jueves, 20 de noviembre de 2014

PMI asesta golpe al contrabando de mercancía


Chetumal.- La Policía Ministerial de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado dejó a disposición del Agente del Ministerio Público Federal, en la Subdelegación de la Procuraduría General de la República, un cargamento de mercancías de origen extranjero y que, por sus características, se presume fueron introducidas de manera ilegal al país.

El aseguramiento se realizó, la tarde de éste jueves, cuando el Director de la Policía Ministerial en la Zona Sur del Estado, Diddier Felipe Vázquez Méndez, comandaba un trabajo de investigación en Chetumal y zonas aledañas.

Mientras se realizaba el patrullaje, el convoy detectó a la altura del kilómetro 10 entre la población de Xul-Ha y Bacalar el cual se veía poco transitado y con la finalidad de inhibir conductas delictivas, se adentraron para realizar un patrullaje.

El camino además de conducir hacia varios ranchos también llevaba a una sascabera, por lo que al realizar una revisión en la misma, notaron que se encontraba estacionado, un tráiler color blanco, con placas de circulación 484-DU-5 de carga registrado a nombre de una empresa de Yucatán, en cuya parte superior habían tres personas, además de un automóvil Attitude, color rojo, con placas DHR-6821.



Al realizar una revisión del tráiler, se ubicó en el interior de la góndola, varias cajas que contenían diversas mercancías de procedencia extranjera que por sus características, fueron introducidas de manera ilegal al país, por lo que la unidad junto con las personas fueron aseguradas.

Al momento, se continúa la contabilidad de los artículos entregados a la Subdelegación de la Procuraduría General de la República.

BECSPGJ

viernes, 14 de noviembre de 2014

Denuncian confesiones bajo tortura en el caso Iguala

Las demandas de justicia por los crímenes de Iguala llegaron a Berlín de la mano de Abel Barrera, abogado que representa a los padres de las víctimas. Su paso por Alemania estará acompañado de protestas de solidaridad.

Abel Barrera

La llegada de Abel Barrera, fundador y director de la organización pro derechos humanos, Tlachinollan, coincidió con la advertencia lanzada por el Ministerio alemán del Exterior, que urge a sus ciudadanos a evitar viajes al estado de Guerrero. Barrera, cuya organización acompaña legalmente a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, llegó por invitación de organizaciones pro derechos humanos, entre ellas, Amnistía Internacional (AI) sección alemana. Un debate convocado por la organización para dar visibilidad a lo que ocurre en Guerrero, tuvo un fuerte poder de convocatoria a juzgar por el auditorio repleto en el Memorial del Muro de Berlín, con un público mayoritariamente joven.

Barrera reconoció que no era el mejor momento para venir a Alemania cuando los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa viven lo que calificó como "una pesadilla, un infierno". Relató cómo desde hace 20 años su organización documenta la persecución de la que son víctimas las comunidades indígenas en las montañas de Guerrero. Desde entonces los abogados de Tlachinollan son testigos de cómo se construyen las candidaturas políticas con dinero del narcotráfico. “La nómina de los policías de Iguala la pagaba el grupo Guerreros Unidos. En Iguala y en Cocula se reproduce lo que sucede en el país, la compra de elecciones, la narcopolítica”, dijo el portador del VI Premio de Derechos Humanos de Amnistía Internacional en 2011.

La activista de AI, Maja Liebing, el periodista Wolf-Dieter Vogel y el abogado Abel Barrera.

El gobierno se lava las manos
Maja Liebing, responsable para América Latina de Amnistía Internacional, destacó que desde el 2006 tiene lugar en México un grave deterioro en materia de derechos humanos. A raíz de la desaparición de los estudiantes la organización se reunió con responsables de la Embajada de México en Alemania. El discurso oficial es que las desapariciones tienen que ver con la criminalidad organizada, pero el gobierno federal no es responsable. “Lo cual no compartimos", señala Liebing y destaca "la intervención tardía del gobierno central en las investigaciones, y que el desarrollo de éstas que no corresponde a los estándares internacionales”.

La experta dijo que Amnistía Internacional ha tomado a México entre cinco países a nivel mundial en su campaña contra la tortura. “Aunque el Estado mexicano ratificó la Convención de las Naciones Unidas Contra La Tortura, hay una discrepancia entre las leyes y la realidad. México tiene una figura penal conocida como “arraigo”, que niega a los detenidos todo contacto con abogados, se encuentran sin protección”.

