martes, 17 de mayo de 2011

¿Qué hacía Strauss-Khan en Nueva York si la sede del FMI está en Washington?

Strauss-Kahn
Al mejor estilo de las películas de Román Polansky, Dominique Strauss-Kahn fue detenido en Nueva York y obligado a descender del avión que lo trasladaba a Berlín donde tranquilizaría a Angela Merkel de que el próximo rescate a Grecia tendría un bajo costo para Alemania, y que el euro se mantendría firme y robusto dado que es el dólar el que vive una crisis terminal. Sin embargo, por ser acusado de violar y golpear a una camarera del hotel donde se hospedaba, Strauss-Kahn no pudo llegar a la cita con la Canciller germana y pasó de ocupar una habitación de 3.000 dólares la noche en un hotel de Manhattan, a pernoctar en una fría celda en el corazón de Harlem donde llegan todos los acusados de delitos sexuales.
¿Qué hacía Strauss-Kahn en Nueva York, si la sede del FMI está en Washington? Es una pregunta que hasta el momento nadie se ha interesado en responder, porque se desconocen los planes y las reuniones secretas entre la Reserva Federal de Nueva York y el director del FMI para el reciclaje de la deuda de Estados Unidos, que ayer alcanzó su techo de 14,3 billones de dólares. El tratamiento especial que debería tener esta deuda, de acuerdo al diseño de DSK, obligaba a Estados Unidos a desplegar un alto esfuerzo y desprenderse de su rol hegemónico en el sistema financiero internacional. Dominique Strauss-Kahn fue la primera autoridad de una institución con sede en Washington en plantear que el dólar no cumplía como divisa mundial, y encabezó los intentos por diluir su hegemonía, como lo hizo al plantear la necesidad de una divisa mundial no perteneciente a ningún país y recuperar el rol y el sentido del bancor.
deuda

Strauss-Kahn tenía claro que el dólar es el problema que dificulta la recuperación económica mundial, y que es una divisa en vías de la extinción producto del excesivo endeudamiento de la primera economía del planeta. Recordemos que la deuda pública de Estados Unidos comenzó a tener un vertiginoso ascenso en los años 80 (como muestra la gráfica), y que pese a su ralentización en los años 90, aumentó dramáticamente de 5,7 billones de dólares en enero de 2001 a 10,7 billones de dólares a finales de 2008 (casi el doble), y a 14,3 billones de dólares en abril de 2011, cuando la deuda pública alcanzó el 98 por ciento del PIB del país.

Los 3,6 billones de dólares añadidos a la deuda nacional de Estados Unidos desde fines de 2008, es más del doble del valor de mercado de toda la fabricación del sector privado en el año 2009(1,56 billón dólares), más de tres veces el valor de mercado de los gastos en profesionales, científicos y servicios técnicos de ese año (1,1 billón de dólares), y casi cinco veces el monto gastado en bienes no duraderos (722 mil millones dólares). Sólo los intereses pagados sobre la deuda federal en los primeros seis meses del último ejercicio (octubre 2010-abril 2011), llegan a 245 mil millones dólares, cifra que equivale a más del 40 por ciento del valor total de mercado de todo el gasto del sector privado de la construcción en 2009 (578.000 millones de dólares).
A esta pesadilla de una deuda descontrolada, Estados Unidos agrega la de ser el mayor consumidor de petróleo del mundo, y con el crudo a un valor de 95 dólares el barril, su gasto se eleva a 600.000 millones de dólares anuales que sólo puede sostener cancelando con los dólares que imprime. De ahí la importancia estratégica de los petrodólares, pues si se acaban, la bancarrota para Estados Unidos llegará mucho antes. Parte de estos tópicos los analizamos en El origen del caos financiero y del desempleo global, y Del desorden financiero a la quiebra de Estados Unidos.
Strauss-Kahn trabajó en la desmonetización selectiva del dólar de Estados Unidos y su objetivo buscaba hacer del dólar una moneda para uso interno en Estados Unidos, dejado la nueva moneda de reserva a un tipo de cambio muy favorable para el dolar interno, pero gravando a los tenedores externos de dólares. De esta forma se depreciarían las deudas en dólares, favoreciendo las deudas en dólares de los ciudadanos y las corporaciones estadounidenses. La inflación derivada de esto ayudaría a enmascarar la amortización de la deuda, y el tiempo haría el resto. El costo para Estados Unidos sería el “compartir” la hegemonía monetaria con otras divisas.
Desde diciembre de 2009, Strauss-Kahn hizo públicas sus iniciativas de dinero nuevo. Para abril de 2010 tenía desarrollados los DEG por valor de 100.000 millones de dólares, una propuesta que, sin embargo, era rechazada por los países con superávit como China e India, y los países petroleros. El empeoramiento de los países de la periferia europea a partir de mayo del año pasado, obligó a Strauss-Kahn a abandonar el tema en forma pública hasta la cumbre de Davos de este año.
Se piensa que el plan estaba listo para ser presentado durante este mes, aprovechando el nuevo rescate a Grecia. Pero todo esto ya es parte del pasado. Su detención no sólo hunde la idea de la desdolarización del mundo, sino que también apunta a la desacreditación total del FMI, justo en los momentos en que comenzaba a gozar de amplio reconocimiento en virtud a sus nuevas políticas, como lo ejemplifica este artículo de Joseph Stiglitz: El viraje a tiempo del FMI, o cuando el mismo Strauss-Kahn expresó que “Las políticas liberales de los últimos 30 años merecen una revisión”.
La detención de Strauss-Kahn es muy similar a la que afectó al Gobernador y Fiscal de Nueva YorkEliot Spitzer, que cayó en una trampa de prostitución en marzo de 2008, tras procesar a varias empresas de Wall Street que realizaban fraudes en la bolsa de valores, inflaban artificialmente los precios o se coludían en prácticas depredadoras. Y así como la detención de Spitzer no pudo evitar el colapso financiero que se inició a las pocas semanas (con la quiebra de Bearn Stearn), la detención de Strauss-Kahn no podrá evitar la inminente quiebra del actual sistema financiero y de las economías que de él dependen.

domingo, 15 de mayo de 2011

Narcofosa en Durango con 17 cadáveres, en total ya son 218 en tumbas clandestinas

  • El hallazgo ocurrió a una cuadra de donde fueron localizados los restos de 41 personas.


Durango.- En la capital del estado, en calle Valentín Trujillo de la colonia Valle del Guadiana, fue encontrada otra fosa clandestina de donde ayer fueron exhumados 17 cuerpos.

Con este hallazgo son seis las tumbas clandestinas de las cuales han sido rescatados 218 cadáveres.

Según la Secretaría de Seguridad estatal, fuerzas federales fueron las que encontraron la sexta fosa en el terreno baldío de la calle Valentín Trujillo, a un costado del domicilio marcado con el número 311 y a una cuadra de donde fue encontrada una tumba clandestina hace algunos días.

Además, recuperaron una bolsa de plástico con restos humanos, mismos que serán analizados para determinar el número de cuerpos que puedan ser. Con el hallazgo de los 17 cadáveres ya son 218 los que se han localizado en tumbas del municipio de Durango.

Cabe recordar que el pasado 11 de abril fue encontrada la primera fosa en el fraccionamiento Las Fuentes, donde fueron exhumados 89 cuerpos; el segundo hallazgo se hizo en el fraccionamiento El Provincial con 13 cadáveres, la tercer tumba se localizó en el poblado El Consuelo y fueron recuperados dos cuerpos; en la colonia San Vicente la cuarta fosa contenía 56 cadáveres.

Mientras que la fosa número cinco se encuentra en la colonia Valle del Guadiana, donde fueron rescatados 41 cuerpos.

Finalmente, este sábado la sexta fosa encontrada en la misma colonia Valle del Guadiana y con el rescate de 17 cadáveres.

