Democracia y Sistema de Justicia Penal

Durante la transición a la democracia en México el énfasis se puso en las instituciones electorales. Faltó una reforma estructural, es decir, profunda e integral, a otras instancias que están lejos del terreno de los votos pero que inciden directamente en la vida de los ciudadanos. Me refiero a las instituciones encargadas de la seguridad pública y la procuración y administración de justicia.

Al inicio de la administración del Presidente Calderón se emprende un esfuerzo integral por reformar estructuralmente el sistema de seguridad y de justicia de nuestro país. Un paso decisivo en este sentido es la reforma al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008. Es una reforma que nos permitirá acabar con las situaciones que nos indignan como sociedad y que plasmaron claramente Layda Negrete y Roberto Hernández en “Presunto Culpable”. Con este nuevo sistema de justicia los ciudadanos tendrán mayor certidumbre sobre los procesos, facultades y atribuciones de los distintos servidores pues los juicios son orales y públicos. Para poner en funcionamiento total este nuevo sistema de justicia se requerirá de nueva infraestructura, una intensa y profunda capacitación, pero sobre todo el fortalecimiento de la cultura de la legalidad.

Tenemos hasta el 2016 para dejar todo listo y los avances al día de hoy indican que se debe acelerar para que el nuevo sistema de justicia penal sea implementado en tiempo y forma. Las entidades federativas van avanzando a diferentes ritmos y el Gobierno Federal mantiene un paso firme en el cumplimiento de las metas institucionales. La Procuraduría General de la República lleva un avance del 65% en la normatividad, 70% en planeación, 40% en capacitación y 60% en infraestructura y tecnología. Sin embargo, lo más importante es que ya se cuenta con un Proyecto de Código Federal de Procedimientos Penales, que es la columna vertebral y que no sólo es vanguardista y preciso en términos jurídicos sino que se ha desarrollado dentro de un amplio proceso de participación de instancias de la sociedad civil y representantes de los tres Poderes. En breve será enviado al Poder Legislativo para su revisión, dictamen y votación.