martes, 4 de noviembre de 2014

Derecho a ser olvidado

Alexander Calder, fue un escultor norteamericano, como diría su entrada en la Wikipedia “hijo de escultores”, precursor de la escultura cinética: la aplicación del movimiento a la construcción artística. Sus obras interactúan con las corrientes de aire, con la música, ejemplo de ello son las famosas “Nubes de Calder”, que resaltan la calidad excepcional del Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela, convirtiéndola en una de las cinco salas con mejor acústica del mundo.

En síntesis, el pensamiento de este visionario, logró conjuntar elementos que la visión tradicional no aceptaba y les dio nueva vida.

El asunto Google Spain vs. Costeja, resuelto por la Corte Europea de Justicia, decidió que un individuo tiene el derecho a solicitar a Google u otros buscadores, operando en la Unión Europea, que remuevan las ligas resultantes donde aparecieran sus nombres.

Con motivo de la implementación de la sentencia, Google ha creado un Consejo, cuyo objetivo es definir cuándo una solicitud de remoción, debe ser procedente, la tarea no es para nada fácil y con fin de operar a conciencia, ha mantenido reuniones públicas a través de Europa, para tomar experiencias, pericia, conocimiento, que permitan ejercer esta nueva obligación con mayor responsabilidad.

El problema es que aún considerando la buena fe de este Consejo, la sentencia, sus razonamientos y sus efectos, genera grandes dudas, interrogantes esenciales, debido a que afectan diversos derechos y libertades, con un impacto ensordecedor en la sociedad.

Todo este movimiento está generando una discusión alrededor de lo que se ha llamado, el “Derecho a ser olvidado”, pero ¿cuáles son las implicaciones reales de ello? ¿a dónde lleva este supuesto derecho, tal y como está siendo implementado?

¿Qué significa este derecho a ser olvidado? Es la posibilidad de una persona, que considere lesivo un resultado de una búsqueda sobre él, en los motores como Google, solicite y logre que tal resultado sea borrado.

La sentencia otorga la facultad de “borrar” a los buscadores mismos ¿esto debe ser así de simple, cuando se trata de la interrelaciones de derechos y libertades democráticas básicas?

La decisión favorece al “derecho a ser olvidado”, pero ¿qué pasa con el derecho a saber? Existe información, que vista con detenimiento, tiene una presunción de pública, por su importancia.

En un documento muy interesante de la organización Article 19, se dan unas recomendaciones, en la vía de lograr una mejor aproximación al problema.

Por ejemplo, los controladores y las autoridades, deben actuar dentro de un marco de respeto a los derechos humanos. Debe haber una definición de interés público, que permita concluir si algo debe ser borrado o no, teniendo claro que las personas públicas, tienen un grado de protección menor de su privacidad.

Un proceso del derecho a ser olvidado, debe ser compatible con determinados principios, tales como: dar a conocer la solicitud de borrado, una decisión informada y la posibilidad de recurrir la decisión, preferentemente ante jueces imparciales.

El tema es grave, cuando analizado con mayor detenimiento, se descubren las implicaciones en otras esferas sociales, como la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho a saber, el derecho a la privacidad, sólo para empezar.

Una conclusión a la que podríamos llegar, es que ahora, el mundo necesita un Alexander Calder de lo social, que logre interconectar de una manera novedosa estos elementos mezcla de antigüedad y novedad. Necesitamos unas “nubes” sociales, que conduzcan todos estos elementos y generen una mejor acústica.

Publicado el 4 de noviembre de 2014

Víctor Manuel Collí Ek
Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche
vimcolli@uacam.mx
www.victorcolliek.com

viernes, 17 de octubre de 2014

Convergencia entre Privacidad y Desarrollo Tecnológico


En este mundo del “Fappening” y la era post-Snowden, la convergencia entre privacidad y desarrollo tecnológico, es de singular interés. Se puede prácticamente oler en el aire, cómo está en entredicho, que tenemos este derecho a una vida privada.

El hecho de que los piratas informáticos de moda, los autores del “Celebgate” hayan infiltrado las cuentas del Icloud y dado a la vista del mundo, las fotos íntimas de las más sonadas celebridades femeninas del mundo actual, azuza las discusiones de la intromisión a la privacidad por parte del Estado y los particulares, pone en la mesa la gran interrogante sobre nuestro derecho, y cuánto tenemos o nos queda de ello.

