 |
| Alejandro Joaquín Martí García |
Ciudadano Presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa; ciudadano Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ministro Juan Silva Meza; representantes del Congreso de la Unión; distinguidos miembros del Gabinete; señoras y señores representantes de la sociedad civil.
México es hoy un país que busca fortalecer su democracia. Es una democracia que nos pertenece a todos, porque todos la hemos construido con dolor y sacrificio, y mucho esfuerzo.
Escuchar que esa democracia se encuentra en riesgo, amenazada por la violencia de la delincuencia organizada, no puede más que movernos a la preocupación, y de ahí, a la acción.
Paradójicamente, esa democracia no cuenta con todos los elementos normativos y legales modernos para defender a sus ciudadanos del delito. A esta modernidad democrática no le ha correspondido la actualización de un marco legal tan vital, como es el derecho penal, que data, en su concepción, del México colonial, por expresarlo de alguna manera. Este derecho penal, en su historia, no fue construido para su funcionamiento en una democracia como la actual, sino como un instrumento represor del Estado mexicano.
En 2008, la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal surgió como una oportunidad para la actualización de nuestro marco legal, de nuestro marco penal, haciendo un énfasis en los juicios orales, que no son nuevos en nuestro país, puesto que la Constitución de 1917 ya los contemplaba, sólo que el Código Procesal Penal fue publicado hasta 1931.
Y es aquí, a mi juicio, donde se encuentra la gran debilidad de la Reforma en Materia de Justicia Penal.
Uno. En lo que se refiere a la posible existencia de un código procesal único y otro, en la gran inoperancia e ineficacia de las policías estatales.
Existe hoy un proyecto de Código de Procedimientos Penales construido con el consenso de académicos, activistas sociales, abogados, miembros y ex miembros del sistema judicial mexicano, así como expertos de la Secretaría Técnica, dirigida por el licenciado Felipe Borrego, que es justo decirlo, ha tenido el acierto de buscar los consensos generales, y a fin de que el Congreso de la Unión lo conozca y apruebe de acuerdo a sus facultades.
La aprobación de este instrumento procesal es vital para la modernización de nuestro sistema de justicia penal y, por ello, desde la sociedad civil hacemos un llamado a los legisladores para que sancionen esta propuesta y doten a las instituciones de justicia del instrumento que permita que la Reforma Constitucional, verdaderamente camine hacia un esquema en el que respeten los derechos, tanto de la víctima, importante decirlo, tanto de la víctima, como del acusado; partiendo de la presunción de inocencia, fortaleciendo el debido proceso y el pleno respeto a los derechos humanos de todos los involucrados.
A tres años de distancia, las siguientes entidades han logrado poner en operación los nueve ejes estratégicos de la Reforma Constitucional: Baja California, Durango, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca y Zacatecas.
Adicionalmente, otro número importante de estados ya han comenzado con el proceso de implementación de la misma, al fin de este sexenio, poco más de la mitad de las entidades habrán concluido con la implementación, lo que vemos con mucho optimismo, esperando que al cumplirse el plazo de ocho años, establecidos para estos efectos, se cumpla la meta a nivel nacional.
Resumo. Con el nuevo Código de Procedimientos Penales y con modelos de implementación exitosas que ya existen en la República, será mucho más sencilla la replicación del modelo en el país.
La Reforma Penal es un hecho, pero si no cejamos y mantenemos el nivel de exigencia hacia los gobiernos de los estados para que se corresponsabilicen en la reforma, en el combate al crimen y la inseguridad en sus territorios.
Señoras y señores:
Es inmoral el saber que algunos estados del país no han ejercido plenamente sus recursos etiquetados para el combate al delito. Eso sólo nos llama a pensar que no existe compromiso ni valentía política para defender a sus ciudadanos de la delincuencia.
Pareciera que este estado de urgencia nacional, de tragedias colectivas provocadas por los criminales, los hogares enlutados, los hijos ausentados, los huérfanos de la violencia no son suficientes para movilizar a nuestra clase política a producir instrumentos que permitan frenar la violencia.
Hoy, el ya basta se ha generalizado, y pareciera que nuestros políticos se han inmunizado contra él.
Qué le puede esperar a un país cuya clase política no es sensible al reclamo de sus ciudadanos. Qué más debemos hacer los ciudadanos para que los políticos se comprometan con el bienestar de México.
Quiero preguntarme: El nuevo Estado democrático lo construimos a pesar de los políticos. No será que una de las amenazas hacia nuestra frágil democracia proviene de aquellos políticos que sólo ven al país como un trofeo electoral.
Hace semanas fuimos testigos de un caso que conmovió miles de consciencias y generó una oleada de participación ciudadana sin precedentes. Me refiero al caso develado por el documental Presunto Culpable, un caso que se ha convertido en paradigma de la vergüenza.
El valioso documental, realizado por Layda Negrete y Roberto Hernández, refleja un sistema caduco, ineficiente, opaco y corrupto; un sistema de justicia agotado y antidemocrático. Pero ante eso, vuelvo a preguntarme: Dónde está el verdadero culpable de este crimen.
No es posible que no se haya fincado responsabilidad alguna a los policías, ineptos y sin escrúpulos, que acusaron a este muchacho. Fueron copartícipes, para mi gusto, los jueces. Casos como el de Toño, este joven que fue víctima del sistema penal, se generalizan en todo el país.