Las declaraciones de la representante de Amnistía Internacional coincidieron con un informe del relator especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan E. Méndez, en el que señala que la tortura es una práctica generalizada en México en un contexto de impunidad. El informe enviado hace dos días a la Cámara de Diputados advierte que la tortura y los malos tratos ocurren con la finalidad de castigar o extraer confesiones o información de los detenidos.

Protestas contra la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Escrutinio internacional
Según los indicios registrados por Tlachinollan también fueron torturados los tres detenidos que confesaron la masacre de los estudiantes, que aseguraron que los jóvenes fueron asesinados, sus cuerpos rociados con diesel y calcinados. “Uno de ellos presentaba golpes en la cara, se nota que hubo un trabajo con la intimidación y la tortura para obtener la confesión. Fue una historia armada bajo tortura. Por eso se pedía a expertos internacionales que participen en las investigaciones, necesitamos un escrutinio internacional”, destacó Barrera.

El activista reiteró que la policía en México no genera confianza en la sociedad. Barrera contó que los videos que muestran las confesiones de los detenidos, supusieron un suplicio para los padres de los jóvenes. “Se pidió a la PGR que no los difundieran, pero ellos dijeron que era su obligación informar a la sociedad". Sin embargo las revelaciones generaron un gran malestar dada la ineficiencia de las investigaciones, la tardía reacción del gobierno federal, y la incapacidad de las autoridades para asumir su responsabilidad.

Barrera recordó como las autoridades bloqueron las investigaciones. "Durante una desaparición las primeras 48 horas son decisivas, pero las autoridades no hicieron nada. El ejército estaba cerca del lugar en donde los jóvenes fueron agredidos, los soldados estaban ahí para atacar al crimen organizado, pero cuando intervinieron, fue para robarles a los muchachos sus teléfonos celulares”.
Este fin de semana se esperan en Berlín manifestaciones de solidaridad con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

Fuente: http://www.dw.de/

Alemania endurece penas por pornografía infantil


El Parlamento alemán aprobó un endurecimiento de la ley que fija penas por delitos sexuales para proteger mejor a los menores, después del escándalo protagonizado por un diputado sorprendido con fotos de niños desnudos.

La ley convierte ahora en delito fotografiar a niños o jóvenes para vender o intercambiar las imágenes, retrasa la prescripción de delitos sexuales y amplía el castigo al "cyber-grooming", el intento de un adulto de contactar menores a través de Internet y con una identidad falsa para mantener relaciones con ellos.

"Nadie debe ganar dinero con el cuerpo de niños o jóvenes", señaló el ministro de Justicia, Heiko Maas, este viernes (14.11.,2014) tras la aprobación del endurecimiento de la ley. La reforma es consecuencia directa del escándalo protagonizado en febrero por el ahora ex diputado Sebastian Edathy. El socialdemócrata (SPD) renunció a su bancada en febrero justo antes de que una investigación destapara que había comprado a una web de Canadá fotos de niños desnudos de entre nueve y 14 años.

Verdes: reforma “insuficiente”·

Edathy, de 45 años y hasta entonces una joven promesa de su partido, negó siempre haber cometido un delito o haber comprado las fotos como pornografía. La ley sólo consideraba un delito el comercio con fotos de niños en las que sus genitales se exhibieran "de forma provocativa" o en una "pose marcadamente sexual".

El ministro Maas impulsó tras el escándalo una reforma más estricta de la ley, pero su versión fue rebajada para no hacer punibles casos cotidianos y frecuentes como cuando los padres fotografían a niños desnudos en la playa o a un grupo de menores que juegan en una piscina.

Tanto organizaciones en defensa de los niños como los dos partidos de la oposición en el Parlamento, los poscomunistas de la Izquierda y los ecologistas de Los Verdes, criticaron como insuficiente la reforma de la ley y advirtieron que abre nuevas incógnitas legales sobre su aplicación.

CP (dpa, efe)

Isaac Patiño Vélez miembro de "GUERREROS UNIDOS"

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Boletín 218/14

La Procuraduría General de la República, informa que en torno a las investigaciones del Caso Iguala y como parte del acuerdo entre los familiares de los desaparecidos de la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero y autoridades federales, sobre poder conocer las diligencias ministeriales antes de ser divulgadas a la opinión pública, el día de hoy se les hizo saber de la captura de Isaac Patiño Velez, miembro de una célula de la organización criminal autodenominada "Guerreros Unidos".

