jueves, 3 de enero de 2013

Policías municipales renuncian por temor a la delincuencia organizada



Morelia
Michoacán

Elementos policíacos del municipio de Marcos Castellanos, localidad ubicada en límites con Jalisco renunciaron a la corporación por temor a la delincuencia organizada, esto luego de acontecimientos violentos ocurridos el pasado 23 de diciembre.

Fuerzas federales y estatales se mantienen a cargo de la seguridad en la demarcación confirmó el secretario de Gobierno en Michoacán, Jesús Reyna García.

Jesús Reyna afirmó que “del cuerpo policiaco de Marcos Castellanos únicamente quedaban seis elementos y obviamente se sintieron desprotegidos, se sintieron además, numéricamente en desventaja y prefirieron pedirle al presidente municipal los reubicara en otra tarea o que aceptaran su renuncia”.

Tras la deserción policiaca local no se han registrado sucesos relacionados con el crimen organizado en dicha demarcación.

Durante los últimos meses de 2012, en los municipios que colindan con el estado de Jalisco se incrementó la incidencia delictiva, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Política criminal esquizoide fomenta mercado negro, afirma Sales Heredia


El procurador General de Justicia del Estado, Renato Sales Heredia, calificó como absurdo y esquizoide la política criminal en cuanto al narcomenudeo, ya que la Ley General de Salud permite el consumo y posesión de cierta cantidad de drogas y no la producción y distribución de la misma, fomentando el mercado negro.

“Existe una política criminal esquizoide en lo que hace al narcomenudeo, es decir que es absurdo que se permita la posesión y el consumo de ciertas cantidades de droga, pero no así la producción y la distribución de la misma, así esta la Ley General de Salud”.

Afirmó que cuando retienen a un persona con menos de 500 miligramos de cocaína y de cinco gramos de marihuana, tienen que promover el no ejercicio de la acción penal, por que no está penado. “No está penada la posesión y consumo de ciertas cantidades, por encima de 5 gramos y 500 miligramos se debe de proceder penalmente, pero mientras la producción y distribución si, ¿No parece absurdo esto?”.

Sales Heredia señaló que con esta política lo que se fomenta el mercado negro en la producción y distribución, por lo que urgió reformas a la Ley para no permitir nada de consumo ni portación. “Así está la norma y nosotros tenemos que hacer lo que la Ley nos permite hacer”.

campeche.com.mx

Gobierno de EU investiga a Omar Hamid García Harfuch jefe de la PF

Chilpancingo
Guerrero 

El nieto del exdirector de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), Javier García Paniagua -un policía político considerado como artífice en la etapa de la Guerra Sucia- fue designado como jefe de la Policía Federal (PF) en Guerrero.

Su nombre es Omar Hamid García Harfuch, de 31 años, y previo a su designación como inspector general de la PF en esta entidad, se desempeñó como suboficial en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, indican reportes oficiales.

Desde 2009, García Harfuch junto a 11 agentes más de la misma corporación, están siendo vigilados por el gobierno de Estados Unidos, como parte de una averiguación sobre sus antecedentes ordenada por la Secretaría de Estado, revela un cable difundido por WikiLeaks.

Ayer, el gobernador Ángel Aguirre Rivero anunció públicamente los cambios que se hicieron a finales de año en el gabinete de seguridad federal: El Ejército y la Policía Federal.

Durante un acto oficial en Acapulco, el principal destino turístico de la entidad que se encuentra hundido en una crisis de inseguridad y violencia generado por la disputa de la plaza entre bandas delictivas, el mandatario dijo -sin presentar cifras- que la incidencia criminal ha disminuido significativamente en el puerto, pero no habló sobre el resto de la entidad.

Al respecto, Aguirre informó que el nuevo comandante de la IX Región Militar, con sede en Acapulco, es el general de División, Genaro Fausto Lozano Espinoza, en sustitución del general Guillermo Moreno Serrano, quien ocupaba el cargo desde el 17 de octubre del 2011.

Lozano Espinoza se desempeñaba como jefe del Estado Mayor de la V Región Militar con sede en Guadalajara, Jalisco y recientemente fue ascendido al cargo de general, refieren informes oficiales.