Hace unos días se describía que el Iphone 6 traía una encriptación, con un algoritmo tan complejo, que ponía el control absoluto del mismo en el usuario, eliminando cualquier intervención gubernamental, por el motivo que fuere.

A lo anterior, prosiguió la crítica del director del FBI James Comey, a esta política de Apple: “Lo que me preocupa es que las compañías están expresamente publicitando algo que permite a las personas mantenerse más allá de la ley”, expresaría.

Sin duda todo esto lleva a un nivel novedoso la colusión Privacidad-Seguridad. El derecho o la libertad que tenemos los ciudadanos, para mantener un margen de privacidad frente al poder estatal o a los demás.

Parecería que nos referimos a algo no tan novedoso, claro, pero lo peligroso es, la pretendida aniquilación de la existencia de ese margen de privacidad, o sea, la anulación de la posibilidad de no ser intervenidos. En voz de la autoridad, es axiomática la existencia de una puerta trasera para infiltrar la privacidad. ¿A dónde lleva este discurso?

Afortunadamente, para defender la posición opuesta, este año, la Corte Suprema de EUA, resolvió un asunto sobre la potencial invasión a los contenidos de los celulares y el presidente de la Corte, el Juez Roberts, usaría dos afirmaciones interesantes para definir la cuestión. En la primera señala que imaginemos que un marciano visita la tierra, con las condiciones actuales, casi podría afirmar que los celulares son parte de la anatomía humana. En la segunda diría: “El celular promedio tiene instaladas 33 aplicaciones, que juntas puede formar un montaje revelador de la vida del usuario”.

La pregunta es, un instrumento tan apegado a las personas, ¿Esta nueva anatomía tecnológica y montaje vital, debe estar siempre abierta para su invasión, análisis, observación, so pretexto de combatir la criminalidad?

La respuesta promedio entiende dos soluciones: sí, para garantizar la Seguridad, o no, para garantizar la Privacidad. ¿Pero son las únicas?

Una discusión reciente en el New York Times, su afamada columna Room for Debate, ofrece una perspectiva interesante que amplía el espectro de respuesta.

El tema no es biangular. Es posible encontrar otras salidas. Las autoridades pueden tener acceso a emails, cuentas bancarias, fotografías, mensajes de texto, por otros medios, la nube por ejemplo, torres celulares, lectores de matrículas, etc., pero, y esto es trascendental, siempre con la autorización de un Juez; o sea hay más medios, menos invasión, más legitimidad, pero sobre todo, observación de un mecanismo regulador, un tercer partido imparcial.

La encriptación de celulares inhibe cierta información para las autoridades, lo cual no es inusual, diría la profesora Faiza Patel de la NYU, un traficante de drogas puede deshacerse de su mercancía en los excusados, al escuchar a la policía en la puerta, pero no existe una prohibición de bajar la palanca para que caiga el agua.

El tema es perenne, pero ante nuevos elementos, deben darse nuevas soluciones, tendentes a salvaguardar la esfera de privacidad, que deje a la autoridad trabajar, siempre vigilada, respetuosa de la libertad y dignidad de los ciudadanos.


NOTAS:
* Se reproduce con autorización de autor, publicado en Reforma, el 17 de octubre de 2014


Víctor Manuel Collí Ek
Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche
vimcolli@uacam.mx

sábado, 27 de septiembre de 2014

Ejército culpable de Matanza de Presuntos Criminales de Tlatlaya

Sólo bajo presión las autoridades mexicanas debieron reconocer que lo ocurrido el pasado 30 de junio en el municipio de Tlatlaya es demasiado turbio, por lo que debe ser aclarado. Testimonios y fotografías desmienten la versión original, la de un supuesto enfrentamiento entre militares y criminales, y hablan en cambio del asesinato de presuntos delincuentes que ya se habían rendido. Sedena ya consignó ante un juez militar a ocho de los participantes en esa acción, acusándolos de “desobediencia” e “indisciplina”.

México, D.F. Contra su voluntad, el gobierno mexicano ha tenido que actuar ante las crecientes evidencias de una posible matanza de civiles perpetrada por el Ejército, pero se encamina a culpar a “soldados desobedientes” para evadir cualquier responsabilidad política.

Sin explicar aún qué pasó la madrugada del 30 de junio en el poblado San Pedro Limón del municipio mexiquense de Tlatlaya, ya dirigió la atención a militares de infantería de bajo rango participantes en lo que cada vez más toma la forma de una ejecución sumaria de 21 presuntos delincuentes que se habían rendido, más el abatimiento de otro que habría muerto en condiciones de enfrentamiento, según los testimonios e imágenes publicadas por la prensa nacional e internacional.

