La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que en los últimos cuatro años del gobierno de Felipe Calderón se arraigó a 4 mil personas, pero solo se consignó a 200, es decir, 5 por ciento.
En ese periodo se “abusó” de esa figura jurídica, al grado de crear “un efecto perverso”, aseguró el titular de la dependencia, Jesús Murillo Karam.
El funcionario reiteró su propuesta para acotar el uso del arraigo y de los testigos protegidos, y recurrir a ellos solo casos especiales, como cuando peligre una vida o en temas relacionados con la seguridad nacional.
“El arraigo es una figura de la que se abusó y los números son claros: de cerca de 4 mil arraigos que hubo en los últimos cuatro años, solamente 200 fueron consignados”, dijo Murillo Karam al participar en la segunda sesión plenaria de diputados del PRI y del Verde Ecologista.
“Esto nos habla de que 3 mil 800 mexicanos estuvieron detenidos 40 u 80 días sin ningún progreso en su situación. Pero eso no es lo más grave, del arraigo surgió un efecto perverso porque la PGR se confió y hubo arraigos en los que nadie hizo nada.”
Priistas que participaron en la reunión privada del procurador con los legisladores, ratificaron a MILENIO las cifras y el pronunciamiento del titular del Ministerio Público federal.
Más tarde, en conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado de los líderes del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y del Verde Ecologista, Arturo Escobar, afirmó que la PGR debe afinar sus métodos de investigación.
“Nuestro planteamiento es que debe modificarse (la estrategia de trabajo) para que el arraigo se use solamente en casos excepcionales: cuando se pueda salvar una vida, por ejemplo, o cuando la seguridad nacional pudiera tener algún efecto (negativo) por un descuido o falta de tiempo. Pero indudablemente los tiempos señalados son demasiado amplios, y lo dice el procurador”, dijo.
Murillo Karam dijo haber recibido un Ministerio Público con muchas fallas, por lo que, a petición del presidente Enrique Peña Nieto, creará una dependencia acorde al siglo XXI.
El funcionario evitó los pronunciamientos sobre la situación de los generales arraigados desde el sexenio pasado y anunció que en los próximos días se determinará su situación legal.
“Tenemos plazos para hacerlo (para pronunciarse). A veces por hablar de más los procuradores tienen problemas muy serios. La ley nos da plazos y nos obliga a ajustarnos a esos plazos.
“Si yo digo aquí lo que tengo decir en el juzgado, en el plazo en que me obliga la ley, estaría violando lo que a veces tengo que combatir. Permítame ser respetuoso de la ley y ajustarme a los plazos legales y a las autoridades, y presentar mis conclusiones” antes de comentar el tema, mencionó.
Sobre la liberación de la ciudadana francesa Florece Cassez, señaló que el caso es una “llamada de atención” a las autoridades judiciales, y recordó que “el debido proceso es una garantía que tienen todos los inculpados”.
Murillo Karam dio a conocer que investigarán a los funcionarios públicos que “fallaron” en la elaboración del caso.
“Estamos revisando cuáles fueron las fallas que propiciaron esto y vamos a determinar si en esas fallas hay un delito”, reveló el titular de la PGR.
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