sábado, 3 de septiembre de 2011

Niña queda atrapada en máquina de pelota de colores

Cancún, Quintana Roo

Una movilización de cuerpos de emergencias se registró a las 15:30 horas de este sábado en Plaza Las Américas, después de que el brazo de una menor de tres años quedara atrapada en una máquina de pelotas al interior de la plaza.

Tras un llamado de emergencia en el cual se alertaba de una persona menor de edad prensada en Plaza Las Américas.

El reporte indicaba que había quedado atrapado en una máquina del área de juegos, por lo que paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron a bordo de las ambulancias QR-23 y QR-16 de rescate urbano.

Al llegar a la plaza, los paramédicos fueron informados que la víctima era una niña de tres años, que había metido una mano en una máquina de pelotas de colores.

La mano de la niña fue jalada literalmente por la máquina, quedando atrapado todo el brazo en la parte donde se despachan las pelotas después de haber insertado una moneda.

Por varios minutos, los paramédicos suministraron líquidos a la niña para evitar que cayera en shock, la menor de edad fue identificada como R.B.R., mientras realizaban la labor de rescate, su padre permaneció a su lado.

Los paramédicos tuvieron que utilizar equipo especial para romper la máquina, pues el mecanismo de ésta no permitía liberar el brazo de la pequeña R.B.R.

Finalmente, la menor liberada y su padre se trasladaron a un hospital, el padre rechazo el traslado a bordo de una ambulancia, negándose también a proporcionar sus generales.

Después del incidente, la máquina que estaba ubicada cerca de las escaleras en el interior de la plaza, fue retirada del lugar.

Derechos Humanos como una forma de vida

José Luis Vargas Aguilar, director de la Facultad de Derecho de la UADY
Mérida, Yucatán
Notimex

Para formar abogados con una visión de respeto a las garantías individuales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Facultad de Derecho de la UADY y la Codhey imparten el diplomado "Sistema Procesal Penal Acusatorio y Derechos Humanos".

Durante la firma del convenio de colaboración, el director de la citada facultad de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), José Luis Vargas Aguilar, expuso que es necesario trabajar para que los abogados vean en los derechos humanos una filosofía de vida.

La facultad de Derecho, abundó, le apuesta a la transformación jurídica y humana de estudiantes y egresados, en un momento de cambio total en materia jurídica con el nuevo Sistema Penal Acusatorio que se transforma totalmente para fomentar la cultura de mediación y de los juicios orales.

"Pasaremos -dijo- del sistema penal acusatorio a otro en el que serán algo normal los juicios orales, y en el que su esencia es a favor de los derechos humanos, por ello no pretendemos ofrecer sólo un diplomado, sino generar una forma de vida del egresado".

Apuntó que se tiene una sociedad lastimada por la violencia, "y es por ello que nos comprometer más el fomentar la cultura de los derechos humanos, que se fomente no sólo en escuelas sino en la casa, en los libros, la protección derechos humanos".

Añadió que la sociedad mientras más cultura de los derechos humanos tenga "más humanos seremos, de los contrario sólo va a actuar por interés económico, político o social".

En tanto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), Jorge Victoria Maldonado, precisó que con este diplomado se da continuidad a una tarea de promoción de respeto a las garantías individuales basado en la ley.

El tema, apuntó, es de vital importancia en momentos de vertiginosos cambios en el mundo jurídico y la estructura social, jurídica y política del país. "No podemos permitir que la sociedad se quede relegada del tema, y no podemos permitir que los defensores queden al margen de esos cambios".

Entre los temas que contendrá el diplomado destacan reforma constitucional y los principios rectores de nuevo proceso penal, facultades de los sujetos procesales y otros intervinientes y mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

NTX/JMC/RMF/HAR/AEG

Libres trabajadores de "El Michoacano", se niegan a demandar


Juan Palma
SIPSE
Chetumal, Quintana Roo

Tras permanecer varias horas privado de su libertad por un supuesto grupo de la delincuencia organizada, el empresario y propietario de cuatro tortillerías en Chetumal, entre ellas El Michoacano, Romualdo Flores Vargas, fue liberado por sus presuntos plagiarios durante las primeras horas del pasado viernes, junto con sus dos empleados Israel Salgado Jiménez y Edwin Briceño Call.