Aseguran laboratorio

• El Ejército informó en un comunicado que detectó en un poblado de Culiacán, Sinaloa, un laboratorio clandestino en el que se fabricaban drogas sintéticas, y no hubo detenidos.

• La Secretaría de la Defensa Nacional precisó que fueron asegurados mil 085 litros y 330 kilogramos de metanfetamina, así como tres kilogramos de “cristal” y material para la elaboración de las sustancias ilícitas.

El Aguila "canta" ante la SIEDO

  • Luego de su detención el jueves pasado, el agente del Ministerio Público Federal determinará la situación jurídica de Beltrán Coronel y la de cuatro de sus cómplices en las próximas horas.


Martín Beltrán Coronel, apodado “el Águila”, sucesor de Ignacio Coronel, declara en las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), luego de su detención el jueves pasado.

Autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) informaron a Notimex que en las próximas horas el agente del Ministerio Público Federal determinará la situación jurídica de Beltrán Coronel y la de cuatro de sus cómplices.

El sucesor de Ignacio Coronel fue capturado por elementos del Ejército mexicano en un fraccionamiento de Zapopan, Jalisco, junto con Juan Francisco López Coronado, Norma Yuliana Avilés Hernández, Rita Angélica Avilés y Edgar Filemón Corrales Gaxiola.

Al momento de su detención se les aseguraron nueve armas de fuego, seis vehículos, joyas, aparatos de comunicación y más de 400 mil dólares, producto del trasiego y distribución de droga.

De acuerdo con las investigaciones, el ascenso de “el Águila” dentro del Cártel del Pacífico fue avalado por Joaquín “el Chapo” Guzmán Loera, lo que le permitió posicionarse al nivel de Ismael “el Mayo” Zambada García y Juan José Esparragoza Moreno, “el Azul”.

Beltrán Coronel mantenía subordinados a los grupos delictivos conocidos como el cártel de Jalisco Nueva Generación y la Resistencia que forman parte de la estructura de la organización Coronel Villarreal.

Además realizaba el trasiego de droga procedente de Centro y Sudamérica a través de la ruta del Pacífico y mantenía su centro de operaciones en los estados de Jalisco y Colima, contando con la colaboración de su primo José Ángel Carrasco Coronel, a quien apodan “el Changel”.

El Teorema Genaro

Raymundo Riva Palacio
Genaro García Luna es, entre los secretarios prominentes del gabinete de Felipe Calderón, el que menos habla con la prensa. Sin embargo, es el que más difusión negativa registra en los medios de comunicación, paradójicamente, por ser quien más los utiliza con fines de difusión de operativos y logros. Durante casi cuatro años ató su estrategia de información a video tours por las residencias más exóticas de los narcotraficantes, a grabaciones de operativos y a entrevistas con algunos de los criminales más sobresalientes. Lo último fue el apoyo a Televisa para la grabación de la nueva telenovela “El Equipo”, que le generó un nuevo problema político.

García Luna no es un productor de televisión sino un policía, técnico y altamente capacitado, que utiliza las imágenes como modelo de comunicación política y propaganda. El método no es inédito en el mundo –hay programas de televisión en otros países sobre casos de éxito para enaltecer a la policía, o casos sin resolver, que buscan información entre el público a través de su difusión-, pero se ha vuelto un instrumento muy controvertido, detonador del creciente descrédito público del secretario de Seguridad Pública Federal.

No hay semana tranquila para García Luna. No sólo en su trabajo, sino como el destinatario de voces que cada vez se multiplican más por la exigencia de su renuncia. La última, que desencadenó una vez la persecución mediática en su contra, fue la ocurrencia del poeta Javier Sicilia, quien en el Zócalo pidió hace unos días al Presidente que lo destituyera como una señal que a quienes marcharon durante cuatro días por la paz y la seguridad, sí los escucha. La Presidencia los escuchó, bien y fuerte. No se va, respondió. Al menos, por ahora.

García Luna, que se encuentra muy cerca de los ánimos del presidente Felipe Calderón, no ha sido bien analizado. El gran respaldo presidencial se debe a que es quien interpreta mejor las ideas presidenciales para el combate a la criminalidad, y quien aplica soluciones en los tiempos que ofrece. No necesariamente significa que tiene el consenso dentro del gobierno, muchos menos dentro del PAN, algunos de cuyos legisladores le han dicho al Presidente en reuniones privadas que la estrategia contra los cárteles de la droga, les hace mella política y electoralmente.

El secretario está blindado. Cada vez que arrecia la crítica por la manera por la manera como a través de la televisión promociona sus golpes, las encuestas del gobierno reflejan que la mayoría de los mexicanos reacciona positivamente y aumenta el número de personas que dicen que el Presidente sí está haciendo algo para enfrentar a los cárteles de la droga. Las encuestas, que sólo muestran la fotografía del instante, le da al Presidente el consenso entre la masa para mantener su lógica de fuerza contra el narcotráfico, y al secretario, la validez del vehículo de difusión.

La defensa permanente de Los Pinos a García Luna, la solidez que muestra su inamovilidad, la manera pública como desprecia a sus críticos –que este sí parecería ni ver ni oír-, va reclutando nuevas voces que se oponen a él, como persona, a su trabajo, a su equipo, y a sus resultados: muchos detenidos, muchos cárteles afectados, mucha violencia. El antagonismo hacia el secretario no es resultado divino. Hay razones y personas que han alimentado la campaña, que ha tenido la suma de críticos de diferente origen.

El problema de origen es el caso del operativo donde se detuvo a la francesa Florence Cassez, sentenciada por secuestro y delitos relacionados con la delincuencia organizada. El alegato de defensores y críticos de García Luna sobre esa acción, realizada cuando era el jefe de la Agencia Federal de Investigaciones en el sexenio pasado, es que se violó el debido proceso, aunque cada vez que se plantea el argumento se documenta con un “montaje” en televisión para presumir la operación. El montaje nunca existió, y se comprueba al aparecer en la parte baja de la televisión, cuando avanzan los periodistas a la casa donde se encuentra Cassez, los datos de cuántos secuestrados y delincuentes se encontraban en el lugar. Esa información no podía haber existido de haber sido una transmisión “en vivo”, como lo dijo la televisión, sino de una acción previamente concluida. Lo que sí sucedió fue una “reconstrucción”, como siempre lo ha dicho García Luna.

La discusión de montaje versus reconstrucción ocultó el tema de fondo del Caso Cassez. Las fallas en el debido proceso no estaba en la transmisión de televisión, sino en que no se notificó inmediatamente al cónsul de Francia de la detención de su connacional, lo que altera, en efecto, el procedimiento legal del caso. Por no haber informado a un cónsul mexicano en Estados Unidos del arresto de un connacional, el gobierno mexicano evitó que pagara con la muerte un crimen, en el afamado Caso Avena.

Pero lo superficial es lo que llevó a García Luna al centro del debate público, aprovechado por sus enemigos dentro para alimentar la campaña de corrupción y de vínculos con el narcotráfico. Uno muy prominente, la fuente central de varios medios que hicieron de su ataque al secretario una cruzada, es el general Tomás Ángeles, quien fue destituido como subsecretario en este gobierno –oficialmente pasó a retiro por la edad-, y que se obsesionó con el cargo de García Luna, al que minó con éxito mediático al diseminar las versiones de que estaba coludido con el narcotráfico.

El caso Cassez, la estrategia televisiva de comunicación, y las revelaciones del general Ángeles a la prensa, han sido exitosos en minar públicamente la imagen de García Luna. En términos policiales, es respaldado por el Presidente y admirado en el mundo, al probar con hechos lo que ha planteado. Hasta ahora, los beneficios para Calderón al mantenerlo en el cargo son evidentemente superiores a los costos en su imagen pública. ¿Cambiará la ecuación en los meses que faltan del sexenio? ¿Dejará de ser un activo para convertirse en lastre? Nadie puede afirmarlo, pero en la función pública y la política, nada es para siempre.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

Funcionarios municipales emboscados nueve muertos, un herido

  • Indican que los agredidos iban a participar en los preparativos para las elecciones extraordinarias en ese municipio
  • En total murieron nueve personas y 10 resultaron lesionadas en el municipio de Santiago Choápam


Santiago Choápam, Oaxaca. Una emboscada en el municipio oaxaqueño de Santiago Choápam tuvo como saldo nueve muertos y 10 heridos, varios de ellos funcionarios de esa localidad.