La V Región Militar abarca los estados de Nayarit, Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas, escenario de violentos enfrentamientos entre el Ejército y sicarios al servicio del grupo delictivo cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene presencia en el balneario de Zihuatanejo, ubicado en la región de la Costa Grande de la entidad, en los límites con Michoacán.

También se dio a conocer el relevo en la PF. El comisario general de esa corporación, Héctor González Valdepeña, fue sustituido por el suboficial Omar Hamid García Harfuch, un policía ligado a personajes siniestros de la política mexicana y que es investigado por el gobierno estadunidense.

El cable se puede encontrar en la página de Wikileaks:

http://wikileaks.org/cable/2009/12/09MEXICO3525.html


Fuente: 
Ezequiel Flores Contreras
www.proceso.com.mx

2012 fue año de matanzas, sobretodo en el norte

El 2012 fue un año de matanzas en el país, principalmente en los estados del norte. En algunos casos hasta propusieron dotar de armas a pobladores de la sierra de Sinaloa para su propia defensa.

La estela de violencia comenzó el 6 de enero en Monterrey, Nuevo León, y podría cerrar ahí mismo, pues el sábado 29 de diciembre un comando irrumpió en una fiesta para celebrar los 15 años de una joven, mataron a una persona y dejaron a otras 11 con heridas.

En la mayoría de los casos, los crímenes en masa no han sido resueltos por las autoridades, a pesar de que inmediatamente después de los hechos despliegan dispositivos de seguridad, a veces hasta con cientos de elementos, como ocurrió el pasado 9 de diciembre en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, donde un comando aterrorizó a una población de más de 6 mil habitantes.

De acuerdo con los testimonios de los lugareños, el 7 de diciembre llegó a Guadalupe y Calvo un grupo armado.

Según los relatos, durante horas los asesinos se pasearon por las calles. Pero no sólo eso, entraron en casas para buscar a sus víctimas y así mataron a 11 personas en diferentes puntos del poblado, ubicado a unos 500 kilómetros de la capital de Chihuahua.

Además, el grupo criminal quemó dos casas y un local comercial, disparó contra vehículos detenidos o que se cruzaron a su paso. Huyeron en varias camionetas de lujo, sin que fueran molestados por la autoridad, que el 9 de diciembre desplegó 450 policías para buscarlos. No los encontraron.

El 9 de enero Michoacán reportó 19 personas muertas, de las cuales 15 fueron halladas en Zitácuaro. Aunque el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, precisó que fueron 15 las víctimas en ese municipio, autoridades estatales mencionaron que fueron 13.

Luego, el 26 enero en Monterrey, Nuevo León, otro grupo masacró a ocho hombres en pleno centro de la ciudad.

Para el 4 febrero fueron nueve personas quienes murieron en el interior de un bar durante un ataque atribuido a un tirador, según informó la Fiscalía de Chihuahua. De acuerdo con datos de la corporación, entre los fallecidos estaban cinco integrantes de una banda musical que amenizaba la velada, su representante, y tres clientes del establecimiento, uno de estos era agente de la policía municipal.

El 20 abril, también en Chihuahua, un ataque en el que los asesinos usaron rifles de asalto ocurrió en contra de los asistentes a un bar de la capital, al parecer relacionado con rivalidades entre bandas delictivas, con un saldo de 15 personas muertas. Dos de estas fueron identificados como los periodistas Francisco Javier Moya, ex director de Radio Universidad y de noticias de Grupo Mega Radio y que laboraba en el área de Comunicación Social de Chihuahua; así como Héctor Javier Salinas Aguirre, ex jefe de información de esa misma empresa radiofónica.

El 9 mayo hubo 20 asesinatos en Jalisco. Luego, el 9 de agosto en San Luis Potosí fue hallada una camioneta con 14 cadáveres en la carretera a Zacatecas.

El 15 agosto, en un nuevo ataque a un centro nocturno en Monterrey dejó como saldo nueve muertos.

El 15 septiembre, al menos 17 cadáveres semidesnudos fueron localizados en la carretera Guadalajara-Morelia. Se consideró como el segundo homicidio masivo en Jalisco del año.

El 24 diciembre, en la Concordia, Sinaloa, un comando irrumpió en una comunidad y mató a nueve personas, uno de ellos fue decapitado a machetazos. El edil José Elio Medina propuso dotar de armas a la gente para su autodefensa.