El vehículo Jetta, color gris, con placas de circulación PJA-45-09, del estado de Michoacán, donde fue "levantado", fue encontrado por elementos de la Policía Judicial del Estado en una brecha de la colonia Dina, ubicada a la entrada de la ciudad. La unidad fue sometida a los estudios periciales correspondientes.

Los presuntos plagiados decidieron no informar a las autoridades policíacas sobre lo ocurrido la noche del jueves en la colonia Forjadores, además no interpondrán una demanda por este hecho. Las Fuerzas de Rescate de Acción Inmediata (FRAI) investigan para dar con los responsables de tal delito.

De acuerdo con el director de la Policía Judicial del Estado en la zona sur, Luis Manuel Vázquez Villanueva, al tener conocimiento de la aparición de los tres supuestos levantados por un comando armado, pudieron localizar al propietario del negocio denominado El Michoacano, Flores Vargas; sin embargo, se negó a proporcionar detalles de lo que ocurrió, además su esposa aseguró que no interpondrían denuncia por este hecho.

Al igual que Flores Vargas, las otras dos personas "levantadas" no quisieron declarar ni denunciar este ilícito, tampoco aportar detalles de lo que sucedió, quiénes fueron los sujetos que los privaron de su libertad por horas o el motivo por el cual se los llevaron.

"Nos entrevistamos con ellos, pero no quisieron hablar, mencionaron que posiblemente lo harían después, ignoramos cuál sea el motivo por el que no quieran decir nada, pero esperaremos a que se decidan y de esta manera podamos continuar con las indagatorias y de ser posible identificar a los delincuentes", dijo.

El empresario, supuestamente es familiar de Tranquilino Valencia Salgado, presuntamente levantado cuando se encontraba en su domicilio en la ciudad de Playa del Carmen. En el predio se rumora que estaba habilitado un "palenque" para realizar peleas de perros.

Los dos familiares, presuntos plagiados, nacieron en Michoacán y crecieron en el vecino estado de Campeche.


Se encuentran en sus domicilios, sin signos de tortura

Notimex

El director de la Policía Judicial en el sur del estado, Luis Manuel Vázquez Villanueva, informó que horas después de que tres personas fueran plagiadas por un grupo armado en esta ciudad, fueron liberadas.

El funcionario mencionó que la víspera, familiares de los plagiarios informaron que Romualdo Flores Vargas, propietario de la tortillería La Michoacana y sus dos trabajadores ya se encontraban en sus domicilios, sin signos de tortura.

Flores Vargas y sus trabajadores fueron secuestrados por un grupo de 15 hombres, armados y encapuchados, el pasado día 1, cuando limpiaban la tortillería, ubicada en la colonia Forjadores de esta capital.

Vázquez Villanueva mencionó que se realizan investigaciones para determinar los móviles de esta plagio, pero se presume que los secuestradores pertenecen a una célula criminal que ha realizado acciones similares en Playa del Carmen, Solidaridad.

Atentan contra libertad de expresiónen Tabasco, últimas modificaciones al Código Penal


Kristian Antonio Cerino
Corresponsal en Villahermosa

Las modificaciones aprobadas por el Congreso de Tabasco al Código Penal, en donde una persona podrá ser encarcelada por difundir un “rumor” o una información que “genere caos”, puede ser el preámbulo para obstruir la libertad de expresión.

Académicos y periodistas coinciden que el voto unánime para castigar con cárcel a quienes difundan una falsa información, por celular o redes sociales, u otro medio, es con el fin de atemorizar a los comunicadores y a los ciudadanos que han encontrado en internet, la vía para manifestar sus desacuerdos o plantear sus criticas.

Alertaron que Tabasco, en lo inmediato, habrá de vivir un escenario semejante al de Veracruz, estado que encarceló a dos usuarios de redes sociales porque presuntamente generaron un caos ciudadano al publicar comentarios “alarmistas”.

Leobardo Marín, exbecario de la Fundación Prensa y Democracia y columnista de Tabasco, señala que el único fin al realizar las modificaciones al Código Penal del Estado es para “coartar la libertad de expresión” y “controlar a los medios”

Marín, corresponsal de W Radio y un usuario de Twitter en donde le siguen mil 275 personas, lamenta que esta decisión de los diputados locales, misma que entrará en vigor cuando se publique en el Diario Oficial del Estado, no esté preocupando a los ciudadanos y sólo a algunos periodistas.

