Solicitarán amparo ante la justicia federal, señaló Fidel Ordoñez, encargado de la defensa de Tweeters

Francisco Sandoval Alarcón
(@MRTERREMOTO)
animalpolitico.com

Un juez penal en Veracruz dictó auto de formal prisión contra la periodista María de Jesús Bravo Pagola y el tuitero Gilberto Martínez Vera, detenidos el viernes 26 de agosto por representantes la Procuraduría General de Justicia en Veracruz (PGJV), luego de ser acusados por la presunta comisión de los delitos de sabotaje y terrorismo.

A las tres de la mañana de este miércoles, el Juez de la causa determinó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público, adscrito a la PGJV, si demostraban la probable responsabilidad de los inculpados, acusados de producir “alarma, temor, (y) terror” contra la población del puerto al difundir mensajes, a través de las redes sociales Twitter y Facebook, en los que advertían que grupos armados estaban atacando a alumnos y padres de familias que se encontraban en centro escolares de la zona Veracruz-Boca del Río.

Entrevistado por Animal Político, Fidel Ordoñez, abogado defensor de los detenidos, informó que en el transcurso de la semana solicitarán a un amparo a la justicia federal, con el objetivo de solicitar la libertad del tuitero y la periodista, bajo el argumento que con esta detención se violaron derechos humanos y garantías individuales como la libertad de expresión.

Según el abogado, el Juez penal que dictó la formal prisión tiene de tres a seis meses para resolver la situación legal de los detenidos, sin embargo, explicó que con el amparo que pedirán el tiempo se va a recortar, pero no especificó cuánto.

“Vamos a ir las garantías violadas, lo que significa que en el amparo se deben estudiar estas violaciones de procedimiento y las violaciones formales a las garantías constitucionales de ellos”.

Sobre el estado de ánimo que guardan las familias de los detenidos, dijo que tanto los hijos de María de Jesús como la mamá de Gilberto se encuentran consternados.

“Como que no la creen. No entienden el por qué de esta situación. Ellos pensaban que sería un auto de libertad, pero no lo fue”.

Las autoridades veracruzanos, por su parte, se han negado a responder a los señalamientos que la periodista María de Jesús Bravo le hiciera al juez que lleva el caso, al acusar a los representantes de la PGJV de haberle arrancado una declaración ministerial bajo “coacción”.

Desde el lunes 29 de agosto, Animal Político ha solicitado en cuatro ocasiones, a los representantes de la PGJV, una postura oficial sobre los señalamientos de la periodista, pero hasta el momento no se ha tenido una respuesta de los funcionarios.

La organización para la defensa de la libertad de expresión, Artículo 19, emitió un posicionamiento en el que asegura que el gobierno de Veracruz obstaculiza el libre flujo de información.