México
Los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez, acusados de vínculos con el crimen organizado, continuarán en prisión, debido a que un tribunal federal confirmó el auto de formal prisión dictado en su contra.
El quinto tribunal unitario de circuito con sede en Guanajuato consideró que hay elementos para presumir que los generales guardan nexos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
En tanto, Ricardo Sánchez, abogado de Ángeles Dauahare, señaló que la confirmación del auto de formal prisión no es ningún revés, e incluso dijo que permitirá acelerar el proceso que se sigue contra el ex subsecretario de la Defensa Nacional.
“No es ninguna sorpresa: nosotros ya estamos en la etapa final del proceso. Esta resolución nos facilita acabar con el asunto y estar prontos a una sentencia”, dijo en entrevista con Azucena Uresti para MILENIO Televisión.
“Solicitaremos en los próximos días que se cierre la instrucción, es decir, que ya no tenemos más pruebas para ofrecer y solicitaremos al juzgado que dicte sentencia definitiva”, expresó el defensor del general, quien confió que en tres meses concluya el proceso.
El mismo tribunal de Guanajuato ratificó el auto de formal prisión al teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y al mayor Iván Reyna Muñoz, quienes permanecen internados desde hace seis meses en el penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México, al igual que los tres generales.
Para las autoridades judiciales, la Procuraduría General de la República (PGR) presentó pruebas que hacen presumir la responsabilidad de los militares en delitos de delincuencia organizada y contra la salud.
“Hasta el momento procesal en que se encuentra la causa penal existen suficientes pruebas para tener por demostrado el cuerpo de los delitos especificados, así como, de manera particular, la probable responsabilidad de los mencionados inculpados”, señaló el tribunal.
Antecedentes
El 6 de agosto de 2012, Raúl Valerio Ramírez, juez tercero de distrito en materia de procesos penales federales de Toluca, dictó auto de formal prisión contra Ángeles Dauahare y Dawe González, al igual que a dos subordinados.
El único detenido que enfrenta proceso por un delito considerado menor es el general Rubén Pérez, a quien solo se acusó de “colaboración al fomento para posibilitar la ejecución de delitos contra la salud”.
El tribunal hizo a un lado los argumentos de los militares, quienes de manera individual expresaron que el juez de primera instancia aplicó de manera inexacta la ley y violó los principios de pruebas.
Sin embargo, el quinto tribunal unitario aseguró: “Se coincidió con la postura de dicho juzgador, en el sentido de que las pruebas de cargo aportadas por la fiscalía federal (PGR) para dar sustento al ejercicio de su acción penal revestían la consistencia necesaria para cumplir con los extremos jurídicos que condicionan el dictado del auto de formal procesamiento, sin existir por otro lado, hasta ese momento del dictado de la resolución, pruebas aptas y contundentes que permitieran desestimar ese alcance”.
En ese sentido, el abogado de Ángeles Dauahare se dijo “satisfecho” por la forma en que se ha llevado el proceso penal, aunque recordó el daño que sufrió la estrategia durante la averiguación previa, pues no se le permitió desahogar pruebas de descargo y eso “es lo que tiene hoy al general en prisión.
“Si en algún momento la autoridad ministerial hubiera no hubiera hecho caso omiso de las pruebas que ofrecimos, sin duda no estaríamos en esta situación, pues el juez que libró la orden de captura únicamente tuvo a la vista las pruebas de cargo y no las de descargo”, insistió Ricardo Sánchez.
La acusación
El abogado Roberto López Nájera, ex operador de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y testigo de la PGR con el nombre clave Jennifer, fue quien destapó el escándalo en el sexenio pasado.
La indagatoria comenzó en 2010, cuando este sujeto aseguró que Ángeles Dauahare y otros militares tenían ligas con el narco.
Durante dos años la dependencia federal recabó testimonios hasta que reunió elementos para ordenar la presentación del ex subsecretario de la Defensa, hecho que ocurrió el 16 de mayo 2012.
Al caso se integró la declaración del testigo Mateo, quien es Sergio Villarreal Barragán, El Grande, segundo al mando en la estructura del cártel de los Beltrán Leyva antes de ser detenido por la Marina en septiembre de 2010.
Mateo y Jennifer acusaron al mayor Iván Reyna Muñoz de ser intermediario del grupo criminal y Ángeles Dauahare, así como del general Ricardo Escorcia Vargas.
Jennifer acusó también al teniente coronel de Jesús Hernández Soto de vender información sobre mandos militares que estaban en puntos clave para sumarlos a la nómina de este cártel y a Dawe González de hacer gestiones para que la banda controlara el aeropuerto de Cancún.
Nombramientos en Marina
El presidente Enrique Peña Nieto designó nuevos mandos en la Secretaría de Marina como parte de la rotación permanente del personal.
El almirante Arturo Bernal Carrasco será responsable de la primera Región en Tuxpan. Ante fue jefe de Estado Mayor de la Fuerza Naval del Pacífico y comandante del sector Naval de Ixtapa Zihuatanejo.
Juan Ramón Alcalá Pignol es ahora comandante de la quinta Región Naval. Antes fue director de la Heroica Escuela Naval Militar, jefe de sección en el Estado Mayor General de la Armada y comandante de la quinta, novena y décima zona Naval.
El vicealmirante Rubén Medina Muro se desempeñará como comandante de la cuarta Región Naval con sede en Guaymas, Sonora. Cursó la maestría en seguridad nacional en el Centro de Estudios Superiores Navales, así como el diplomado en análisis político y de inteligencia para ejecutivos en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
El vicealmirante Daniel Bozada Sánchez se desempeñará como comandante de la primera Región Naval con sede en Tuxpan. En tanto, Arturo David Lendeche Sofán, vicealmirante del Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, será comandante de la sexta Región Naval con sede en Manzanillo, Colima. (Ignacio Alzaga/México)
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