“Si algunos periodistas al estar limitados en sus medios, usan las redes sociales para opinar, ahora se busca atemorizarlos para que ya no escriban en las redes”, añade.

Para Hugo Macías Morales, maestro en Comunicación por la Ibero y columnista en el Heraldo de Tabasco, “más allá de evitar un caos ciudadano (con rumores), yo creo que se violentan las libertades de expresión y el ejercicio periodístico se ve cuartado”.

La preocupación es que si el gobierno local busca impedir que en redes sociales, como en cualquier otro medio, los ciudadanos publiquen mensajes falsos, esto también pueda afectar a los periodistas, que al redactar sus informaciones, emplean filtraciones o protegen a sus fuentes.

Gerardo Meléndez, experto en periodismo Político por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, explica que el poder juzgar un rumor no será nada fácil:

–¿Cómo establecemos los parámetros para juzgar el rumor? –se pregunta.

En su experiencia periodística, precisa, el rumor siempre es y ha sido una estrategia política y el rumor también se ha usado para cosas positivas.

“Cómo evaluar los efectos del rumor. Esta evaluación sería subjetiva. Un buen rumor en periodismo, es una gran noticia confirmada”, recuerda.

En Tabasco, un estado con más de 2 millones de habitantes y una tierra que está plagada de periódicos y revistas, este tema se ha discutido poco. Las modificaciones al Código Penal del Estado no ha generado el debate que se requiere.

Diarios como Tabasco Hoy y La Verdad del Sureste le han dado una especial atención ante la gravedad de la problemática.

La verdad del Sureste tituló: Congreso tipifica como “delito” difundir rumores. Y Tabasco Hoy: Aprueban Ley contra rumor; cuartará libertades.

Nancy Cruz, editora de diarios digitales y analista de los efectos de la comunicación, sostiene que el poder político de Tabasco sólo tiene un propósito: Cerrar el camino de la libertad de expresión.

“La ineptitud de las autoridades es lo que genera la incertidumbre en el ciudadano, si las autoridades cumplieran su trabajo, y tuvieran un nivel de credibilidad ante los ciudadanos, nadie, absolutamente nadie, podría venir a propagar un rumor a través de ningún medio de comunicación”.

Cruz, egresada de la Licenciatura en Comunicación por la UJAT, lamenta que con estas medidas intimidatorias se busque opacar a la opinión pública.

“Yo nunca he visto que se castigue a un periódico de nota roja por difamar a un ciudadano a través de sus páginas”.

Asimismo, el periodista cultural, Juan López, afirma que estas modificaciones al Código Penal debieron ser en otro sentido:

“Pero del notarojismo y del sexoservicio descarado de algunos medios, no se dijo nada”. Esto porque en Tabasco circulan un par de diarios de Nota Roja en donde se publican constantemente fotografías de muertos y se incluye entre sus páginas anuncios de tipo sexual.

Sobre el tema, José Dolores Espinoza, diputado que impulsó la reforma, aclara que se tendrá un equipo especial para detectar a quienes intenten generar pánico entre los ciudadanos, sobre todo a través de las redes sociales de Facebook y Twitter.

“En su momento se va a definir cuál es la forma en que se va a detectar en redes sociales”, agregó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia.

En la prensa local, Joel Alberto García, un experto en leyes, cuestiona esta reforma y asegura que en el fondo se pretende frenar la libertad de expresión en redes sociales bajo el argumento que se tiene que detener “la rumorología”.

Desde que inició el año, el gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, anunció que controlaría “la rumorología” y esto ya comenzó con la iniciativa que envió al poder Legislativo, según da cuenta el sitio web del Congreso de Tabasco.

El gobernador Granier, en la exposición de motivos leída en el Congreso, rechaza que su iniciativa “de ninguna manera vulnera la garantía de libertad de expresión”, porque los ciudadanos que viven en el estado tienen “el inalienable derecho de manifestar libremente sus ideas sin temor a represión alguna”. Así lo transcribió el periodista Julio Pretelín en el diario La Verdad del Sureste.

