El secretario de Defensa dijo que el Ejército no se amedrentará "por juicios injustos, carentes de fundamento, malintencionados y que la institución armada nacional no merece".
En medio de la peor crisis de seguridad en México de la presidencia de Enrique Peña Nieto, la jerarquía militar ha expresado su molestia tras el enjuiciamiento de militares por homicidio y las críticas recibidas por abusos en su combate al narcotráfico, que tacha de "injustas".
En inusual declaración, el secretario de Defensa, el general Salvador Cienfuegos, dijo esta semana que el Ejército no se amedrentará "por juicios injustos, algunos sin duda erróneos, carentes de fundamento, malintencionados y que la institución armada nacional no merece".
El mensaje llega poco después de que un juez civil ordenó la prisión formal de siete militares implicados en la muerte de 22 personas en el marco de un enfrentamiento con presuntos secuestradores el 30 de junio en Tlatlaya.
El Ejército informó primero que todas esas muertes se produjeron en la balacera pero una sobreviviente reveló en septiembre que la mayoría de los fallecidos fueron asesinados a sangre fría después de rendirse, desatando un escándalo.
Las declaraciones de Cienfuegos obedecen a que el Ejército siente que no hay una adecuada "cobertura política de parte del poder civil", dijo a la AFP Javier Oliva, experto en seguridad de la pública Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El caso de Tlatlaya se considera uno de los más graves abusos de militares contra civiles desde que en 2006 el entonces presidente Felipe Calderón involucró a los militares en la lucha contra el narcotráfico.
Calderón justificó esa decisión ante la debilidad y corrupción en los cuerpos policiales locales, una lacra que volvió a quedar al descubierto en septiembre con la desaparición de 43 estudiantes a manos de policías y narcotraficantes en Iguala.
Militares sin certeza jurídica
Oliva y otros analistas coinciden en que los militares fueron enviados a la arriesgada lucha contra el narcotráfico sin un marco jurídico adecuado.
Ocho años después "ni el poder civil, ni el legislativo, ni el judicial se han tomado la molestia de dar certeza jurídica" a las fuerzas armadas, indicó.
Un marco jurídico adecuado debería considerar un mandato temporal por parte del Congreso para la estancia de los soldados donde haya necesidad, señaló Gerardo Rodríguez, consultor en seguridad.
También debe prever si algunas garantías individuales podrían verse afectadas y regular sus operativos, agregó este miembro de la organización Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia.
El experto cree que las fuerzas castrenses sufren "un desgaste natural de imagen" tras ocho años de fuerte violencia, en los que más de 100,000 personas fueron asesinadas o desaparecidas.
Además, Rodríguez apunta que a "los ejércitos del mundo nunca les ha sido grato que otras instancias judiciales les ayuden a resolver actos de disciplina".
Tras una solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Senado modificó en abril el código de justicia para que los soldados que cometan abusos sean juzgados por tribunales civiles.
Con la situación que vive México, estima Rodríguez, el Ejército difícilmente renunciará a seguir en la lucha contra el crimen organizado, principal amenaza a la seguridad nacional.
Cuestionamiento por Iguala
Al caso Tlatlaya se han sumado voces que cuestionan que el Ejército, que tiene una céntrica base en Iguala, no acudiera a auxiliar a decenas de estudiantes cuando fueron atacados la noche del 26 de septiembre por policías locales y sicarios de un cártel narcotraficante, al que cual presuntamente servía el alcalde.
Los ataques dejaron seis muertos y 43 estudiantes desaparecidos, que se teme que acabaron siendo masacrados por los sicarios.
La Procuraduría General de la República ha dicho que esa noche el Ejército no recibió la orden de salir del cuartel.
Oliva cree que las críticas al Ejército son "inconsistentes" porque no se "toma como antecedente que hay alrededor de 40,000 soldados y marinos en labores diarias en la lucha contra el crimen organizado" con afectaciones "mínimas" a los derechos humanos.
Ante "lo delicado de los acontecimientos que impregnan la agenda diaria es necesario reflexionar que los problemas, obstáculos y antagonismos que se oponen al progreso de México son responsabilidad de todos", señaló el secretario Cienfuegos, que recalcó que el desarrollo del país está "en juego".
mac
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