En un "informe", el presunto homicida de Mayra Ayuso implicó a Félix González

Resurge acusación de asesinato contra candidato priísta a la gubernatura de QR

La madre de la víctima amplió la demanda porque la muchacha estaba embarazada

Las versiones, "chismes" para afectarlo en los comicios: subprocurador de Justicia

BLANCHE PETRICH, HUGO MARTOCCIA Y JAVIER CHAVEZ ENVIADA Y CORRESPONSALES

Cancun, QR, 5 de febrero. A 12 horas de que se inicie la competencia electoral por el gobierno de Quintana Roo, al candidato del PRI Félix González Canto se le vino encima un viejo expediente judicial que se había "extraviado" hace años y en el que se le señala como implicado en el asesinato, el 9 de noviembre de 1999, de una jovencita de 16 años, Mayra Ayuso Rodríguez, en Cozumel, donde el priísta, en esa época de 31 años, era presidente municipal.

La madre de la muchacha, Ana Isabel Rodíguez Mejía, presentó anoche una demanda penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por el extravío de la averiguación previa 1100/99, y pidió que fuera aceptada como prueba parte de este expediente perdido y recuperado por la familia de Mayra. En éste, uno de los declarantes, Juan Carlos Padilla Alcocer, confesó haber matado a golpes a la adolescente junto con un cómplice de nombre José Enrique, por encargo de un señor Rocha.

Dijo ante el agente del Ministerio Público de Cozumel, Mario Cajum Fernández: "Bajamos a Mayra en un lote baldío ubicado en un costado del aeropuerto y le advertimos acerca de la actitud que estaba tomando con el presidente municipal, de quererlo extorsionar por un supuesto embarazo, poniéndose ésta impertinente, por lo que se tuvo que tranquilizarla a golpes, y como estábamos ya alcoholizados se nos pasó la mano y la abandonamos en el lugar. Agrego a usted que la intención no era matarla, sino darle un pequeño susto".

El presunto asesino admitió haber recibido el pago por el encargo cumplido y además "me trasladé unos días a Playa del Carmen y Cancún para pasar unos días de vacaciones regresando después por el efectivo faltante". Después fue interceptado por Cajum para que realizara su declaración ministerial y fue dejado en libertad. Nunca se le volvió a molestar.

Por la muerte del hijo nonato de Mayra su madre amplió ayer su denuncia por doble homicidio.

La manipulación y extravío del primer expediente de este caso, dijo la madre de la muchacha al fundar su demanda, es un hecho "grave, delictivo e ilegal", porque en este reporte "se señala a los autores materiales del delito de homicidio de mi hija y de su hijo no nacido, y de igual forma se indica que el autor intelectual es Félix González Canto".

Este viernes empezó a circular entre algunos medios de prensa un "informe de investigación", firmado por el comandante de la policía judicial de Cozumel Jorge Picasso Sosa, con fecha del 8 de enero de 2000, con la declaración ministerial de Padilla Alcocer.

Al salir de la diligencia, llorosa y custodiada por el chofer del candidato del PRD-PT al gobierno estatal, Juan Ignacio García Zalvidea, la madre de Mayra recalcó que su demanda es contra quien resulte responsable y declinó hacer más comentarios.

Las dos hojas del expediente extraviado que detonaron el nuevo giro en este caso, que durante años logró ser acallado por autoridades judiciales del estado, pertenecen a la averiguación previa (AP) 1100/99. Esta fue sustituida posteriormente -no se precisa cuándo- por la AP 438/99. Este hecho, sostiene en su declaración la madre, es "incomprensible, arbitrario y contumaz, fuera de la lógica jurídica", y permitió el extravío de pruebas.

En el curso de la segunda averiguación fueron detenidos dos amigos de la joven, Alejandro Ciau Polanco, de 19 años, y Norma Páez, de 15, como "sospechosos". La chica fue liberada bajo fianza y el joven pasó 10 meses en la cárcel de Cozumel hasta que fue reconocida su inocencia.

En su nueva denuncia, la señora Rodríguez señala que Ciau fue "una víctima más de los funcionarios que integraron la maliciosa averiguación previa con el objeto de no señalar a los verdaderos asesinos materiales e intelectuales de mi hija".

La demanda de la señora Rodríguez se presentó ante el agente del Ministerio Público en turno de la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo. Poco antes de que iniciara, el subprocurador Luis Alfonso Chi Paredes intentó "desmentir" la cita de reporteros con la madre de Mayra y opinó que "todas esas versiones son chismes para afectar electoralmente" al candidato del PRI.