Primero, con estas modificaciones al Código Penal, se pretendía castigar a los bromistas que hablaban a la policía local para denunciar delitos falsos, pero después se le agregó un castigo ejemplar a los propagadores del rumor. Incluso, desde el mes de mayo, el gobierno local lanzó una campaña de medio para frenar el rumor sobre falsos tiroteos, crímenes o secuestros.

Hasta 6 años de cárcel en Tabasco por “falsas alarmas” en redes sociales

“A quien utilice el servicio telefónico o cualquier medio de comunicación masiva para dar aviso de alarma o emergencia falsa, provocando con ello la movilización o presencia de servicios de emergencia o cuerpos de seguridad pública, o provoque caos o inseguridad social, se impondrá prisión de seis a dos años y de cincuenta a trescientos días de multa”, así quedó el artículo 312 bis del Código Penal del Estado.

En tanto, los periodistas críticos del gobierno local, temen que se vaya a desatar una cacería por los comentarios “incómodos” que escriben diariamente en las redes sociales.

El Congreso de Tabasco aprobó una ley que plantea castigar con hasta seis años de cárcel a quienes utilicen el servicio telefónico o cualquier medio de comunicación masiva, incluyendo redes sociales para dar aviso de alarma falsa que pueda provocar pánico y caos social.

Con el dictamen se adiciona el Artículo 312 bis al Código Penal del Estado, para tipificar las llamadas o avisos falsos, a los servicios de alarma o emergencia y el cual fue aprobado por unanimidad.

“A quien utilice el servicio telefónico o cualquier medio de comunicación masiva para dar aviso de alarma o emergencia falsa, provocando con ello la movilización o presencia de servicios de emergencia o cuerpos de seguridad pública, o provoque caos o inseguridad social, se impondrá prisión de seis a dos años y de cincuenta a trescientos días de multa”, dice textualmente el nuevo artículo.

La aprobación de esta ley se presenta el mismo día que un juez penal en Veracruz dictó auto de formal prisión contra la periodista María de Jesús Bravo Pagola y el tuitero Gilberto Martínez Vera, detenidos el viernes 26 de agosto por representantes la Procuraduría General de Justicia en Veracruz (PGJV), luego de ser acusados por la presunta comisión de los delitos de sabotaje y terrorismo.

El Juez de la causa determinó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público, adscrito a la PGJV, si demostraban la probable responsabilidad de los inculpados, acusados de producir “alarma, temor, (y) terror” contra la población del puerto al difundir mensajes, a través de las redes sociales Twitter y Facebook, en los que advertían que grupos armados estaban atacando a alumnos y padres de familias que se encontraban en centro escolares de la zona Veracruz-Boca del Río

Los dos tuiteros fueron arrestados la semana pasada por la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) del gobierno del priista Javier Duarte acusados de actos terroristas por el gobierno y por “sembrar el pánico” entre ciudadanos de Veracruz, al asegurar que el crimen organizado atacaría escuelas, lo que provocó que fueran cerrados los centros de estudio.

Con información de Tabasco Hoy.

Amnistía Intenational contra la violación de los Derechos Humanos de dos usuarios de Tweeter y Facebook


Amnistía Internacional se unió a las voces contra la detención, encarcelamiento y formal prisión a dos usuarios de Twitter y Facebook por supuestamente difundir información errónea sobre una balacera en Veracruz, a quienes se les acusó de terrorismo.

Ya ayer Artículo 19 había dado un posicionamiento sobre el tema, y hoy te reproducimos textual el comunicado de Aministía Internacional al respecto:

“Dos personas han sido detenidas en Veracruz, México, con cargos por terrorismo y sabotaje, luego de que se les acusará de publicar mensajes vía Twitter y Facebook. Las investigaciones están en curso y hasta el momento se les ha sido negado acceso a un proceso judicial justo. En caso de se les encuentre culpables podrían enfrentar treinta años en prisión.

“El 26 de agosto, la periodista local María de Jesús Bravo Pagola (conocida como Maruchi) y el maestro Gilberto Martínez Vera fueron detenidos por la policía en sus casas en la Ciudad de Veracruz, ubicada en la costa este de México. Según las autoridades estatales, ambos habían sido rastreados y arrestados después de que rumores sobre posibles ataques a escuelas locales por grupos criminales circularan a través de las redes sociales el 25 de agosto, lo que dio como resultado que padres de familia recogieran a sus niños y varias escuelas cerraran temporalmente. El gobierno del estado responsabilizo del pánico a la rápida circulación de falsa información y acusó a María de Jesús Bravo y a Gilberto Martínez Vera de circular la historia en Twitter y Facebok, fueron detenidos y acusados de terrorismo y sabotaje de acuerdo con el Código Penal de Veracruz.

