PGR se transformará en Fiscalía General de la República

En 2018 la Procuraduría General de la República (PGR) se transformará en Fiscalía General de la República a fin de que la justicia deje de ser tarea de una dependencia de gobierno y se convierta en facultad de un órgano autónomo, de acusación y de la investigación del delito.

La reforma política-electoral estableció nuevas disposiciones constitucionales, entre ellas la transformación de la PGR en una Fiscalía General de la República autónoma, conformada por la fiscalía anticorrupción y la de delitos electorales.

Esto significa que el nuevo órgano, según afirmaron legisladores en su momento, ya no representará los intereses de la federación porque ahora deberá representar a la sociedad y procurar justicia sin injerencia de otros poderes u órganos y libre de influencias políticas.

El 10 de octubre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma en materia política-electoral y con ello diversas modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre éstas la transformación de la PGR.

Con esta disposición se reformó el artículo 102 constitucional que ahora dice que “el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios”, con lo cual desparecerá la actual PGR.

La Constitución dice que le corresponde al Ministerio Público (MP) la persecución ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados.

Como parte de su tarea el MP buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de los imputados en delitos, procurará que los juicios federales en materia penal sea prontos y expeditos; y pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine.

Asimismo se estableció que la Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por la o el Fiscal General de la República.

Con esta reforma se faculta al Senado para intervenir en la estructura de la nueva dependencia, así por ejemplo, el nombramiento y remoción de los fiscales especializados podrán ser objetados por el Senado por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes.

La ley también dispone que el Fiscal General durará en su encargo nueve años, y será electo de una lista, de al menos 10 aspirantes, integrada por el Senado de la República quien la enviará al Ejecutivo, para que éste a su vez integre una terna que regresará a los legisladores.

El Senado, con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Fiscal General con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes dentro del plazo de diez días.

La Constitución prevé que el Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo por las causas graves que establezca la ley, la remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes del Senado.

El Fiscal General presentará anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, un informe de actividades. Comparecerá ante cualquiera de las Cámaras cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión.

La reforma constitucional que entró en vigor en 2011 dice que la trasformación de la PGR en Fiscalía entrará en vigor a partir de las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión y así dar autonomía plena al MP y apegarse al Sistema Penal Acusatorio.

Es por ello que el 23 de septiembre de2014 el titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para expedir la Ley de la Fiscalía General de la República, en donde establece su nueva estructura, atribuciones y facultades.

De acuerdo con la propuesta, se crearán las dos Fiscalías Especializadas que mandata la Constitución (Anticorrupción y Delitos Electorales) y además diversas vicefiscalías y unidades especializadas en investigación y persecución del delito, según lo establezca el nuevo reglamento.

Resalta que actualmente la PGR tiene cinco subprocuradurías: Jurídica y de Asuntos Internacionales; de Control Regional Procedimientos Penales y Amparo; Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; Especializada en Investigación de Delitos Federales; de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.

Asimismo cuenta con Fiscalías como la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra); la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle); y la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales (Fepade).

También tienen la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra Administración de Justicia; y la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros

Una vez que se publique esta ley, el Fiscal deberá establecer las disposiciones reglamentarias de la misma, mientras se expidan, la PGR seguirá funcionando con las normas actuales, siempre que se no se contrapongan con las leyes vigentes.

La iniciativa de ley fue aprobada en diciembre de 2014 por la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados y pasó al Senado para su ratificación, allí fue turnada a las Comisiones unidas de Justicia, Gobernación y de Estudios Legislativos, donde está en análisis.

Fiscalía General

Fiscalía General con `extrapoder´, resultado de acuerdos PAN, PRI y PRD

Por blanca Esther Buenfil Vanegas

La figura del Fiscal General tiene su origen en una discusión dilucidada principalmente entre las fracciones de PAN, PRI y PRD, a nivel nacional. En los estados es parte de la armonización de leyes, para reforzar la transformación del sistema penal acusatorio. La esencia de esta nueva institución (el Fiscal General), se debe primordialmente a su autonomía e independencia.

