- Presumen que tráfico de influencias los favoreció; argumentaron que no iban a matar a los agraviados, sino sólo les iban a dar un susto.
Redacción/SIPSE
La liberación de Salvador Blancas Pizaña y de Rommel Iván Piña Cachón, sujetos que balearon un auto en el bulevar Bahía el pasado sábado, deja en evidencia la corrupción e influyentismo que impera el interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) al no turnar al caso a la Procuraduría General de la República (PGR), bajo el argumento de que no iban a matar a los agraviados sino que sólo les iban a dar un susto y la tentativa de homicidio no está tipificado como delito grave.
Los presuntos delincuentes, a pesar de atentar contra la vida de cuatro jóvenes en el bulevar Bahía el pasado sábado, no fueron recluidos en el Centro de Readaptación Social de Chetumal (Cereso) al pagar una caución de 41 mil 500 pesos por cada uno de ellos en el Ministerio Público del Fuero Común (MPFC).
Según el director de Averiguaciones Previas, Ángel Torres Fritz, ambos abandonaron las instalaciones de la Policía Judicial aproximadamente a las 07 horas, tras depositar la fianza que se les dictó como pago de los daños ocasionados.
Este pago cubre los daños ocasionados, además de que, según las investigaciones y declaraciones de ambas partes, indican que la agresión se dio después de una discusión y los agresores nunca tuvieron en mente asesinar a Víctor Gustavo Venegas Escalante, de 18 años, cuando andaba circulando en su vehículo tipo Stratus, color morado, con placas de circulación, UUS4234, acompañado de Emanuel Flores Lara, Diego Cohuó Dianas y Jonatan Jiménez, sobre el bulevar Bahía, más bien su idea era darles un susto.
Con respecto a las dos armas de fuego; la primera, una escuadra marca especial, sin matrícula, color negra y la otra, una escuadra con matrícula 2.563.720, con 10 cartuchos útiles, que tenían en su poder al momento de su captura, se realizó un desglose de la averiguación previa, sin detenido, que se envió a la subsede de la Procuraduría General de la Republica (PGR), con sede en esta ciudad, para que se realicen las investigaciones.
La liberación de Salvador Blancas Pizaña deja entrever un presunto tráfico de influencias con el que se vio favorecido ante la PGJE, pues su hermana, Karla Blancas Pizaña, está a cargo de la dirección de Administración de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, y previamente fungió como Oficial Mayor del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Otros sus familiares, Alejandra y Arturo Blancas Pizaña, están vinculados con el crimen de la holandesa Brenda Susan Margaret Searle. La joven fue reportada como desaparecida por sus familiares en el 2001.
La primera, fue acusada por copartícipe, pues fue quien retiró dinero de un cajero automático del estado de Campeche con las tarjetas de crédito de la turista extranjera. Además de este hecho, Arturo, fue acusado hace 10 años, en el 2002, del homicidio del cohetero Concepción Balam, cuyo cuerpo fue encontrado en una brecha del camino de acceso a la comisaría de Xocén, en el vecino estado de Yucatán. Fue absuelto en el 2006 por este delito.
En tanto, Rommel Iván Piña Chacón, cuenta con antecedentes penales. En abril del 2010 fue detenido junto con Patricia Elizabet Chan Rodríguez por elementos de Policía Judicial, adscritos a la Comandancia de Robos a Casa Habitación de Mérida, en el fraccionamiento Pinos del Norte, quienes fueron sorprendidos sustrayendo diversos artículos de las oficinas de una constructora denominada "Edificaciones y Pavimentaciones Escalante, S. A. de C. V."
La pareja fue descubierta cuando agentes judiciales transitaban en la calle 19 con 16 diagonal del fraccionamiento Pinos del Norte y se percataron que a las puertas de un portón negro se encontraba estacionado un vehículo Volkswagen, con placas de circulación YZJ-9528, mismo que tenía la puerta del copiloto abierta y en la cual estaba parada la inculpada, quien al ver a los agentes se aproximó al portón comportándose de manera sospechosa.
Tras ser detenidos, la pareja de cacos quedó a disposición del Ministerio Público bajo la averiguación previa 524/6ª/2010.
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