La noche del pasado jueves 25, luego de que Proceso diera a conocer en su portal electrónico que ese día un grupo de soldados rasos más un teniente habían sido consignados ante un juez castrense, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que un oficial y siete elementos de tropa fueron puestos a disposición del juzgado Sexto militar.

La Sedena agregó que sus elementos quedaron “internos” en la prisión del Campo Militar Número 1, en el Distrito Federal, por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos en contra de la disciplina militar –sin explicar en qué consistió ésta–, desobediencia e infracción de deberes. Precisó que el último de los cargos sólo aplica para el oficial. Los acusados están recluidos en un sector conocido como “las negras”, por lo reducido y oscuro del espacio.

El reportero Arturo Rodríguez había adelantado la información y pronto fue reproducida en distintos medios, ante el silencio inicial del Ejército. La Sedena se vio obligada a informar, tal y como había ocurrido una semana antes, luego de que la administración de Barack Obama hiciera una declaración pública en la que le pidió al gobierno de Peña Nieto una investigación verídica de lo ocurrido en el Tlatlaya, Estado de México (Proceso 1977).

Sedena, que se había empeñado en sostener que el abatimiento de los presuntos delincuentes ocurrió a raíz de un enfrentamiento durante un patrullaje militar, indicó que la intervención de la justicia castrense era independiente de las investigaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Pero el comunicado de la Sedena amplió las dudas.

Fuente: www.proceso.com.mx

viernes, 26 de septiembre de 2014

Nace bebé de mujer muerta por bala perdida

Brenda estaba embarazada cuando una bala de un fuego cruzado la alcalzó; médicos practicaron una cesárea al cuerpo y sacaron a la pequeña, quien se encuentra en estado delicado.  

Milenio 
Reynosa
El director del Instituto Mexicano del Seguro Social en Reynosa Timoteo Leyva Silva, reveló que debido a que la víctima colateral del enfrentamiento suscitado el jueves, llegó sin signos vitales, fue poco lo que se pudo hacer.
Luego de una hora de realizar trabajos de reanimación cardiopulmonar no se logró restablecerla y la muerte de Brenda Marlen Hernández Razo de 29 años quien se encontraba con 25 semanas de embarazo, se declaró a las 21:00 horas.
Pese a su muerte se hicieron las labores pertinentes para rescatar al bebé, y luego de practicar una cesárea se logró extraer con vida a una pequeña que alcanzó un peso de 600 gramos, quien se encuentra en estado delicado y con probabilidad de vivir de apenas el uno por ciento.
Hasta el mediodía del viernes el cuerpo de la hoy occisa se encontraba en el SEMEFO, trascendió que una vez que familiares declaren ante la Procuraduría General de Justicia, sería entregado.

Muere bebé rescatada de madre asesinada en tiroteo

Milenio
Reynosa

Brenda Marlen Hernández Razo, de 29 años de edad y quien contaba con 25 semanas de embarazo, fue víctima de un tiroteo en Reynosa, una bala perdida la hirió de muerte y pese a ser trasladada con vida a un hospital local se declaró sin vida a las 21 horas.
Pese a esto se hicieron las labores pertinentes para rescatar al bebé y luego de practicar una cesárea se logró extraer con vida a la pequeña que alcanzó un peso de 600 gramos.
Sin embargo, en la clínica regional del Instituto Mexicano del Seguro Social se informó que tras veinte horas la recién nacida también murió.

viernes, 22 de agosto de 2014

PGJ - ICAT / CAPACITACIÓN

COM.SOC. 241/ 2014

 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE QUINTANA ROO

COMUNICACIÓN SOCIAL

22 DE AGOSTO DEL 2014

 

CONCLUYE CON ÉXITO CURSO IMPARTIDO CON EL ICAT

*El Procurador General de Justicia de Quintana Roo, Gaspar Armando García Torres y la titular del Instituto de Capacitación para el Trabajo en Quintana Roo (ICATQRoo), Alondra Maribel Herrera Pavón,  se comprometieron, con este convenio, a realizar acciones que coordinadas para la capacitación a los trabajadores de la Procuraduría.

* El curso, que tuvo como duración 20 horas y se impartió en el aula 3 de la Procuraduría General de Justicia.