“Las dos personas detenidas fueron transferidas a Xalapa, capital del estado de Veracruz, donde les mantuvieron incomunicadas por más de 60 horas. Durante el proceso de interrogación se les puso bajo presión con la finalidad de que en sus declaraciones admitieran ser culpables de circular información falsa y no les permitieron acceso a sus abogados. En sus últimas declaraciones ante el juez, alegaron maltrato y coacción por parte de las autoridades y manifestaron ser completamente inocentes. No existe aparentemente evidencia de que ambos estuvieran involucrados o fueran cómplices en actos de terrorismo o sabotaje, sin embargo el 31 de agosto un juez dictaminó que había pruebas suficientes para proceder con el juicio y requirió que se les mantuviese en custodia.

“En meses recientes ha habido un incremento de violencia en Veracruz, ya que diferentes cárteles compiten por el control de la ciudad. La inseguridad crea un clima de desconfianza, en el cual los rumores que circulan por las redes sociales son parte del intento de las personas por protegerse a sí mismas ya que existe muy poca información fidedigna.

“Amnistía Internacional encuentra preocupante que si bien, la información que circuló a través de Twitter y Facebook pudo no haber sido correcta, la detención y acusaciones a María de Jesús Bravo y Gilberto Martínez Vera por cargos de terrorismo y sabotaje son injustos y violan su derecho a la justicia y la libertad de expresión. Amnistía Internacional cree que es responsabilidad de las autoridades difundir información correcta y confiable sobre las medidas que está tomando para proteger a la población.


Información adicional

“Desde el 2007 la violencia ligada al crimen organizado ha llegado una magnitud cercana a los 40, 000 asesinatos. La administración del Presidente Calderón ha intentado combatir a los cárteles de la droga desplegando miles de policías federales y más de 50 mil efectivos militares y personal de la marina en las áreas más afectadas. Miembros de la policía y de otras fuerzas de seguridad, así como autoridades locales son frecuentemente sospechosos de corrupción y de estar coludidos con grupos criminales, creando un clima de impunidad e inseguridad para la población en las áreas afectadas.

Veracruz ha sido testigo de cómo se han incrementado los niveles de violencia cada que diferentes cárteles compiten por el control. A través del país la violencia ha dado como resultado muertes de civiles que no se encuentran involucrados, así como de asesinatos indiscriminados a transeúntes. El incremento de los ataques a periodistas por parte de los grupos criminales ha minado la cobertura sobre seguridad, y el fracaso de las autoridades para proporcionar información fidedigna y a tiempo ha alentado el uso de las redes sociales como vía de comunicación para alertar a las personas de supuestos ataques y amenazas a sus comunidades”.

Amnistía Internacional insta a escribir a las autoridades:

- Expresando preocupación por la detención y acusaciones a María de Jesús Bravo y Gilberto Martínez Vera en Veracruz, por los cargos de terrorismo y sabotaje, en conexión con publicaciones vía Twitter y Facebook el 25 de agosto.

“- Llamando a que se realicen investigaciones inmediatas e imparciales de las denuncias sobre maltrato y coerción, así como de la negación al acceso a abogados de su elección durante su detención y juicio por la policía judicial y autoridades.

- Pidiendo que sean respetado el derecho a un juicio justo y la libertad de expresión y exigiendo por una revisión completa de la conducta de las autoridades estatales en la detención y acusaciones a María de Jesús Bravo y Gilberto Martínez Vera.


Gobernador del estado de Veracruz.
Javier Duarte Ochoa
Palacio de Gobierno, Av. Enriquez S/N, Col. Centro, CP 91000, Xalapa
Veracuruz, México.