“Hasta el momento tenemos reportadas nueve personas muertas y 10 lesionadas. Las víctimas fueron emboscadas por personas desconocidas cuando se dirigían en camioneta desde su comunidad al centro del pueblo de Santiago Choápam”, explicó una fuente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca.

Otra fuente de la Secretaría de Gobierno del Estado indicó que las personas emboscadas iban a participar en los preparativos para las elecciones extraordinarias en ese municipio, ubicado a 400 kilómetros de la capital.

El pueblo debía instalar estos días un consejo municipal electoral para preparar los nuevos comicios, debido a que el año pasado las elecciones municipales fueron anuladas por diversas irregularidades.

Víctor Leonel Juan Martínez, consejero del Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEEPC), descartó que funcionarios del organismo estén en el grupo de asesinados, y aseguró que el personal se regresó de la zona cuando encontró bloqueado el camino.

El miércoles, habitantes de Santiago Choápam denunciaron al priista Dámaso Nicolás Martínez, de haber impedido la reunión que habrían de sostener con autoridades del Instituto .

Uziel Luciano Díaz, uno de los integrantes del cabildo electo, afirmó que Nicolás Martínez quiere poner de alcalde a su hermano Andrés.

Revisión de la propuesta de Policía Unica, propone Federación Nacional de Municipios

  • La Federación Nacional de Municipios de México enviará una contra propuesta al Ejecutivo Federal para coordinar mejor los trabajos de vigilancia en las localidades


Mérida, Yucatán
Sábado 14 de mayo de 2011
Notimex

La presidenta de la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM), Angélica Araujo, informó que se elabora una contrapropuesta a la iniciativa de reforma del Ejecutivo Federal que pretende crear al mando único de policías en los estados.

En entrevista, expuso que en estados como Yucatán ya opera una forma muy similar al mando único, donde la policía estatal realiza y coordina trabajados de vigilancia y prevención en los municipios.

Esto bajo un esquema de coordinación e incluso en ayuntamientos pequeños, los elementos estatales son los encargados de resguardar la seguridad.

Sin embargo, dijo que el modelo de mando único no se puede establecer de forma uniforme en todo el país y, en todo caso, debe realizarse de forma consensada con los municipios y gobiernos estatales, para evitar avasallamientos o violentar el principio constitucional del municipio libre.

'Estamos trabajando en la FENAMM en una propuesta en el tema del mando único, ya que no es lo mismo el problema de inseguridad en municipios de Nuevo León, Tamaulipas o Chihuahua, que en Yucatán o Campeche.

'La reforma debe adaptarse a la realidad de cada región', dijo la también alcaldesa de Mérida.

Informó que la FENAMM realiza un diagnóstico sobre el tema de la inseguridad y violencia que afecta a un gran número de municipios, para realizar una propuesta integral en materia de subsidios y presupuestos de forma conjunta con la Cámara de Diputados.

Araujo, lamentó que se pretenda satanizar a las policías municipales por parte del gobierno federal, cuando en muchos ayuntamientos no hay recursos para capacitación, contratación de personal, compra de patrullas o armamento.

'La reforma para el mando único policial podría ser gradual o por regiones, además de adaptarse a la realidad tan diversa que tiene el país', comentó en entrevista.

Aseguró que en los más de mil 500 ayuntamientos que representa la FENAMM, al menos en dos terceras partes existe una desesperación y desesperanza no sólo de los alcaldes, sino también de los ciudadanos para la falta de apoyos a nivel federal para combatir la inseguridad y la violencia.

'Se percibe que no hay la pericia, el conocimiento y la experiencia por parte de las autoridades federales para apoyar a frenar la violencia en muchos municipios del país, sobre todo en el norte, por lo que esperamos un giro a la estrategia del presidente Felipe Calderón en el combate a la delincuencia', concluyó.

crs

Fernanda García Altolaguirre detenida con droga



Cancún. Tras las rejas terminó la hija de Francisco Javier García Rosado, magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo, al ser hallada en un domicilio del fraccionamientro Santa Fe con otros cinco jóvenes que portaban arma de fuego y drogas.

Un reporte de detonaciones movilizó ayer por la mañana a los cuerpos de seguridad a la avenida Kabah con La Luna, cuando se escucharon una serie de detonaciones.

Persecución

La policía localizó a los jóvenes que realizaron las detonaciones y los persiguió por el sur de la ciudad, hasta el mencionado fraccionamiento, donde los perseguidos se pertrecharon en el interior de un domicilio, propiedad del magistrado García Rosado.

Con la llegada de elementos de la Armada de México, el Ejército Mexicano y la Policía Judicial, el inmueble fue revisado y se aseguraron a tres hombres y tres mujeres, además de cuatro vehículos de lujo, una motocicleta y un arma de fuego.

Los detenidos tenían más de 200 gramos de mariguana, 20 gramos de cocaína y seis mil pesos en efectivo.

En el grupo fue detenida una joven de 25 años, identificada como Fernanda García, quien dijo ser hija de Francisco Javier García Rosado.

En el operativo también fueron detenidos los hermanos Miguel y Cristian Sosa Barragán, de 35 y 21 años, respectivamente, originarios del Distrito Federal, así como Mauricio Miro, de 20, de la ciudad de México; Nicole Osorio, de 19, del estado de Jalisco y la joven Sarai Vargas, quien ayer cumplió 18 años.

La policía inició los trámites para poner a los detenidos bajo disposición de las autoridades.

La policía informó que a las 6:45 de la mañana recibieron el reporte de que los pasajeros de una camioneta de lujo modelo Lincoln realizaban varios disparos de arma de fuego.

En uno de los vehículos asegurados por las autoridades, estaba una idenficación con fotografía del magistrado García Rosado, así como documentos de la universidad donde estudia su hija, que fue detenida por los encargados de la operación.

Megamedia


Caen "narco-juniors" en Cancún


Cancún, 15 de mayo
Por Esto
fernanda_garcia
Con droga -marihuana y cocaína-, cartuchos útiles, una pistola calibre .38 súper, dinero en efectivo y vehículos de lujo, fueron detenidos seis jóvenes la mañana de este sábado en la Supermanzana 525, cuando intentaban escapar de policías municipales.

La captura se derivó de una llamada de emergencia en la que se reportaban disparos de arma de fuego desde una camioneta Navigator con placas del Distrito Federal.

Entre los detenidos se encuentra Fernanda García Altolaguirre y/o Alto Aguirre de 25 años, quien dijo ser hija del Magistrado del Tribunal Electoral del Estado Francisco Javier García Rosado.

Los detenidos, la droga y tres vehículos fueron puestos a disposición del ministerio público federal, aunque ya entrada la noche, trascendió que misteriosamente las mujeres fueron liberadas y sólo los varones fueron turnados a la Procuraduría General de la República (PGR).

Los hechos se registraron alrededor de las 6:30 horas de este sábado, cuando se recibió el reporte de detonaciones de arma de fuego en el cruce de las avenidas Kabah y La Luna, hechos desde el interior de una camioneta Lincoln Navigator color blanco con placas de circulación 944-UUA del Distrito Federal.

Policías municipales lograron ubicar la camioneta y comenzó una persecución que culminó en el fraccionamiento Santa Fe Plus en la supermanzana 525, en donde los ocupantes de la camioneta intentaron darse a la fuga, introduciéndose en un domicilio ubicado en la manzana 12, lote 40 de la calle Zinnia.