En el caso de Quintana Roo, que se sumó a los varios estados del país que ya transitaron de tener una Procuraduría de Justicia a una Fiscalía General, tienen razón quienes dicen que quien ocupa el nuevo encargo (el Mtro. en Derecho, Carlos Arturo Álvarez Escalera) no debe tener ninguna influencia del gobernador actual o saliente. Pero yerran quienes sugieren que el gobernador electo o entrante, debería tener obligadamente parte en su nombramiento.

No es un escenario que tomó por sorpresa a los políticos. Aquí el gobernador electo es conocedor de las leyes. Sabe que esa es la tendencia nacional y, con toda seguridad, tomará todas las previsiones para revertir el nombramiento, si así lo considera, o bien, asumirá las cosas como quedaron para gobernar con los necesarios acuerdos y apego a la ley para brindar los resultados que prometió en campaña.

El recién nombrado Fiscal Especial, que es quien se desempeñaba como procurador del estado, Carlos Arturo Álvarez Escalera, tiene en claro el tamaño del reto y su deber para con la ciudadanía que reclama una mejora en la actuación de las autoridades.

Es decir, nadie puede decirse sorprendido, porque es una discusión que inició en 2012 y que tenía que llegar a Quintana Roo, como al resto de las entidades federativas del país.

De hecho, actualmente se debate la posibilidad de que Arely Gómez González, la titular de la PGR, se convierta en la primera encargada de la Fiscalía General de la República, una vez que realice ese mismo tránsito. Sin embargo, solamente el PAN se ha negado a dar su apoyo, y los analistas consideran que cada vez tiene menos posibilidades de asumir la nueva responsabilidad, que sería por nueve años, pues pesan sobre ella acusaciones de mantener una línea de sujeción a la Presidencia, que se demuestra en su abordamiento a casos como el de la desaparición de los alumnos de la normal de Ayotzinapan.

Es decir, aunque nadie ha dicho con todas sus letras que Peña Nieto esté preparando un `paquete de impunidad´, sí es un `defecto´ para sus aspiraciones su relación actual de empleada del presidente. La reforma del Artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente al Ministerio Público, trasformó su actuación y su relación con el Poder Ejecutivo para dotarla de independencia con respecto del Poder Ejecutivo. Y los estados de la República deben armonizar sus leyes en ese mismo sentido.

Ahora, la ley dice llanamente que la persona que asuma la responsabilidad de Fiscal General, tiene que ajustarse a un escenario de autonomía e independencia. Incluso, se le adjudica a la Fiscalía General una personalidad jurídica y un presupuesto que administrará sin la intermediación de ninguno de los poderes, luego de su asignación.

A esa nueva categoría de institución, se le atribuyen facultades que en términos jurídicos entran en una zona denominada: `Extra-Poder´.

Y para no cometer un error opinando sin presentar el sustento, a continuación cito literalmente algunos párrafos del trabajo del investigador Rubén Vasconcelos Méndez, en su publicación denominada: “Reforma procesal y Ministerio Público”, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría de Justicia del (entonces) Distrito Federal:

“En México, debido  a las circunstancias adversas de la procuración de justicia, desde hace varios años se promovió la conveniencia de desvincular al Ministerio Público del Poder Ejecutivo y configurarlo como órgano extrapoder". 

La mejor doctrina impulsó esta solución como la más conveniente. 

Carpizo, por ejemplo, señalaba que el Ministerio Público debía ser un órgano independiente por las siguientes razones: 

1. Realiza una labor judicial que impacta sobre los derechos fundamentales; 
2. Efectúa una función técnica que debe estar alejada de la política, los partidos políticos, el gobierno, los intereses de grupos y personas; 
3. Numerosos casos se determinan por razones políticas en contra de los derechos humanos y las pruebas contenidas en la investigación, y 
4. El peor sistema es el que hace depender jerárquicamente a los fiscales del Poder Ejecutivo. 

