Cancún: la jaula de oro

Agencia Proceso

2010-01-10

El penal estatal de Benito Juárez, hasta hace poco en control de Los Zetas, es ampliado ahora por una constructora propiedad de un sobrino del jefe del Cartel de Juárez y actual aliado de los Beltrán Leyva.

CANCÚN, Quintana Roo, 9 de enero.- El empresario chihuahuense Luis Carlos Carrillo Cano, sobrino del narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes, jefe del cártel de Juárez y actual aliado de los Beltrán Leyva, está ampliando y remodelando la prisión estatal Benito Juárez, ubicada en esta ciudad, gracias a un contrato de obra pública que le otorgó el gobierno de Quintana Roo.

Pese a versiones según las cuales el empresario se dedica a lavar dinero de los Beltrán Leyva, él obtuvo dicha concesión para su empresa inmobiliaria Safie de Quintana Roo, que actualmente construye 250 nuevos “espacios” en esa prisión –antes controlada por Los Zetas– para resolver el hacinamiento en que viven sus reclusos.

La decisión de ampliar el penal fue tomada el año pasado por el entonces secretario de Seguridad Pública del estado, Salvador Rocha Vargas, actualmente preso en Nayarit, acusado de proteger las actividades de los Beltrán Leyva en Quintana Roo.

El contrato de obra pública número CEE-OP-060/09, cuya copia tiene Proceso, estipula que el sobrino de Carrillo Fuentes, en “su carácter de administrador único” de Safie y, por lo tanto, “contratista” de la obra, recibirá 9 millones 876 mil pesos por construir un “edificio” de “252 espacios” para recluir a los “varones”, además de que levantará la “barda perimetral” y “el rondín interior y exterior” de la cárcel Benito Juárez, en la que también hay una sección para mujeres, misma que no tendrá modificaciones.

Firmado el 11 de agosto de 2009, el contrato añade que Safie es una constructora legalmente constituida, tiene capacidad para “la ejecución de la obra” y “dispone de la organización y elementos suficientes para ello”, motivo por el cual –asegura– ganó la licitación número 034/09.

El documento compromete a Carrillo Cano a someterse a la legislación en la materia, a “las especificaciones de la obra, el proyecto, el programa de trabajo, los montos mensuales de obra derivados del mismo, así como al documento en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas”.

El contrato también estipula que la cárcel es manejada por la Secretaría de Seguridad Pública estatal, aunque la ejecución de la obra depende de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, por lo que dicho contrato fue firmado por el titular de esta última dependencia, Gabriel Mendicuti Loria, así como por Luis Carlos Carrillo Cano, en su calidad de “contratista” y dueño de la empresa constructora.

Otros dos funcionarios estatales firmaron el documento: Juan Martínez Mendoza, director de Administración y Presupuesto de Obra Pública, y Andrés Canul Novelo, su subsecretario técnico.

Presunto lavador

La concesión otorgada a la constructora Safie está marcada por supuestas irregularidades, pues las empresas locales Constructora y Controladora del Sureste, Margadín Caribe y Edificación y Señalización del Sureste encabezaban la lista para obtener la licitación, según el acta de presentación que hizo pública la propia Secretaría de Infraestructura y Transporte el 13 de julio. En esa lista ni siquiera figuraba la empresa de Carrillo Cano.

“Hubo trampa en esa licitación. Y quien metió la mano fue el entonces secretario de Seguridad Pública, Rocha Vargas. Lo hizo para favorecer a los Beltrán Leyva, uno de cuyos operadores en Quintana Roo es justamente Luis Carlos Carrillo Cano, quien específicamente se dedica a lavarles las ganancias producto del narcotráfico”, comenta un excolaborador de Rocha Vargas, quien pide que se omita su nombre por temor a eventuales represalias.

Asegura que Luis Carlos es sobrino de Vicente Carrillo Fuentes, actual aliado de los Beltrán Leyva, y afirma que incluso dos hermanos de Luis Carlos –Ricardo y Alfredo– también están involucrados en el narcotráfico. Proporciona un reporte de la Procuraduría General de la República (el estudio 2012/06-PGR) el cual señala que “Ricardo Carrillo Cano y Alfredo Carrillo Cano, ambos sobrinos de Vicente Carrillo Fuentes”, están involucrados “en actividades de tráfico de drogas” hacia Estados Unidos. El reporte no especifica más sobre dicho parentesco, ni menciona a Luis Carlos.

“A diferencia de sus hermanos, Luis Carlos no participa directamente en el tráfico de drogas. Sólo se dedica a invertir las ganancias que deja este trasiego, mediante empresas legalmente constituidas”, recalca el entrevistado, y señala a la constructora Safie como una de esas empresas.

