miércoles, 2 de enero de 2013

Con Peña Nieto la tendencia de homicidios se mantiene estable


México 
Distrito Federal

En el primer mes del gobierno de Enrique Peña Nieto, la tendencia de homicidios relacionados con presuntos actos del crimen organizado se mantuvo estable respecto a los meses anteriores, con 982 casos, 33 más que en noviembre (949), último mes de la pasada administración.

Aunque el promedio diario de todo el mes fue de 32 ejecuciones, superior a la media del sexenio anterior, diciembre ocupó el octavo lugar en narcohomicidios de todo 2012.

El año pasado concluyó con 12 mil 394 ejecutados, 110 más que en 2011, pero 264 menos que en 2010, el año más violento del sexenio de Felipe Calderón.

Una constante en diciembre, respecto a los meses anteriores, fue el registro de ejecuciones múltiples con más de cinco víctimas por caso. Este tipo de homicidios se presentó en 18 de los 31 días del mes anterior.

Los más destacados son los casos del comando que irrumpió el 7 de diciembre en un poblado del municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, donde además de sembrar el terror durante 14 horas e incendiar viviendas, asesinaron a 11 personas, incluido un menor.

Otro fue el enfrentamiento en el penal de Gómez Palacio, Durango, para aplacar un intento motín, donde murieron 14 internos y nueve custodios.

Por último, está el caso del comando de Los Caballeros Templarios que atacó diversas corporaciones municipales en los límites de Michoacán y Jalisco, lo que dejó un saldo de 13 fallecidos, entre ellos siete policías.

El registro por entidad

Con 122 ejecuciones, Chihuahua regresa al primer lugar de las entidades con más narcoejecuciones, sitio del que había sido desplazada por Guerrero en los tres meses recientes.

Coahuila pasa al segundo lugar, al superar en casi el triple de casos a Guerrero, que ocupó esa posición prácticamente a lo largo de todo 2012.

En tercer sitio se encuentra Sinaloa con 79 asesinatos, y en cuarto y quinto lugar, con 59 ejecutados cada uno, San Luis Potosí y Zacatecas.

Las entidades con menos ejecuciones fueron 11, cinco de ellas sin ningún caso (Baja California Sur, Campeche, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán); en el resto, el mayor número de homicidios fue de 6, en Colima.

En diez entidades se produjeron alrededor de 40 casos durante el mes. Sin embargo, en cinco de éstas (Puebla, Oaxaca, Nayarit, Hidalgo y Guanajuato) pasaron a esta cantidad después de tener menos de 10 homicidios durante los meses anteriores. En otros cuatro (Durango, Estado de México, Morelos y Nuevo León) se mantuvo la tendencia.

Un caso a destacar es el de Guerrero, donde las narcoejecuciones disminuyeron en casi 60 por ciento; sus 40 asesinatos marcan la cifra más baja de todo el año en esa entidad.

Por tipo de víctimas, las mujeres ocuparon la delantera con 66 casos, mientras que los menores de edad que murieron en ataques directos o como víctimas colaterales sumaron nueve.

Diecisiete funcionarios, cinco municipales y 12 estatales, fueron ejecutados. En lo que respecta a las fuerzas policiacas y militares, diciembre registró 33 casos: cinco policías federales, un estatal y 24 municipales; soldados fueron tres.

Por quinto año consecutivo, Chihuahua fue la entidad federativa más violenta del país tras registrar 2 mil 259 ejecuciones, cifra equivalente a 18 por ciento del total anual nacional. A pesar de lo anterior, los homicidios en esa entidad fronteriza descendieron casi 37 por ciento respecto a los 3 mil 498 asesinatos cometidos en 2011.

Desmantelada la PGR, Murillo Karam a cargo de la reestructuración


México 
Distrito Federal 

Un proceso de reestructuración y depuración de la Procuraduría General de la República (PGR) caracterizó 2012, pero también la corrupción se hizo presente, no sólo en los casos emblemáticos que se investigaron vinculados al poder de infiltración del narcotráfico en instituciones del país o en ámbitos como la política, también dentro de la misma dependencia, que al concluir el sexenio ha sido diagnosticada como “desmantelada” por su nuevo titular, Jesús Murillo Karam.

En abril de 2011, cuando Marisela Morales Ibañez asumió la conducción de la PGR, decidió emprender una serie de cambios institucionales para hacer más eficiente su papel en el combate a los delitos federales, desde la creación de 171 protocolos de actuación antes inexistentes, la incorporación de nuevas tecnologías e instalaciones, hasta la salida de más de 50 funcionarios de todos niveles por no cumplir con el perfil del cargo o no dar resultados. Al parecer, el tiempo fue insuficiente.

