Francisco Hernández
Con inusitado cinismo, el abogado Carlos Francisco Sosa Huerta pretende que se le pague su sueldo durante los cinco meses que estará separado del cargo de magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), con la licencia temporal que comenzará a gozar desde el próximo 1 de febrero, para irse a España a concluir un curso de posgrado.
Aprovechando disposiciones obsoletas de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo, que incluye a los magistrados dentro de la lista de empleados de confianza, a pesar de representar la parte patronal en el Poder Judicial, el abogado Carlos Francisco Sosa Huerta quiso sorprender al Congreso del Estado para que le autorizara el goce de sueldo durante esos cinco meses de licencia que solicitó.
Pero los diputados no le otorgaron ese privilegio, sino que dejaron a la decisión del propio Tribunal Superior de Justicia el concederlo, por lo que ahora busca que sus pares magistrados lo aprueben, para así irse prácticamente becado al extranjero con 63 mil 906 pesos mensuales, que en total representan 319 mil 530 pesos durante toda su estancia.
Sin embargo, esa misma ley indica que el régimen laboral que regula no aplica para los empleados de confianza, por lo que sólo los trabajadores de base tienen la posibilidad de obtener licencias con goce de sueldo, que además, en todo caso, no deben proceder para la separación temporal del cargo de un magistrado integrante del Tribunal Superior de Justicia, órgano titular del Poder Judicial, de la misma forma como no procede para los depositarios de los otros dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, que son el Gobernador y los diputados locales, los cuales, en caso de separarse temporalmente de sus cargos mediante licencias, no perciben remuneración alguna.
El pasado 11 de diciembre, el Congreso del Estado recibió la solicitud de licencia temporal de Carlos Francisco Sosa Huerta para separarse del cargo de magistrado numerario del TSJE, en la que indicó que necesita que tenga duración de cinco meses para cursar de manera presencial un tetramestre del posgrado denominado Máster Universitario en Políticas Aplicadas de la Escuela Goberna América Latina, del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en la ciudad de Madrid, España, que será del 1 de febrero al 10 de junio próximos.
Los diputados consideraron que es procedente otorgar la licencia temporal a Sosa Huerta para separarse durante cinco meses de su cargo de magistrado numerario, porque buscar su profesionalización es una justificación válida para ello, ya que al mejorar su preparación académica suponen los legisladores que mejorará su desempeño jurisdiccional.
Sin embargo, el Congreso del Estado no consideró que esa fuera razón suficiente para aprobarle el privilegio de gozar el cobro de su sueldo durante esos cinco meses de separación del cargo, como pidió en su solicitud de licencia, pero los diputados tampoco le dieron una negativa tajante, sino que indicaron que tal decisión corresponde tomarla al Tribunal Superior de Justicia del Estado, de conformidad con su presupuesto del 2013.
En el dictamen, que fue aprobado por el pasado 13 de diciembre, el Congreso del Estado indicó que “de conformidad al artículo 10 fracción III inciso a) de Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia son trabajadores de confianza del Poder Judicial”.
Y al revisar esta ley, ocurre que al magistrado ni como empleado de confianza le corresponde gozar el privilegio de recibir su sueldo mientras no ejerza su cargo, ya que las licencias con goce de sueldo sí están previstas en la ley, pero esta misma norma indica, en su artículo 8, que los empleados de confianza y los que prestan sus servicios mediante contrato civil o reciben pago de honorarios, están excluidos del régimen laboral que establece.
Pero además, un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado sólo puede continuar con la percepción de su sueldo en caso de licencias económicas, que son las que no rebasan los tres días, según la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
Inclusive, es tan extraordinaria la licencia temporal que solicitó Sosa Huerta, que tuvo que ser autorizada por el Congreso del Estado, ya que rebasó el tiempo de las que puede autorizar el propio Tribunal Superior de Justicia, órgano que sólo puede otorgar aprobaciones para separarse del cargo a los magistrados por tres meses.
