Felipe Calderón compró "Drones" para operativos contra el crimen organizado

De acuerdo con un reportaje que The Washington Post publicó este domingo, en 2010, el gobierno de Felipe Calderón compró y utilizó aviones no tripulados, conocidos como “drones” y utilizados por Estados Unidos en las guerras de Iraq y Afganistán.

En el texto, el diario estadunidense señaló que Estados Unidos recibió autorización en 2009 para sobrevolar el espacio aéreo mexicano con un avión “drone”.

Refirió que el objetivo del vuelo fue rastrear a los asesinos de un agente de la Patrulla Fronteriza estadunidense, quien perdió la vida durante un asalto.

De acuerdo con el reportaje, éste hecho despertó suspicacias en el país, por lo que se pactó que Estados Unidos cediera a las autoridades mexicanas el control de los vuelos estadunidense realizados con dichas aeronaves en México.

Asimismo, el diario estadunidense apuntó que para finales de 2010, las autoridades mexicanas estaban “enamoradas” con las aeronaves, que habrían apoyado en operativos contra el crimen organizado, como el que derivó en la muerte del líder de La Familia Michoacana, Nazario Moreno González, por lo que se solicitó un número mayor de vuelos de los que EU podía autorizar, debido a las necesidades de su operaciones en Afganistán, Iraq, Yemen y Pakistán.

Ante dicho escenario, el Gobierno encabezado por Calderón Hinojosa adquirió sus propias aeronaves, que según detalla el diario, el primer indicio de la compra se manifestó cuando uno de los “drones” se estrelló en El Paso (Texas) en diciembre de 2010.

Luego de la adquisición, las autoridades mexicanas mejoraron en el uso de sus propios “drones”, por lo que eventualmente podían realizar más misiones aéreas que las que se llevaban a cabo en Estados Unidos, según lo confirmó un funcionario estadunidense que el diario citó como fuente para ratificar las adquisiciones de las aeronaves.

Cabe mencionar que según el diario, previo a la compra de las aeronaves, Calderón pidió a George W. Bush colaborar con “drones” armados en la lucha contra los grupos delincuenciales en México.

La solicitud habría sido analizada por la Casa Blanca, quien habría determinado rechazarla ante las posibles afectaciones a la población civil.