Chetumal, Quintana Roo; 22 de agosto de 2014.  El Procurador General de Justicia de Quintana Roo, Gaspar Armando García Torres y la titular del Instituto de Capacitación para el Trabajo en Quintana Roo (ICATQRoo), Alondra Maribel Herrera Pavón,  firmaron un convenio de colaboración general de apoyo y coordinación, con el fin de que ambas dependencias trabajen de manera conjunta en pro de la actualización y capacitación de los trabajadores.

Lo anterior, fue realizado en el marco de la clausura del evento de capacitación denominado "Impartición de cursos de capital humano de manera presencia grupal" mismo que registró la participación de 18 personas de distintas áreas de la dependencia, mismos que concluyeron con satisfacción el curso, el cual tiene como objetivo el fortalecimiento del Instituto de Profesionalización , Capacitación e Investigación Jurídica de la PGJ, para poder contar con capacitadores certificados y se pueda lograr una efectiva trasmisión de conocimientos en las actividades que ocupan.

El Procurador, agradeció la disponibilidad del ICATQRoo y felicitó a los participantes por haber asistido y absorbido cada una de las enseñanzas, exhortándolos para que sigan preparándose, actualizándose y profesionalizándose, sobre todo luego de los cambios en materia de Justicia Penal que se han implementado desde el pasado 10 de junio, fecha en la que comenzó a aplicarse el Sistema Penal Acusatorio Adversarial.

En el curso, que tuvo como duración 20 horas y se impartió en el aula 3 de la Procuraduría General de Justicia, se abordaron temas como la preparación, conducción y evaluación de sesiones de capacitación, así como los antecedentes contextuales en los que se detallan contenidos como la competencia, estándar de competencia, elementos de competencia, criterios de evaluación, entre otros.

Por su parte Herrera Pavón destacó la importancia de la capacitación en la vida profesional de las personas y de igual manera felicitó a quienes concluyeron con este módulo. Agregó que el Instituto a su cargo y la Procuraduría, buscarán llevar más capacitación a los trabajadores de la dependencia.

Además del Procurador García Torres y la Directora General del ICATQRoo Alondra Herrera Pavón, estuvieron en dicho evento, Karen Patricia Espinosa Rodríguez, Directora de la Unidad Chetumal; Guadalupe Alamilla Balam, Instructora certificada en la competencia e Ingrid Mariana Herrera Cordero, Directora del Instituto de Formación Profesional, Capacitación e Investigación Jurídica de la PGJ.

 

…Boletín emitido por Comunicación Social de la PGJ.

sábado, 16 de agosto de 2014

María Elisa Portela Chaparro bajo tratamiento médico, afirma Francisco Eustaquio Portela



Fuente: tribunacampeche.com

María Elisa Portela Chaparro consignada por homicidio calificado


Por el delito de cohecho equiparado fue consignada a un Juez de lo Penal, María Elisa Portela Chaparro, quien fue acusada de intentar matar a su ex pareja sentimental Juan Tamay Ávila, quien permanece internado en el Hospital General de Especialidades.

La mujer fue consignada por el Ministerio Público quien de igual manera integra otro expediente en contra de Portela Chaparro por homicidio calificado en grado de tentativa, el cual en breve podría ser turnado al Juez para solicitar la orden de aprehensión en contra de la mujer.

María Elisa está acusada de apuñalar a su ex pareja a quien también le pasó encima un vehículo Chevrolet Monza, el principal motivo del ataque de la mujer Tamay Ávila es por estar cansada de las golpizas que su ex pareja le propinaba.

Fuente: campeche.com.mx

viernes, 15 de agosto de 2014

Cuatro menores se quitan la vida

Por diversos traumas, cuatro menores que habitaron en el albergue de Rosa María Verduzco, "Mamá Rosa", se quitaron la vida.

"Se han suicidado cuatro menores desde que ocurrió esto (la intervención al albergue)", informó Julio Hernández Barros, comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), organismo descentralizado del Gobierno federal.


"La mayoría (de los suicidios) ya en sus hogares de donde son originarios y, como nos reportan los propios familiares, como secuela de los daños psicológicos que les produjo el internamiento en esta casa-hogar. Estamos investigando esos casos", agregó.

El último menor que se suicidó fue reportado ayer, indicó María Ampudia, titular de la fundación "Y Quién Habla por Mí", quien acudió a la CEAV con varias personas que habitaban en el albergue de "Mamá Rosa" para denunciar los abusos de los que fueron víctimas.