La autonomía del Ministerio Público y su desvinculación respecto al Ejecutivo (dos temas diferentes aunque íntimamente interrelacionados) fue promovida desde hace muchos años, no solo por los juristas mexicanos, sino también por organismos sociales y centros de estudio, es más recientemente, la CIDH, en un informe sobre la situación de los derechos humanos en México, hizo la misma recomendación.

Con la reforma constitucional publicada el 10 de febrero de 2014, se dotó al Ministerio Público de autonomía mediante la creación de la Fiscalía General de la República. 

No tenemos duda que la creación de esta como órgano `extrapoder´, es lo más conveniente para la adecuada instalación en el país de un sistema penal acusatorio, porque ello significa, antes que todo, una muestra de la pretensión de abandonar el modelo actual caracterizado por la manipulación de funciones, el alto grado de politización, la utilización de la institución como medio de control político para acallar o presionar opositores y el empleo de sus mecanismos como instrumento de negociación para zanjar conflictos políticos. 

Además, ello contribuirá a la reconstrucción de la confianza ciudadana en el Ministerio Público, ya que actualmente pocos creen que este realice sus actividades con objetividad y no sea utilizada interesadamente por el Ejecutivo.

La institución, para decirlo con palabras de Roxin, no es sentida por la población como garante de un proceso penal liberal, `sino como un brazo prolongado del Ejecutivo’. 

La creación de un órgano desvinculado de este tiene un `efecto simbólico´ importante. Pero no pensamos que esta sea, por si sola, la solución para propiciar su funcionamiento autónomo ni la fórmula ideal para que cumpla adecuadamente con sus nuevas atribuciones. No podemos perder de vista que, como escribe Duce, la experiencia de los últimos años en Latinoamérica indica que la ubicación institucional del Ministerio Público, como órgano `extrapoder´ o independiente, “no ha sido suficiente para conferirle, en la práctica un estatus de autonomía. El tema de la independencia de la institución requiere ser revisado junto con otros problemas adicionales a la sola ubicación institucional”.

Ahora bien, la ley es un instrumento neutral, que no está hecho para ningún actor político o económico en particular. Si los senadores y diputados que elaboraron estos cambios previeron que serviría en los casos de `alternancia´, para cubrir a autoridades salientes o maniatar a autoridades entrantes, ellos tendrían que confesarlo.

Porque ninguna autoridad, se entiende, puede asumir las funciones de un poder que no le corresponde. Es decir, un gobernador no puede juzgar y prometer condenas. Eso le corresponde a otras autoridades, desde la investigación hasta la emisión de una sentencia condenatoria. Quizás estemos atrapados en una discusión que se construye sobre malos entendidos.

Es cierto que, como dicen en esa manida pero también efectista frase: “El pueblo ya despertó”, por los resultados del cinco de junio pasado. 

Sin embargo hay que recordar que las autoridades que están en funciones también fueron electas, tanto el Ejecutivo Estatal como los diputados. 

Y sus designaciones están sustentadas en una elección anterior que fijó su periodo de gestión. ¿A ese pueblo que votó anteriormente no hay que respetarlo? ¿Votó dormido?

Históricamente, en Quintana Roo se han vivido escenarios, si no exactos, bastante similares. En la IX Legislatura local, el entonces gobernador Joaquín Hendricks Díaz se encontró con una sólida oposición en el Congreso, pues habían 10 diputados opositores y otros ocho que, aunque eran de su partido, respondían a los intereses del huído Mario Villanueva Madrid. 

El mandatario estatal tuvo que realizar un trabajo de concertación política para avanzar en sus propuestas.

Luego, el a la sazón gobernador Félix González Canto, se encontró con una Legislatura XI rotundamente opositora.  

La Gran Comisión, por ejemplo, fue dominada por el PAN y Convergencia. Los dos mandatarios, finalmente, consiguieron realizar reformas constitucionales con la mayoría calificada.

Los nombramientos de Fiscal General, Auditor Superior del Estado e, incluso, los Magistrados, no son inamovibles. 