En el pasado mes de noviembre, otro ataque en Tatemas, de la serranía de Sinaloa, obligó a la población a abandonar su pueblo.

Dos sujetos intentan violar a una mujer en la avenida Juárez entre Colón y Primo de Verdad

El Agente del Ministerio Público del Fuero Común inició con la integración del a Averiguación Previa 5/1-2012 por los delitos de Lesiones, Violación en grado de tentativa y lo que resulte, en contra de José Santiago de Jesús Vásquez Cano y Luis Alberto Custodio Montiel .

De acuerdo con el expediente antes citado, la noche del pasado miércoles, elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) quienes realizaban recorridos en el primer cuadro de la ciudad, fueron informados que dos sujetos metieron por la fuerza a una mujer a un predio ubicado sobre la avenida Benito Juárez entre Primo de Verdad y Cristóbal Colón, por lo que se trasladaron al sitio y al llegar a la dirección antes señalada escucharon los gritos de una mujer.

Explicaron que al ingresar al predio se percataron que un masculino se encontraba de pie y en el suelo estaba una mujer, gritando que la había intentado asfixiar y violar, por lo que procedieron a la detención del presunto responsable quien terminó por confesar que el ilícito lo había cometido con otro sujeto.

Debido a lo anterior fueron capturados Luis Alberto Custodio Montiel y José Santiago de Jesús Vásquez Cano, quienes fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común quien integra la averiguación previa antes señalada y en el termino constitucional de 48 horas definirá la situación jurídica de los presuntos responsables.

16 mil 460 militares condenados de 2006 a 2012

Desde que fueron convocados a las calles para realizar tareas de seguridad en el 2006, alrededor de 16,460 militares fueron condenados por tribunales castrenses por el delito de deserción.

Tan sólo en el 2012, se dictaron 565 sentencias condenatorias por ese delito. Del 1 de julio al 30 de noviembre del 2012, el Ejército Mexicano concedió 4,294 bajas: 1,148, por retiro; 21, por mala conducta; 1,041, por deserción; 87, por defunción; 1,709, por pasar a la reserva correspondiente; 43, por inutilidad y cinco, por desaparición del militar.

De acuerdo con el libro blanco de la Secretaría de la Defensa Nacional, los jueces militares emitieron de diciembre del 2006 a diciembre pasado alrededor de 16,460 sentencias condenatorias por el delito de deserción, 565 de las cuales fueron durante el año que apenas concluyó.

En el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, los jueces de tribunales internos del Ejército emitieron además 2,385 condenas en contra de militares “por delitos diversos”, 80 de las cuales se emitieron el 2012, reportó la Sedena, sin especificar qué delitos.

En ese mismo lapso, el Tribunal de Alzada, órgano que sólo observa casos de conductas ilícitas o faltas de los militares, hizo un reconocimiento de inocencia a 10 elementos castrenses; despachó la libertad preparatoria en 194 casos, reinició procedimientos en 14 casos y despachó 10 juicios de responsabilidad.

Asimismo, se emitieron también 36 sentencias absolutorias en casos de investigaciones a militares desde el 2006.

En los primeros cinco años del sexenio de Calderón, se encontraban en integración 3,726 averiguaciones previas; fueron consignadas 3,383; se archivaron 6,049; y se remitieron por incompetencia 631 indagatorias”.

Asimismo, en el 2012, se tuvieron en integración 2,770 averiguaciones previas, de éstas, se consignaron 700; se archivaron 2,000 y se remitieron por incompetencia 750 averiguaciones.

Las sanciones que prevé el Código de Justicia Militar (artículos 255 al 274), por deserción en todos los casos son penas de cárcel, en un cuartel o buque, que van desde los dos meses hasta 11 años de prisión en función del cargo y mando que desempeñen.

miércoles, 2 de enero de 2013

Con Peña Nieto la tendencia de homicidios se mantiene estable


México 
Distrito Federal

En el primer mes del gobierno de Enrique Peña Nieto, la tendencia de homicidios relacionados con presuntos actos del crimen organizado se mantuvo estable respecto a los meses anteriores, con 982 casos, 33 más que en noviembre (949), último mes de la pasada administración.