Al ver esta acción, los policías municipales solicitaron el apoyo de la Policía Judicial del Estado (PJE), la Armada de México y del Ejército.

Minutos después, arribaron policías judiciales y elementos de la Marina, quienes en un operativo conjunto lograron asegurar a las personas que trataban de huir.

Posteriormente, llegaron al lugar peritos y un agente del Ministerio Público del Fuero Común, quien se encargó de dar fe de los hechos y de revisar la casa en donde se refugiaron los ahora detenidos.

ju2Se trata de tres hombres y tres mujeres, que se identificaron como Saraí Vargas López de 18 años de edad, originaria del D. F., Cristian Sosa Barragán de 21 años de edad, originario del D. F., Fernanda García Alto Aguirre de 25 años de edad, originaria del D.F. quien se identificó como la hija del magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Mauricio Canto Miró de 20 años de edad, originario del D. F., Nicolette Osorio Bonn de 19 años de edad, originaria de Jalisco y Miguel Sosa Barragán de 35 años de edad, originario del D. F.

Los ahora detenidos intentaron deshacerse de droga y un arma de fuego, tirándolos hacia la parte posterior de la casa en un área verde, pero estas cosas fueron recuperadas por los marinos.

En el interior del domicilio, se encontró más droga, una báscula digital, cartuchos útiles de diferentes calibres.

Además de la camioneta Lincoln Navigator, en la casa fueron encontrados un vehículo BMW color gris, con placas UVT-4020, un vehículo tipo Malibú color blanco con placas de circulación UUF-7780, una camioneta tipo Escape color gris, con placas GZJ-5742 de Pennsylvania y una motocicleta color naranja con placas FXS44; todos propiedad de los detenidos.

El personal del área de periciales se encargó de revisar el domicilio, en tanto que el área era acordonada por los marinos y militares.

objetosEn el vehículo tipo Malibú fue encontrada una placa de identificación a nombre de Francisco Javier García Rosado, Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo, pues la dueña de este vehículo Fernanda García, dijo ser hija del Magistrado.

Después de asegurar las drogas, cartuchos, dinero y el arma que se encontró en el interior, los seis jóvenes fueron trasladados a Seguridad Pública, para los trámites jurídicos correspondientes, junto con los objetos y vehículos asegurados, aunque sólo fueron aseguradas tres unidades.

Posteriormente, todos fueron llevados a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), en donde quedaron a disposición del ministerio público federal.

Objetos incautados

  1. 7 paquetes de marihuana con 7 gramos cada uno. 
  2. 1 bolsa con 200 gramos de marihuana.
  3. 1 bolsa con 20 gramos de cocaína.
  4. 6 mil pesos en efectivo.
  5. 1 video cámara.
  6. 8 teléfonos celulares
  7. 1 pistola tipo escuadra calibre .38 Súper con cargador abastecido con 4 cartuchos y dos cargadores vacíos.
  8. 1 cartucho percutido calibre .9 milímetros.
  9. 18 cartuchos útiles calibre .22 milímetros.
  10. 1 báscula digital
  11. 3 bolsas cerradas con 100 bolsitas cada una para dosis de droga de un gramo cada una, además de varias piezas sueltas.
  12. 1 camioneta tipo Escape color gris, con placas GZJ-5742 de Pennsylvania, Estados Unidos.
  13. 1 camioneta Lincoln Navigator color blanco, con placas de circulación 944-UUA del Distrito Federal.
  14. 1 vehículo tipo Malibú color blanco, con placas de circulación UUF-7780 del estado de Quintana Roo.

lunes, 9 de mayo de 2011

Joven de 15 años toma fatal decisión.

Un menor de 15 años se suicidó la noche del domingo 8 de mayo, es el primer caso de un adolescente en lo que va del 2011, aunque es la persona número 13 que se quita la vida en el sur de Quintana Roo.

Eran las 20:30 horas cuando en el centro de llamadas de emergencia número 066, una operadora respondió al llamado. Se trataba de una solicitud de auxilio ante el suicidio de un adolescente.

Aunque el padre del menor logró trasladarlo en un automóvil particular al Hospital General, la atención médica ya no sirvió de algo porque el joven había perdido la vida.

Se trata de un adolescente de 15 años que logró quitarse la existencia por la vía del ahorcamiento.

El papá informó a los agentes judiciales que se presentaron al Hospital General para levantar el acta correspondiente, que su hijo se metió al cuarto de su casa para bañarse, sin embargo transcurrió más de una hora y media y el joven no salía del sanitario por lo que decidió averiguar qué sucedía.

Cuando logró ingresar al baño, del que tuvo que tirar la puerta, encontró al menor cuyo cuerpo estaba suspendido, se había colgado con una soga que ató de su cuello a una repisa.

El padre, de 40 años de edad, dijo a los uniformados que desconocía las causas que llevaron a su hijo a tomar esta fatal decisión.

En el intento por salvarle la vida, fue el propio padre quien bajó el cuerpo y lo trasladó al Hospital General.

Al llegar fue recibido por el personal médico, aunque minutos más tarde fueron quienes le dieron la noticia del fallecimiento del menor.

El joven, era estudiante del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 214 (Cbtis). De los motivos que lo llevaron al suicidio nada se sabe.

Quintana Roo figura entre los cuatro estados del país con mayor número de suicidios.

El suicidio es atribuible, entre otras causas, a problemas asociados a la economía, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Se ubica como la tercera causa de muerte en las personas de entre 15 y 29 años.

En lo que va del año, 13 personas se han quitado la vida en el sur de Quintana Roo, la mayoría de ellas por ahorcamiento, lo anterior, según estadísticas del número de emergencias 066.

En Quintana Roo, el 84% de los casos que se han registrado de enero a la fecha optaron por ahorcarse, mientras que el 11% ingirió sustancias tóxicas, principalmente herbicidas, el 5% utilizó un arma de fuego.
La mayoría de los suicidios se cometen durante los fines de semana. 

(Fuente: Sipse)

viernes, 6 de mayo de 2011

Diagnóstico sobre inseguridad en Quintana Roo

  • El nuevo titular de la SSP estatal, general Carlos Bibiano Villa Castillo, reconoce en Cancún, Playa del Carmen y Chetumal los sitios con mayores problemas de seguridad.


Carlos Bibiano Villa Castillo
Una Secretaría de Seguridad Pública con irregularidades, 450 policías comisionados, falta de equipo y la presencia de grupos delictivos de "Los Zetas, los Pelones y los Chumiles" en Quintana Roo, es el diagnóstico que realizó el general retirado Carlos Bibiano Villa Castillo, titular de esta dependencia.

Además de reconocer que Cancún, Playa del Carmen y Chetumal son los sitios con mayores problemas de inseguridad en el estado.

En la primera conferencia de prensa que ofreció a un mes de su toma de posesión (porque no acepta entrevistas de "banqueta"), dijo que la secretaría de seguridad publica requiere de 140 millones de pesos para adquirir una camioneta blindada, 850 armas cortas y 850 armas largas, un helicóptero, detectores de placas, vehículos, lanchas, radios Matras y chalecos antibalas.

Los recursos tendrían que ser aportados por el gobierno federal y el estado de Quintana Roo, pero se ajustará a lo que disponga la entidad, dado que instrumentaron un plan de austeridad en la actual administración", señaló.

La entrevista con los medios de comunicación la dio en una oficina del C4 habilitada para este acto, misma que estuvo custodiada por una docena de elementos fuertemente armados.

Presentó un resumen del trabajo hecho en el primer mes de su gestión en Quintana Roo, en el cual presumió tres grandes logros en la zona norte: la detención de una célula de repartidores –droga- en vehículo con arma corta; la detección de una casa de seguridad, donde detuvieron a tres hombres y una mujer, encontraron dos armas cortas y un cargador, y por último, la captura de cuatro secuestradores que tenían a una pareja.

