Hartos de las anomalías de la PGJ, abogados de Cancún convocan a su grey a iniciar una lucha legal a nivel federal para echar abajo la red de corrupción que impera en esta dependencia estatal; juicio político a Gaspar Armando García Torres, principal objetivo
El procurador de Justicia de Quintana Roo, Gaspar Armando García Torres, se encuentra bajo la mira de la justicia federal; esto, luego de darse a conocer casos en donde se evidencia la corrupción que existe dentro de esta dependencia estatal, coludidos con los Juzgados, para la fabricación de delitos y mantener a inocentes en la cárcel, mientras que los verdaderos culpables siguen en libertad. Varios de estos casos han sido ya del dominio público y empiezan a tener resonancia nacional, ámbito en el que la Justicia de Quintana Roo está quedando en entredicho.
En el marco de la conferencia “Evaluación provisional de la nueva Ley de Amparo”, celebrada en Cancún el pasado viernes 21, el magistrado federal Pablo Vicente Monroy Gómez, tras conocer algunos casos expuestos por los abogados asistentes en donde se evidencia la fabricación de delitos por parte de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), exhortó a los litigantes a aplicar todo tipo de recurso y llegar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, para hacer valer esta Ley a como se estipula en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Bajo esta recomendación, abogados de Cancún analizan los recursos legales para solicitar un juicio político en contra del procurador del estado, así como también de quien resulte responsable de la violación a las garantías individuales de las personas afectadas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público por supuestamente cometer algún delito. Esto se debe a los conocidos antecedentes sobre individuos que han sido detenidos “al azar” o por “dedazo” por parte de una persona con poder e influencias en el ámbito político estatal.
“Estamos hartos de las irregularidades de la PGJ en el armado de los expedientes y la complicidad de los jueces locales en la liberación de las órdenes de aprehensión sin el respectivo análisis de los casos, por ello hemos decido alzar la voz y acudir a las instancias federales, donde atenderán nuestras demandas para poner un alto a toda esta ola de corrupción e impunidad que se vive en las dependencias encargadas de brindar justicia en el estado”, declararon litigantes que por temor a represalias prefirieron omitir sus nombres.
A decir de estos abogados, el procurador Gaspar Armando García Torres, e incluso el mismo presidente del Tribunal Superior de Justicia, Fidel Villanueva Rivero, debe “poner sus barbas a remojar”, pues existen antecedentes de que a nivel federal su poder no tiene injerencia, tal como quedó demostrado en 1997 en el estado de Morelos, en donde fueron destituidos y llevados a prisión el procurador Carlos Peredo Merlo, el subprocurador Rafael Augusto Borrego Díaz y el coordinador general de la Policía Judicial Jesús Miyazawa Álvarez, por tolerar actos de tortura.
De este escándalo, también salió afectado el entonces gobernador morelense Jorge Carrillo Olea, quien un año más tarde, en mayo de 1998, fue juzgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al enfrentar juicio político y fue inhabilitado por 14 años para ocupar cargos públicos, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos del Estado de Morelos, al resultar responsable de los delitos de incumplimiento de funciones públicas y por omisión en el ataque a la delincuencia organizada.
CASOS PARA RIPLEY
Cabe destacar que durante la conferencia organizada en la Casa de la Cultura Jurídica de Cancún, se le expusieron al magistrado federal Pablo Vicente Monroy varios casos donde se exhiben las anomalías en las que incurre la Procuraduría de Justicia.
Uno de ellos fue la de Jorge Gustavo Leyva Uscanga --un joven cancunense que permanece en prisión desde hace varios meses acusado de un robo con violencia que familiares, amigos, testigos y abogados aseguran que no cometió--, cuya averiguación previa se encuentra plagada de irregularidades desde su integración y una presunta falsificación de la firma de un juez en la posterior orden de aprehensión.
Del mismo modo, se le dio voz a un reo, quien por medio de una carta, escrita de su puño y letra, expuso su caso y las series de irregularidades que la dependencia estatal cometió para mantenerlo aún preso.
En esta parte, la autoridad federal mostró su lado sensible y mientras leía el documento se le “quebró la voz” y finalmente, al término de la lectura, se quedó pensativo un minuto y replicó: “Esto no puede seguir así. Esta situación es algo difícil de creer que sigan ocurriendo en México, principalmente en un destino turístico tan importante como Cancún”, por ello exhortó a los abogados presentes a aplicar todas las herramientas jurídicas existentes para echar abajo este sistema de justicia que impera en el estado y el cual está acabando con la vida de muchas personas inocentes.