Nuestro aparato de justicia, paradójicamente, está produciendo injusticia generalizada, y no puede haber una democracia sólida sin la efectiva representación del interés social ante el delito.
En este contexto, la Reforma Penal, de la que hablo, tiene un gran reto por resolver, y éste es el de las policías.
Señor Presidente:
Debemos ser claros en aseverar que la reforma estará condenada al fracaso si no tenemos una verdadera policía investigadora, eficiente, honesta y bien pagada, para que sus integrantes vivan dignamente, con seguridad para sus familias, con reconocimiento y prestaciones.
La asignatura pendiente de nuestro país es la reconstrucción de las instituciones policiacas, hacer que éstas les brinden seguridad a los ciudadanos. Es lamentable que una función tan importante, como es la que desempeñan las instituciones policiacas, sean hoy las más desprestigiadas, pero también las más abandonadas por el Estado mexicano.
La pulverización de los cuerpos policiacos. Tenemos poco más de 400 mil policías en manos de dos mil 400 unidades independientes. Es una gran complicación para ordenar, limpiar y reestructurar.
En 2008, acordamos resolver el problema de las policías. Dos años después, la CONAGO firmó un convenio para establecer el mando único estatal, a lo cual se comprometieron los Ejecutivos Estatales. Sin embargo, cuántos en realidad lo han implementado.
La sociedad no ve la solidaridad de los gobernadores con sus ciudadanos. Por qué. Que nos lo expliquen, porque ellos son moral y políticamente responsables de los inocentes que han sido victimizados por la violencia.
Lo que le hace falta a este país son políticos de altura, verdaderos demócratas, representantes del bien común. Tenemos que ponernos de acuerdo ya. No se vale apostarle al diferendo político y despreciar los consensos para dotarnos de un marco legal que permita disminuir la delincuencia. Es México y su futuro el que está en riesgo. Son sus familias, sus hijas y sus hijos.
Es por esto que, desde la Tribuna, quiero insistir en que nosotros, los ciudadanos, reclamamos, y exigimos en voz alta, la acción y la unidad, dejando nuestros intereses particulares y de partido.
Por ello, al Poder Legislativo, particularmente a la Cámara de Diputados, queremos recordarles la importancia de que en el próximo debate presupuestal, se asignen los recursos necesarios para la implementación de nueva justicia penal, y se fortalezca al Consejo de Coordinación que se creó con esta finalidad.
A ambas Cámaras del Congreso de la Unión, la urgente aprobación del Código de Procedimientos Penales; a los Poderes Judiciales, reforzar los esfuerzos de sensibilización, profesionalización y especialización de sus integrantes, que al respecto, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Consejo de la Judicatura Federal, han comenzado a hacer.
Es importante que los juzgadores de todos los fueros adopten las mejores prácticas judiciales, logrando transmitir a juzgadores, secretarios y otros funcionarios jurisdiccionales, las habilidades mínimas, necesarias para operar el nuevo Proceso Penal Acusatorio y Oral
A los Gobernadores de los estados: que cumplan con lo acordado, que tomen la responsabilidad de sus estados en cuanto a seguridad y Estado de Derecho. No se vale usufructuar los recursos millonarios y no destinarlos a las tareas sensibles de la seguridad pública.
Señores y señoras:
Aunque la promulgación de la Reforma Penal fue un paso importante en el camino hacia una justicia eficaz y expedita, todavía queda mucho por hacer para que sus postulados adquieran plena vigencia, y se traduzcan en una mayor confianza de la población en sus instituciones.
El hecho de la que implementación de la reforma involucre a un gran número de actores, ha provocado que adolezca de una suerte de orfandad política, que ha retrasado la obtención de resultados.
Las organizaciones de la sociedad civil hemos hecho nuestro el compromiso de llevar a un buen puerto este proyecto. Pero solos no lo lograremos.
Quiero resaltar el trabajo consistente y comprometido de todas las organizaciones que integran la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Apoyo a los Juicios Orales y al Debido Proceso, así como el apoyo que nos ha brindado la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID, para la realización de este Foro.
Agradezco también el solidario acompañamiento de los medios de comunicación en la gran tarea de convocar a la sociedad a estar alerta. El reto continúa, los necesitamos. Uno de los elementos claves para el desarrollo del nuevo sistema penal es lograr que la ciudadanía conozca sus beneficios.
Por esto, queremos pedirles a todos que asuman sus liderazgos políticos en este esfuerzo para que juntos, sociedad y Gobierno, podamos avanzar en este pendiente inaplazable. Insisto, es urgente que el país transite hacia una nueva forma de impartir justicia, sustentada en la transparencia y la oralidad de las audiencias, en el que se termine por fin con los anacronismos y el poco confiable sistema de expedientes.
No aceptemos con indiferencia la incapacidad de quienes están obligados a darnos seguridad. Mantengamos la exigencia hasta el límite, desde todos los campos de acción legal e institucional, hasta que las cosas cambien.
El país enfrenta un momento decisivo en la lucha contra la delincuencia que no admite dudas o mezquindades. Lo que hagamos o dejemos de hacer hoy en materia de seguridad y justicia, definirá cómo será el país en los próximos 30 años. Comportémonos a la altura de esta noble exigencia.
A todas las víctimas. Nuestro compromiso de que persistiremos hasta el límite por justicia y un país seguro.
Muchas gracias.