En el acta constitutiva de Safie del 26 de octubre de 2004, protocolizada ante el notario público número 20 de Cancún, Benjamín de la Peña, se señala que es una sociedad anónima de capital variable, cuyo principal objetivo es la “construcción de obras civiles, así como la compra, venta y renta de bienes muebles e inmuebles”, lo mismo que “realizar, supervisar o contratar por cuenta propia o de terceros, toda clase de construcciones, edificaciones, conjuntos inmobiliarios, fraccionamientos, edificios o instalaciones para oficinas o establecimientos de empresas comerciales o industriales”.

Carrillo Cano declara ser un “comerciante”, casado, oriundo de Chihuahua, Chihuahua, donde nació el 21 de agosto de 1955. Y da su domicilio en Cancún: calle 12, número 324, supermanzana 62.

La disputa por el penal

En la tesorería del Ayuntamiento de Benito Juárez aparecen registradas 47 propiedades a nombre de Carrillo Cano. Se pudo ingresar a una de ellas: se trata de la Quinta María Luisa, un enorme e impecable jardín de 10 mil metros cuadrados que actualmente se alquila para realizar fastuosos festejos, a un costo de miles de dólares por día. El alquiler incluye los banquetes, el lujoso mobiliario, grupos musicales y los juegos de luces. Alrededor de la piscina y las palapas, bajo las altas palmeras, por el jardín deambulan venados, flamingos, pavorreales y otras aves exóticas que abrevan en las fuentes artificiales. Un alto muro de piedra, tapizado de enredaderas, circunda al jardín y lo protege del exterior.

Entre el empresariado local, Carrillo Cano ha sabido mantener un perfil muy bajo. De pronto se le ve en algunos bares y centros nocturnos de Cancún. Es un hombre alto, delgado y de pelo crespo, que suele lucir pulseras y relojes costosos. No se sabe a ciencia cierta cuántos negocios están bajo su mando. Y se rumora que las obras que realiza en la cárcel Benito Juárez servirán para arrebatarle definitivamente a Los Zetas el control de esa prisión.

El 20 de febrero del año pasado, el entonces director del penal, Marco Antonio Mejía López, alias Puma, fue encarcelado debido a sus presuntos vínculos con Los Zetas y a su participación intelectual en el asesinato del general Mauro Enrique Tello Quiñones. Mejía López había sido guardaespaldas del excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, por lo que su arresto todavía causó mayor revuelo.

La cárcel –que entonces era municipal– se había convertido en un centro de operación de Los Zetas en el que había tráfico de drogas, venta de armas, prostitución, consumo de alcohol y protección para quienes pudieran pagarla. La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) cateó el penal y encontró documentos que supuestamente vinculaban a Los Zetas con Mejía López y otros funcionarios locales, entre ellos Francisco Velasco Delgado, El Vikingo, secretario de Seguridad Pública municipal, quien también fue arrestado (Proceso 1688).

La alimentación de los presos la proporcionaba la empresa Tabana Banana S.A. de C.V., manejada por la familia de Nicolás Mollinedo, Nico, quien fue chofer de López Obrador.

Poco después, el control de la cárcel se le quitó al municipio gobernado por el alcalde perredista Gregorio Sánchez Martínez, el Greg, y el gobierno estatal asumió su control. Al frente quedó el secretario de Seguridad Pública estatal, Salvador Rocha Vargas, quien para entonces ya estaba vinculado con los Beltrán Leyva.

Gracias a Rocha, el sobrino de Vicente Carrillo obtuvo en agosto del año pasado la concesión para realizar la actual obra en el penal, con capacidad para 480 reos pero que actualmente alberga a mil 242 internos que viven hacinados y en condiciones insalubres.

Al parecer, esta obra responde a la reciente alianza entre Vicente Carrillo y los Beltrán Leyva, producto de una “tregua” entre los dos grupos de narcotraficantes acordada en diciembre de 2008 y documentada en Proceso 1682.

Los reacomodos

Con el mando de la policía estatal, Rocha se dedicó a proteger a los Beltrán Leyva y a perseguir a Los Zetas, sus enemigos en Cancún. Para ello, creó las Fuerzas Especiales Policiales de Apoyo (FEPA) y habilitó como policías a gente de los Beltrán Leyva.

Sin embargo, los nexos de Rocha con los Beltrán Leyva empezaron a ser exhibidos públicamente a través de un video subido a You Tube. Ese narcovideo mostraba a tres sicarios torturados –Iván El Cubano, Alfredo Rosales y Hugo Sánchez– detallando esos nexos. Luego, estos sicarios fueron ejecutados.