Patiño Velez fue detenido en días pasados por elementos de la Policía Federal y puesto a disposición de la Procuraduría General de la República.

Por lo anterior, el Ministerio Público de la Federación, ejercitó acción penal ante el Juzgado Noveno de Distrito en Iguala, Guerrero, por los delitos de portación de arma de fuego, por lo que quedó internado en el Centro Federal de Readaptación Social, número cuatro "Noroeste", en Tepic, Nayarit.

miércoles, 12 de noviembre de 2014

Ejército molesto por proceso contra militares

El secretario de Defensa dijo que el Ejército no se amedrentará "por juicios injustos, carentes de fundamento, malintencionados y que la institución armada nacional no merece".


En medio de la peor crisis de seguridad en México de la presidencia de Enrique Peña Nieto, la jerarquía militar ha expresado su molestia tras el enjuiciamiento de militares por homicidio y las críticas recibidas por abusos en su combate al narcotráfico, que tacha de "injustas".

En inusual declaración, el secretario de Defensa, el general Salvador Cienfuegos, dijo esta semana que el Ejército no se amedrentará "por juicios injustos, algunos sin duda erróneos, carentes de fundamento, malintencionados y que la institución armada nacional no merece".

El mensaje llega poco después de que un juez civil ordenó la prisión formal de siete militares implicados en la muerte de 22 personas en el marco de un enfrentamiento con presuntos secuestradores el 30 de junio en Tlatlaya.

El Ejército informó primero que todas esas muertes se produjeron en la balacera pero una sobreviviente reveló en septiembre que la mayoría de los fallecidos fueron asesinados a sangre fría después de rendirse, desatando un escándalo.

Las declaraciones de Cienfuegos obedecen a que el Ejército siente que no hay una adecuada "cobertura política de parte del poder civil", dijo a la AFP Javier Oliva, experto en seguridad de la pública Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El caso de Tlatlaya se considera uno de los más graves abusos de militares contra civiles desde que en 2006 el entonces presidente Felipe Calderón involucró a los militares en la lucha contra el narcotráfico.

Calderón justificó esa decisión ante la debilidad y corrupción en los cuerpos policiales locales, una lacra que volvió a quedar al descubierto en septiembre con la desaparición de 43 estudiantes a manos de policías y narcotraficantes en Iguala.


Militares sin certeza jurídica

Oliva y otros analistas coinciden en que los militares fueron enviados a la arriesgada lucha contra el narcotráfico sin un marco jurídico adecuado.

Ocho años después "ni el poder civil, ni el legislativo, ni el judicial se han tomado la molestia de dar certeza jurídica" a las fuerzas armadas, indicó.

Un marco jurídico adecuado debería considerar un mandato temporal por parte del Congreso para la estancia de los soldados donde haya necesidad, señaló Gerardo Rodríguez, consultor en seguridad.

También debe prever si algunas garantías individuales podrían verse afectadas y regular sus operativos, agregó este miembro de la organización Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia.

El experto cree que las fuerzas castrenses sufren "un desgaste natural de imagen" tras ocho años de fuerte violencia, en los que más de 100,000 personas fueron asesinadas o desaparecidas.

Además, Rodríguez apunta que a "los ejércitos del mundo nunca les ha sido grato que otras instancias judiciales les ayuden a resolver actos de disciplina".

Tras una solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Senado modificó en abril el código de justicia para que los soldados que cometan abusos sean juzgados por tribunales civiles.

Con la situación que vive México, estima Rodríguez, el Ejército difícilmente renunciará a seguir en la lucha contra el crimen organizado, principal amenaza a la seguridad nacional.


Cuestionamiento por Iguala

Al caso Tlatlaya se han sumado voces que cuestionan que el Ejército, que tiene una céntrica base en Iguala, no acudiera a auxiliar a decenas de estudiantes cuando fueron atacados la noche del 26 de septiembre por policías locales y sicarios de un cártel narcotraficante, al que cual presuntamente servía el alcalde.

Los ataques dejaron seis muertos y 43 estudiantes desaparecidos, que se teme que acabaron siendo masacrados por los sicarios.

La Procuraduría General de la República ha dicho que esa noche el Ejército no recibió la orden de salir del cuartel.