En la recta final de las campañas políticas el tema de este asesinato, ocurrido hace un lustro, no estuvo ausente de los medios de comunicación locales, pero los operadores políticos de González Canto no previeron que pudiera llegar a este punto.

La declaración de Padilla Alcocer aporta también elementos que apuntan a la existencia de prostitución infantil y pederastia en la isla en aquellos años, práctica en la que estaría involucrado el ex director de la Policía Municipal de Cozumel, de apellido Rocha, y de la que el alcalde González Canto supuestamente era cliente.

El presunto homicida declaró que llegó a la isla de Cozumel con José Enrique, de quien desconoce sus datos generales, y se hospedaron en el hotel El Cozumeleño, donde fue presentado con el señor Rocha, y le explicó el trabajo que tenían que realizar; es decir, ir a una fiesta y ahí encontrar a Mayra, quien les iba a brindar un servicio en el que se incluía el sexo. Dijo que la finalidad principal era darle un susto debido a que "se encontraba extorsionando al presidente municipal, al que con anterioridad ella había dado un servicio."

El declarante ofrece más detalles. Se operaba en la discoteca Neptuno. Se les pagó 20 mil pesos iniciales por "el servicio" y luego se les liquidó una cantidad similar. Una vez muerta, el comandante Rocha -quien no fue citado a declarar en el proceso de investigación- los ayudó a "cambiarse de hotel" por protección y les aseguró que "iba a tratar de manejar la situación con gente de muy arriba".

El agente Cajum escuchó en ese entonces este relato de viva voz y levantó el acta. Posteriormente el comandante Picasso, de la Policía Judicial del estado, elaboró un informe a sus superiores. Después, el expediente se perdió. Ahora está de regreso, cuando nadie en las altas esferas del poder estatal lo esperaba.

¿ESTE ES EL GOBERNADOR QUE QUEREMOS?

Hace ya algunos meses, desde antes de que inicien las campañas electorales, puse este tema y al parecer quedó en el olvido.

Pariente de aspirante priísta, involucrado en asesinato 

BLANCHE PETRICH ENVIADA (La Jornada).

Cozumel, QR, 1º de febrero. El pequeño taller de Mirna Zapata, costurera de oficio, es comedor, sala y cocina a la vez. Ahí se prepara la comida, se ve la tele y se "costura", todo al mismo tiempo, cuando suena el teléfono. "Es de la campaña de Félix", anuncia una voz desde el fondo de la vivienda.

En la isla, la batalla por los votos, de dos de los candidatos a gobernador -Félix González, por PRI-PVEM, y Addy Joaquín, por PAN-Convergencia, ambos prominentes cozumeleños-, se libra casa por casa. Pero en este hogar, la llamada de los promotores del priísta cae como una bofetada. Dos mujeres, Ana de Ayuso y doña Mirna, han charlado toda la tarde dando vueltas a las historias de sus hijas: una muerta hace cinco años; la otra, violada el año pasado. En ambos casos se vieron involucrados hombres del poder. En ninguno se hizo justicia.

La hija de Ana, Mayra Beatriz, murió hace cinco años, cuanto tenía 16. Salió de su casa el 5 de noviembre de 1999 rumbo a la escuela, vestida con su uniforme. Nunca regresó. Cuatro días después la Policía Judicial estatal avisó a su madre que el cuerpo de la adolescente había sido encontrado en un terreno propiedad de la familia del entonces presidente municipal González Canto. Se inició la averiguación previa 438/99 por homicidio. El médico forense Efrén González, pariente del hoy abanderado por el PRI, dictaminó asfixia por ahorcamiento como causa de la muerte. Los padres de Mayra la enterraron el día 10. Al día siguiente del sepelio les avisaron de la agencia del Ministerio Público (MP) que "se les había olvidado el feto". En ese momento se enteraron de una segunda versión policiaca: que la niña estaba embarazada de cuatro meses al morir y tenía perforación del útero por un legrado mal aplicado. Se les informó que eso -y no un ahorcamiento- le había causado la muerte. Ante la duda, los padres pidieron la exhumación del cuerpo y otra necropsia. Cuatro meses después tenían otra acta forense, del mismo Efrén González, que dictaminaba: "muerte por traumatismo craneal". Y se confirmaba la lesión del útero. La diferencia entre las tres versiones, les dijeron, fue producto "de un error humano".

La familia Ayuso pidió entonces la exhumación del feto y exámenes de ADN para determinar la relación de esos restos con los de Mayra y poder identificar al responsable del embarazo. La Procuraduría de Justicia estatal se negó a abrir esa línea de investigación, alegando que debido al costo de los análisis de ADN sólo se hacían cuando se trataba de "un caso muy especial".