Aunque el promedio diario de todo el mes fue de 32 ejecuciones, superior a la media del sexenio anterior, diciembre ocupó el octavo lugar en narcohomicidios de todo 2012.

El año pasado concluyó con 12 mil 394 ejecutados, 110 más que en 2011, pero 264 menos que en 2010, el año más violento del sexenio de Felipe Calderón.

Una constante en diciembre, respecto a los meses anteriores, fue el registro de ejecuciones múltiples con más de cinco víctimas por caso. Este tipo de homicidios se presentó en 18 de los 31 días del mes anterior.

Los más destacados son los casos del comando que irrumpió el 7 de diciembre en un poblado del municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, donde además de sembrar el terror durante 14 horas e incendiar viviendas, asesinaron a 11 personas, incluido un menor.

Otro fue el enfrentamiento en el penal de Gómez Palacio, Durango, para aplacar un intento motín, donde murieron 14 internos y nueve custodios.

Por último, está el caso del comando de Los Caballeros Templarios que atacó diversas corporaciones municipales en los límites de Michoacán y Jalisco, lo que dejó un saldo de 13 fallecidos, entre ellos siete policías.

El registro por entidad

Con 122 ejecuciones, Chihuahua regresa al primer lugar de las entidades con más narcoejecuciones, sitio del que había sido desplazada por Guerrero en los tres meses recientes.

Coahuila pasa al segundo lugar, al superar en casi el triple de casos a Guerrero, que ocupó esa posición prácticamente a lo largo de todo 2012.

En tercer sitio se encuentra Sinaloa con 79 asesinatos, y en cuarto y quinto lugar, con 59 ejecutados cada uno, San Luis Potosí y Zacatecas.

Las entidades con menos ejecuciones fueron 11, cinco de ellas sin ningún caso (Baja California Sur, Campeche, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán); en el resto, el mayor número de homicidios fue de 6, en Colima.

En diez entidades se produjeron alrededor de 40 casos durante el mes. Sin embargo, en cinco de éstas (Puebla, Oaxaca, Nayarit, Hidalgo y Guanajuato) pasaron a esta cantidad después de tener menos de 10 homicidios durante los meses anteriores. En otros cuatro (Durango, Estado de México, Morelos y Nuevo León) se mantuvo la tendencia.

Un caso a destacar es el de Guerrero, donde las narcoejecuciones disminuyeron en casi 60 por ciento; sus 40 asesinatos marcan la cifra más baja de todo el año en esa entidad.

Por tipo de víctimas, las mujeres ocuparon la delantera con 66 casos, mientras que los menores de edad que murieron en ataques directos o como víctimas colaterales sumaron nueve.

Diecisiete funcionarios, cinco municipales y 12 estatales, fueron ejecutados. En lo que respecta a las fuerzas policiacas y militares, diciembre registró 33 casos: cinco policías federales, un estatal y 24 municipales; soldados fueron tres.

Por quinto año consecutivo, Chihuahua fue la entidad federativa más violenta del país tras registrar 2 mil 259 ejecuciones, cifra equivalente a 18 por ciento del total anual nacional. A pesar de lo anterior, los homicidios en esa entidad fronteriza descendieron casi 37 por ciento respecto a los 3 mil 498 asesinatos cometidos en 2011.

Desmantelada la PGR, Murillo Karam a cargo de la reestructuración


México 
Distrito Federal 

Un proceso de reestructuración y depuración de la Procuraduría General de la República (PGR) caracterizó 2012, pero también la corrupción se hizo presente, no sólo en los casos emblemáticos que se investigaron vinculados al poder de infiltración del narcotráfico en instituciones del país o en ámbitos como la política, también dentro de la misma dependencia, que al concluir el sexenio ha sido diagnosticada como “desmantelada” por su nuevo titular, Jesús Murillo Karam.

En abril de 2011, cuando Marisela Morales Ibañez asumió la conducción de la PGR, decidió emprender una serie de cambios institucionales para hacer más eficiente su papel en el combate a los delitos federales, desde la creación de 171 protocolos de actuación antes inexistentes, la incorporación de nuevas tecnologías e instalaciones, hasta la salida de más de 50 funcionarios de todos niveles por no cumplir con el perfil del cargo o no dar resultados. Al parecer, el tiempo fue insuficiente.

