jueves, 2 de mayo de 2013

PGJ desarticula banda especializada en robo a cajas fuertes

Manuel Efrén Caballero Osorio y Henry Gilbert Castro Martín

El Procurador General de Justicia, Gaspar Armando García Torres, presentó a Henry Gilbert Castro Martín de 31 años de edad y a Manuel Efrén Caballero Osorio de 28, señalados como presuntos responsables de varios robos a cajas fuertes, registrados en la zona sur del estado. La captura fue realizada por personal del Grupo Especializado en Investigación de Robos, de la Policía Judicial.
García Torres informó que Castro Martín, confesó su participación en el robo perpetrado a las oficinas centrales de la distribuidora de combustible Garabana, en julio del 2012 y por el cual, en su momento, se inició con la integración de la averiguación previa 2651/2012 por Robo Calificado.
Referente a este hecho, informó que en el hurto también participó una persona identificada solamente como “Joe” y uno más conocido como “Martín” a quien describió como un experto en cajas fuertes y manejo de códigos de seguridad.
Dijo que para ingresar al inmueble, los presuntos primero dieron muerte por envenenamiento a los perros que resguardaban el sitio, para luego maniatar al vigilante y apoderarse de varios objetos de valor, dinero en efectivo y un arma de fuego.
Henry Gilbert Castro Martín, también admitió su participación en el hurto a la distribuidora “Dondé”, realizado con la complicidad de una persona conocida con el sobrenombre de “El Chucho”. De ese sitio, sustrajeron alrededor de 75 mil pesos en efectivo y por la cual inició la averiguación previa 1037/2013.
Con la detención de Castro Martín, también se esclareció la averiguación previa 847/2013 que se inició por el hurto a la casa de empeño “Los Cuates”, registrado a principios de año, en el que los inculpados ingresaron luego de obtener los códigos para desactivar la alarma. En este caso, García Torres informó que los delincuentes habían obtenido un botín superior a los dos millones de pesos en oro.
El otro detenido, Manuel Efrén Caballero Osorio, cuñado de Henry, aceptó haber participado en varios robos a casa habitación, cometidos en la colonia Jardines de Payo Obispo, así como al centro nocturno, “El Coliseo” lugar de donde se apoderó de equipo de sonido e iluminación valuado en más de 30 mil pesos.
El abogado del Estado, dio a conocer que Henry Gilbert Castro Martín fue Policía Judicial en el 2005 corporación de dónde causó baja un año después y también estuvo en las filas de la Policía Municipal durante un lapso similar.

Angel Francisco Torres Fritz y Gaspar Armando García Torres
Director de Averiguaciones Previas y Procurador General de Justicia

El Procurador, quien en la rueda de prensa estuvo acompañado por el Director de Averiguaciones Previas, Ángel Francisco Torres Fritz, informó que la PGJ continúa con las investigaciones para establecer si los detenidos están vinculados con otros robos similares registrados en la capital del estado.


Reporte policíaco PGJ

 
POLICÍA JUDICIAL, ATENDIÓ REPORTE DE PERSONA LESIONADA.
Elementos de la Policía Judicial, tuvieron conocimiento, alrededor de las 21:05 horas, que en el Hospital General, había ingresado una persona lesionada por lo que los agentes se trasladaron al sitio para verificar los hechos.
En el nosocomio, fueron informados por el médico en turno que el paciente responde al nombre de Alberto Altamirano Gutiérrez, de 58 años de edad, originario de Morelia, Michoacán, mismo que presentó una lesión ocasionada con arma blanca de aproximadamente 7 centímetros en la parte posterior de la cabeza con posible fractura de cráneo. Su estado de salud fue reportado como grave.
El lesionado, con relación a los hechos informó que se encontraba en las afueras de su domicilio ubicado en el poblado de Ucum, municipio de Othón P. Blanco, ingiriendo alcohol, en compañía de otro individuo a quien solo conoce como "El Cuate".
El agraviado explicó que al momento que le pidió a "El Cuate", que le regresará un machete que previamente le había dado prestado, este sin motivo alguno le asestó un machetazo en la parte posterior de su cabeza y luego se dio a la fuga.
Elementos de la Policía Judicial del Estado (PJE), iniciaron las indagatorias e informaron al paciente que interponga su formal denuncia ante el Ministerio Público del Fuero Común, para el deslinde de responsabilidades.
 