Informó que la mujer -de esta pareja rescatada- le quebraron cuatro costillas y la violaron y la PGR entregó a los cuatro presuntos responsables a la cárcel de Cancún el 04 de mayo a las 10:30 horas y únicamente duraron poco más de 24 horas ahí, porque tres de ellos murieron en el enfrentamiento de la madrugada de este viernes y otro más fue reportado como grave de salud.

Villa Castillo agregó que el reporte que tiene es que hubo un pleito entre internos en un campo deportivo y culminó en el enfrentamiento de la madrugada de este viernes; tenía fotografías de cómo quedaron los reos asesinados con armas blancas, pero se negó a exhibirlos públicamente.

Advirtió que tanto en el Cereso de Chetumal y la cárcel de Cancún habrá un estricto control, cero tolerancia, cero corrupción y cero impunidad, al igual que al interior de la secretaría de seguridad pública y en la policía estatal preventiva.

Reconoció que si bien los mil 067 policías preventivos del estado no han sido evaluados, sin embargo, por instrucciones del gobernador Borge Angulo, ya tienen el proyecto para que en breve se apliquen los exámenes de control y confianza.

También informó que cuentan con un mapa de la situación geográfica de vendedores y consumidores de droga, su ubicación, estudios de las diferentes bandas y tipo de drogas. En el norte ubicó 27 "tienditas de droga", mismas que dice haber disuadido con vigilancia constante.

En el informe de 10 páginas habla de la "ubicación de elementos municipales que cuidan tiendas de droga y avisan de la presencia de la policía estatal", por lo que añadió, "se dice que la policía de Cancún esta involucrada en actos delictivos, pero hay que agarrarlos para poder acusarlos".

Los principales problemas que enfrenta el sur de Quintana Roo según el diagnóstico hecho por el General Villa Castillo es el alcoholismo, pandillerismo, drogadicción y violencia intrafamiliar. Mientras que en el norte es el consumo y venta de drogas, "levantones" por parte de la delincuencia organizada y ejecuciones.

En este año, reportó 39 privaciones de la libertad relacionadas con la delincuencia organizada y 14 homicidios atribuidos a estos grupos, un secuestro y 14 homicidios del fuero común.

El militar pidió "que lo dejen trabajar", que dará resultados porque viene a "servir a Quintana Roo y no ha servirse", pero también quiere que la ciudadanía le señale cuando la este "regando" y que lo hagan directo a su celular 983 154 03 49.

El general retirado, quién declaró antes de arribar a Quintana Roo "que si detenía a un Zeta lo mataba, no lo interrogaba" dijo que se "sintió en el paraíso al llegar a la entidad, por sus bellezas naturales y su riqueza cultural maya, pero también porque de donde viene –de la dirección municipal de seguridad pública de Torreón, Coahuila- mataban diariamente a 6 personas y el estado no ha llegado a esos niveles, esta en los últimos lugares en inseguridad.

Dijo que encontró muchas irregularidades al interior de la Secretaría de Seguridad Pública, mismas que ha tenido que subsanar, como el despido de 50 asesores que representaban un "alto costo" a la dependencia.

De igual manera, pidió que le devuelvan los 450 policías estatales comisionados -de un total de mil 067-, de los cuales 180 precisó están asignados en las diferentes actividades del gobernador Roberto Borge Angulo, el resto, con funcionarios públicos, periodistas y empresarios.

Informó que los cinco policías del estado involucrados en una balacera en Cancún fueron dados de baja y consignados ante la autoridad, para que no sigan cometiendo "fechorías". Dos de estos agentes estaban comisionados a la ex candidata a la presidencia municipal de Benito Juárez, la priísta Guadalupe Novelo Espadas, agregó.

En el caso del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Chetumal denunció que "había muchas tranzas", como la venta de la comida y la existencia de 9 tienditas dentro del penal, mismas que irá cerrando paulatinamente una por mes.

Dio a conocer que como secretario de seguridad pública devenga un sueldo de 15 mil pesos mensuales, sin incluir viáticos y otras prestaciones. Mientras que el tabulador de la Oficialía Mayor del gobierno del estado señala un pago de 47 mil 899 pesos mensuales para los secretarios del gabinete.

Silvia HernándezCorresponsalEl Universal
amj /crs

Campeche: Profesionalización y limpieza de cuerpos policíacos en espera

El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) informó que sólo cuatro estados han impulsado la profesionalización de sus policías y, a nivel nacional, sólo 8 por ciento de los elementos han sido sometidos a los controles de confianza promovidos.

De acuerdo con la información del Sistema Nacional, Campeche no está entre las entidades que iniciaron el proceso de profesionalización promovido por el Gobierno Federal como parte del combate a la delincuencia organizada en el país.

Jackson Villacís Rosado, secretario de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad, aseveró que en la entidad los elementos serán evaluados para depurar a quienes no cumplan con la preparación necesaria para cubrir los requisitos de profesionalización, y sobre las acciones de limpieza opinó que "en Campeche, la policía es distinta a las de otras entidades, por la honestidad que la caracteriza".

El SNSP entregó al Congreso de la Unión una serie de documentos en los que se evidencian los pocos resultados en torno a la capacitación, actualización y control de confianza de las corporaciones policíacas en el país; los números dan cuenta de los exámenes practicados hasta 2010, y son parte de la meta a 2012 acordada por los gobernadores y el Ejecutivo Federal.

En las estadísticas, la profesionalización de policías no ha avanzado ni siquiera en la implementación de programas de actualización o modernización y el SNSP reportó a los legisladores que de los 447,922 policías que debían evaluarse sólo se verificaron niveles de confianza del 8% de los elementos.

Campeche, Nayarit, Quintana Roo y San Luis Potosí son las cuatro entidades que hasta el momento no han acreditado a ninguno de sus policías ante el Sistema Nacional.- A.R.M.

Violan a mujer discapacitada, le arruinaron la vida

La vida para una familia de Tikinmul, en el municipio de Campeche, era feliz hasta diciembre del 2009 cuando la actitud de una joven discapacitada cambió drásticamente.

“De pronto observamos que se empezó a comportar de manera violenta, se jalaba los cabellos, se pegaba en la cara y se agarraba el vientre”, mencionó un familiar de la joven de 29 años, con retraso mental.

Según versión de sus familiares, la jovencita realizaba mandados, hacía el quehacer de su casa y llevaba una vida tranquila hasta hace poco más de un año, cuando fue víctima de violación.

“En un principio pensamos que alguna de sus conocidas estaba embarazada y ella se daba a entender así, hasta que nos dimos cuenta que había sido violada”.

El abuso ocurrió en diciembre del 2009 cuando los papás de la joven salieron de la casa para ir al templo y la dejaron sola.

“El agresor se llama Fidencio Moo Santos, de 38 años, y es vecino de ese poblado; él aprovechó que estaba sola para abusar brutal y sexualmente de ella”.

“Desgraciadamente no sólo fue él quien la atacó, también su hijo de 16 años. El martes pasado la Policía Ministerial llegó hasta el apiario propiedad de Fidencio Moo y lo detuvo, pero su hijo que también fue denunciado está prófugo y queremos que se haga justicia”, mencionó el familiar.

“Nos duele y nos da coraje ver cómo la joven sufre, le arruinaron la vida, perdió la razón, tuvo que permanecer ingresada en el Hospital Psiquiátrico porque no la podíamos controlar, desde el ataque no puede quedarse sola”, finalizó.

La familia de la víctima menciona que luego que la sacaron del Hospital Psiquiátrico tiene que permanecer vigilada las 24 horas, pues en ocasiones ha tomado un cuchilllo y amenaza con lastimar a los que se le acerquen.

