Provienen, en su mayoría, de las fuerzas de seguridad del país, aunque los hay emanados de la burocracia, los juzgados, las legislaturas e, incluso, las aulas de primaria.
No es el servicio público, sin embargo, lo que los caracteriza, sino, en todo caso, su exacerbada ausencia de éste, misma que los ha convertido, durante los últimos tres años, en los ex funcionarios más buscados de México.
El ladrón
Desde hace tres meses, el hombre más buscado de Nuevo León no es un secuestrador ni un homicida, sino quien fuera hasta mediados de año el segundo al mando del Instituto de Control Vehicular del estado, Santiago Adrián González López, por quien la procuraduría local ofrece una recompensa de 248 mil 337 pesos.
A este funcionario de la administración neoleonesa, encabezada por el priista Rodrigo Medina, se le acusa por el robo de 175 mil juegos de placas vehiculares, con un peso aproximado de 40 toneladas. Un mes antes de que las autoridades estatales emitieran su ficha de búsqueda, González López desapareció y, desde la clandestinidad, ha exigido que se investigue también a sus superiores.
Se estima que el daño al erario de Nuevo León por este hurto asciende a 30 millones de pesos y la versión oficial establece que las placas nunca podrán ser recuperadas, ya que fueron vendidas como chatarra por el funcionario prófugo, por lo cual obtuvo una ganancia de 900 mil pesos.
En septiembre de 2011, la muerte de un bebé de un año y 11 meses conmocionó a Nuevo León. Al hospital llegó en brazos de su madre, quien afirmó que el menor había rodado de la mesa y se había golpeado en distintas partes del cuerpo; los médicos, sin embargo, pudieron constatar que las lesiones en el tórax y el cráneo del niño, quien murió al recibir atención hospitalaria, no eran accidentales, por lo que se pidió ayuda de la policía y la mamá fue capturada. El padre del menor, sin embargo, huyó. Se trata de Óscar Luis Rodríguez Olivares.
Este sujeto había llegado a Nuevo León, junto con su esposa e hijo, en marzo de 2011 y no fue sino con la muerte del menor, ocurrido seis meses después, que las autoridades lo identificaron como el mismo Óscar Rodríguez que, en mayo de 2010, y siendo jefe de escoltas de la presidencia municipal de Cárdenas, Tabasco, participó en el secuestro, tortura, violación y asesinato de tres mujeres adolescentes, abordadas en una feria popular y conducidas con engaños a un paraje desolado, donde fueron atacadas.
Por este ex agente municipal tabasqueño, la Procuraduría General de la República ofrece una recompensa de medio millón de pesos.
Los togados
Hasta mayo de 2011, Nehemías Cruz Hernández fungía como secretario de juzgado en materia administrativa y, según investigaciones de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, durante los ocho años previos que ocupó el cargo este funcionario judicial lavó un total de 950 millones de pesos, provenientes de la célula de Los Zetas que operaba en la ciudad de Monterrey.
En complicidad con su medio hermano Esiquio Martínez (secretario de acuerdos del juzgado séptimo administrativo) y con el hijo de éste, José Daniel Martínez, Nehemías operaba 13 cuentas bancarias con las que triangulaba depósitos de hasta 14 millones de pesos.
De esta terna familiar, sólo ha sido capturado Esiquio, y siguen prófugos Nehemías y su sobrino José Daniel, y por información que lleve a la captura de cada uno, la PGR ofrece una recompensa de dos millones de pesos.
En el pasado proceso electoral, Manuel Alberto Fernández Félix, un joven de 25 años, acompañó al empresario Eduardo Castro Luque en su campaña por una diputación local en Sonora, y junto con él celebró el triunfo.
Sin embargo, al joven político la suplencia le quedaba chica, así que contrató a un sicario que, el pasado 14 de septiembre, asesinó a Castro Luque. En los días posteriores al crimen, la captura del ejecutor y tres cómplices puso en evidencia la intención de Manuel Alberto de quedarse con el cargo legislativo, algo que, según los detenidos, se fraguó tan pronto concluyó el proceso electoral.
Desde el 24 de septiembre, este joven homicida es el delincuente más reclamado por las autoridades de Sonora.
Los verdugos
Doce horas de revuelta callejera, cuatro patrullas volcadas, un auto incendiado, diversos policías lesionados y daños en las oficinas de la Subprocuraduría General de Justicia de Campeche fue el saldo que, en febrero de 2010, dejó la indignación popular levantada por el asesinato del taxista José Luis Flores Rosado, de 33 años, a manos de cuatro policías estatales que lo interrogaban en dichas instalaciones, por su supuesta participación en un robo.
Para calmar la situación, la procuraduría estatal, encabezada por Renato Sales Heredia, aseguró que el taxista había muerto por paro cardiaco, pero una necropsia posterior probó que Flores Rosado falleció a causa de la tortura.
El tiempo en que fue practicada este segundo análisis forense fue suficiente para que los cuatro policías responsables se dieran a la fuga y, dos años y ocho meses después, su paradero aún se desconoce.
Ellos son Ángel Roberto Altamirano Aguilar, Jovany Andrés Alejo, Jesús Ortíz Tun y Francisco Javier Vallejos Tun.
Los halcones
Hasta marzo de 2003, Humberto Torres Charles fue agente de la Fiscalía General de Coahuila, institución que fue dirigida por su hermano Jesús, durante la gubernatura del priista Humberto Moreira.
La PGR asegura que Humberto recibía 300 mil pesos mensuales por informar a Los Zetas sobre las acciones en su contra, misión que compartía con Enrique González Nava, jefe regional de la entonces Agencia Federal de Investigaciones.
También fue parte de esta red de corrupción Jorge Luis Valbuena Flores, elemento de la Policía Federal que tenía como misión dar aviso de los operativos carreteros de las fuerzas federales apostadas en Coahuila, y limpiarles los caminos al paso de cargamentos. Por cada uno de estos ex agentes, se ofrece una recompensa de tres millones de pesos.
Mención especial merece Servando Gómez Martínez, La Tuta, a quien le tomó toda la primer década del siglo XXI encumbrarse como líder de los Caballeros Templarios (el cartel que antes era conocido como La Familia Michoacana), tiempo durante el cual, además, no dejó de cobrar el sueldo que como maestro de primaria le asignaba la Secretaría de Educación Pública.
A pesar de que en 2009 Servando Gómez fue incluido en la lista de los más buscados por la PGR (que ofrece una recompensa de 30 millones de pesos a quien dé informes que lleven a su captura), la SEP siguió pagando puntualmente a La Tuta, también conocido como El Profe, quien devengó su último salario como maestro de la primaria Melchor Ocampo, del municipio de Arteaga, apenas en marzo de 2011.
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