Ninguno de ellos debe responder a los intereses de ningún gobernador, ni el saliente ni del entrante. 

Los políticos, diputados y senadores que fraguaron estas figuras desde la federación, le imprimieron ese espíritu, pero también dejaron abiertas las puertas de su revocación.

Si se tratara de un acertijo, que no lo es porque allí en la misma ley están los apartados que explican cómo deshacer esos nombramientos, entonces hay que prepararse para hacerlos también ajustándose a la ley.

Las protestas de ciudadanos bien intencionados y la presencia policiaca resguardando los inmuebles donde los diputados hacen su trabajo, sólo tienen un final violento que no le conviene al estado. 

Seguramente habrá beneficiarios de la violencia, pero esos son los que no dan la cara.

Detenido por violación, otro por robo

POLICÍA MINISTERIAL CUMPLIMENTA ÓRDENES DE APREHENSIÓN

Chetumal.-La Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo informa que elementos de la Policía Ministerial cumplimentaron dos órdenes de aprehensión por los delitos de abuso sexual y violación, en un caso y robo en contra de otro individuo.

En el primero de los casos se cumplimentó una orden de reaprehensión en contra de R.C.D.P. quien de acuerdo con lo informado se encuentra relacionado con una causa penal marcada con el número 420/2013por los delitos de violación y abuso sexual.

El sujeto fue detenido por elementos del grupo especializado en aprensiones, en la colonia Pacto Obrero e inmediatamente después fue puesto a disposición de la autoridad que solicitó su captura.

En el otro de los casos los elementos policiales detuvieron a un sujeto de iniciales R.M.M con base en una orden de reaprehensión emitida en la toca penal 05/2013 que fue iniciada con base en el proceso penal 53/2014 por el delito de robo calificado.

Los dos sujetos ya se encuentran a disposición de las autoridades que solicitaron su detención

Campeche / Dieron muerte a Kevin

Los tres imputados por el homicidio del estudiante del Cecyte, están recluidos preventivamente en el Cereso de Koben en tanto ocurre la audiencia de desahoga de pruebas ante el Juez de Control, dio a conocer la vicefiscal, Laura Luna García en conferencia de prensa. A las 12:00 horas será la audiencia. El delito es homicidio calificado.

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, se reunió con estudiantes que exigen justicia para Kevin Tuchuc Poot y les ofreció que a todos los que de alguna manera participaron en el asesinato del estudiante se les aplicará todo el rigor de la ley, pero además que se garantizará la seguridad en las escuelas y las colonias de la ciudad; que las patrullas ya no estarán en el malecón y que ahora estarán en "donde las pidan los ciudadanos".

Fuente: Román Eduardo González González

En busca de Anastacia, Congreso del Estado Local

Se pronuncian diputados por reforzar búsqueda de la embarcación “Anastacia”

Chetumal, Quintana Roo.- El Congreso del Estado de Quintana Roo hizo un exhorto a la Secretaría de Marina Armada de México, a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que efectúen las acciones necesarias para intensificar la búsqueda, localización y rescate de la tripulación de la embarcación “Anastacia”.

El diputado Edgar Gasca Arceo, presidente de la Mesa Directiva y representante del distrito de Isla Mujeres, expuso en tribuna que desde el 1 de abril se tuvo conocimiento del retraso en el arribo de la embarcación, la cual zarpó desde el pasado 30 de marzo de Isla Mujeres con cinco tripulantes a bordo, con el fin de efectuar actividades de pesca, teniendo como fecha de regreso el día 31 de marzo del actual.

Narró que al no existir información alguna ni contacto de los tripulantes con sus familiares, la capitanía de puerto local emitió una alerta, misma que se extendió a la Armada de México para los efectos de que se unan a la búsqueda.

Aunque se han seguido los protocolos de búsqueda y rescate de la Armada de México, hasta el momento no se ha podido localizar a la embarcación y sus tripulantes, motivo por el cual se considera necesario implementar una acción legislativa para reforzar e intensificar la búsqueda de la tripulación conformada por los ciudadanos Rousel Enrique Pech Cemé, Humberto Constantino Ordaz, Jorge Fernando de la O. Ávalos, Marco Antonio Bardales Pastrana y Alfonso Jiménez Torres.