"No pudimos llegar a tiempo con uno de los pequeños que iban a venir: se suicidó, se colgó, un chico de 11 años. Es una tristeza que a este pequeño no se le haya dado la oportunidad de resarcirse. Estamos tristes, de luto", lamentó Ampudia.

A algunos de los menores que estuvieron internados en el albergue La Gran Familia les fue robada hasta la identidad, indicó Hernández Barros.

Sus documentos oficiales como acta o certificado de nacimiento están desaparecidos o simplemente no existen, explicó.

"Ni siquiera ese derecho tan básico como el de la identidad fue respetado en ese albergue", remarcó el funcionario, quien rastrea las actas de nacimiento y la familia de quienes no reportan un expediente.

Hernández Barros y otros integrantes de la CEAV recibieron ayer a víctimas que estuvieron en La Gran Familia, el albergue dirigido durante más de 60 años por Rosa del Carmen Verduzco y que fue intervenido el 15 de julio pasado por fuerzas federales.

"El albergue mostraba una máscara maravillosa, pero abrías una puerta y encontrabas una cloaca con condiciones infrahumanas", dijo.

Comentó que los menores no deben ser institucionalizados o recluidos en albergues, donde deben permanecer sólo temporalmente, por lo que la CEAV trabaja en la propuesta de una figura de custodia provisional de niños, a través de familias, que quisieran tenerlos en su seno, sin fines de adopción.

"La opción de la adopción -aclaró el funcionario- vendría después, únicamente si se comprueba que no existen condiciones adecuadas para que permanezcan con sus familiares originarios.

María Ampudia, representante de "Y Quién Habla por Mí", indicó que se levantaron diversas actas ante la CEAV por los abusos que los ex internos de la casa hogar de "Mamá Rosa" han denunciado.

"Una por una, las personas van a levantar un acta y ya sabrán los comisionados qué es lo que se va a hacer, si necesitamos ir a otras instancias, iremos a las que sean necesarias, con tal de que todas las víctimas tengan voz", expuso Ampudia.

Renato Hernández Lacleffe, profesor de la UNAM y asesor de la fundación, explicó que lo que se exige es resarcir los daños a cada víctima.

"Lo que se busca es la reparación del daño de las víctimas y como este es un caso emblemático en materia de derechos humanos, pedimos que la CEAV despliegue medidas especiales, de protección, de apoyos específicos como tratamientos psicológicos y procedimientos jurídicos, de tal forma que se deslinden responsabilidades pertinentes", expuso el académico.

Hernández Barros exhortó a todas las víctimas de "Mamá Rosa" a que acudan a la CEAV para que reciban asesorías jurídicas o tratamiento psicológico.

"Algunos fueron víctimas de abuso laboral, otros de delitos sexuales, otros víctimas de lesiones, y tratos infamantes. Hemos visto que fueron tatuados con números o señas particulares del albergue, otros quemados", enlistó el comisionado.


'Yo me cortaba por desesperación'

Lo que comenzó como un castigo se convirtió en un infierno de nueve años para Dulce Alejandra Lira Nolasco.

Por su mal comportamiento, esta joven fue llevada a los nueve años de edad por su madre Guadalupe Nolasco al albergue La Gran Familia.

"No le hacía caso a mi mamá y me decía que me iba a llevar a ese internado, luego le fueron con el chisme a mi mamá de que yo le pegaba a mi abuelita, pero eso no fue cierto, y mi mamá fue por mí y me llevó al internado, y el primer día me pegó 'La Jefa' (Mamá Rosa)", recordó Dulce Alejandra, ahora de 18 años.

Cada día en la casa hogar fue contado por la menor.

"Estuve nueve años, dos meses y seis días", indicó la mujer, quien mostró sus brazos cortados con vidrios, al acudir junto con otras víctimas a presentar denuncias por los abusos sufridos ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Los primeros días en el albergue resultaron una pesadilla.

"Me dijeron que mi mamá no me quería y que por eso estaba ahí, que ella necesitaba estar con otras personas. Ahí nos quitaron los tatuajes, nos los quemaron, nos mordían, nos cortaron, bueno, yo también me cortaba sola, por la desesperación", narró.

Dulce Alejandra se escapó 12 veces. Se refugiaba en casas de amigas, pero personas que auxiliaron a "Mamá Rosa" la localizaban y la llevaban de vuelta al albergue.

"Los castigos por escaparme eran más fuertes, me encerraban en unos baños, nos cortaban el pelo, a rapa, para que así nos diera vergüenza por si queríamos volver a escapar. Al "Manitas" se lo llevaron envuelto en sábanas y no supimos más de él", explicó.