El año cierra con una evaluación negativa de la dependencia, elaborada por el actual gobierno federal. Durante la segunda sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) que se realizó el 17 de diciembre, Murillo Karam ofreció un diagnóstico sobre cómo recibió la PGR: “existe una clara desvinculación entre la integración de la investigación y su planteamiento ante las autoridades judiciales, lo que abona brutalmente la impunidad (…) Arrastra a través de muchos años, una estructura que no corresponde a la realidad”.

Tajante indicó que hay ausencia de objetivos generales, permanentes, sistémicos, sin procedimientos o personal ministerial o policial de calidad para hacer frente a una delincuencia creciente en recursos. Peor aún: “perdimos el propósito central de la investigación (…), violentando con frecuencia derechos fundamentales”, dijo en alusión a la utilización recurrente del arraigo y los testigos protegidos, que hoy están bajo revisión por mandato del presidente Enrique Peña Nieto.


Casos cuestionados

En los casos más relevantes de presunta corrupción o por la gravedad de los ilícitos que se registraron, la actuación de la PGR y sus métodos de investigación a lo largo de 2012 fueron seriamente cuestionados.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en mayo pasado arraigó al ex secretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare y otros cinco militares coacusados, como el general Roberto Dawe, quienes enfrentan proceso penal por presuntos nexos con el cártel de los Beltrán Leyva, pero su defensa sostiene ante tribunales que la acusación se basa sólo en los dichos de testigos protegidos y del ex militar Iván Reyna Muñoz, sin más evidencias.

En la investigación contra los ex gobernadores de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, acusados de recibir sobornos millonarios del cártel del Golfo a cambio de protección y de lavar los recursos ilícitos con la compra de propiedades y empresas en México y Estados Unidos, dos de los presuntos cómplices fueron convertidos en testigos protegidos, por lo que los abogados de los ex funcionarios aseguran que no hay más pruebas que declaraciones.

Incluso en el último caso relevante que resolvió la PGR, la consignación de 15 elementos de la Policía Federal, presuntamente implicados en el ataque armado de Tres Marías, Morelos, en contra de dos diplomáticos estadounidenses y un capitán de la Secretaría de Marina (Semar), el resultado de las investigaciones confrontó a la dependencia con la Secretaría de Seguridad Pública federal, ya que ésta acusó irregularidades en la integración del expediente.

Problemas Internos

La PGR no estuvo exenta de infiltraciones del narcotráfico o de actos de corrupción graves. En octubre pasado, se anunció la detención de servidores públicos presuntamente ligados al cártel de Sinaloa, entre ellos Manuel Arroyo Hernández, funcionario adscrito al Cuerpo Técnico de Control de la SEIDO, quien según testigos protegidos entregaba información a la organización.

Meses antes fue aprehendido Juan Carlos de la Barrera Vite, empleado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y ex funcionario de la SEIDO, que presuntamente recibía 60 mil dólares por información de cómplices dentro de la PGR.

Entre los cambios dentro de la PGR, estuvo la certificación de casi 100% del personal operativo con controles de confianza, y la capacitación de casi 8 mil de ellos para realizar juicios orales, a través del Proyecto Diamante. Además, en noviembre se anunció la digitalización de expedientes con el sistema “Protagon”.

Desaparece la SSP ¿resurgirá la policía política de los 70's?


México
Distrito Federal

La Cámara de Diputados autorizó a la SSP un presupuesto de 41 mil 217 millones de pesos, que sumado al de Gobernación resultará en 62 mil 658 millones de pesos.

De esta manera termina una era en México. La SSP fue considerada en su momento una “súper secretaría”, eje central de la política del sexenio de Felipe Calderón. Fue dirigida por Genaro García Luna, primero y único titular en en los seis años de la administración 2006-2012.

García Luna, considerado a su vez un “súper secretario” del calderonismo, se desempeñó en tareas de seguridad desde el gobierno de Vicente Fox Quesada. Luego, con Calderón, fue el “estratega” de la guerra lanzada por el gobierno contra los cárteles y las drogas.

A la estrategia de Calderón se le atribuye la muerte de 100 mil mexicanos, la desaparición de decenas de miles y el desplazamiento de un número nunca visto de mexicanos desde la Revolución de 1910. García Luna fue acusado en innumerables ocasiones de insensibilidad, corrupción y excesos. Nunca fue removido.

Aún no se define cuáles unidades, subsecretarías, direcciones generales y órganos desconcentrados de la SSP continúen en funciones. Para poder establecerlo, el Presidente Enrique Peña Nieto deberá reformar el Reglamento Interior respectivo.

Lo que sí se conoce es que se creará una Gendarmería Nacional, pero su nacimiento no implica la desaparición de la Policía Federal, que seguirá con una reestructuración.

Con la aplicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Segob se encargará de la seguridad pública, así como de la reorganización de la Policía Federal. Aún no se sabe cómo será el reordenamiento de los elementos federales, pero se espera que sea casi lo mismo y se respete el puesto de los altos rangos de esta policía.

El anuncio detalla que se mantendrá el respeto a los derechos laborales de los empleados de las dependencias afectadas.

