Fernanda García tiraba droga en la Anáhuac

El campo universitario conformado por estudiantes con abierta y alta capacidad económica, representa uno de los mayores mercados de consumidores para el tráfico de droga. Y Fernanda García Altolaguirre hizo de varios estudiantes universitarios de la Universidad Anáhuac su más activo grupo de consumidores, así como de otras universidades privadas junto con su dinámico grupo de amigos como los hermanos Sosa Barragán que aglutinaron en su amplia “cartera de clientes” los mismo universidades como centros de diversión, entre bares y discotecas de la ciudad, así como de la misma zona hotelera.

La detención de los seis “narcojuniors”, tres de ellos estudiantes de universidades de prestigio, entre ellos la Anáhuac en donde acude Fernanda García Altolaguirre, hija del polémico magistrado-presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), Francisco Javier García Rosado; así como Saraí Vargas López y Nicolette Osorio Bonn, es un claro ejemplo de que el mercado que manejan estos distribuidores de enervantes es del nivel medio y alto.

De acuerdo a fuentes dignas de crédito, la detención de Cristian Sosa Barragán alias “Elmo” y su hermano, Miguel Sosa Barragán alias “Mike”, así como de Mauricio Canto Miró, evidenció que este grupo forma parte de una narco-red de distribuidores de drogas que tienen en su principal mercado las universidades de prestigio, entre ellas la Anáhuac en donde Fernanda García Altolaguirre era el principal enlace con los demás estudiantes, pues además, existen pruebas contundentes de los vicios de esta joven, pues hace unos años fue detenida en Isla Mujeres también con droga.

De esta forma, el plantel Anáhuac queda “enmarcado” como parte del mercado de consumidores debido a que ahí estudian las tres mujeres que fueron detenidas con los sujetos arriba mencionados y entre las que se encuentran Fernanda García Altolaguirre (principal enlace de esta narco-red en dicho plantel educativo), Saraí Vargas López y Nicolette Osorio Bonn que formaban parte del mismo grupo.

Trascendió que estas tres mujeres, mismas que a pesar de las evidencias como es el hecho de haber sido detenidas literalmente en flagrancia del delito, son las encargadas de “comercializar” las drogas entre los demás alumnos del plantel educativo o al menos, eran el enlace para que los hermanos Sosa Barragán las surtieran.

Incluso, los momentos idóneos eran las veces que organizaban fiestas entre los compañeros, ya sea en las discotecas o en casa de algún amigo, pues hasta ahí también llegaban los hermanos Sosa Barragán que son los cabecillas de esta narco-red de juniors que operan en las universidades.

Es por ello que el manto de impunidad orquestado desde la Secretaría de Seguridad Pública Municipal evidenció la grave corrupción que existe, y que permite que este grupo siga operando a sus anchas tanto en las discotecas que acostumbran a visitar los “juniors” como son el Bulldog y Dubai, así como las mismas universidades.

En la edición del martes pasado, los diarios POR ESTO! dieron cuenta de los hermanos Miguel y Cristian Sosa Barragán, quienes son los encargados de una importante célula de distribución de drogas en universidades de prestigio y discotecas como Bulldog y Dubai, en donde en todo momento han contado con la protección de los encargados de dichos negocios para operar al servicio de “Los Zetas”.

De acuerdo a fuentes policiales federales, en la discoteca Dubai, este grupo de narcojuniors, cuenta con el respaldo de un sujeto llamado Iván Muciño que al parecer es o fue el gerente, además de que ahí se clonan tarjetas de crédito.

Mientras que en la disco Bulldog, este grupo de distribuidores de drogas tiene el apoyo de un extranjero de origen cubano llamado Aarón, que les permite la venta de drogas.

Es de destacar que ambos centros de “diversión” son los más visitados por jóvenes de las universidades de Cancún.

Desde la SSPM se inició la impunidad

Ante todo lo anterior, el “apoyo de alto nivel” que permitió la liberación de Fernanda García Altolaguirre, hija del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado, Francisco Javier Rosado, representa un mensaje “brutal de impunidad” que se envía a la sociedad y pone en entredicho la imagen de las instituciones.

Y es que, las evidencias de este tráfico de influencias de un funcionario de “alto nivel” para liberar a su hija, quedó demostrado, pues en su camioneta además de portar la “charola” del magistrado electoral, Fernanda García Altolaguirre tenía un sobre amarillo con varios billetes de 500 pesos, muy posiblemente producto de la venta de drogas o en su caso, para ser utilizados para atender cualquier situación emergente que se presentara.

Es importante resaltar que fue la Secretaría de Marina, Armada de México, la dependencia federal que dirigió el operativo, y dejó en manos de Seguridad Pública, todo el protocolo para la puesta a disposición de los detenidos, pero nunca se imaginaron (en la dependencia federal) que Seguridad Pública a través de su titular, Armando Alvarez Morales, saldría con esa chicanada de liberar a las mujeres sin darle oportunidad al Ministerio Público que hiciera su trabajo.

Pero más grave resultó el hecho de que ya en la Procuraduría General de la República (PGR), la impunidad en el asunto de estos seis “narcojuniors” quedó consumada, pues esta dependencia sólo consignó a un juez federal a dos de los tres sujetos que la Secretaría Municipal de Seguridad Pública les había puesto a disposición.

Estos fueron Cristian Sosa Barragán (a) “Elmo” y Mauricio Canto Miró, quienes quedaron a disposición del Juzgado Quinto de Distrito bajo la causa penal 43/2011 por el delito de portación de armas y cartuchos útiles de uso exclusivo del Ejército, así como por posesión de marihuana y cocaína.

Este miércoles ambos sujetos fueron llevados a la rejilla de prácticas del juez federal en donde se reservaron su derecho a declarar y solicitaron a través de su abogado, la ampliación del término constitucional para hacerlo por escrito.