Algunos testigos declararon ante el MP que el presidente municipal, que entonces tenía 31 años, sostenía una relación sentimental con la adolescente y en ocasiones pasaba a recogerla a dos cuadras del Conalep, donde estudiaba. Al poco tiempo los testigos se retractaron.

La investigación, a cargo del entonces procurador estatal Carlos Humberto Pereira, fue errática. El sitio donde se encontró el cuerpo nunca fue preservado, y la familia propietaria inmediatamente construyó casas en los predios. No se investigó quién pudo haber practicado un aborto fatal ni las conclusiones contradictorias del forense. Jamás se cuestionó el comportamiento del alcalde ni los frecuentes escándalos de sus colaboradores con jovencitas. Al año fueron detenidos dos jóvenes, amigos de Mayra, como "sospechosos". Nelson Ciau, de 19 años, pasó casi un año en la cárcel porque en los cuadernos de la chica aparecía su nombre junto a corazoncitos dibujados. Y Norma Páez, de 15 años, tuvo que pagar una fianza para evitar ser apresada, por ser la mejor amiga de Mayra.

A cinco años de su muerte, su madre se pregunta: "¿Tiene caso que me siga dando golpes contra la pared?"

Doña Mirna Zapata, presente en la entrevista, piensa que vale la pena seguir luchando por esclarecer el caso. El año pasado, 4 de febrero, su hija de 13 años fue violada por José Agustín Rangel, chofer y asistente personal de Félix González, quien en ese momento era diputado. Cuando se enteró del ataque acudió al MP. Tardaron cinco horas en atenderla y cuatro días en aceptar practicarle un examen médico a la niña. En lugar de levantar el acta por violación, el MP calificó el delito de "abuso deshonesto", lo que permitió que el atacante, confeso, quedara en libertad.

Las autoridades judiciales no reaccionaron hasta que doña Mirna fue a Cancún y denunció el delito en conferencia de prensa. Con la intervención de la agente especial en delitos sexuales del estado, Ruth Bustillos, el delito fue calificado finalmente de violación y se emitió orden de aprehensión contra Rangel. Entonces la familia recibió noticias de que Félix González quería hablar con la madre para llegar a un acuerdo. Polly, esposa del candidato, le pidió que abandonara el caso. "Ya ve que todavía tenemos a cuestas el asunto de Mayra", le dijo. El presidente de la Asociación de Padres de Familia de Quintana Roo, José Pulido, también la contactó -y después lo reconoció ante la prensa- para ofrecerle un millón de pesos.

Pero Mirna Zapata no ha desistido de su denuncia. En una población pequeña, como es Cozumel, se sabe cuando llega Rangel a la isla, custodiado y protegido. La policía municipal no se atreve a aprehenderlo. "Mire, doña -le han dicho a la madre-, nosotros no podemos hacer nada; si usted lo detiene y lo somete nos lo trae."

En opinión de doña Mirna, el arresto de Rangel y una investigación a fondo del médico forense Efrén González pudieran ser la clave para esclarecer la muerte de Mayra Ayuso y hacer justicia a su propia hija. Las dos mujeres esperan.

:angry:

Caso Mayra

• Hace 5 años, médico forense dio dos versiones sobre muerte de una joven en Cozumel
• Pariente de aspirante priísta, involucrado en asesinato

Blanche Petrich

Enviada

Félix González Canto

Cozumel, QR, 1º de febrero. El pequeño taller de Mirna Zapata, costurera de oficio, es comedor, sala y cocina a la vez. Ahí se prepara la comida, se ve la tele y se "costura", todo al mismo tiempo, cuando suena el teléfono. "Es de la campaña de Félix", anuncia una voz desde el fondo de la vivienda.

En la isla, la batalla por los votos, de dos de los candidatos a gobernador -Félix González, por PRI-PVEM, y Addy Joaquín, por PAN-Convergencia, ambos prominentes cozumeleños-, se libra casa por casa. Pero en este hogar, la llamada de los promotores del priísta cae como una bofetada. Dos mujeres, Ana de Ayuso y doña Mirna, han charlado toda la tarde dando vueltas a las historias de sus hijas: una muerta hace cinco años; la otra, violada el año pasado. En ambos casos se vieron involucrados hombres del poder. En ninguno se hizo justicia.