Oliva cree que las críticas al Ejército son "inconsistentes" porque no se "toma como antecedente que hay alrededor de 40,000 soldados y marinos en labores diarias en la lucha contra el crimen organizado" con afectaciones "mínimas" a los derechos humanos.

Ante "lo delicado de los acontecimientos que impregnan la agenda diaria es necesario reflexionar que los problemas, obstáculos y antagonismos que se oponen al progreso de México son responsabilidad de todos", señaló el secretario Cienfuegos, que recalcó que el desarrollo del país está "en juego".

mac

martes, 4 de noviembre de 2014

Derecho a ser olvidado

Alexander Calder, fue un escultor norteamericano, como diría su entrada en la Wikipedia “hijo de escultores”, precursor de la escultura cinética: la aplicación del movimiento a la construcción artística. Sus obras interactúan con las corrientes de aire, con la música, ejemplo de ello son las famosas “Nubes de Calder”, que resaltan la calidad excepcional del Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela, convirtiéndola en una de las cinco salas con mejor acústica del mundo.

En síntesis, el pensamiento de este visionario, logró conjuntar elementos que la visión tradicional no aceptaba y les dio nueva vida.

El asunto Google Spain vs. Costeja, resuelto por la Corte Europea de Justicia, decidió que un individuo tiene el derecho a solicitar a Google u otros buscadores, operando en la Unión Europea, que remuevan las ligas resultantes donde aparecieran sus nombres.

Con motivo de la implementación de la sentencia, Google ha creado un Consejo, cuyo objetivo es definir cuándo una solicitud de remoción, debe ser procedente, la tarea no es para nada fácil y con fin de operar a conciencia, ha mantenido reuniones públicas a través de Europa, para tomar experiencias, pericia, conocimiento, que permitan ejercer esta nueva obligación con mayor responsabilidad.

El problema es que aún considerando la buena fe de este Consejo, la sentencia, sus razonamientos y sus efectos, genera grandes dudas, interrogantes esenciales, debido a que afectan diversos derechos y libertades, con un impacto ensordecedor en la sociedad.

Todo este movimiento está generando una discusión alrededor de lo que se ha llamado, el “Derecho a ser olvidado”, pero ¿cuáles son las implicaciones reales de ello? ¿a dónde lleva este supuesto derecho, tal y como está siendo implementado?

¿Qué significa este derecho a ser olvidado? Es la posibilidad de una persona, que considere lesivo un resultado de una búsqueda sobre él, en los motores como Google, solicite y logre que tal resultado sea borrado.

La sentencia otorga la facultad de “borrar” a los buscadores mismos ¿esto debe ser así de simple, cuando se trata de la interrelaciones de derechos y libertades democráticas básicas?

La decisión favorece al “derecho a ser olvidado”, pero ¿qué pasa con el derecho a saber? Existe información, que vista con detenimiento, tiene una presunción de pública, por su importancia.

En un documento muy interesante de la organización Article 19, se dan unas recomendaciones, en la vía de lograr una mejor aproximación al problema.

Por ejemplo, los controladores y las autoridades, deben actuar dentro de un marco de respeto a los derechos humanos. Debe haber una definición de interés público, que permita concluir si algo debe ser borrado o no, teniendo claro que las personas públicas, tienen un grado de protección menor de su privacidad.

Un proceso del derecho a ser olvidado, debe ser compatible con determinados principios, tales como: dar a conocer la solicitud de borrado, una decisión informada y la posibilidad de recurrir la decisión, preferentemente ante jueces imparciales.

El tema es grave, cuando analizado con mayor detenimiento, se descubren las implicaciones en otras esferas sociales, como la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho a saber, el derecho a la privacidad, sólo para empezar.

Una conclusión a la que podríamos llegar, es que ahora, el mundo necesita un Alexander Calder de lo social, que logre interconectar de una manera novedosa estos elementos mezcla de antigüedad y novedad. Necesitamos unas “nubes” sociales, que conduzcan todos estos elementos y generen una mejor acústica.

Publicado el 4 de noviembre de 2014

Víctor Manuel Collí Ek
Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche
vimcolli@uacam.mx
www.victorcolliek.com

viernes, 17 de octubre de 2014

Convergencia entre Privacidad y Desarrollo Tecnológico


En este mundo del “Fappening” y la era post-Snowden, la convergencia entre privacidad y desarrollo tecnológico, es de singular interés. Se puede prácticamente oler en el aire, cómo está en entredicho, que tenemos este derecho a una vida privada.