“Si bien diversas autoridades de los tres niveles de gobierno, así como el sector social y privado en la entidad han sumado esfuerzos para la localización y rescate de la embarcación y su tripulación, a la fecha se han tenido resultados negativos, por lo que es necesario fortalecer e intensificar las acciones para la búsqueda, rescate y localización de los cinco tripulantes”, expuso el legislador.

En la Sesión Ordinaria número 17, en la que estuvo presente la diputada Judith Rodríguez Villanueva, presidenta de la Gran Comisión de la Décimo Cuarta Legislatura, el diputado Edgar Gasca Arceo, rindió su informe de actividades como presidente de la Mesa Directiva del Segundo Mes del Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.

Durante su periodo al frente de los trabajos legislativos del Pleno, se aprobaron reformas, adiciones y derogaciones a la Ley Estatal de Cultura Física y Deporte, así como a la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo.

También destacó la declaratoria de la música de trova de Isla Mujeres como patrimonio cultural intangible del estado, para lo cual se trasladó la sede del Poder Legislativo a Isla Mujeres, para sesionar y emitir el decreto correspondiente ante la sociedad isleña.

En la misma Sesión se efectuó la elección de los integrantes de la Mesa Directiva para el tercer mes de sesiones, el cual será presidido por la diputada Delia Alvarado, mientras que diputado Ariel Germán Cab Robertos fungirá como vicepresidente de la misma.

Indice delictivo a la baja

Salvador Trujillo Rodríguez

6 de abril de 2016

¿Cómo llegó Carlos Arturo Alvarez Escalera a la PGJ?

El ex procurador Gaspar Armando García Torres durante sus estudios de maestría tuvo contacto como condiscípulo a Carlos Alvarez Escalera, al conocer su integridad labora y carrera como licenciado en Derecho lo invitó a colaborar con él en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo.

Resultado de ello fue que desde hace cinco años Alvarez Escalera se incorporó como director jurídico, labor que en conjunto con García Torres ayudó a liberar de expedientes que permanecían en el olvido sin aplicar la justicia.

Una vez con conocimiento del entorno que prevalecía en nuestro Estado fue nombrado como director de Averiguaciones Previas en la Zona Norte, que en esos momentos vivía bajo la implementación de varios grupos de la delincuencia organizada.

Gaspar Armando García Torres era quien tenía que responder pero apoyado con un colaborador capacitado y de entera confianza lograron salir adelante tomando el control de la Justicia en el Estado.

Tras la renuncia de García Torres quien la justificó de manera extra oficial por la presión de la delincuencia organizada que atentarían contra su familia, tomó esa decisión dejando a cargo al tamaulipeco Alvarez Escalera.

El ahora procurador, desde hace poco más de seis meses y medio reconoce que la labor ha sido ardua, pero no se atribuye el éxito, sino que hace referencia a un equipo integrado por colaboradores capacitados, además de la coordinación que se ha ejercido con otras instituciones estatales y federales.

Hace mención de Sedena, Semar, Seguridad Pública con las cuales de manera tripartita y coordinada han logrado reducir los índices de la delincuencia organizada.

“Tenemos más de 500 personas detenidas relacionadas con delincuencia organizada”, puntualizó

Pero su labor ha ido más allá, también han detenido bandas que sin pertenecer a algún grupo específico realizaban delitos de alto impacto, aclara diciendo que consideran bajo este rubro a los levantones, secuestros y homicidios.

“El trabajo ha sido fuerte y de buena manera apegado a Derecho”.

Bajo índice delictivo en Quintana Roo

Durante el último par de años, los ciudadanos consideraban que era natural que la delincuencia fuera “bajando” hacia la zona sur al rebasar a las autoridades competentes, aparentemente el control ya los tenían los cárteles.