Fax:+52 228 841 8818
Email: javierduarte@veracruz.gob.mx
Tratamiento: Estimado Gobernador
Procurador General del Estado de Veracruz

Lic. Reynaldo Gaudencio Escobar Pérez; Procuraduría General de Justicia; Circuito Rafael Guizar y Valencia No. 707; Colonia Reserva Territoria; C.P. 91096 Xalapa; Veracruz; México
Fax: +52 228 841 6184
Email: notaspgjver@hotmail.com
Tratamiento: Estimado Procurador

Name: María de Jesús Bravo and Gilberto Martínez Vera
Gender m/f: María de Jesús Bravo (f); Gilberto Martínez Vera (m)
UA: 261/11 Index: AMR 41/052/2011 Issue Date: 31 August 2011″


El posicionamiento de Artículo 19

Artículo 19 emitió este miércoles un posicionamiento sobre las condenas a dos tuiteros acusados de terrorismo por el estado de Veracruz. El caso ha tenido gran viralidad en redes sociales, y aquí les dejamos la postura de la organización dedicada a defender la libertad de expresión.

El 25 de agosto se difundieron rumores a través de Twitter sobre un posible ataque a una escuela primaria en la ciudad de Veracruz, Veracruz (Este). Como respuesta la Procuraduría General de Justicia anunció horas después que presentaría cargos bajo el delito de terrorismo en contra de los dueños de 17 cuentas de Twitter lo que derivó en la detención de Maruchi Bravo Pagola (@maruchibravo) y Gilberto Martínez Vera (@gilius_22).

Maruchi Bravo fue empleada del gobierno de Veracruz adscrita al Ministerio de Educación donde fungía como directora de actividades artísticas y culturales. Tanto Bravo como Martínez se declararon inocentes de todos los cargos. Unas horas más tarde, una carta de Bravo circuló en los medios de comunicación acusando a la Procuraduría de Justicia de someterla a maltratos psicológicos.

Las autoridades han rechazado las acusaciones de maltrato e insisten en que la investigación no constituye una violación al derecho a la libertad de expresión, sino una acción decisiva para proteger a la gente de Veracruz de la desinformación y el terror. Sin embargo, mientras que los rumores circulaban ninguna de los dos cuentas de Twitter del gobierno en materia de seguridad pública, ofrecieron con información que desestimara los rumores sino que se limitaron a reproducir el mensaje del gobernador condenando el “mal uso de las redes sociales para esparcir terror”. Los límites del ejercicio del derecho a la libertad de expresión están claramente definidos por el derecho internacional y no incluyen la condena a la difusión de información falsa o sin confirmar.

Bravo y Martínez están detenidos y acusados bajo el cargo de terrorismo contemplado en el Código Penal de Veracruz artículo 311 y de ser sentenciados podrían enfrentar una pena de prisión de 3 a 30 años.

“La detención de usuarios de Twiter por terrorismo es el último intento de restringir la libertad de expresión en Veracruz. La crisis de seguridad pública en el estado ha severamente obstaculizado el libre flujo de información con cuatro asesinatos de periodistas en lo que va del año y ahora el uso discrecional de la ley para perseguir a los usuarios de Twitter es un exceso.” Comentó Darío Ramírez Director de la Oficina para México y Centro América de ARTíCULO 19.

ARTICLE 19 hace un llamado al gobernador Javier Duarte para que se abstenga de interferir en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, lo cual incluye la restricción de este derecho de manera injustificadas y desproporcionadas en el terreno de la seguridad nacional y seguridad pública.

ARTICLE 19 también hace un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que verifique las condiciones de arresto Maruchi Bravo y Gilberto Martínez, así como para corroborar que su derecho al debido proceso se ha respetado.


Estos son los argumentos del juez contra los tuiteros (tweeters)

Los tuiteros veracruzanos que el 25 de agosto supuestamente causaron alarma, son acusados por Terrorismo en su forma equiparada, es decir, que no cometieron el delito tal cual se considera en la ley, sino de una forma que se parece, o que tuvo los mismos efectos en la población.

En este caso, el auto de formal prisión asegura que “los elementos de prueba no resultan aptos y suficientes para jurídicamente para tener por comprobado el delito de terrorismo”, y descarta el elemento: “A quien utilizando explosivos, sustancias tóxicas, arma de fuego o por incendio, inundación o por cualquier medio”, dado que no se puede comprobar dicho delito, “sino todo lo contrario, de lo que se les denuncia y se logró probar, es de haber causado zozobra en la población… al utilizar los medios electrónicos para simular que estaban ocurriendo esos sucesos, sin que eso fuera cierto”.