Opositores a la medida indican que reintegrar la seguridad a la Secretaría de Gobernación es parte de un retroceso, de un “viejo esquema”.

Otros opinan que pasar las tareas de seguridad a Gobernación implicará el regreso de la policía política que operó durante 70 años de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Desde su campaña, Peña Nieto ya anunciaba su proyecto de poner el resguardo del país en manos de la Secretaría de Gobernación. Por eso, la SSP desaparecerá. Primero los diputados dieron el sí a la propuesta, y el Senado de la República aprobó el pasado 11 de diciembre, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma la Ley de la Administración Pública Federal.

La SSP dejó en claro que no siempre estuvo al pendiente de los policías que hoy todavía califica con exámenes de confianza. Muchos elementos que aprobaron dichos filtros, han participados en diversos crímenes, como el caso de los federales que asesinaron a sus compañeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), o el caso Tres Marías o los policías capitalinos que según organizaciones hicieron detenciones el 1 de diciembre, violando los Derechos Humanos.

Durante estos últimos meses, ha habido un despidos masivo de uniformados, ex policías indican que fue uno de los golpes dirigidos por el ex Secretario de Seguridad Pública.

Hallan mujer con el tiro de gracia, maniatada en el Cerro de la Campana


San Luis Potosí 
San Luis Potosí 

Ejecutada con el tiro de gracia fue encontrada una mujer entre el monte en el Cerro de la Campana, perteneciente a la comunidad de Tierra Blanca en esta ciudad capital. Se encontraba atada de pies y manos con cinta canela.

Las corporaciones policíacas la noche del lunes 31 tomaron conocimiento del hallazgo de una mujer sin vida en el lugar de los hechos, tras el reporte que se dio a las 21:40 horas

El cadáver fue localizado a la orilla de un camino de terracería en el cerro, y al ser confirmado el reporte, elementos policíacos resguardaron el área para que el agente del Ministerio Público y personal de Servicios Periciales dieran fe.

Se pudo apreciar que el cuerpo de la fémina fue dejado atado de pies y manos con cinta canela, en posición de cúbito lateral derecho, y vestía unas mallas de color negro, chamarra color negra, blusa morada, tenis negros de choclo tipo Converse. De ropa interior traía puesto un conjunto de brassier y pantaletas en azul claro, calcetas tines blancas, con franjas moradas y negras.

Una vez que el cuerpo fue inspeccionado en el Servicio Médico Legal de la Procuraduría, por el médico legista, se estableció que la víctima presentaba una lesión producida por proyectil disparado por arma de fuego en la cabeza, a la altura de la región parietal del lado izquierdo con salida en la región parietal del lado derecho.

Esta persona sacrificada se encuentra en calidad de desconocida, ya que no portaba entre sus pertenencias alguna credencial que revelara su identidad.

Fallece desconocido en Laguna de Bacalar por inmersión

Sergio Gómez Izquierdo, director de Servicios Periciales
La dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia, informó que con base en los estudios practicados al cuerpo encontrado la tarde de ayer, en la Laguna de Bacalar, a la altura de un predio marcado con el número 337 de la Costera de Bacalar, la causa del fallecimiento fue asfixia por sumersión.

El titular de la Dirección, Sergio Gómez Izquierdo, informó que especialistas de la PGJ acudieron ayer a un predio ubicado en la dirección antes señalada, en dónde tuvieron a la vista, dentro de la laguna a casi cuatro metros de distancia de la orilla, un cuerpo que presentaba estado de descomposición.

Tras el levantamiento del cadáver y su traslado al Servicio Médico Forense, los médicos criminalistas, determinaron que la causa del fallecimiento fue asfixia por sumersión, además de que se pudo establecer con base en el estado de descomposición, la muerte ocurrió hace dos días.

Por su parte, elementos de la Policía Judicial del Estado, del Grupo Especializado en Investigación de Homicidios, informaron que tuvieron conocimiento del hallazgo de un cadáver en la laguna de Bacalar dónde Lorenzo Martínez Escudero de 50 años de edad, manifestó que alrededor de las 10:00 horas del pasado primero de enero, vio dentro de la laguna a casi 200 metros de la vivienda en dónde se encontraba que algo flotaba, pero no le dio importancia pensando que se trataba de un salvavidas.

Sin embargo, alrededor de las 16:00 horas volvió asomarse a la laguna y se percató que el objeto era en realidad un cuerpo y se encontraba escasos cuatro metros de la orilla, por lo que reportó lo sucedido a las autoridades.

Hasta el momento, el cuerpo de dicha persona permanece en calidad de desconocido y presenta como únicas características fisiológicas, que pertenece a un masculino de alrededor de 36 años de edad, quien únicamente vestía una bermuda color roja, con estampados blancos, llevaba unos “googles” color negro, un collar artesanal y un arete en la oreja izquierda.