La hija de Ana, Mayra Beatriz, murió hace cinco años, cuanto tenía 16. Salió de su casa el 5 de noviembre de 1999 rumbo a la escuela, vestida con su uniforme. Nunca regresó. Cuatro días después la Policía Judicial estatal avisó a su madre que el cuerpo de la adolescente había sido encontrado en un terreno propiedad de la familia del entonces presidente municipal González Canto. Se inició la averiguación previa 438/99 por homicidio. El médico forense Efrén González, pariente del hoy abanderado por el PRI, dictaminó asfixia por ahorcamiento como causa de la muerte. Los padres de Mayra la enterraron el día 10. Al día siguiente del sepelio les avisaron de la agencia del Ministerio Público (MP) que "se les había olvidado el feto". En ese momento se enteraron de una segunda versión policiaca: que la niña estaba embarazada de cuatro meses al morir y tenía perforación del útero por un legrado mal aplicado. Se les informó que eso -y no un ahorcamiento- le había causado la muerte. Ante la duda, los padres pidieron la exhumación del cuerpo y otra necropsia. Cuatro meses después tenían otra acta forense, del mismo Efrén González, que dictaminaba: "muerte por traumatismo craneal". Y se confirmaba la lesión del útero. La diferencia entre las tres versiones, les dijeron, fue producto "de un error humano".

La familia Ayuso pidió entonces la exhumación del feto y exámenes de ADN para determinar la relación de esos restos con los de Mayra y poder identificar al responsable del embarazo. La Procuraduría de Justicia estatal se negó a abrir esa línea de investigación, alegando que debido al costo de los análisis de ADN sólo se hacían cuando se trataba de "un caso muy especial".

Algunos testigos declararon ante el MP que el presidente municipal, que entonces tenía 31 años, sostenía una relación sentimental con la adolescente y en ocasiones pasaba a recogerla a dos cuadras del Conalep, donde estudiaba. Al poco tiempo los testigos se retractaron.

La investigación, a cargo del entonces procurador estatal Carlos Humberto Pereira, fue errática. El sitio donde se encontró el cuerpo nunca fue preservado, y la familia propietaria inmediatamente construyó casas en los predios. No se investigó quién pudo haber practicado un aborto fatal ni las conclusiones contradictorias del forense. Jamás se cuestionó el comportamiento del alcalde ni los frecuentes escándalos de sus colaboradores con jovencitas. Al año fueron detenidos dos jóvenes, amigos de Mayra, como "sospechosos". Nelson Ciau, de 19 años, pasó casi un año en la cárcel porque en los cuadernos de la chica aparecía su nombre junto a corazoncitos dibujados. Y Norma Páez, de 15 años, tuvo que pagar una fianza para evitar ser apresada, por ser la mejor amiga de Mayra.

A cinco años de su muerte, su madre se pregunta: "¿Tiene caso que me siga dando golpes contra la pared?"

Doña Mirna Zapata, presente en la entrevista, piensa que vale la pena seguir luchando por esclarecer el caso. El año pasado, 4 de febrero, su hija de 13 años fue violada por José Agustín Rangel, chofer y asistente personal de Félix González, quien en ese momento era diputado. Cuando se enteró del ataque acudió al MP. Tardaron cinco horas en atenderla y cuatro días en aceptar practicarle un examen médico a la niña. En lugar de levantar el acta por violación, el MP calificó el delito de "abuso deshonesto", lo que permitió que el atacante, confeso, quedara en libertad.

Las autoridades judiciales no reaccionaron hasta que doña Mirna fue a Cancún y denunció el delito en conferencia de prensa. Con la intervención de la agente especial en delitos sexuales del estado, Ruth Bustillos, el delito fue calificado finalmente de violación y se emitió orden de aprehensión contra Rangel. Entonces la familia recibió noticias de que Félix González quería hablar con la madre para llegar a un acuerdo. Polly, esposa del candidato, le pidió que abandonara el caso. "Ya ve que todavía tenemos a cuestas el asunto de Mayra", le dijo. El presidente de la Asociación de Padres de Familia de Quintana Roo, José Pulido, también la contactó -y después lo reconoció ante la prensa- para ofrecerle un millón de pesos.

Pero Mirna Zapata no ha desistido de su denuncia. En una población pequeña, como es Cozumel, se sabe cuando llega Rangel a la isla, custodiado y protegido. La policía municipal no se atreve a aprehenderlo. "Mire, doña -le han dicho a la madre-, nosotros no podemos hacer nada; si usted lo detiene y lo somete nos lo trae."

En opinión de doña Mirna, el arresto de Rangel y una investigación a fondo del médico forense Efrén González pudieran ser la clave para esclarecer la muerte de Mayra Ayuso y hacer justicia a su propia hija. Las dos mujeres esperan.