Ante estas irregularidades, en toda la República Mexicana la nueva Legislación está federalizando la seguridad pública, de ahí la existencia de un solo Bando Único de Policía, un solo Código Procesal Penal y al rato ya viene Código Penal Federal para no darle oportunidad a las autoridades estatales a que manipulen las situaciones y cuando éste último entre en vigor, la PGJE estaría enfrentando un grave problema, pues las personas que han sido acusadas injustamente, podrían recuperar su libertad y la justicia estatal quedaría exhibida.
Lanzan ultimátum a jueces federales
Desde la ciudad de Cancún, el ministro Pablo Vicente Monroy Gómez lanzó una advertencia que hasta que no caiga el primer juez federal, los demás no se van a alinear para realizar la correcta aplicación de la Ley.
Ante la queja de diversos abogados del municipio de Benito Juárez que asistieron a la conferencia “Evaluación provisional de la nueva Ley de Amparo”, con respecto a que en ocasiones los jueces federales se tardan más del tiempo estipulado para emitir sus sentencias, el también Juez de Distrito en Veracruz exhortó a los litigantes a no desistir, a que den vista al Ministerio Público Federal y aplicar todo tipo de recursos para exigir la aplicación de justicia.
“Si la Ley se reformó y nosotros aún nos encontramos imposibilitados para que ésta se ejecute, que se cumplimenten las sentencias, entonces ¿qué se necesita para que se cumplan las sentencias de los jueces federales?, cuestionaron los litigantes, a lo que Monroy Gómez respondió: “Ya han habido jueces consignados en varias partes de la República por no aplicar la Ley como lo marca la Legislación. Hasta en tanto no caiga el primer juez en prisión, hasta entonces no se van a alinear y ya no tarda en que caiga el primero, por el cumplimiento de un amparo”.
Justicia al pie de la letra
La Ley General de Víctimas permite a las personas que han sido víctima de alguna dependencia estatal, en este caso de quienes han sido acusados injustamente por la Procuraduría General de Justicia del Estado, demandar la reparación de daños y perjuicios causados por una mala integración de expedientes.
Del mismo modo, se puede solicitar un juicio político en contra del procurador Gaspar Armando García Torres, por ser el autor intelectual de la fabricación de delitos, porque se le cuestiona al respecto y lo niega, lo que enrarece aún más el panorama, pues aquí podrían estar ocurriendo dos cosas: o no sabe lo que está pasando en la dependencia a su cargo, o lo sabe y lo está consintiendo. En ambos casos, la situación es grave y lo pueden llevar a una posible consignación.
En 1997, Carlos Peredo Merlo, procurador de Justicia; Rafael Augusto Borrego Díaz, subprocurador, y Jesús Miyazawa Álvarez, coordinador general de la Policía Judicial del estado de Morelos, fueron destituidos de sus respectivos cargos para enfrentar a la justicia federal, debido a que, como servidores públicos de mayor jerarquía, encubrieron un homicidio y toleraron actos de tortura cometiendo delitos cuando su deber era procurar la justicia.
Este hecho deja en claro que cuando de proteger la seguridad de los ciudadanos se trata, las autoridades de Justicia a nivel federal aplican la Ley al pie de la letra.
Evidenciados ante la autoridad
En el aspecto jurídico, la Procuraduría General de Justicia del Estado acaparó la mayor parte de la conferencia “Evaluación provisional de la nueva Ley de Amparo”, al exhibirse la violación de los derechos de garantía de los detenidos y las formas de eludir su responsabilidad. Hubo quejas de varios abogados y entre ellos había un litigante que fue ministerio público y que corroboró que todo lo ahí expuesto es cierto y que le constataba. El magistrado federal Pablo Vicente Monroy Gómez, felicitó a este abogado por tener el valor de reconocer y desenmascarar este deshonesto sistema gubernamental.
Pablo Vicente Monroy Gómez
En la actualidad, ejerce como magistrado en el Tribunal Unitario del decimocuarto circuito de Yucatán. Por más de 27 años ha desarrollado experiencia en el Poder Judicial Federal y ejerció como Juez de Distrito en Veracruz y en la Ciudad de México. Fue magistrado en tres tribunales unitarios y en un tribunal colegiado de circuito. Trabajó como abogado litigante por más de 10 años y se le reconoce especialmente su elaboración de sentencias innovadoras en defensa de los indígenas.
Autor Luis Cortez Escobar
Publicado en La Voz de Quintana Roo
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