penal en la Procuraduría General de la República (PGR) contra Alberto Esteban Marina, gerente de Cuencas Transfronterizas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por presunto abuso de autoridad y otros delitos cometidos por servidores públicos, en una querella cuyos efectos legales pueden alcanzar a José Luis Luege, titular de la dependencia, revelaron fuente ministeriales.

La queja refiere que la Conagua -en un documento firmado por Esteban Marina, pero que al parecer autorizó verbalmente Luege- negó en diciembre pasado ratificar a ADS la certificación como empresa que cumple con los requisitos de hermeticidad de su tubería, por lo que la compañía no pudo comercializar cientos de toneladas anuales para obras públicas de infraestructura hidráulica en territorio nacional, lo cual en cinco meses le ha representado pérdidas superiores a los 5 millones de pesos, según cálculos de la firma afectada.

En la denuncia presentada a la PGR, de la cual tiene copia La Jornada, consta que la Conagua hizo hincapié en un argumento técnico para negar el certificado a ADS. La dependencia aplicó la norma internacional ISO 21138, que emite una organización privada, con sede en Estados Unidos -cuyo material está protegido por los derechos de autor-, por encima de una norma mexicana vigente en las leyes federales.

La decisión de la Conagua benefició a la compañía Amanco México, que forma parte del gigante mexicano de la construcción Mexichem, la cual factura unos 3 mil millones de dólares al año y exporta a más de 50 países.

A partir de enero pasado, Mexichem ha recibido decenas de contratos para la venta de tubería que utilizan la mayoría de los municipios del país para sus sistemas de drenaje y alcantarillado.
Un funcionario de la delegación metropolitana de la PGR, donde se desahoga esta investigación, explicó que a partir de la denuncia presentada en enero por el apoderado legal de ADS, el fiscal del caso indaga la posibilidad de que directivos de Amanco México hayan “sobornado” a funcionarios de la Conagua a cambio de perjudicar a la compañía quejosa.

“Probablemente estamos ante un caso de corrupción que podría implicar sobornos a servidores públicos de Conagua, (pues) este organismo dio prioridad a una norma ISO internacional, por la que el gobierno mexicano tuvo que pagar derechos de autor para utilizar el contenido referente a lineamientos de seguridad que garanticen la hermeticidad para tubería de polietileno, en lugar de aplicar la normativa mexicana, que es vigente y fue creada ex profeso para casos de hermeticidad de ese material”, aseguró el funcionario de la PGR que pidió el anonimato.

El fiscal aseguró que en breve se citará a declarar a funcionarios de la Conagua, e incluso, dijo que no se descarta requerir la comparecencia de Luege, en calidad de testigo.

La denuncia de ADS refiere que “a partir de la entrada en vigor (abril de 2010) de la norma mexicana NMX-E-241-CNCP-2009, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la misma es aplicable en los procesos de certificación de la tubería de polietileno que comercializa mi representada, entre los que se incluye trabajos de verificación de la calidad y hermeticidad de la tubería que realizan empresas privadas para emitir su correspondiente dictamen, que apoya la obtención del Certificado oficial que debe emitir la Conagua.

“En un escrito del 9 de diciembre de 2010, se le manifestó a Esteban Marina, gerente de Cuencas Transfronterizas de la Conagua, que notificara a Certificación Mexicana SA (empresa contratada por la dependencia para realizar la certificación), que el proceso de certificación contratado por ADS se efectuara conforme a la NMX-E241-CNCP-2009, toda vez que al tratarse de una norma voluntaria, mi representada desea que sea aplicada dicha norma y no la ISO 21138 partes 1, 2 y 3.
“Sin embargo, de acuerdo con lo expuesto, Esteban Marina, al emitir el oficio B00.03.04-0357 el 24 de noviembre de 2010, resolvió el fondo de la cuestión que le fue planteada, en violación a las disposiciones que prevén la aplicación de la norma mexicana, ordenando aplicar una norma emitida por un ente privado, cuyo acceso al público está restringido por encontrarse protegida por disposiciones del derecho de autor y carente de obligatoriedad en México”, expuso la denuncia.

Dos jueces dictan auto de formal prisión a El Kilo por muerte e inhumación de 193 personas

Martín Omar Estrada Luna "El Kilo"

Dos jueces de distrito en materia de Procesos Penales de los estados de Veracruz y Nayarit dictaron auto de formal prisión en contra de ocho personas considerados responsables del secuestro, muerte e inhumación clandestina de 193 personas que aparecieron en las 'narcofosas' de San Fernando, Tamaulipas.

En un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que los presuntos delincuentes identificados como Martín Omar Estrada Luna apodado 'el Kilo' y líder de la célula de 'los Zetas'; Víctor Cuitláhuac Montoya Torres conocido como "el Degollado"; Miguel Angel Hernández Hernández, "el Chimuelo" y Luis Manuel Salazar Sánchez apodado "Gordo Flow".

Estos sujetos fueron ingresados al Centro Federal de Readaptación Social de Veracruz, en donde un Juez de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales decretó auto de formal prisión al encontrarlos probables responsables de los delitos de delincuencia organizada y secuestro.

Como resultado del trabajo jurídico del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en Nayarit dictó auto de formal prisión, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada, contra cuatro mujeres que presuntamente participaron en los mismos hechos.

Las mujeres consignadas y ahora formalmente presas son Julieta Maricela Almaguer Reyes; Claudia Verónica Fuentes Martínez 'la Popis' Yesenia Vianey López Romero y Fabiola Saray Díaz Arrollo u Arroyo apodada 'Fila' o ' La Muñeca '.

Los procesados fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Marina y puestos a disposición de la Representación Social de la Federación los días 16 y 19 de abril pasado.

A todos ellos se les relaciona con la desaparición de un grupo de personas que fueron secuestradas cuando viajaban a bordo de autobuses de pasajeros en su paso por San Fernando, Tamaulipas, y en relación con el hallazgo de las fosas clandestinas en esa zona.