Es decir, que aunque no se utilizaron explosivos, sustancias tóxicas, o algún otro medio, los mensajes emitidos a través de Twitter y Facebook tuvieron supuestamente el mismo efecto señalado en la ley “Aun cuando en este delito la conducta consiste en la realización dolosa de actos contra las personas, las cosas, o los servicios públicos, el resultado de esta conducta debe ser el producir alarma, temo o terror en la población o en uno de sus grupos… y el fin que persigue el delincuente es el de perturbar la paz pública…”

Por ello, el auto de formal prisión emitido por el juez contempla que el delito cometido es el de Terrorismo y Sabotaje, pero no en su forma genérica, sino en su forma equiparada contemplada en el artículo 313 del Código Penal.

Según su consideración, el delito del que son culpables es de Terrorismo no configurado, según la legislación del Estado de Baja California, dado a conocer en 1993.

El otro argumento del juez, está basado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala que se debe sancionar la utilización de cualquier medio “que produzca alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella para perturbar la paz pública o tratar de menoscabar la autoridad del Estado o presionar a la autoridad para que tome una determinación”, pero al no haber “medios comisivos” se actualiza otro delito

El auto de formal prisión también señala que hubo delitos contra la seguridad del Estado, basados en el artículo 313 del Código Penal que dice que “Se considera terrorista a quien haga señales, dé voces de alarma o provoque estruendos por loe medios idóneos, simulando la posible existencia de alguno de los actos considerados por el delito de terrorismo, con el fin de suscitar tumultos, desórdenes, alarma o zozobra aun cuando estos no se produzcan”.

El juez considera que los tuiteros cayeron en los siguientes elementos.

a) A quien haga señales, dé voces de alarma o provoque estruendos por los medios idóneos.

b) Simulando la posible existencia de alguno de los actos considerados por el delito de terrorismo: que hayan utilizado explosivo, sustancias tóxicas, armas de fuego, provocando un incendio o una inundación u otro medio;

c) Con el fin de suscitar tumultos, desórdenes, alarma o zozobra aun cuando estos no se produzcan.

Por lo que según el juez, se demuestra que los indiciados utilizaron las redes sociales para desplegar sus conductas delictivas.



Las pruebas

El Juez considera como pruebas que:

Se tienen pruebas documentales, de noticias en diarios veracruzanos en los que se da cuenta con motivo de rumores en las redes sociales de supuestos hechos violentos en las ciudades de Veracruz y Boca del Río y en el punto 2 de los considerandos apunta que también se tiene la documental que contiene el monitoreo de medios electrónicos del 25 de agosto, día en el que se suscitaron los supuestos rumores.

Dentro de las pruebas que considera el juez, se encuentran los oficios de investigación de agentes ministeriales comisionados al caso, y que consisten en el rastreo de cuentas de internet y de redes sociales, lo que dio lugar a la orden de presentación de Gilberto Martínez Vera y de María de los Ángeles Bravo Pagola.

Además, se obtuvo la pericial en informática forense de la que se desprende que se extrajo información importante del equipo de Martínez Vera, relacionada con los mensajes subidos a través del usuario @Gilius_22 en Twitter, y también de “Maruchi Bravo Pagola”.

Otra prueba es que un oficio comprueba que el servicio de Emergencia 066 se vio bloqueado por varias horas, y se colapsaron las redes telefónicas de la ciudad de Veracruz, Veracruz.

Y para sumarle un poquito más, también cuentan con la declaración de la Cámara Nacional de Comercio, en las que se asegura que ese día, los afiliados a la organización sufrieron pérdidas cercanas al 70% de sus ventas.

El auto de formal prisión también señala que una de las pruebas, es el diario Notiver, el cual publica varias fotos en las que se puede ver “claramente fotografías de padres de familia corriendo jalando a sus hijos, en virtud de la histeria colectiva que se desató gracias a las diversas informaciones falsas“.

Aquí te dejamos el auto de formal prisión dictado a los tuiteros de Veracruz.

Duarte Ochoa dice "...me considero usuario...pero lo hago responsablemente"

El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, defendió la decisión de su gobierno de acusar de terrorismo a dos tuiteros que advirtieron sobre ataques a escuelas en el puerto de Veracruz.