"Una vez Jaime (uno de los asistentes de 'Mamá Rosa') me pisó la cabeza y me comenzaron a pegar, que porque una amiga me prestaba un celular para hablarle a mi mamá y no era cierto. Una chava que se llamaba Karen era la que comenzó a hacer los chismes, y también 'La Tatis' me comenzó a pegar; también Aurora, maestra de orquesta, incluso a mi amiga le pegó, le sacó la sangre de la nariz, a todas nos pegaban, "El Lenguas" quiso abusar de mí", recordó.

"Mi hija tiene mordidas, incluso en la espalda aún se le pueden ver los dientes, me la quemaron en su brazo, son cosas que yo le he visto. 'La Tatis' me pedía dinero, yo cada ocho días le llevaba, después llevé dinero cada cuatro meses, a mi hija la encontré una vez con un desgarre, casi le sacaron el ojo", reclamó la madre.

Indicó que Verduzco le exigió 400 mil pesos y dos niños más para que le entregara a su hija.

Expuso que tuvo que vender una casa en la frontera para obtener el dinero, pero que a cambio Verduzco le pedía a la Policía de Zamora que se la llevaran para que ya no insistiera por su hija.

¿Por qué llevó a su hija?, se le inquirió a la señora.

"Yo quería darle un susto, que viera lo que sufrían las personas, que viera lo que pasaba realmente ahí, me dijo 'Mamá Rosa': 'déjela para que vea como está aquí y en tres horas vienes por ella', y cuando volví no me regresaron a mi hija, ahí estuve, anochecía, amanecía, anochecía, volvía a amanecer pidiendo a mi hija", lamentó.

Recuerda que Verduzco dejó a la señora ver a su hija sólo dos años después de que la dejó.

"La encontré desnutrida, golpeada, delgada, con un montón de piojos, sin poder hablar porque siempre estuvo un custodio enfrente", dijo.

Sin embargo, no le fue permitido llevársela y afirmó que una mujer de alias "Elota" y un hombre de apodo "Maiko", le exigieron dinero para su hija.

Nolasco exigió ayer a la CEAV que "Mamá Rosa" sea encarcelada.

viernes, 8 de agosto de 2014

PGJ colabora en búsqueda de personas desaparecidas


Búsqueda de María Babines Quintero
Chetumal, Quintana Roo, 08 de agosto. La Procuraduría General de Justicia informa que derivado de los convenios interprocuradurías  colabora en la localización de María Babines Quintero, de 65 años de edad, quien es de complexión delgada, tez blanca, cabello entrecano ondulado hasta los hombros, cara cuadrada, cejas regulares arqueadas, nariz recta mediana, boca regular, labios medianos, orejas medianas, lóbulo adherido, frente mediana, tiene la mano izquierda fracturada, tiene perforaciones para aretes en las orejas y carece de dentadura.

La última vez que fue vista vestía pantalón color beige, blusa de pijama color rosa, manga larga, cuello en forma de "V", zapatos de color negro, y padece de trastorno bipolar con eventos psicóticos temporales, habla normal.





Búsqueda de Francisco Moisés Aguilar
Asimismo se coadyuva para la localización y ubicación de Francisco Moisés Aguilar Cruz, de 28 años de edad,  originario del estado de Puebla, el cual tiene las siguientes características: es de aproximadamente 1.80 centímetros de alto, complexión delgada, color de piel morena, cabello negro chino, cara forma alargada, frente regular, cejas pobladas, ojos grandes de color café obscuro, nariz grande alargada, boca grande, labios gruesos, orejas chicas, con barba.

Como seña particular tiene una cicatriz en el brazo derecho de una operación por placa con seis tornillos, la última vez fue visto vestía un pantalón de mezclilla azul deslavado, con cinturón negro, camisa color café oscuro, suéter de color café claro con rombos blancos y zapatos negros.

Cualquier información con relación a la localización de estas personas, hacerlo llegar a los números de la PGJ de Quintana Roo.

PGJ estadísticas de delitos contra la salud


  • FEADCS desde enero a 9 de junio del 2014 inició 52 AP, 45 fueron consignadas a los juzgados correspondientes.
  • Mariguana es la droga más asegurada en OPB, JMM, FCP y Bacalar.
  • De enero a Julio 11 kilos 560 gramos de este enervante y 143.8 gramos de cocaína.
  • Desde la implementación del NSJP (10 de junio) la FEDCS ha iniciado 11 carpetas de investigación.


