Confusión y temores en el caso del periodista asesinado en Tulum

Alberto Velázquez López, colaborador de la revista Expresiones de Tulum y del canal 30 de televisión por cable local, murió el miércoles de dos balazos, disparados desde una motocicleta por dos desconocidos que se emparejaron a su auto.

Vie, 25/12/2009 - 18:06

Cancún.— El primer asesinato de un periodista en esta entidad, levantó indignación y temores en el gremio periodístico dijo Verónica Alfonso, presidenta de la Asociación de Periodistas de la Riviera Maya y anunció que un representante del comité Internacional de Protección a Periodistas, visitará Tulum para analizar el caso.

Alberto Velázquez López, colaborador de la revista Expresiones de Tulum y del canal 30 de televisión por cable local, murió el miércoles de dos balazos, disparados desde una motocicleta por dos desconocidos que se emparejaron a su auto.

El procurador Bello Melchor Rodríguez informó que no se ha establecido el móvil del crimen; se investigan tres líneas; su ejercicio periodístico; su papel como litigante en casos de terrenos de playa, invadidos; o un caso pasional.

El crimen generó reacciones de grupos políticos beligerantes, en vísperas del inicio de campañas políticas para las elecciones estatales en julio del año próximo y hay interés de matizar el caso con nombres y grupos conocidos en la región.

Los comunicadores exigieron acotar la "campaña de desprestigio personal" contra el periodista desaparecido en círculos locales.

Se sumó a la protesta enérgica que hicieran los comunicadores de Quintana Roo, respecto a este atentado debido a que trascendió que el periodista se encontraba amenazado a raíz del trabajo desarrollado en el municipio de Tulum.

El incidente se registró horas después de la presentación del general brigadier retirado Jorge Mendoza Rodríguez como director interino de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos de ese sitio turístico.

El asesinato encendió los focos de alerta en el noveno municipio de Quintana Roo, pues en este momento se desconoce si lo mataron por su actividad empresarial o como litigante, pues, según los primeros reportes, también encabezaba trámites legales por problemas con valiosos terrenos costeros invadidos.

Además, según el titular de la Procuraduría estatal de Justicia, Bello Melchor Rodríguez Carrillo, también se investiga si el caso tuvo tintes pasionales.

En conferencia de prensa, el funcionario explicó que minutos después del atentado fueron detenidos dos sujetos en Tulum, que viajaban en motocicletas y llevaban guantes de látex.

Rodríguez Carrillo indicó que se les practicaron las pruebas de rodizonato, que arrojaron resultados negativos al disparo de armas de fuego, por lo que fueron puestos en libertad.

En Cancún, familiares del comunicador asesinado llegaron a las oficinas de la Subprocuraduría Estatal de Justicia para reclamar el cuerpo.

Luis Enrique Velázquez López, hermano de la víctima, señaló que el comunicador murió por su trabajo en los medios de comunicación.

Fernando Meraz/Corresponsal Milenio

Brutal crimen de una masajista en Cancún, Quintana Roo

Organización Editorial Mexicana

22 de diciembre de 2009

Mary Rivero / Corresponsal

Cancún, Quintana Roo. Una masajista oriunda del Distrito Federal fue brutalmente asesinada en una de las habitaciones del motel "Luz de Luna", ubicado en la región 103 del centro de esta ciudad, la cual presenta rastros de que fue asfixiada y apuñalada.

La Policía Municipal de Cancún informó que la mujer fue encontrada sin vida por personas que ingresaron a la habitación del motel ya que ésta no atendía llamadas telefónicas. Identificada como Mónica Gómez Campos, de 42 años de edad, originaria del DF, con domicilio en la Súpermanzana 46, manzana 10, lote 9, de ocupación masajista.

Según informes en recepción, la mujer ingresó a la habitación en compañía de un sujeto quien abandonó el lugar sin que se conozcan más datos sobre él. Presuntamente, Mónica fue ahorcada con un cinto y asfixiada con una almohada. Igualmente, presentaba once heridas ocasionas con un objeto punzo cortante; a un costado del sitio de hospedaje se localizó un vehículo marca VW, tipo Jetta, color gris, placas XZD-3544. La Policía realiza en este momento la investigación para dar con al autor del asesinato.

Saldría libre Salvador Rocha Vargas

COZUMEL,Q.Roo.- El propio gobernador Félix González Canto declaró que se avanza en el caso para que el ex secretario de Seguridad Pública salga de la cárcel.

Gustavo Villegas/SIPSE

COZUMEL, Q.Roo.- Lo que solo era un rumor en el municipio de Cozumel ayer fue confirmador por el Gobernador de Quintana Roo, quien declaró que existen altas posibilidades de que Salvador Rocha Vargas, ex secretario de Seguridad Pública, pudiera salir en libertad.