Se rumorea que en el penal de San Francisco Kobén a todos los que ingresan acusados de violación les aplican la “Ley del Talión”, mito o realidad, Fidencio tendrá la oportunidad de confirmar dicho rumor. El pasado martes fue detenido y enviado al penal.

jueves, 5 de mayo de 2011

Se nos está debilitando la cohesión social, Marcelo Ebrard

  • El jefe de Gobierno del DF advierte que la curva de violencia es 'notoria y notable' porque se está debilitando la cohesión social

Marcelo Ebrard Casaubon
"Si se sigue debilitando la cohesión social, no creo que logremos reducir la violencia con todos los cambios que hagamos", aseguró el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard.

Durante su participación en el Tercer Foro Nacional de Seguridad y Justicia con el tema "La Visión Local: avance de la Reforma Penal en los Estados", dijo que es "muy difícil" reducir la curva de la violencia cuando el número de personas en pobreza alimentaria subió cinco millones.

"Se nos está debilitando la cohesión social, por eso la curva de violencia es notoria y notable", aseguró.

Ebrard Casaubon detalló que uno de los focos rojos en el combate a la violencia es el ataque a las finanzas del crimen organizado. Estimó que mientras la economía de la delincuencia crece a una tasa superior al 5%, la economía formal crece al 2%.

Recordó que en el DF con la Ley de Extinción de Dominio ya se atacaron 60 inmuebles del crimen organizado, además de que hay 27 sentencias a favor y 14 amparos concedidos.

El mandatario local dijo que se debe organizar la cohesión social sobre la base de la reducción de la desigualdad, en particular entre los jóvenes.

Comentó que el 52% de los estudiantes de secundaria a nivel nacional tienen problemas de adicción al alcohol y que la tasa va en crecimiento.

En materia de mejoras al sistema penal en el DF, comentó que este año se capacitarán a ocho mil servidores públicos y que se trabaja en la construcción de 61 salas de ejecución de sanciones y 5 más para la justicia alternativa, además de la instalación de 250 cámaras para grabar las audiencias, aunque reconoció que "no vamos a terminar este sexenio, salvo que hagamos una simulación".

Luego, Ebrard se dirigió a Alejandro Martí, presidente de la organización México SOS, que fue el moderador: "En el consejo de seguridad nacional al cual fuimos convocados, Alejandro me dijo, si no puedes, renuncia y si no quieres, ya vete, si no quieres entrar, si a ti no te toca. Y qué bueno que lo dijiste Alejandro, y todavía no me renuncias, así que ahí la llevo".

En el foro participaron los gobernadores de Yucatán, Ivonne Ortega, y Baja California Sur, José Guadalupe Ozuna, quienes hablaron de las medidas que han adoptado en esas entidades para el tema de la reforma penal.

ml / gdh

Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Juan Silva Meza
Ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; señor licenciado Alejandro Martí García, Presidente de México SOS, Asociación Civil;

Distinguidas damas; respetables caballeros:

Sean estas mis primeras palabras de agradecimiento a los integrantes de la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Apoyo a los Juicios Orales y el Debido Proceso, quienes comedidamente me extendieron esta invitación para dirigir estas palabras, en ocasión de la inauguración de este Foro.

Señoras y señores:

En los tiempos que corren, entender que el trabajo de la Judicatura y el papel que le toca jugar en el marco del Estado, que éste es de servicio en y para la sociedad, no tiene vuelta atrás.

Hoy, todas las instituciones de la República enfrentamos dos grandes retos, dos grandes compromisos: el de la eficacia y el de la legitimidad.

Por el lado de la eficacia, estamos obligados a cumplir con nuestro trabajo, hacerlo mejor, hacerlo pronto, hacerlo cada vez con mayor calidad y con menores recursos.

Por el lado de la legitimidad, debemos construir, mantener y acrecentar todos los días nuestra credibilidad. Debemos contar siempre con el respaldo, con la autoridad, con la confianza, con el apoyo de la sociedad, porque actuamos con honradez, con seriedad, con honestidad.

En estos dos grandes retos, en estos dos compromisos, tenemos claro que es fundamental la relación que seamos capaces de construir con los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil.

El funcionamiento moderno de las instituciones del Estado se construye a partir de relaciones estrechas, productivas y respetuosas con la sociedad civil, con los ciudadanos.

En una República democrática, como la nuestra, las instituciones son fuertes y se fortalecen cuando están cerca de la sociedad, cuando la saben escuchar, cuando realizan correctamente y con pulcritud sus funciones constitucionales.

Eso lo entendemos, o cuando menos lo intuimos todos; lo decimos y lo repetimos en discursos, en conferencias. Pero la pregunta es: cómo lo hacemos realidad, cómo hacemos las instituciones de la República para construir nuevas y mejores relaciones con la gente, con los usuarios de nuestros servicios, con la sociedad, en general.

Necesitamos una mejor forma de relación con la sociedad, que empieza, por supuesto, en la apertura, en la información, en la transparencia, para que la sociedad sepa perfectamente qué está pasando con las instituciones públicas.

En el Poder Judicial asumimos la transparencia como un deber que empieza en la punta de la pirámide y que debe avanzar hacia el conocimiento pleno de todo lo que sucede en un proceso, por eso avanzamos en la oralidad y nos hemos comprometido con esta visión, con esta corriente, en la que debemos cumplir con lo que mandatan ahora las leyes y la Constitución.

Tenemos claro que la transparencia, la apertura y la información son sólo el principio. Que la gente sepa, y conozca es un buen punto de partida. Pero a partir de que la gente sepa, debemos nosotros saber cómo debemos hacerla participar, cómo aprovechar ese sentir, esos contenidos, esas ideas y cómo aprender a canalizar la nueva demanda, la exigencia de calidad, de mejora, de cambio.

En el transcurso de los últimos tres años, el régimen constitucional de México ha recibido nuevas adiciones que, vistas en conjunto, representan una nueva forma de entender la función pública en general y la impartición de justicia en particular.

El Congreso de la Unión ha aprobado reformas sustantivas a nuestro sistema de justicia penal, al régimen que regula el Juicio de Amparo en México, y al Sistema de Protección de los Derechos Humanos en el país.

Leídas como un solo bloque, estas tres reformas orientarán la labor de una nueva Judicatura Federal, más hacia la ciudadanía, más hacia la sociedad civil.

A partir de su entrada en vigor, estas reformas generarán que la labor de la Judicatura estará más a la vista de la ciudadanía, estará más abierta a recibir las inconformidades e impugnaciones, deberá ser más ágil, deberá ser más accesible.

La reforma a nuestro Régimen de Justicia Penal, una de las más importantes en los últimos años, en tanto propicia un cambio cultural, traerá consigo nuevas exigencias para los jueces. Y qué bueno. Tenemos y queremos responder a la sociedad. Podemos y sabemos cómo hacerlo.

A la Reforma en Materia Penal, en el Poder Judicial de la Federación le hemos dado la bienvenida, como a las otras dos, pero es necesario tener claro los retos que aquella, la primera, la Penal, con urgencia nos pone por delante.

La Reforma Constitucional en Materia Penal tiene repercusión en tres dimensiones: la normativa, la organizacional, y la de infraestructura y tecnología, su puesta en marcha completa, tendrá que estar en vigor el 19 de junio de 2016, esto es, ya sólo en poco más de cinco años, y el tiempo va de prisa, pero la implementación parece lenta, pues los requerimientos de la sociedad aumentan. Su paciencia se agota.

Debemos construir consensos y, con responsabilidad, responder. No podemos pasar por alto que, por ejemplo, en menos de dos meses, el Sistema de Reinserción y el Régimen de Modificación y Duración de Penas, deberá estar en vigor.

Tenemos las herramientas para hacerlo. Debemos solucionarlo.

El Poder Judicial de la Federación toma ya las decisiones necesarias para recibir la reforma e instrumentarla con los menores contratiempos.

A la fecha, hemos creado siete juzgados especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, que trabajan las 24 horas de los 365 días del año. También hemos capacitado a nuestro personal en México y en el extranjero; hemos realizado diversos cursos e integrado consejos asesores y consultivos, aprobamos ya la instalación de un circuito piloto para poner en ensayo las nuevas exigencias, hemos capacitado y certificado ya a los próximos jueces de ejecución.