El año cierra con una evaluación negativa de la dependencia, elaborada por el actual gobierno federal. Durante la segunda sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) que se realizó el 17 de diciembre, Murillo Karam ofreció un diagnóstico sobre cómo recibió la PGR: “existe una clara desvinculación entre la integración de la investigación y su planteamiento ante las autoridades judiciales, lo que abona brutalmente la impunidad (…) Arrastra a través de muchos años, una estructura que no corresponde a la realidad”.

Tajante indicó que hay ausencia de objetivos generales, permanentes, sistémicos, sin procedimientos o personal ministerial o policial de calidad para hacer frente a una delincuencia creciente en recursos. Peor aún: “perdimos el propósito central de la investigación (…), violentando con frecuencia derechos fundamentales”, dijo en alusión a la utilización recurrente del arraigo y los testigos protegidos, que hoy están bajo revisión por mandato del presidente Enrique Peña Nieto.


Casos cuestionados

En los casos más relevantes de presunta corrupción o por la gravedad de los ilícitos que se registraron, la actuación de la PGR y sus métodos de investigación a lo largo de 2012 fueron seriamente cuestionados.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en mayo pasado arraigó al ex secretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare y otros cinco militares coacusados, como el general Roberto Dawe, quienes enfrentan proceso penal por presuntos nexos con el cártel de los Beltrán Leyva, pero su defensa sostiene ante tribunales que la acusación se basa sólo en los dichos de testigos protegidos y del ex militar Iván Reyna Muñoz, sin más evidencias.

En la investigación contra los ex gobernadores de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, acusados de recibir sobornos millonarios del cártel del Golfo a cambio de protección y de lavar los recursos ilícitos con la compra de propiedades y empresas en México y Estados Unidos, dos de los presuntos cómplices fueron convertidos en testigos protegidos, por lo que los abogados de los ex funcionarios aseguran que no hay más pruebas que declaraciones.

Incluso en el último caso relevante que resolvió la PGR, la consignación de 15 elementos de la Policía Federal, presuntamente implicados en el ataque armado de Tres Marías, Morelos, en contra de dos diplomáticos estadounidenses y un capitán de la Secretaría de Marina (Semar), el resultado de las investigaciones confrontó a la dependencia con la Secretaría de Seguridad Pública federal, ya que ésta acusó irregularidades en la integración del expediente.

Problemas Internos

La PGR no estuvo exenta de infiltraciones del narcotráfico o de actos de corrupción graves. En octubre pasado, se anunció la detención de servidores públicos presuntamente ligados al cártel de Sinaloa, entre ellos Manuel Arroyo Hernández, funcionario adscrito al Cuerpo Técnico de Control de la SEIDO, quien según testigos protegidos entregaba información a la organización.

Meses antes fue aprehendido Juan Carlos de la Barrera Vite, empleado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y ex funcionario de la SEIDO, que presuntamente recibía 60 mil dólares por información de cómplices dentro de la PGR.

Entre los cambios dentro de la PGR, estuvo la certificación de casi 100% del personal operativo con controles de confianza, y la capacitación de casi 8 mil de ellos para realizar juicios orales, a través del Proyecto Diamante. Además, en noviembre se anunció la digitalización de expedientes con el sistema “Protagon”.

Desaparece la SSP ¿resurgirá la policía política de los 70's?


México
Distrito Federal

La Cámara de Diputados autorizó a la SSP un presupuesto de 41 mil 217 millones de pesos, que sumado al de Gobernación resultará en 62 mil 658 millones de pesos.

De esta manera termina una era en México. La SSP fue considerada en su momento una “súper secretaría”, eje central de la política del sexenio de Felipe Calderón. Fue dirigida por Genaro García Luna, primero y único titular en en los seis años de la administración 2006-2012.

García Luna, considerado a su vez un “súper secretario” del calderonismo, se desempeñó en tareas de seguridad desde el gobierno de Vicente Fox Quesada. Luego, con Calderón, fue el “estratega” de la guerra lanzada por el gobierno contra los cárteles y las drogas.

A la estrategia de Calderón se le atribuye la muerte de 100 mil mexicanos, la desaparición de decenas de miles y el desplazamiento de un número nunca visto de mexicanos desde la Revolución de 1910. García Luna fue acusado en innumerables ocasiones de insensibilidad, corrupción y excesos. Nunca fue removido.