Actualmente, Alvarez Escalera considera, basado en las estadísticas que tiene en sus reportes, que el delito que más preocupa al ciudadano es el robo.

“Es el delito que más le pega al ciudadano, estos delitos del orden del fuero común.

Contrario a los días en que inició su responsabilidad como procurador interino y posteriormente ratificado en la Procuraduría General de Justicia, cuando se desató la violencia contra el género femenino, lograron reducir la incidencia de los delitos.

El procurador afirma que los delitos de alto impacto han ido disminuyendo así como el delito de robo pero que es importante que los ciudadanos denuncien para que se puedan iniciar las carpetas de investigación y se pueda detener de manera preventiva a las personas que delinquen mientras el proceso continúa para demostrar la culpabilidad de los presuntos implicados.

Carlos Arturo Alvarez Escalera, remata diciendo que los resultados que ofrece la PGJ, permiten que el ciudadano y los turistas nacionales y extranjeros puedan transitar tranquilamente se debe a un trabajo de equipo en coordinación con todas las institucioens involucradas a lo largo de este período cuando inició con Gaspar Armando García Torres.

Lujo y poder, detonanates en Topo Chico

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La riña en el penal de Topo Chico, en donde murieron 49 personas y 12 más quedaron heridas, fue ocasionada por “cotos de poder entre los reclusos”, dijo este viernes el procurador de Justicia de Nuevo León, Roberto Flores. Detalló que uno de los involucrados en la trifulca dormía en una celda “de lujo” dentro del centro penitenciario.

Juan Pedro Saldívar Farías, el Z-27, estaba en pugna con otro miembro de la agrupación criminal a la que pertenecía —Los Zetas—, Jorge Iván Hernández Cantú, El Credo, desde su ingreso al penal de Topo Chico, a finales de 2015, dijo el funcionario.

“El Z-27 fue mandado por un magistrado de un Tribunal Unitario de Matamoros (Tamaulipas), donde lo trasladaron del penal de alta seguridad en Matamoros al de Topo Chico” que alberga a acusados tanto de delitos del fuero común como a presuntos miembros del crimen organizado, ya que es un centro de reclusión “para procesados y no para sentenciados”, como los de Cadereyta y Apodaca.

Dijo que el Z-27 tenía rivalidades con El Credo, por lo que decidió atacarlo la noche del jueves, acompañado de otros elementos de su banda criminal. Según Flores, el enfrentamiento iba dirigido a “objetivos en particular”.

Al momento del ataque, “El Credo estaba en su cuarto, estaba en la celda donde él estaba recluido. Y resulta que era una celda a todo lujo, toda cómoda, con una cama King size, un baño de lujo, una pantalla de 50 pulgadas. Estaba él ahí acompañado de una dama”, dijo el funcionario.

Sin embargo, El Credo no fue agredido porque sus elementos de seguridad lo protegieron.

Este viernes, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez el Bronco, dijo en conferencia de prensa que los dos principales involucrados en el ataque fueron trasladados, junto con más de 230 otros reclusos, a diferentes penales en el país.

“En todos los penales del mundo existen cotos de poder entre los reclusos”, señaló Flores. “No es una situación privativa de Topo Chico”.

Sistema penal acusatorio, ¿una solución?

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Édgar Elías Azar, aseguró este viernes que el nuevo sistema penal permitirá “desfogar” la sobrepoblación que hay en los penales del país y con esto evitar enfrentamientos como los del penal de Topo Chico, aseguró la agencia Notimex.

“Gran parte de ese problema lo va a resolver el nuevo Sistema Penal Acusatorio”, dijo tras clausurar un evento de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia.

Destacó que se ha generado el Código Nacional de Procedimientos Penales, instrumento que tiene como fin evitar hacinamientos dentro de los reclusorios y “estoy seguro que con la alianza de la Judicatura mexicana, sabremos nosotros desfogar con seguridad y con certidumbre jurídica esa sobrepoblación de los reclusorios del país”. 

Fuente: CNNExpansión