AL MARGEN ||
Pueblos indígenas y minorías en Oaxaca
¿estarán dispuestos a legitimar una reforma electoral regresiva?
Adrián Ortiz Romero Cuevas
Algunos de los avances más significativos en el ensanchamiento de los derechos político-electorales de las minorías en México, han sido gracias a las luchas jurídico-constitucionales que se han librado desde Oaxaca. Esos mismos grupos y pueblos indígenas, migrantes, colectivos de mujeres e incluso organizaciones de personas defensoras del reconocimiento y la inclusión de las minorías integrantes de la diversidad sexual, son algunas de las mismas que después avalaron electoralmente a Andrés Manuel López Obrador como Presidente. El problema es que su proyecto de reforma electoral es regresivo respecto a todas esas minorías. ¿Lo avalarán en este intento?
En efecto, en estos días continuará la discusión del llamado Plan B en materia electoral impulsado por el presidente López Obrador. A finales del año pasado intentó sin éxito que se aprobara un paquete de reformas a la Constitución federal para modificar la estructura del Instituto Nacional Electoral, así como una serie de normas y principios que rigen la vida democrática del país.
Su intento original de reformar la Ley Suprema fracasó ante la imposibilidad de obtener la mayoría legislativa que necesitaba para consolidar su proyecto. Por eso optó por lo que hoy se conoce como el Plan B en materia electoral, que ha levantado mucha polémica por la modificación de las estructuras institucionales en materia electoral, pero que en Oaxaca tendría también eco respecto a regulación del acceso a candidaturas a ciertos grupos minoritarios que aquí han ganado importantes espacios en la arena democrática.
Como lo apunta Hugo Concha en un texto publicado recientemente en la página web de la revista Nexos, lo que está por ser analizado en el Senado presenta tres grandes temas. El primero consistente en una muy necesaria ampliación de derechos políticos; el segundo, en temas relativos a cambios en la organización, estructura y funcionamiento de las autoridades administrativas, INE y OPLEs (Organismos Públicos Locales Electorales), así como reforzamiento de una situación de impunidad de los partidos políticos y; el tercero, relacionado con las autoridades jurisdiccionales y todo el funcionamiento de nuestra justicia en ese ámbito.
Ahora bien, ¿por qué si bien toda la atención está puesta en la modificación de la estructura del INE y los Organismos Públicos Locales Electorales, en Oaxaca retumbarían otros temas como los relacionados con la integración de las minorías a la vida democrática del país? Porque como lo apuntamos antes, muchas de esas batallas jurídicas tuvieron a nuestra entidad como origen. Sin embargo, para entender toda esta situación, es importante considerar el contexto e ir por partes.