Nuestros esfuerzos, sin embargo, todavía insuficientes, deben acompañarse por el trabajo de otros Poderes de la Unión y los demás niveles de Gobierno. Y creemos, hay que decirlo, que resulta necesario reforzar el trabajo en coordinación entre los Poderes de la Unión, y no desconocemos que la conclusión exitosa de esta reforma constitucional implica el trabajo comprometido de las entidades federativas. Estar todos al mismo ritmo.

La reforma exige que todos andemos al mismo paso y a la misma velocidad. Nadie puede quedar rezagado, y eso sólo puede lograrse si trabajamos juntos, si cooperamos, si construimos los consensos para ello. Es un cambio de cultura, no una reforma más. No hay que olvidarlo, así lo determinó el poder revisor de la Constitución.

Desde la perspectiva del Poder Judicial de la Federación, es necesario acelerar y actualizar la agenda de la Reforma Penal que nos permita, si es el caso, redefinir objetivos y alinear recursos, establecer nuevas tareas y responsables, revisar el cronograma de instrumentación y fortalecer mecanismos de seguimiento y evaluación.

En el marco del nuevo contexto constitucional, éste nos obliga a estar más cerca de la sociedad. La Suprema Corte de Justicia, desde enero de este año, ha puesto en marcha un programa de Derechos Humanos, que tiene como objetivo orientar el trabajo del máximo Tribunal, desde una perspectiva de derechos, programa que se sostiene en dos ejes fundamentales: acceso a la justicia y debido proceso. Programa que debe permear a la Judicatura y orientar el trabajo de nuestros jueces y magistrados.

El acceso a la justicia exige que las autoridades jurisdiccionales mejoren sus mecanismos de asistencia para los ciudadanos, con el fin de que todos estén más al tanto de los derechos que tienen y los mecanismos a su alcance para hacerlos valer.

Estamos renovando nuestros enlaces tecnológicos y de comunicación con la sociedad, con el fin de sacar el máximo provecho de las herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías.

En la Corte y el Consejo de la Judicatura, hemos iniciado procesos de reestructuración administrativa suprimiendo áreas redundantes e innecesarias, y optimizando nuestros procesos.

Estamos comprometidos con el desempeño honesto de nuestro trabajo, y para ello, mejoramos constantemente los mecanismos de control sobre nuestros funcionarios.

El Consejo de la Judicatura aprobó, como parte de los mecanismos de vigilancia a nuestro desempeño, un Acuerdo que por primera vez autoriza realizar un control permanente sobre la situación financiera de jueces, magistrados, ministros e integrantes del Pleno del Órgano Constitucional.

Hacemos patente nuestro compromiso con una administración jurisdiccional transparente, en la que no hay lugar para los abusos y desvíos.

La impartición de justicia debe ser un servicio que se preste con independencia, con agilidad y que responda a las demandas apremiantes y legítimas de la sociedad con solidez técnica y un profundo sentido de responsabilidad, pero, también, debe estar siempre dispuesta a rendir cuentas de sus actos y a hacerse responsable de los mismos.

La Judicatura Federal está abierta al escrutinio permanente de la Nación que la sostiene y a la que se debe. La sociedad tiene derecho de escudriñar a través de sus representantes constitucionales, cómo empleamos los recursos que se nos asignan y de evaluar la oportunidad, eficiencia, honradez y efectividad con la que realizamos nuestros actos.

El problema de acceso a la justicia en México es añejo. Estudios recientes confirman que el ejercicio de este derecho en el país, sigue siendo una prerrogativa limitada a ciertos sectores de la sociedad.

El reto al que nos enfrentamos es el de continuar ampliando dicho acceso para todos, sin distinciones injustificadas, siendo particularmente cuidadosos en asistir debidamente y siempre en el marco del derecho, a los más desprotegidos, a los más débiles, a los que tradicionalmente son invisibles, a los que no tienen voz.

El acceso a la justicia en nuestro país debe permitir que la sociedad ejerza un mayor control sobre sus jueces, que las malas actuaciones sean pasadas a cuenta, que se combata la impunidad y que estemos más cerca de alcanzar el ideal de justicia en paz y seguridad a la que todos aspiramos; que asumamos, en lo que a nosotros nos toca, el ya basta de la sociedad. Entendámoslo, los jueces, como una demanda legítima. Asumámoslo, revisémonos.

México sigue siendo un país que cree en la ley. La sociedad que quiere creer en sus instituciones, en particular, en lo que a nosotros atañe, quiere creer en sus jueces; desea vivir y prosperar en seguridad. Respondamos.

Reforcemos esas actitudes, nos conviene a todos. Conviene a la paz de todos nosotros y de nuestras familias. Lo debemos a los que se han ido, a los que ya no están con nosotros.

Llevemos a conclusión las reformas constitucionales que se han aprobado por el Congreso de la Unión. Esto nos acercará a ese ideal.

El Poder Judicial de la Federación también convoca a todos a avanzar juntos en armonía por esa ruta. Ése es para nosotros un compromiso.

Muchas gracias.

Alejandro Joaquín Martí García

Alejandro Joaquín Martí García
Ciudadano Presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa; ciudadano Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ministro Juan Silva Meza; representantes del Congreso de la Unión; distinguidos miembros del Gabinete; señoras y señores representantes de la sociedad civil.

México es hoy un país que busca fortalecer su democracia. Es una democracia que nos pertenece a todos, porque todos la hemos construido con dolor y sacrificio, y mucho esfuerzo.

Escuchar que esa democracia se encuentra en riesgo, amenazada por la violencia de la delincuencia organizada, no puede más que movernos a la preocupación, y de ahí, a la acción.

Paradójicamente, esa democracia no cuenta con todos los elementos normativos y legales modernos para defender a sus ciudadanos del delito. A esta modernidad democrática no le ha correspondido la actualización de un marco legal tan vital, como es el derecho penal, que data, en su concepción, del México colonial, por expresarlo de alguna manera. Este derecho penal, en su historia, no fue construido para su funcionamiento en una democracia como la actual, sino como un instrumento represor del Estado mexicano.

En 2008, la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal surgió como una oportunidad para la actualización de nuestro marco legal, de nuestro marco penal, haciendo un énfasis en los juicios orales, que no son nuevos en nuestro país, puesto que la Constitución de 1917 ya los contemplaba, sólo que el Código Procesal Penal fue publicado hasta 1931.

Y es aquí, a mi juicio, donde se encuentra la gran debilidad de la Reforma en Materia de Justicia Penal.

Uno. En lo que se refiere a la posible existencia de un código procesal único y otro, en la gran inoperancia e ineficacia de las policías estatales.

Existe hoy un proyecto de Código de Procedimientos Penales construido con el consenso de académicos, activistas sociales, abogados, miembros y ex miembros del sistema judicial mexicano, así como expertos de la Secretaría Técnica, dirigida por el licenciado Felipe Borrego, que es justo decirlo, ha tenido el acierto de buscar los consensos generales, y a fin de que el Congreso de la Unión lo conozca y apruebe de acuerdo a sus facultades.

La aprobación de este instrumento procesal es vital para la modernización de nuestro sistema de justicia penal y, por ello, desde la sociedad civil hacemos un llamado a los legisladores para que sancionen esta propuesta y doten a las instituciones de justicia del instrumento que permita que la Reforma Constitucional, verdaderamente camine hacia un esquema en el que respeten los derechos, tanto de la víctima, importante decirlo, tanto de la víctima, como del acusado; partiendo de la presunción de inocencia, fortaleciendo el debido proceso y el pleno respeto a los derechos humanos de todos los involucrados.

A tres años de distancia, las siguientes entidades han logrado poner en operación los nueve ejes estratégicos de la Reforma Constitucional: Baja California, Durango, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca y Zacatecas.