Aún no se define cuáles unidades, subsecretarías, direcciones generales y órganos desconcentrados de la SSP continúen en funciones. Para poder establecerlo, el Presidente Enrique Peña Nieto deberá reformar el Reglamento Interior respectivo.

Lo que sí se conoce es que se creará una Gendarmería Nacional, pero su nacimiento no implica la desaparición de la Policía Federal, que seguirá con una reestructuración.

Con la aplicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Segob se encargará de la seguridad pública, así como de la reorganización de la Policía Federal. Aún no se sabe cómo será el reordenamiento de los elementos federales, pero se espera que sea casi lo mismo y se respete el puesto de los altos rangos de esta policía.

El anuncio detalla que se mantendrá el respeto a los derechos laborales de los empleados de las dependencias afectadas.

Opositores a la medida indican que reintegrar la seguridad a la Secretaría de Gobernación es parte de un retroceso, de un “viejo esquema”.

Otros opinan que pasar las tareas de seguridad a Gobernación implicará el regreso de la policía política que operó durante 70 años de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Desde su campaña, Peña Nieto ya anunciaba su proyecto de poner el resguardo del país en manos de la Secretaría de Gobernación. Por eso, la SSP desaparecerá. Primero los diputados dieron el sí a la propuesta, y el Senado de la República aprobó el pasado 11 de diciembre, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma la Ley de la Administración Pública Federal.

La SSP dejó en claro que no siempre estuvo al pendiente de los policías que hoy todavía califica con exámenes de confianza. Muchos elementos que aprobaron dichos filtros, han participados en diversos crímenes, como el caso de los federales que asesinaron a sus compañeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), o el caso Tres Marías o los policías capitalinos que según organizaciones hicieron detenciones el 1 de diciembre, violando los Derechos Humanos.

Durante estos últimos meses, ha habido un despidos masivo de uniformados, ex policías indican que fue uno de los golpes dirigidos por el ex Secretario de Seguridad Pública.

Hallan mujer con el tiro de gracia, maniatada en el Cerro de la Campana


San Luis Potosí 
San Luis Potosí 

Ejecutada con el tiro de gracia fue encontrada una mujer entre el monte en el Cerro de la Campana, perteneciente a la comunidad de Tierra Blanca en esta ciudad capital. Se encontraba atada de pies y manos con cinta canela.

Las corporaciones policíacas la noche del lunes 31 tomaron conocimiento del hallazgo de una mujer sin vida en el lugar de los hechos, tras el reporte que se dio a las 21:40 horas

El cadáver fue localizado a la orilla de un camino de terracería en el cerro, y al ser confirmado el reporte, elementos policíacos resguardaron el área para que el agente del Ministerio Público y personal de Servicios Periciales dieran fe.

Se pudo apreciar que el cuerpo de la fémina fue dejado atado de pies y manos con cinta canela, en posición de cúbito lateral derecho, y vestía unas mallas de color negro, chamarra color negra, blusa morada, tenis negros de choclo tipo Converse. De ropa interior traía puesto un conjunto de brassier y pantaletas en azul claro, calcetas tines blancas, con franjas moradas y negras.

Una vez que el cuerpo fue inspeccionado en el Servicio Médico Legal de la Procuraduría, por el médico legista, se estableció que la víctima presentaba una lesión producida por proyectil disparado por arma de fuego en la cabeza, a la altura de la región parietal del lado izquierdo con salida en la región parietal del lado derecho.

Esta persona sacrificada se encuentra en calidad de desconocida, ya que no portaba entre sus pertenencias alguna credencial que revelara su identidad.

Fallece desconocido en Laguna de Bacalar por inmersión

Sergio Gómez Izquierdo, director de Servicios Periciales
La dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia, informó que con base en los estudios practicados al cuerpo encontrado la tarde de ayer, en la Laguna de Bacalar, a la altura de un predio marcado con el número 337 de la Costera de Bacalar, la causa del fallecimiento fue asfixia por sumersión.

El titular de la Dirección, Sergio Gómez Izquierdo, informó que especialistas de la PGJ acudieron ayer a un predio ubicado en la dirección antes señalada, en dónde tuvieron a la vista, dentro de la laguna a casi cuatro metros de distancia de la orilla, un cuerpo que presentaba estado de descomposición.