Chetumal, Quintana Roo; 06 de agosto de 2014. En su tarea de combate al narcomenudeo, la Procuraduría General de Justicia informó que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Salud de la zona sur y centro de la entidad, dentro del período comprendido del 1 de enero al 9 de junio del presente año, un total 11 kilos 560 gramos de marihuana y 143.8 gramos de cocaína, por los cuales se iniciaron 52 averiguaciones previas y 45 de estos expedientes fueron turnados ante el Juez Penal correspondiente.

Lo anterior, es resultado del trabajo desplegado por efectivos ministeriales asignados a esa instancia, los cuales tal y como lo establecen los lineamientos, han sido evaluados y certificados para este fin.

La FEDCS en la zona sur de Quintana Roo, atiende los municipios de José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco, demarcaciones dentro de las cuales se ha asegurado a los presuntos responsables a los cuales, tras haberse integrado el expediente respectivo por delitos contra la salud, 45 han recibido el ejercicio de la acción penal, con base en los elementos probatorios que señalan su presunta responsabilidad en el ilícito.

Cabe mencionar que las cifras antes señaladas son las registradas durante los primeros meses en los cuales aun estaba vigente el sistema tradicional de justicia penal y tras haberse implementado el Nuevo Sistema, del 10 de junio del presente año a la fecha, el MPFC asignado a esta fiscalía se ha dado inicio a 11 carpetas de investigación, sin que haya consignados, toda vez que los imputados han salido libres en el término constitucional, gracias a los beneficios que les otorga la ley.

Como contexto, es importante mencionar que, tras la reforma al Código Penal Federal y la Ley General de Salud, fue en agosto del 2012 cuando se confirió competencia a los estados para combatir el narcomenudeo, por lo que con el apoyo del Gobernador Roberto Borge Angulo se creó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Salud, dependiente de la Procuraduría General de Justicia que encabeza Gaspar Armando García Torres, quedando establecidos dos sedes una en la ciudad de Cancún y otra más en la capital del estado.

Búsqueda de Florencio Sánchez Nieves


Chetumal, Quintana Roo; 06 de agosto de 2014. La Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo, colabora con las autoridades de Puebla para dar con el paradero de Florencio Sánchez Nieves, de 29 años de edad, quien se encuentra en calidad de desaparecido desde el 5 de junio del presente año, fecha en la cual fue visto por última vez.

Sánchez Nieves es de aproximadamente 1.65 metros, de complexión robusta, tez morena, cabello negro y corto. Tiene perforaciones en ambos lóbulos y en la ceja derecha, además cuenta con un tatuaje en el brazo izquierdo con la figura de un so, un chivo y la letra "S". Vestía una playera de color gris, pantalón de mezclilla azul marino, botas de casquillo color negro y llevaba una mochila de color negro en cuyo interior guardaba ropa.

Cualquier información con relación a la localización de esta persona, hacerlo llegar a los números de la PGJ de Quintana Roo.

lunes, 4 de agosto de 2014

Héctor Manuel Casique Fernández es un caso político


Ciudad de México.- Policías, jueces, funcionarios públicos y hasta el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo han orquestado una “cacería brutal e inhumana” en contra de un joven con el fin de obtener beneficios políticos, asegura Yaskade Fernández Ramírez.

En entrevista para Ferriz.com.mx, la madre de Héctor Manuel Casique Fernández, quien se encuentra preso por homicidio, asegura que el caso de su hijo es político, que las autoridades de ese estado sólo buscaban un chivo expiatorio para zafarse del asesinato de seis personas en un conocido bar llamado ‘La Sirenita’.

Fernández Ramírez precisó que su hijo permanece encarcelado a pesar de que un juez del Juzgado Segundo le otorgó un amparo que lo liberaba. Sin embargo, antes de abandonar la cárcel lo esperaban elementos de la Policía Judicial estatal para detenerlo de nuevo porque supuestamente existían otros señalamientos que lo inculpaban.

“Entraron al reclusorio por él sin ninguna orden de aprehensión y no respetando un amparo federal que ya teníamos preparado sabiendo las mañas de estos sujetos, ya que a la Procuraduría estatal no le conviene la libertad de mi hijo pues hicieron tanto escándalo con este caso que a la mayoría de ellos los subieron de puesto” recuerda la madre de Casique.

