El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, está en México y comenzó una serie de acciones legales contra la ex procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez, para demostrar que su “persecución” fue política y que las acusaciones en su contra no tienen sustento.
A través de su abogado Diego Hernán Árevalo Pérez, el priista tamaulipeco presentó una denuncia en la PGR contra la ex titular de esa dependencia y otros ex funcionarios de la institución, con el propósito de poner al descubierto que los cateos que se realizaron contra sus propiedades no se hicieron bajo la orden de mandamientos judiciales.
Asimismo, que nunca se le permitió el acceso a la averiguación previa integrada en su contra para tener una justa defensa.
El litigante también señaló que existió una violación a la secrecía, pues la averiguación previa fue filtrada a un medio de comunicación, cuando ni siquiera ellos pudieron conocerla.
Arévalo Pérez aseguró que su cliente está en México y está a la espera de obtener un amparo para echar abajo la orden de aprehensión en su contra, pues no existe ninguna imputación directa que vincule a Yarrington con el crimen organizado, además de que los testigos protegidos que declararon en su contra son los mismos que utilizó la PGR en otros casos.
Consideró que la indagatoria contra el ex gobernador tuvo un sesgo tendencioso y politizado porque la pesquisa comenzó en 2009 y las diligencias ministeriales iniciaron en el periodo electoral de 2012, aunado a las filtraciones que se hicieron.
Indicó que a pesar de existir una orden de aprehensión en contra del ex gobernador, la PGR nunca lo citó formalmente para rendir declaración durante la integración de la averiguación previa.
Los ex funcionarios involucrados en esta “persecución”, además de la ex procuradora, son el ex titular de la SEIDO, Cuitláhuac Salinas Martínez, el titular de la Unidad de Delitos contra la Salud y agentes del Ministerio Público Federal.
Mencionó que la PGR ha sido requerida en diversas ocasiones por un juez de amparo, para que presente las pruebas en que se basó para ordenar los cateos y el aseguramiento de una cuenta bancaria en Banamex, en la que el ex mandatario estatal tiene como saldo sólo 14 pesos. Sin embargo, ha incurrido en desacato.
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