El Ejército mexicano emprendió una investigación que derivó en la aprehensión de Salvador Rocha el 1 de septiembre y en su trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número cuatro, “El Rincón”, ubicado en Tepic, Nayarit.

Junto con Rocha, se arrestó a 17 implicados más que recibían dinero de los Beltrán Leyva, entre policías municipales, estatales, federales y hasta militares, agentes del Ministerio Público y funcionarios de los juzgados.

Era toda una red bien coordinada que operaba en la entidad. En ella participaban el director de la Policía Turística de Cancún, Alejandro de Jesús Betancourt Pérez, quien permitía la venta de droga a los turistas alojados en la zona hotelera; los policías federales Ricardo Flores Castro y Tomás Mendiburu, quienes operaban el trasiego de droga en los aeropuertos de Quintana Roo, y el policía federal de Caminos y Puentes Francisco Villagómez, que colaboraba en el trasiego terrestre de armas y droga.

Según la causa penal 301/2009, integrada por el Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales en el estado de Nayarit, Salvador Rocha recibió un primer pago por 100 mil dólares por colaborar con los Beltrán Leyva, y una “cuota” semanal de entre 30 mil y 35 mil pesos.

En ese expediente de 318 fojas, el testigo protegido Jeniffer, operador de los Beltrán Leyva para “reclutar” a funcionarios públicos en Quintana Roo, detalla cómo contrató personalmente a Salvador Rocha, en sus oficinas de Chetumal, en mayo de 2007, cuando Rocha todavía era subsecretario de Seguridad Pública del Estado:

Al saludarme Rocha Vargas me invitó a sentar en un sillón que estaba frente a la puerta de entrada y a la derecha quedaba su escritorio, empezamos a platicar, y en ese momento escuché que dentro de la oficina Rocha tenía música puesta y reconocí que era instrumental de la película “El Padrino” y le dije a Rocha que por qué estaba oyendo esa música… me respondió que esa era la música acorde al conocer a un elemento de la mafia… de inmediato entramos en el tema que nos ocupaba, lo abordé diciéndole si sabía de qué se trataba la entrevista y me dijo que era todo oídos, así que comencé por decirle, que era el encargado de la plaza de Cancún por parte de Sinaloa, que mi jefe directo era Edgar Valdés Villarreal alias “La Barbie”, a lo que él me contestó que él ya sabía algo, que “La Barbie” era el güerito y que lo había conocido tiempo atrás… le indiqué que mi jefe me había mandado a arreglar la plaza y que necesitaba ayuda en la policía municipal, a lo que rápidamente Rocha me dijo que la policía municipal de Cancún ya estaba con “Los Zetas”, que él no quería ningún trato con ellos, que ya le habían ofrecido trabajar con ellos y que él rechazó la oferta, por lo cual me indicó que a él sólo le gustaba trabajar con la raza de Sinaloa, por lo que le dije que necesitábamos que diera de alta a elementos del cártel como policías del Estado, a lo que él me contestó que nos arregláramos y que veríamos el modo de trabajar, así que en ese momento le hice entrega de 100 mil dólares en efectivo, que “La Barbie” me había entregado para él.

Cuenta el testigo protegido que, al acordar el trato, se comunicó telefónicamente con La Barbie para informarle que el arreglo estaba hecho. La Barbie le pidió que lo comunicara con Salvador Rocha. Éste tomó el teléfono celular y le dijo, satisfecho: “Ya está güerito, ya conocí a tu licenciado, así que estamos trabajando… estamos en contacto y salúdame a don Arturo (Beltrán Leyva)”.

Menos de tres años después, todo ha cambiado. Tras el arresto de Salvador Rocha, la muerte de Arturo Beltrán Leyva en la ciudad de Cuernavaca, y el posterior encarcelamiento de su hermano Carlos Beltrán, en este importante destino turístico todavía no se sabe cómo quedará el reacomodo de fuerzas entre los cárteles de la droga.

En este contexto, el gobernador de Quintana Roo, el priista Félix González Canto, declaró alarmado que “se avecinan ajustes de cuentas” y “reacomodos” entre los capos del narcotráfico, por lo que pidió a la población que se mantenga en “estado de alerta”.

Mientras tanto, el empresario Carrillo Cano continúa realizando sus obras en la cárcel de Cancún de largos muros blancos, situada a la salida a Mérida: difuminados por el polvo, grupos de albañiles colocan los bloques de concreto de una nueva barda, remozan una torre de vigilancia que destaca sobre la planicie, trabajan entre alambrados de púas y guardias armados.

(Rodrigo Vera, APRO)