El hecho de que los piratas informáticos de moda, los autores del “Celebgate” hayan infiltrado las cuentas del Icloud y dado a la vista del mundo, las fotos íntimas de las más sonadas celebridades femeninas del mundo actual, azuza las discusiones de la intromisión a la privacidad por parte del Estado y los particulares, pone en la mesa la gran interrogante sobre nuestro derecho, y cuánto tenemos o nos queda de ello.

Hace unos días se describía que el Iphone 6 traía una encriptación, con un algoritmo tan complejo, que ponía el control absoluto del mismo en el usuario, eliminando cualquier intervención gubernamental, por el motivo que fuere.

A lo anterior, prosiguió la crítica del director del FBI James Comey, a esta política de Apple: “Lo que me preocupa es que las compañías están expresamente publicitando algo que permite a las personas mantenerse más allá de la ley”, expresaría.

Sin duda todo esto lleva a un nivel novedoso la colusión Privacidad-Seguridad. El derecho o la libertad que tenemos los ciudadanos, para mantener un margen de privacidad frente al poder estatal o a los demás.

Parecería que nos referimos a algo no tan novedoso, claro, pero lo peligroso es, la pretendida aniquilación de la existencia de ese margen de privacidad, o sea, la anulación de la posibilidad de no ser intervenidos. En voz de la autoridad, es axiomática la existencia de una puerta trasera para infiltrar la privacidad. ¿A dónde lleva este discurso?

Afortunadamente, para defender la posición opuesta, este año, la Corte Suprema de EUA, resolvió un asunto sobre la potencial invasión a los contenidos de los celulares y el presidente de la Corte, el Juez Roberts, usaría dos afirmaciones interesantes para definir la cuestión. En la primera señala que imaginemos que un marciano visita la tierra, con las condiciones actuales, casi podría afirmar que los celulares son parte de la anatomía humana. En la segunda diría: “El celular promedio tiene instaladas 33 aplicaciones, que juntas puede formar un montaje revelador de la vida del usuario”.

La pregunta es, un instrumento tan apegado a las personas, ¿Esta nueva anatomía tecnológica y montaje vital, debe estar siempre abierta para su invasión, análisis, observación, so pretexto de combatir la criminalidad?

La respuesta promedio entiende dos soluciones: sí, para garantizar la Seguridad, o no, para garantizar la Privacidad. ¿Pero son las únicas?

Una discusión reciente en el New York Times, su afamada columna Room for Debate, ofrece una perspectiva interesante que amplía el espectro de respuesta.

El tema no es biangular. Es posible encontrar otras salidas. Las autoridades pueden tener acceso a emails, cuentas bancarias, fotografías, mensajes de texto, por otros medios, la nube por ejemplo, torres celulares, lectores de matrículas, etc., pero, y esto es trascendental, siempre con la autorización de un Juez; o sea hay más medios, menos invasión, más legitimidad, pero sobre todo, observación de un mecanismo regulador, un tercer partido imparcial.

La encriptación de celulares inhibe cierta información para las autoridades, lo cual no es inusual, diría la profesora Faiza Patel de la NYU, un traficante de drogas puede deshacerse de su mercancía en los excusados, al escuchar a la policía en la puerta, pero no existe una prohibición de bajar la palanca para que caiga el agua.

El tema es perenne, pero ante nuevos elementos, deben darse nuevas soluciones, tendentes a salvaguardar la esfera de privacidad, que deje a la autoridad trabajar, siempre vigilada, respetuosa de la libertad y dignidad de los ciudadanos.


NOTAS:
* Se reproduce con autorización de autor, publicado en Reforma, el 17 de octubre de 2014


Víctor Manuel Collí Ek
Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche
vimcolli@uacam.mx

sábado, 27 de septiembre de 2014

Ejército culpable de Matanza de Presuntos Criminales de Tlatlaya

Sólo bajo presión las autoridades mexicanas debieron reconocer que lo ocurrido el pasado 30 de junio en el municipio de Tlatlaya es demasiado turbio, por lo que debe ser aclarado. Testimonios y fotografías desmienten la versión original, la de un supuesto enfrentamiento entre militares y criminales, y hablan en cambio del asesinato de presuntos delincuentes que ya se habían rendido. Sedena ya consignó ante un juez militar a ocho de los participantes en esa acción, acusándolos de “desobediencia” e “indisciplina”.