Adicionalmente, otro número importante de estados ya han comenzado con el proceso de implementación de la misma, al fin de este sexenio, poco más de la mitad de las entidades habrán concluido con la implementación, lo que vemos con mucho optimismo, esperando que al cumplirse el plazo de ocho años, establecidos para estos efectos, se cumpla la meta a nivel nacional.

Resumo. Con el nuevo Código de Procedimientos Penales y con modelos de implementación exitosas que ya existen en la República, será mucho más sencilla la replicación del modelo en el país.

La Reforma Penal es un hecho, pero si no cejamos y mantenemos el nivel de exigencia hacia los gobiernos de los estados para que se corresponsabilicen en la reforma, en el combate al crimen y la inseguridad en sus territorios.

Señoras y señores:

Es inmoral el saber que algunos estados del país no han ejercido plenamente sus recursos etiquetados para el combate al delito. Eso sólo nos llama a pensar que no existe compromiso ni valentía política para defender a sus ciudadanos de la delincuencia.

Pareciera que este estado de urgencia nacional, de tragedias colectivas provocadas por los criminales, los hogares enlutados, los hijos ausentados, los huérfanos de la violencia no son suficientes para movilizar a nuestra clase política a producir instrumentos que permitan frenar la violencia.

Hoy, el ya basta se ha generalizado, y pareciera que nuestros políticos se han inmunizado contra él.

Qué le puede esperar a un país cuya clase política no es sensible al reclamo de sus ciudadanos. Qué más debemos hacer los ciudadanos para que los políticos se comprometan con el bienestar de México.

Quiero preguntarme: El nuevo Estado democrático lo construimos a pesar de los políticos. No será que una de las amenazas hacia nuestra frágil democracia proviene de aquellos políticos que sólo ven al país como un trofeo electoral.

Hace semanas fuimos testigos de un caso que conmovió miles de consciencias y generó una oleada de participación ciudadana sin precedentes. Me refiero al caso develado por el documental Presunto Culpable, un caso que se ha convertido en paradigma de la vergüenza.

El valioso documental, realizado por Layda Negrete y Roberto Hernández, refleja un sistema caduco, ineficiente, opaco y corrupto; un sistema de justicia agotado y antidemocrático. Pero ante eso, vuelvo a preguntarme: Dónde está el verdadero culpable de este crimen.

No es posible que no se haya fincado responsabilidad alguna a los policías, ineptos y sin escrúpulos, que acusaron a este muchacho. Fueron copartícipes, para mi gusto, los jueces. Casos como el de Toño, este joven que fue víctima del sistema penal, se generalizan en todo el país.

Nuestro aparato de justicia, paradójicamente, está produciendo injusticia generalizada, y no puede haber una democracia sólida sin la efectiva representación del interés social ante el delito.

En este contexto, la Reforma Penal, de la que hablo, tiene un gran reto por resolver, y éste es el de las policías.

Señor Presidente:

Debemos ser claros en aseverar que la reforma estará condenada al fracaso si no tenemos una verdadera policía investigadora, eficiente, honesta y bien pagada, para que sus integrantes vivan dignamente, con seguridad para sus familias, con reconocimiento y prestaciones.

La asignatura pendiente de nuestro país es la reconstrucción de las instituciones policiacas, hacer que éstas les brinden seguridad a los ciudadanos. Es lamentable que una función tan importante, como es la que desempeñan las instituciones policiacas, sean hoy las más desprestigiadas, pero también las más abandonadas por el Estado mexicano.

La pulverización de los cuerpos policiacos. Tenemos poco más de 400 mil policías en manos de dos mil 400 unidades independientes. Es una gran complicación para ordenar, limpiar y reestructurar.

En 2008, acordamos resolver el problema de las policías. Dos años después, la CONAGO firmó un convenio para establecer el mando único estatal, a lo cual se comprometieron los Ejecutivos Estatales. Sin embargo, cuántos en realidad lo han implementado.

La sociedad no ve la solidaridad de los gobernadores con sus ciudadanos. Por qué. Que nos lo expliquen, porque ellos son moral y políticamente responsables de los inocentes que han sido victimizados por la violencia.

Lo que le hace falta a este país son políticos de altura, verdaderos demócratas, representantes del bien común. Tenemos que ponernos de acuerdo ya. No se vale apostarle al diferendo político y despreciar los consensos para dotarnos de un marco legal que permita disminuir la delincuencia. Es México y su futuro el que está en riesgo. Son sus familias, sus hijas y sus hijos.

Es por esto que, desde la Tribuna, quiero insistir en que nosotros, los ciudadanos, reclamamos, y exigimos en voz alta, la acción y la unidad, dejando nuestros intereses particulares y de partido.

Por ello, al Poder Legislativo, particularmente a la Cámara de Diputados, queremos recordarles la importancia de que en el próximo debate presupuestal, se asignen los recursos necesarios para la implementación de nueva justicia penal, y se fortalezca al Consejo de Coordinación que se creó con esta finalidad.

A ambas Cámaras del Congreso de la Unión, la urgente aprobación del Código de Procedimientos Penales; a los Poderes Judiciales, reforzar los esfuerzos de sensibilización, profesionalización y especialización de sus integrantes, que al respecto, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Consejo de la Judicatura Federal, han comenzado a hacer.

Es importante que los juzgadores de todos los fueros adopten las mejores prácticas judiciales, logrando transmitir a juzgadores, secretarios y otros funcionarios jurisdiccionales, las habilidades mínimas, necesarias para operar el nuevo Proceso Penal Acusatorio y Oral

A los Gobernadores de los estados: que cumplan con lo acordado, que tomen la responsabilidad de sus estados en cuanto a seguridad y Estado de Derecho. No se vale usufructuar los recursos millonarios y no destinarlos a las tareas sensibles de la seguridad pública.

Señores y señoras:

Aunque la promulgación de la Reforma Penal fue un paso importante en el camino hacia una justicia eficaz y expedita, todavía queda mucho por hacer para que sus postulados adquieran plena vigencia, y se traduzcan en una mayor confianza de la población en sus instituciones.

El hecho de la que implementación de la reforma involucre a un gran número de actores, ha provocado que adolezca de una suerte de orfandad política, que ha retrasado la obtención de resultados.

Las organizaciones de la sociedad civil hemos hecho nuestro el compromiso de llevar a un buen puerto este proyecto. Pero solos no lo lograremos.

Quiero resaltar el trabajo consistente y comprometido de todas las organizaciones que integran la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Apoyo a los Juicios Orales y al Debido Proceso, así como el apoyo que nos ha brindado la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID, para la realización de este Foro.

Agradezco también el solidario acompañamiento de los medios de comunicación en la gran tarea de convocar a la sociedad a estar alerta. El reto continúa, los necesitamos. Uno de los elementos claves para el desarrollo del nuevo sistema penal es lograr que la ciudadanía conozca sus beneficios.

Por esto, queremos pedirles a todos que asuman sus liderazgos políticos en este esfuerzo para que juntos, sociedad y Gobierno, podamos avanzar en este pendiente inaplazable. Insisto, es urgente que el país transite hacia una nueva forma de impartir justicia, sustentada en la transparencia y la oralidad de las audiencias, en el que se termine por fin con los anacronismos y el poco confiable sistema de expedientes.

No aceptemos con indiferencia la incapacidad de quienes están obligados a darnos seguridad. Mantengamos la exigencia hasta el límite, desde todos los campos de acción legal e institucional, hasta que las cosas cambien.

El país enfrenta un momento decisivo en la lucha contra la delincuencia que no admite dudas o mezquindades. Lo que hagamos o dejemos de hacer hoy en materia de seguridad y justicia, definirá cómo será el país en los próximos 30 años. Comportémonos a la altura de esta noble exigencia.

A todas las víctimas. Nuestro compromiso de que persistiremos hasta el límite por justicia y un país seguro.

Muchas gracias.