El senador Francisco Castellón calificó como desesperado el intento del gobernador Javier Duarte de modificar el Código Penal para tipificar el delito de Perturbación del Orden Público y que los “tuiteros” alcancen la libertad bajo fianza, informó SIN EMBARGO MX.
“Me parece que la salida que está tomando el gobierno de Veracruz es una salida desesperada ante la presión que está ocurriendo no solamente en el Estado, a nivel nacional e internacional”, dijo.
Agregó: “Nadie puede ser afectado por la retroactividad de la Ley, porque lo que están pidiéndoles es que se declaren culpables de perturbar el orden público porque parece ser que el secretario general de Gobierno (Gerardo Buganza) dijo que podrían salir bajo fianza”.
Esto, luego que el pasado 25 de agosto María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vela fueron acusados de “terrorismo equiparado y sabotaje” al presuntamente difundir a través de las redes sociales de supuestos ataques del crimen organizado en contra de planteles escolares de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.
A decir de la autoridad ministerial, estos hechos provocaron caos, miedo y zozobra entre la población de ambos municipios.
Tras dar inicio a la averiguación previa, fueron encarcelados en el penal de Pacho Viejo, donde el 31 de agosto se les dictó auto de formal prisión, por lo que podrían alcanzar una pena máxima de 30 años de prisión.
En este sentido, Buganza Salmerón anunció hoy por la mañana que Duarte de Ochoa envió al Congreso local una iniciativa para agregar un capítulo al Código Penal denominado Perturbación del Orden Público, con el que el delito tendrá como sanción de uno a cuatro años de prisión o multa de 500 a mil salarios mínimos.
En conferencia de prensa donde estuvo acompañado de la madre de Gilberto Martínez Vela, el legislador federal señaló que acudieron a la cárcel para entrevistarse con los detenidos.
Sin embargo, la directora del penal les negó la entrada argumentando no haber realizado el trámite administrativo previo.
Castellón Fonseca criticó la iniciativa del Ejecutivo estatal, al considerar que si se acepta la retroactividad de la Ley, sería dar por hecho que Bravo Pagola y Martínez Vela son culpables de un delito que no cometieron.“.
Lo que está haciendo el gobierno de Veracruz es que en fast track van a mandar la iniciativa, aprobarla en el Congreso, publicarla en la Gaceta Oficial del Estado y luego van a querer hacer que los dos compañeros que están presos se declaren culpables de un delito que todavía no existía cuando supuestamente lo cometieron”, expresó.
Reiteró que la acusación de terrorismo equiparado es algo “inaudito”, que ha sido noticia a nivel internacional, por lo que recordó que en el Senado se presentó un punto de acuerdo en el que le solicitan al gobierno de Veracruz retire los cargos en contra de los “tuiteros”.
“Que también ponga a disposición de los ciudadanos sistemas de información creíbles que permitan enfrentar la situación que se vive en el Estado”, añadió.
En este punto coincidió Jesús Robles Maloof, integrante de la Academia Mexicana de Derechos Humanos y del Contingente, quien consideró incorrecto “legislar al vapor”.
Le propuso al gobierno de Veracruz construir, junto con la comunidad de las redes sociales en el estado, un mecanismo eficaz para avisar sobre los hechos de violencia que ocurren en diferentes ciudades.
“No hay crimen si no hay Ley, en México como en todo el mundo la Ley no es particular sino general, legislar para hechos concretos es manipular las instituciones del estado mexicano y en este caso sería una aberración jurídica”, aseguró.
Por su parte, Claribel Guevara Pérez, integrante del bufete jurídico que defiende a los “tuiteros”, aseveró que de aprobarse la modificación al Código Penal, no aceptaran la retroactividad de la Ley.
Argumentó que ello correspondería a aceptar una conducta ilícita que en el momento de los hechos no existía.
“Estamos totalmente convencidos de que la justicia federal nos va a dar la razón y ellos recobrarán la libertad, y entonces el gobierno del estado tendrá que reconocer el ridículo que está haciendo, las faltas que ha tenido”, expuso.
“Porque desde el inicio hubo ilegalidades en la detención, al incomunicarlos y negarles una buena defensa al momento de declarar por primera vez”, dijo.
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