Entrevistado en el Museo Nacional de Antropología, luego del mensaje del presidente Felipe Calderón con motivo de su V Informe de Gobierno, dijo que el tema no son estas dos personas, sino el delito en que incurrieron.

Insistió en que es correcta la acusación contra la periodista María de Jesús Bravo y el profesor Gilberto Martínez, pues la conducta de terrorismo y sabotaje que aparece tipificada en el Código Penal de Veracruz, “concuerda perfectamente con la actividad que estas dos personas realizaron y que puso en riesgo a miles de niños”.

Duarte de Ochoa señaló que desconoce si estas dos personas lanzaron los mensajes en Twitter pensando en las consecuencias de sus actos, pero “está claro que hay la intención de alarmar y mentir”.

Según el gobernador de Veracruz, la detención de Bravo y Martínez no tiene que ver con el hecho de que utilicen las redes sociales. “Yo mismo me considero usuario de las redes sociales, pero lo hago responsablemente”.

Insistió en que los mensajes que se supone enviaron estas personas causaron problemas de tránsito, choques, crisis nerviosas y pusieron en peligro a miles de niños en las escuelas.

El problema fue que los anuncios fueron leídos por directivos de escuelas, quienes llamaron a los padres de familia, como efecto de la “onda expansiva” que provocan las redes sociales.

Por ello, insistió en que el problema no son las redes sociales, “supuestamente privadas”, sino la forma en que éstas se utilizan.

Notimex.

Solicitarán amparo ante la justicia federal, señaló Fidel Ordoñez, encargado de la defensa de Tweeters


Francisco Sandoval Alarcón
(@MRTERREMOTO)
animalpolitico.com

Un juez penal en Veracruz dictó auto de formal prisión contra la periodista María de Jesús Bravo Pagola y el tuitero Gilberto Martínez Vera, detenidos el viernes 26 de agosto por representantes la Procuraduría General de Justicia en Veracruz (PGJV), luego de ser acusados por la presunta comisión de los delitos de sabotaje y terrorismo.

A las tres de la mañana de este miércoles, el Juez de la causa determinó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público, adscrito a la PGJV, si demostraban la probable responsabilidad de los inculpados, acusados de producir “alarma, temor, (y) terror” contra la población del puerto al difundir mensajes, a través de las redes sociales Twitter y Facebook, en los que advertían que grupos armados estaban atacando a alumnos y padres de familias que se encontraban en centro escolares de la zona Veracruz-Boca del Río.

Entrevistado por Animal Político, Fidel Ordoñez, abogado defensor de los detenidos, informó que en el transcurso de la semana solicitarán a un amparo a la justicia federal, con el objetivo de solicitar la libertad del tuitero y la periodista, bajo el argumento que con esta detención se violaron derechos humanos y garantías individuales como la libertad de expresión.

Según el abogado, el Juez penal que dictó la formal prisión tiene de tres a seis meses para resolver la situación legal de los detenidos, sin embargo, explicó que con el amparo que pedirán el tiempo se va a recortar, pero no especificó cuánto.

“Vamos a ir las garantías violadas, lo que significa que en el amparo se deben estudiar estas violaciones de procedimiento y las violaciones formales a las garantías constitucionales de ellos”.

Sobre el estado de ánimo que guardan las familias de los detenidos, dijo que tanto los hijos de María de Jesús como la mamá de Gilberto se encuentran consternados.

“Como que no la creen. No entienden el por qué de esta situación. Ellos pensaban que sería un auto de libertad, pero no lo fue”.

Las autoridades veracruzanos, por su parte, se han negado a responder a los señalamientos que la periodista María de Jesús Bravo le hiciera al juez que lleva el caso, al acusar a los representantes de la PGJV de haberle arrancado una declaración ministerial bajo “coacción”.

Desde el lunes 29 de agosto, Animal Político ha solicitado en cuatro ocasiones, a los representantes de la PGJV, una postura oficial sobre los señalamientos de la periodista, pero hasta el momento no se ha tenido una respuesta de los funcionarios.

La organización para la defensa de la libertad de expresión, Artículo 19, emitió un posicionamiento en el que asegura que el gobierno de Veracruz obstaculiza el libre flujo de información.