Tras el levantamiento del cadáver y su traslado al Servicio Médico Forense, los médicos criminalistas, determinaron que la causa del fallecimiento fue asfixia por sumersión, además de que se pudo establecer con base en el estado de descomposición, la muerte ocurrió hace dos días.

Por su parte, elementos de la Policía Judicial del Estado, del Grupo Especializado en Investigación de Homicidios, informaron que tuvieron conocimiento del hallazgo de un cadáver en la laguna de Bacalar dónde Lorenzo Martínez Escudero de 50 años de edad, manifestó que alrededor de las 10:00 horas del pasado primero de enero, vio dentro de la laguna a casi 200 metros de la vivienda en dónde se encontraba que algo flotaba, pero no le dio importancia pensando que se trataba de un salvavidas.

Sin embargo, alrededor de las 16:00 horas volvió asomarse a la laguna y se percató que el objeto era en realidad un cuerpo y se encontraba escasos cuatro metros de la orilla, por lo que reportó lo sucedido a las autoridades.

Hasta el momento, el cuerpo de dicha persona permanece en calidad de desconocido y presenta como únicas características fisiológicas, que pertenece a un masculino de alrededor de 36 años de edad, quien únicamente vestía una bermuda color roja, con estampados blancos, llevaba unos “googles” color negro, un collar artesanal y un arete en la oreja izquierda.

martes, 1 de enero de 2013

México, trampolín de víctimas de tráfico humanos...menores son más vulnerables


Carolina Rivera

México se convirtió en años recientes en uno de los principales países de origen de víctimas extranjeras de trata que terminan en Estados Unidos, siendo los menores de edad los más vulnerables.

De acuerdo con el Informe sobre Trata de Personas 2012 del Departamento de Estado de EU, México se convirtió en uno de los principales exportadores de víctimas de trata junto con Filipinas, Tailandia, Guatemala, Honduras e India.

Señala que la frontera entre ambas naciones reporta un alto número de informes de equipos de venta itinerantes y redes de tratantes que utilizan el trabajo forzoso de niños y adultos.

“Se explota a mujeres y niños mexicanos con fines sexuales tanto en México como en Estados Unidos, atraídos por oportunidades falsas de empleo o promesas engañosas de relaciones románticas. Asimismo, hombres, mujeres y niños mexicanos son sometidos al trabajo forzoso en la agricultura, el servicio doméstico y la construcción, y obligados a mendigar en las calles en México y en Estados Unidos”, puntualiza.

En el diagnóstico que realiza anualmente el Departamento de Estado se pone de manifiesto la falta de cumplimiento en la normatividad por parte del gobierno mexicano para la eliminación de este problema.

Asegura que pese a los esfuerzos para erradicar la trata de personas en México, la magnitud del problema refleja que el número de investigaciones, procesamientos, condenas y sentencias por este delito sigue siendo bajo.

Destaca la necesidad de incrementar los fondos asignados por el gobierno a los servicios que se dan a las víctimas; ya que asegura que la identificación de las víctimas de trata y la coordinación entre dependencias permanecen irregulares.

“Si bien las autoridades mexicanas reconocen que la trata de personas es un problema grave, las organizaciones no gubernamentales y los representantes del gobierno informan que algunos funcionarios públicos toleran la trata de personas y, en ocasiones, son cómplices de ella, lo cual dificulta los esfuerzos por combatirla” detalla el documento.

A nivel estatal, destaca las reformas al código penal aprobadas en las 32 entidades contra la trata; aun cuando señala que “el contenido y la eficacia de esas reformas varían, y no todas las reformas declaran ilícitas todas las formas de trata”.

En este caso, solo en 18 entidades se cuenta con leyes específicas contra la trata, y tres de ellos han logrado condenas conforme a esas leyes; sin embargo, las incongruencias entre los códigos penales estatales y las leyes sobre la trata de personas causaron confusión entre las fuerzas del orden y problemas en los enjuiciamientos interestatales.

En 2011 la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas investigó 67 casos, sin informar acerca del número de enjuiciamientos, condenas o sentencias a algún tratante; y solo cuatro delincuentes fueron condenados por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y cuatro más por la Procuraduría capitalina.

Milenio