México, D.F. Contra su voluntad, el gobierno mexicano ha tenido que actuar ante las crecientes evidencias de una posible matanza de civiles perpetrada por el Ejército, pero se encamina a culpar a “soldados desobedientes” para evadir cualquier responsabilidad política.

Sin explicar aún qué pasó la madrugada del 30 de junio en el poblado San Pedro Limón del municipio mexiquense de Tlatlaya, ya dirigió la atención a militares de infantería de bajo rango participantes en lo que cada vez más toma la forma de una ejecución sumaria de 21 presuntos delincuentes que se habían rendido, más el abatimiento de otro que habría muerto en condiciones de enfrentamiento, según los testimonios e imágenes publicadas por la prensa nacional e internacional.

La noche del pasado jueves 25, luego de que Proceso diera a conocer en su portal electrónico que ese día un grupo de soldados rasos más un teniente habían sido consignados ante un juez castrense, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que un oficial y siete elementos de tropa fueron puestos a disposición del juzgado Sexto militar.

La Sedena agregó que sus elementos quedaron “internos” en la prisión del Campo Militar Número 1, en el Distrito Federal, por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos en contra de la disciplina militar –sin explicar en qué consistió ésta–, desobediencia e infracción de deberes. Precisó que el último de los cargos sólo aplica para el oficial. Los acusados están recluidos en un sector conocido como “las negras”, por lo reducido y oscuro del espacio.

El reportero Arturo Rodríguez había adelantado la información y pronto fue reproducida en distintos medios, ante el silencio inicial del Ejército. La Sedena se vio obligada a informar, tal y como había ocurrido una semana antes, luego de que la administración de Barack Obama hiciera una declaración pública en la que le pidió al gobierno de Peña Nieto una investigación verídica de lo ocurrido en el Tlatlaya, Estado de México (Proceso 1977).

Sedena, que se había empeñado en sostener que el abatimiento de los presuntos delincuentes ocurrió a raíz de un enfrentamiento durante un patrullaje militar, indicó que la intervención de la justicia castrense era independiente de las investigaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Pero el comunicado de la Sedena amplió las dudas.

Fuente: www.proceso.com.mx

viernes, 26 de septiembre de 2014

Nace bebé de mujer muerta por bala perdida

Brenda estaba embarazada cuando una bala de un fuego cruzado la alcalzó; médicos practicaron una cesárea al cuerpo y sacaron a la pequeña, quien se encuentra en estado delicado.  

Milenio 
Reynosa
El director del Instituto Mexicano del Seguro Social en Reynosa Timoteo Leyva Silva, reveló que debido a que la víctima colateral del enfrentamiento suscitado el jueves, llegó sin signos vitales, fue poco lo que se pudo hacer.
Luego de una hora de realizar trabajos de reanimación cardiopulmonar no se logró restablecerla y la muerte de Brenda Marlen Hernández Razo de 29 años quien se encontraba con 25 semanas de embarazo, se declaró a las 21:00 horas.
Pese a su muerte se hicieron las labores pertinentes para rescatar al bebé, y luego de practicar una cesárea se logró extraer con vida a una pequeña que alcanzó un peso de 600 gramos, quien se encuentra en estado delicado y con probabilidad de vivir de apenas el uno por ciento.
Hasta el mediodía del viernes el cuerpo de la hoy occisa se encontraba en el SEMEFO, trascendió que una vez que familiares declaren ante la Procuraduría General de Justicia, sería entregado.

Muere bebé rescatada de madre asesinada en tiroteo

Milenio
Reynosa

Brenda Marlen Hernández Razo, de 29 años de edad y quien contaba con 25 semanas de embarazo, fue víctima de un tiroteo en Reynosa, una bala perdida la hirió de muerte y pese a ser trasladada con vida a un hospital local se declaró sin vida a las 21 horas.
Pese a esto se hicieron las labores pertinentes para rescatar al bebé y luego de practicar una cesárea se logró extraer con vida a la pequeña que alcanzó un peso de 600 gramos.
Sin embargo, en la clínica regional del Instituto Mexicano del Seguro Social se informó que tras veinte horas la recién nacida también murió.