PRESUNTOS RESPONSABLES DE ROBO, ANTE EL JUEZ
El Agente del Ministerio Público del Fuero Común, derivado de la integración del expediente 309/4-2013, encontró suficientes elementos para ejercitar acción penal en contra de Juan Carlos Noh Martín y Luis Alberto Poot Pacheco, quienes fueron trasladados al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal, por ser presuntos responsables de Robo.
Los detenidos, en su momento, fueron puestos a disposición del MPFC, por elementos municipales, quienes señalaron en su comparecencia, que los inculpados fueron señalados por la agraviada Carmen Isabel Moo Dzul, como quienes ingresaron al predio 7, de la calle Antigua, Manzana 88, para sustraer aves de su propiedad.
El representante social, luego de las 48 horas constitucionales, ordenó a la Policía Judicial, la cancelación de la custodia de los inculpados y su traslado al penal chetumaleño, en donde quedaron a disposición del Juez correspondiente.
 
SE CUMPLIMENTÓ ORDEN DE APREHENSIÓN
La Policía Judicial, a través del Grupo de Aprehensiones, informó que cumplimentó una orden judicial, en contra de José Manuel Coral Rojas, de 30 años de edad, por el delito de Incumplimiento de las Obligaciones de Asistencia Familiar, con base en el proceso 354/2013.
Coral Rojas, fue llevado a las instalaciones de la PGJ para su certificación médica y posteriormente trasladado al Cereso de Chetumal, en donde quedó a disposición del Juez Segundo Penal, de primera instancia.
 
 
 

Degolló a sus dos hijos "porque lloraban de miedo y de hambre"

México 
Distrito Federal

Una mujer acusada por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal de privar de la vida a sus dos hijos y atentar contra la vida de su pareja, en junio de 2011, recibió sentencia condenatoria por parte de un juez de primera instancia.

Martha Alicia Sánchez Arteaga, de 32 años, fue encontrada culpable de los delitos de homicidio calificado en razón de parentesco y homicidio calificado en grado de tentativa, ilícitos que acreditó el Ministerio Público de la Subprocuraduría de Procesos.

Por lo anterior, el juez 69 Penal, con sede en el Cefereso Santa Martha Acatitla, dictó sentencia de 40 años de prisión contra la mujer, quien también deberá pagar 94 mil 516 pesos por indemnización y gastos funerarios, además de 15 mil 600 pesos, por tratamiento psicológico a favor de su pareja.

LOS HECHOS

Consta en el expediente 121/2011, que alrededor de las 15:30 horas del 26 de junio del 2011, la ahora sentenciada, su concubino y sus hijos se encontraban en su vivienda, localizado en calles de la colonia Luis Donaldo Colosio, en la Delegación Gustavo A. Madero, cuando comenzó a discutir con su pareja.

La discusión fue porque el hombre llegó a la casa con una lata de solvente y se comenzó a drogar en la cocina, a pesar de que no tenían ni para comer, por lo que la mujer llena de coraje tomó un cuchillo y sorprendió enterrándole el arma blanca en la cabeza y luego lo lesionó en el cuello.

En esos momentos entró a la vivienda un familiar de la mujer, quien auxilió al hombre herido y trató de detenerla, luego solicitó ayuda de personal de emergencia, mientras que Martha Alicia se refugió en una habitación con sus dos hijos, Kevin, de 3 años, y un bebé de 7 meses.

Con el cuchillo que portaba, Martha Alicia degolló a sus hijos, “estaban llorando de miedo y hambre, no quise que siguieran sufriendo, por eso decidí matarlos”, declaró, luego intentó suicidarse picándose el abdomen y el cuello.

Policías preventivos acudieron al lugar junto con los paramédicos, pero los niños ya habían muerto; en el lugar atendieron al hombre herido, mientras que Sánchez Arteaga fue trasladada al Hospital General de Ticomán, donde fue atendida y luego detenida.

YUC Juzgado admite amparo de pareja gay contra el Registro Civil por negarles solicitud de matrimonio

El Juzgado Tercero de Distrito con sede en Mérida, la capital de Yucatán, admitió un recurso de amparo presentado por una pareja de varones homosexuales ante la negativa del Registro Civil de esa misma entidad por haberles negado la solicitud para contraer matrimonio.

La pareja, integrada por Javier y Ricardo interpuso la demanda de juicio de amparo luego de que el día 26 pasado se presentaran ante la autoridad civil para solicitar formalmente que el estado reconociera su unión como pareja legal dentro de la figura del matrimonio.

La pareja portaba y entregó toda la documentación requerida como se establece en el Código Civil, Código de Familia y el Código de Procedimientos de Familia de Yucatán para poder legalizar su unión.

Una vez revisada el expediente que presentaron, se les indicó que pasarían con la Jefatura Jurídica del Registro Civil quien les negó la solicitud basándose en los mismos ordenamientos legales que establecen que en ese estado del sureste de la República Mexicana establecen que las figuras tanto del matrimonio como el concubinato en Yucatán, sólo pueden concurrir entre “un hombre y una mujer”.

