2009-11-04
PGJDF revela que en un hospital privado de la Venustiano Carranza se vendían bebés recién nacidos, decían a las madres que éstos habían muerto; hay 6 personas detenidas y arraigadas
CIUDAD DE MÉXICO, México, nov. 4, 2009. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) descubrió un hospital en la delegación Venustiano Carranza en el que se vendían recién nacidos tras engañar a sus madres diciéndoles que habían muerto.
En conferencia de prensa, el subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la dependencia, Luis Genaro Vásquez, informó que hay seis personas detenidas y arraigadas, entre ellos tres médicos, una enfermera, un recepcionista y una mujer que compró a un menor en 15 mil pesos.
Detalló que el nosocomio privado donde se llevaban a cabo esas actividades ilícitas es el Hospital Central de Oriente, ubicado en el número 491 de la Calzada Ignacio Zaragoza, colonia Valentín Gómez Farías, al que se le aplicará una demanda de extinción de dominio.
Las personas arraigadas son Víctor Manuel Mancera González de 74 años, quien es el propietario del hospital, Adalberto Guerrero Bustos de 55 y Alfredo Ortiz Rosas de 52, así como la enfermera María Guadalupe Castro Morales de 58 y el recepcionista Leonel Rodríguez Mondragón, cuya edad no se precisó.
"Lo que hacían estas personas era engañar a las madres con que los bebés habían muerto al nacer, para posteriormente separarlos del seno materno y colocarlos mediante la compra-venta en algún seno familiar ajeno a su nexo biológico", explicó el subprocurador.
El funcionario capitalino agregó que de igual forma se aplicó la medida cautelar a la psicóloga Cinthia Nayeli Pérez Ortiz, quien por 15 mil pesos compró a uno de los niños que fue dado por muerto en dicha clínica.
Precisó que la orden de arraigo fue otorgada por el Juzgado 40 en Materia Penal, por la presunta responsabilidad de los inculpados en los delitos de delincuencia organizada y tráfico de menores.
El subprocurador detalló que la investigación inició en octubre de 2008, cuando una mujer denunció que dio a luz a una niña en el mencionado hospital pero los doctores que la atendieron no se la entregaron argumentándole que había muerto y la habían incinerado.
Agregó que luego la mujer recibió un correo electrónico del hijo de Mancera González, quien le reveló que su hija estaba viva, y que en realidad había sido vendida a una familia.
La Policía Judicial descubrió que la niña estaba en poder del matrimonio formado por María de la Luz Ruiz Padilla y Antonio Merino Hernández, que vivían en el municipio de Tlalnepantla, estado de México.
Los elementos de la PGJDF corroboraron que efectivamente se encontraban en poder de una recién nacida que no era suya, aunque pruebas de genética confirmaron que no se trataba de la hija de la denunciante.
No obstante, la pareja confesó que Mancera González les firmó una constancia de alumbramiento apócrifa, por la que les cobró 12 mil pesos.
Vásquez Rodríguez informó que posteriormente se dio con el paradero de la psicóloga Pérez Ortiz, quien confesó que tenía en su poder de una niña nacida en el Hospital Central de Oriente, la cual había comprado en 15 mil pesos.
"Luego de efectuarle estudios de genética por parte de los especialistas de la procuraduría capitalina resultó que sí era la hija de la denunciante", reveló el subprocurador.
Con los anteriores elementos de prueba, la Policía Investigadora procedió al aseguramiento de los médicos y empleados involucrados en el hecho y el aseguramiento de las áreas del nosocomio.
En sus declaraciones, los implicados reconocieron su participación en los hechos y añadieron que también practicaban abortos ilegales de bebés de seis meses de gestación, a los cuales inyectaban una solución para que maduraran sus pulmones con rapidez para comercializarlos.
Genaro Vásquez expuso que se resolvió arraigarlos a fin de averiguar con cuántos casos estarían involucrados, y exhortar a las mujeres que hayan sido víctimas a que los denuncien.
Además se busca a un sujeto que fungía como intermediario entre los inculpados y los potenciales compradores.
El funcionario local añadió que el hospital contaba con los permisos correspondientes para su funcionamiento y llevaba 20 años de operación, por lo que de momento "es imposible" confirmar cuántos casos similares existen.