De allí que resalta el cinismo con el que el magistrado Carlos Francisco Sosa Huerta, un impartidor de justicia del Estado, pretendió sorprender al Poder Legislativo y ahora busca hacerlo con el propio Tribunal de Justicia, al pedir que le autoricen seguir gozando de la percepción del sueldo de magistrado durante los cinco meses que estará sin ejercer el cargo, ya que se quiere aprovechar de una disposición obsoleta en la que se cataloga a los magistrados como empleados de confianza a pesar de ser integrante de la parte patronal del Poder Judicial, para tratar de obtener un beneficio económico indebido.
Acostumbrado a servirse del poder público
Pero ésta no es la primera ocasión que Sosa Huerta saca provecho de esa disposición obsoleta de la ley, según la cual en el Poder Judicial no hay patrones, sino sólo empleados, pues apenas en junio del año pasado presionó y rogó para que se le otorgara un bono por 45 años de servicio, como si se tratara de un empleado de la administración pública, en el Día del Burócrata.
La entrega de ese estímulo económico por 45 años de servicio a Carlos Francisco Sosa Huerta causó inconformidad, porque de ese total, 19 años los lleva como magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por lo que desde 1993 no ha sido empleado, ni de confianza y mucho menos de base, del Poder Judicial, sino que representa a la parte patronal.
Sin embargo, se supo que en días previos al Día del Burócrata, el flamante magistrado estuvo insistiendo en que se le entregara el reconocimiento por 45 años de servicio, a pesar de que los últimos 19 años no ha sido trabajador, sino funcionario de alto nivel en su calidad de miembro del Tribunal Superior de Justicia, y logró que le concedieran su bono.
Sosa Huerta se ha acostumbrado a servirse del poder público, pues además de llevar 19 años como miembro del Tribunal Superior de Justicia, hasta la fecha es el único magistrado que al mismo tiempo ostenta una patente de notario público, la número 28 de Cancún, sólo que no la ejerce tampoco, sino que la trabaja el notario suplente Salim Garrido Hadad.
Cabe mencionar que el sueldo de un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado es de 63 mil 906 pesos mensuales, según el tabulador publicado por el Poder Judicial en su página de Internet, por lo que Sosa Huerta pretende que sus pares magistrados le autoricen a recibir una beca de 319 mil 530 pesos por los cinco meses que estará sin ejercer su cargo, realizando la parte final de sus estudios de posgrado en Madrid, España.
Según su plan de posgrado, durante esa estancia de cinco meses, el magistrado concluirá en España con una serie de actividades, como visitar los principales partidos políticos españoles, instituciones públicas como la Defensoría del Pueblo, el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) o el Senado, municipios españoles destacados en la atención ciudadana o la gestión de los servicios sociales, instituciones académicas como el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca o conocer el funcionamiento de las instituciones de la Unión Europea en Bruselas.
El programa académico incluyó sesiones educativas en línea, las cuales el magistrado ya las tomó, pero ahora debe concluir el máster con sesiones presenciales, y por ello solicitó la licencia.
Pero si bien esa superación académica justifica que deje durante cinco meses de ejercer el cargo que la representación popular, el Congreso del Estado, le confirió, no puede aceptarse como motivo para que pretenda tomarle el pelo a las instituciones y los ciudadanos de Quintana Roo, y que además le concedan el privilegio de irse con una beca de 319 mil 530 pesos porque quiso hacer estudios en el extranjero.
Por lo pronto, el tema causa incomodidad en el Poder Judicial, tanto que hasta el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia, magistrado Fidel Villanueva Rivero, prefirió hacer como que no conoce el dictamen aprobado por el Congreso del Estado el 13 de diciembre, cuando se autorizó la licencia a Sosa Huerta, y el miércoles dijo a un reportero de este medio informativo que no tenía conocimiento de qué cosa decidieron los diputados sobre el goce de sueldo indebidamente solicitado por su colega.
El Tribunal Superior de Justicia ya dispuso que se toque el tema en una sesión privada del pleno, por lo que en sus manos quedará el apoyar o no la indebida pretensión del magistrado vivales.
Fuente: Por Esto!