La pareja se quejó ante la autoridad señalando que ésta tenía el deber de hacer efectivo el principio pro persona, el cual establece la obligación de cualquier autoridad de aplicar la norma más favorable, que en el caso de ambos referiría el derecho a la no discriminación por preferencia sexual.

Frente a la reiterada negativa de la autoridad estatal, la pareja decidió presentar el amparo ante el órgano de Justicia federal señalando como inconstitucional la negativa del Registro Civil, así como de las normas en la cuales se basó la institución yucateca para negarles el derecho al matrimonio civil y establecidos en los artículos 94 de la Constitución del estado y 49 y 201 del Código de Familia del estado de Yucatán.

Entre otros elementos, la pareja expone:

1.- La violación al derecho a la no discriminación por preferencia sexual establecido en el párrafo quinto del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que la negativa impide que una pareja del mismo sexo acceda, en igualdad de circunstancias que una heterosexual, a la figura del matrimonio y a los beneficios que para los cónyuges esta conlleva, beneficios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya definió al resolver el amparo en Revisión 581/2012[2]

2.- Violación al derecho fundamental a la protección del desarrollo y organización de la familia, protegidos por el artículo 4º de la Constitución Federal, debido a que la negativa tanto del registro civil, como de las leyes señaladas como inconstitucionales, priva a las parejas homosexuales de recibir la protección jurídica del Estado a su núcleo familia, además de que se les da un trato diferenciado a situaciones que gozan del mismo estatus jurídico como lo son las familia homoparentales y las heteroparentales.

3.- Violación al derecho al libre desarrollo de la personalidad en relación a la figura del matrimonio, específicamente por lo que hace a la diferenciación de sexo entre contrayentes como un requisito para celebrarlo.

De acuerdo con el abogado de la pareja, Jorge Fernández Mendiburu, la demanda puede sentar un precedente para que surjan otras de un sector de la comunidad yucateca que está inconforme con la prohibición explícita en las leyes estatales a la posibilidad del matrimonio igualitario.

Cuatro o cinco precedentes como éste, señaló en entrevista con Animal Político, pueden funcionar como instrumento para presionar al Congreso del estado en el estudio, dictamen y resolución de una iniciativa de ley que está en manos del Legislativo para crear esa figura en el estado.

“Se trata de lograr, como primer objetivo, que ellos, esta pareja, puedan acceder al matrimonio y en segundo que en Yucatán las autoridades reconozcan que son omisas en su obligación de reconocer un derecho específico; en este caso el de la no discriminación por su preferencia sexual”.

De acuerdo con el abogado lo que se espera de la autoridad judicial es que actúe de forma similar a como lo ha hecho anteriormente en casos similares.

Entre otros antecedentes se cita la sentencia de la solicitud de amparo de revisión 581/2012, resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diciembre de 2012.

En ese caso, la SCJN obligó al Registro Civil del estado de Oaxaca a casar a tres parejas del mismo sexo a quienes se les había negado dicho derecho. En esa ocasión el órgano judicial resolvió también pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de aquellas normas de la entidad que impedían la unión civil de esas parejas.

La máxima autoridad judicial, según explicó Fernández Mendiburu, ha establecido también el reconocimiento de matrimonios entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal y establecido que no se alude a un “modelo de familia ideal” –como el establecido por la ley en Yucatán- que tenga como objetivo la unión entre hombre y mujer con el fin de procrear.

A través de esa resolución la Corte estableció que la Constitución tutela a la familia entendida como realidad social. En ese sentido, la ley debe cubrir todas sus formas y manifestaciones existentes:

“Familias nucleares compuestas por padres e hijos (biológicos o adoptivos) que se constituyan a través del matrimonio o uniones de hecho; familias monoparental compuestas por un padre o una madre e hijos; familias extensas o consanguíneas que se extienden a varias generaciones, incluyendo ascendientes, descendientes y parientes colaterales; y desde luego también familias homoparentales conformadas por padres del mismo sexo con hijos (biológicos o adoptivos) o sin ellos”.


La iniciativa pendiente

El abogado recordó que desde noviembre del año pasado existe en el Congreso del estado de Yucatán una iniciativa para que sea aceptado y regulado el matrimonio igualitario o entre personas del mismo sexo en la entidad.

La iniciativa contempla las reformas en los artículos 94 de la Constitución del estado y 49 y 201 del Código de Familia del estado de Yucatán.

El documento fue presentado por la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) con el apoyo y respaldo de organizaciones de la comunidad lésbica, gay, bisexual, transexual y transgénero del estado. Sin embargo, hasta el momento no se ha avanzado ni siquiera en su discusión.

Las organizaciones civiles han insistido, convocado a sus pares para tratar de ejercer presión desde la base social. Incluso se han manifestado ante las puertas del Congreso recibiendo por respuesta únicamente el compromiso de palabra de los legisladores perredistas yucatecos.