- Hace 5 años, médico forense dio dos versiones sobre muerte de una joven en Cozumel
- Pariente de aspirante priísta, involucrado en asesinato
Blanche Petrich
Enviada
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| Félix González Canto |
Cozumel, QR, 1º de febrero. El pequeño taller de Mirna Zapata, costurera de oficio, es comedor, sala y cocina a la vez. Ahí se prepara la comida, se ve la tele y se "costura", todo al mismo tiempo, cuando suena el teléfono. "Es de la campaña de Félix", anuncia una voz desde el fondo de la vivienda.
En la isla, la batalla por los votos, de dos de los candidatos a gobernador -Félix González, por PRI-PVEM, y Addy Joaquín, por PAN-Convergencia, ambos prominentes cozumeleños-, se libra casa por casa. Pero en este hogar, la llamada de los promotores del priísta cae como una bofetada. Dos mujeres, Ana de Ayuso y doña Mirna, han charlado toda la tarde dando vueltas a las historias de sus hijas: una muerta hace cinco años; la otra, violada el año pasado. En ambos casos se vieron involucrados hombres del poder. En ninguno se hizo justicia.
La hija de Ana, Mayra Beatriz, murió hace cinco años, cuanto tenía 16. Salió de su casa el 5 de noviembre de 1999 rumbo a la escuela, vestida con su uniforme. Nunca regresó. Cuatro días después la Policía Judicial estatal avisó a su madre que el cuerpo de la adolescente había sido encontrado en un terreno propiedad de la familia del entonces presidente municipal González Canto. Se inició la averiguación previa 438/99 por homicidio. El médico forense Efrén González, pariente del hoy abanderado por el PRI, dictaminó asfixia por ahorcamiento como causa de la muerte. Los padres de Mayra la enterraron el día 10. Al día siguiente del sepelio les avisaron de la agencia del Ministerio Público (MP) que "se les había olvidado el feto". En ese momento se enteraron de una segunda versión policiaca: que la niña estaba embarazada de cuatro meses al morir y tenía perforación del útero por un legrado mal aplicado. Se les informó que eso -y no un ahorcamiento- le había causado la muerte. Ante la duda, los padres pidieron la exhumación del cuerpo y otra necropsia. Cuatro meses después tenían otra acta forense, del mismo Efrén González, que dictaminaba: "muerte por traumatismo craneal". Y se confirmaba la lesión del útero. La diferencia entre las tres versiones, les dijeron, fue producto "de un error humano".
La familia Ayuso pidió entonces la exhumación del feto y exámenes de ADN para determinar la relación de esos restos con los de Mayra y poder identificar al responsable del embarazo. La Procuraduría de Justicia estatal se negó a abrir esa línea de investigación, alegando que debido al costo de los análisis de ADN sólo se hacían cuando se trataba de "un caso muy especial".
Algunos testigos declararon ante el MP que el presidente municipal, que entonces tenía 31 años, sostenía una relación sentimental con la adolescente y en ocasiones pasaba a recogerla a dos cuadras del Conalep, donde estudiaba. Al poco tiempo los testigos se retractaron.
La investigación, a cargo del entonces procurador estatal Carlos Humberto Pereira, fue errática. El sitio donde se encontró el cuerpo nunca fue preservado, y la familia propietaria inmediatamente construyó casas en los predios. No se investigó quién pudo haber practicado un aborto fatal ni las conclusiones contradictorias del forense. Jamás se cuestionó el comportamiento del alcalde ni los frecuentes escándalos de sus colaboradores con jovencitas. Al año fueron detenidos dos jóvenes, amigos de Mayra, como "sospechosos". Nelson Ciau, de 19 años, pasó casi un año en la cárcel porque en los cuadernos de la chica aparecía su nombre junto a corazoncitos dibujados. Y Norma Páez, de 15 años, tuvo que pagar una fianza para evitar ser apresada, por ser la mejor amiga de Mayra.
A cinco años de su muerte, su madre se pregunta: "¿Tiene caso que me siga dando golpes contra la pared?"
Doña Mirna Zapata, presente en la entrevista, piensa que vale la pena seguir luchando por esclarecer el caso. El año pasado, 4 de febrero, su hija de 13 años fue violada por José Agustín Rangel, chofer y asistente personal de Félix González, quien en ese momento era diputado. Cuando se enteró del ataque acudió al MP. Tardaron cinco horas en atenderla y cuatro días en aceptar practicarle un examen médico a la niña. En lugar de levantar el acta por violación, el MP calificó el delito de "abuso deshonesto", lo que permitió que el atacante, confeso, quedara en libertad.
Las autoridades judiciales no reaccionaron hasta que doña Mirna fue a Cancún y denunció el delito en conferencia de prensa. Con la intervención de la agente especial en delitos sexuales del estado, Ruth Bustillos, el delito fue calificado finalmente de violación y se emitió orden de aprehensión contra Rangel. Entonces la familia recibió noticias de que Félix González quería hablar con la madre para llegar a un acuerdo. Polly, esposa del candidato, le pidió que abandonara el caso. "Ya ve que todavía tenemos a cuestas el asunto de Mayra", le dijo. El presidente de la Asociación de Padres de Familia de Quintana Roo, José Pulido, también la contactó -y después lo reconoció ante la prensa- para ofrecerle un millón de pesos.
Pero Mirna Zapata no ha desistido de su denuncia. En una población pequeña, como es Cozumel, se sabe cuando llega Rangel a la isla, custodiado y protegido. La policía municipal no se atreve a aprehenderlo. "Mire, doña -le han dicho a la madre-, nosotros no podemos hacer nada; si usted lo detiene y lo somete nos lo trae."
En opinión de doña Mirna, el arresto de Rangel y una investigación a fondo del médico forense Efrén González pudieran ser la clave para esclarecer la muerte de Mayra Ayuso y hacer justicia a su propia hija. Las dos mujeres esperan.
