El Juez Primero Penal decidió mantener en reserva el derecho de libertad bajo fianza a la ex alcaldesa de Tulum, Edith Mendoza Pino, en tanto que fuentes del Ministerio Público señalaron que el total de los desvíos de recursos públicos en 13 meses de gobierno podría ascender a más de 100 millones de pesos.
El procurador de Justicia de Quintana Roo, Gaspar Armando García Torres, señaló que en los próximos días se girarán órdenes de aprehensión contra funcionarios del gobierno de Mendoza Pino, presuntamente involucrados en el saqueo de las arcas del joven municipio, instaurado apenas en 2010.
Abogados de la ex alcaldesa demandaron la libertad bajo caución y presentaron títulos de propiedad de un terreno de cien hectáreas en Tulum, registrado a nombre de Gloria Pino, madre de la inculpada.
Sin embargo el juez Nicolás Pinzón Ávila, y el agente del Ministerio Público estimaron que el hecho de que Mendoza Pino al ser detenida, llevaba su pasaporte y 120 mil pesos en efectivo, con intención de salir del país para evadir a la justicia y el juicio político que enfrenta en el Congreso, por lo que se declinó la petición.
El fiscal pidió al juez que de conceder fianza –lo que es viable, por no ser acusada de delito grave— se debe garantizar hasta tres veces el monto de los recursos públicos malversados por la mujer.
El alcalde perredista de Cancún, Julián Ricalde Magaña, también acusado de presuntos desvíos por 229 de pesos de un crédito, declaró que hubo irregularidades en la detención de Mendoza Pino y movilizó a la bancada perredista en el Congreso para exigir la liberación de la mujer.
Ricalde Magaña manifestó que la captura le causó “absoluta preocupación por el término del procedimiento, sin prejuzgar el fondo, que determinará la autoridad, me parece que hubo violaciones graves”.
Por su parte, los dirigentes del PRI en el estado, Pedro Flota y en el municipio Paul Carrillo Cáceres, apoyaron una iniciativa del comité de ese partido en Tulum, que demanda la expulsión de la expresidenta de las filas priístas.
Edith Mendoza, vestida con el overol naranja de los reclusos del Centro de Retención Municipal de Playa del Carmen, llegó esposada ante la rejilla de prácticas del Juzgado para escuchar los cargos de desvío de 21 millones 458 mil 687 mil pesos que obtuvo por adjudicar obras sin licitación.
También se le responsabiliza de haber gastado otros 21 millones 59 mil 97 pesos que recibió a cambio de exentar de impuesto predial a empresas y particulares. Ambos cargos suman 42 millones, 517 mil 785 pesos, según la causa penal 332/2012.
La denuncia fue presentada por el titular de la Auditoria Superior, Emiliano Rivero Novelo, una vez probados los cargos en auditorias y visitas físicas y los dictámenes avalados por peritos de la Procuraduría de Justicia estatal.
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