La “terrible e inhumana cacería” habría sido orquestada por el capitán Arturo Olivares Mendiola, titular de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito y por Aarón Pérez Holguín, agente de la Policía Judicial estatal. Las autoridades aseguran que Casique Fernández es un miembro del Cártel de Golfo apodado ‘El Diablo’.

Héctor Manuel Casique Fernández fue arbitrariamente detenido el 16 de marzo de 2013; enseguida fue puesto a disposición de miembros de la policía judicial, quienes lo incomunicaron y torturaron.

“Cuando la policía municipal lo entrega a los judiciales mi hijo está en perfectas condiciones, tengo la foto que lo acredita así como el certificado médico 2088 expedido por la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito….los judiciales lo recibieron a golpes, le pidieron dinero para soltarlo, lo incomunicaron y lo torturaron por más de 48 horas” cuenta Yaskade.

La tortura fue realizada por 30 judiciales; el joven instructor de artes marciales, quien se especializaba en la impartición de cursos de defensa personal a diversas corporaciones policiacas, fue pateado, tableado, embolsado.

“Le dieron choques eléctricos en todo el cuerpo; fue por tanto tiempo que tuvieron que cambiar en varias ocasiones las pilas del aparato; le echaron tanto chile habanero en los ojos que perdió la visibilidad en uno de ellos…fue embolsado hasta que sufrió un preinfarto y tuvieron que llamar a los paramédicos; el chile también se lo aplicaron en los oídos lo que, aunado a que le aplaudían en esa zona, perdió la audición del lado izquierdo” describe su madre.

El también estudiante de leyes fue quemado de los testículos, golpeado hasta que se le deformaron los dedos de los pies y la cabeza se le abrió por los cachazos propinados. Además fue violado por el judicial Constantino Solana Wady Alfredo. “El propio Arturo Olivares Mendiola saltaba en su estómago”.

A pesar de que existen pruebas de dichas agresiones, autoridades estatales determinaron que los judiciales que participaron no serán llevados a juicio. “Fueron solapados por diversos ministerios públicos, el procurador, el subprocurador y otras autoridades estatales…el subprocurador de Quintana Roo estuvo presente en el momento de las torturas” asegura la madre de Casique.

En julio de 2013 la madre de Casique solicitó la aplicación del Protocolo de Estambul, el primer conjunto de reglas para documentar la tortura y sus consecuencias; a principios de noviembre se le practicó, lo que convirtió a Héctor Manuel Casique Fernández en la primera persona en Quintana Roo que lo recibe.

“El 15 de noviembre un juez federal resuelve a favor de mi hijo, afirma que la justicia ampara a Héctor Manuel contra el auto de formal prisión y también ordena se denuncie la tortura”.

Harta de las autoridades, Yazkade acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos pero también se topó con pared.

“El presidente de la Comisión se negó a entregarme copias del Protocolo de Estambul así como a emitir una recomendación por tortura, y a pesar de que supo que la Procuraduría estatal decidió no ejercer acción penal contra los torturadores de mi hijo no actuaron de ninguna manera; ante esas irregularidades, decidí viajar a la ciudad de México para quejarme ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos” relata.

Toda esa tortura tuvo la finalidad de que el joven se declarara culpable del homicidio de seis personas acaecido en el bar ‘La Sirenita’ días atrás, dice Yaskade.

“Ese caso lo tenían que resolver rápidamente pues había intereses políticos de por medio; lo torturaron para que dijera que pertenecía a un grupo delictivo e involucrara a otros políticos” precisa la madre de Casique Fernández.

El proceso de Casique ha estado plagado de irregularidades; primero fue acusado de ser el autor material de los homicidios pero como la prueba de radisonato de rodio resultó negativa se le acusó de ser el autor intelectual. También fue exhibido como jefe Zeta y posteriormente como miembro del Cártel del Golfo.

Yaskade recordó que el procurador de justicia de Quintana Roo, Gaspar Armando García Torres, dijo que mientras él permanezca en el cargo Casique no saldrá de la cárcel.

La familia de Héctor se ha comunicado con la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y ya fue atendida en la Secretaría de Gobernación. También ha recibido apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Yaskade informó que están a punto de obtener la libertad de su hijo, lo que la llena de alegría pero también de miedo e incertidumbre porque tanto ella como su hija han sido amenazadas en varias ocasiones. “¿Qué va a pasar cuando mi hijo salga, lo van a volver a agarrar, nos van a rafagear? hablar con los medios de comunicación es nuestro seguro de vida”.