Félix González Canto expuso que este procedimiento puede tomar semanas pero va por buen camino.

Un día después de que se conociera la noticia de que Arturo Beltrán Leyva, líder del cartel de Sinaloa muriera en un enfrentamiento con efectivos de Infantería de Marina de la Secretaría de Marina Armada de México en la ciudad de Cuernavaca, Morelos; en la isla de Cozumel comenzó a surgir el rumor sobre la posibilidad de que Salvador Rocha Vargas quedara en libertad.

El 23 de octubre, durante la presentación de su libro "Cozumel a varias tintas", Luis Alberto Pavía Mendoza quien funge como asesor en materia de seguridad para el Gobierno del Estado de Quintana Roo, dijo que la acusación y detención contra Rafael Rocha era una cuestión política y que todo era falso.

Ayer González Canto, aunque breve, fue contundente en su respuesta. El proceso -dijo- está en la etapa de presentación de pruebas a favor. Esto llevará algún tiempo. "Desconozco cuantos días o semanas transcurrirán pero sus abogados están trabajando para demostrar su inocencia".

Remató diciendo que espera tener en poco tiempo noticias buenas sobre Salvador Rocha, ex secretario de Seguridad Pública y ex director de Seguridad Pública de Cozumel.

La noche del 2 de septiembre de este año Rocha Vargas, el delegado y un subdelegado de la PGR, el titular de la Policía Turística de Cancún y tres personas más relacionadas con la seguridad y justicia en la entidad fueron detenidas y arraigadas bajo los cargos de presuntos apoyos al crimen organizado y delitos relacionados con el narcotráfico.

Sobre la amenaza de paro laboral anunciado para mañana lunes por más de mil trabajadores del sector Salud en Quintana Roo, dijo que ya se está trabajando con la Secretaría Federal de Salud para agilizar la llegada de los recursos y transferirlos a los trabajadores de Salud en la entidad.

Diputados intocables...por fuero constitucional

Idalia Carrillo

Chetumal, Quintana Roo

El fuero constitucional es un derecho que legisladores han pervertido pues prácticamente los hace "intocables" a los brazos de la justicia, expresó el experto en ciencias políticas, Mario Vargas Paredes, con relación al caso del diputado del Partido Verde Ecologista de México, Alain Ferrat Mancera, quien es señalado de utilizar su fuero para cometer abuso de autoridad, luego de que su hermano fuera severamente golpeado por un joven holandés encarcelado en Cancún.

En términos generales el fuero significa "una protección al representante popular, es decir diputados y senadores, al igual que otros funcionarios públicos como el presidente, magistrados, en la libertad y autonomía necesarias para el buen desempeño de sus funciones", explicó Vargas Paredes.

Fuero también significa inmunidad, más no impunidad, pues estos funcionarios sólo son "inmunes" por los delitos que pudieran cometer al expresar sus ideas y opiniones en el ejercicio de su cargo, por ejemplo ante el pleno del Congreso.

Vargas Paredes, indicó que con el fuero no se otorga un "blindaje" a los funcionarios de cara a la justicia, sino que es un derecho especial, que los protege de acciones penales por hacer uso de su libertad de expresión ante la diversidad ideológica de los integrantes de su círculo.

El experto en ciencias políticas, dijo que el fuero se aplica en tanto no se produzcan ilícitos en el uso del cargo público, tales como corrupción, asesinato, tráfico de drogas, entre otros, pues en cualquiera de estos casos la responsabilidad inherente a las decisiones políticas se resuelve con la dimisión, renuncia o destitución del cargo.

Sin embargo, expresó que es preocupante que cada vez se conozcan más casos en los que legisladores locales pretendan abusar de este fuero constitucional, ya que además de cometer injusticias contra ciudadanos que no poseen este derecho, lo que les otorga ventaja, afectan cada vez más su imagen ante el electorado.

En este sentido recordó el caso del diputado Hernán Villatoro Barrios, quien fue denunciado hace poco más de un mes, por una joven que lo acusa de intento de violación.

Vargas Paredes, lamentó que continúen en aumento los casos de abuso de autoridad por parte de los legisladores, como es el caso de Alaín Ferrat Mancera, pues dijo que, de cara al proceso electoral del 2010, se pone en riesgo la participación de los electores en la jornada del 4 de julio.

Y es que los familiares del holandés Free Bronkhorst, quien se vio involucrado en una riña en donde resultó con lesiones de consideración el hermano del diputado. Sin embargo el extranjero señaló que el legislador local estaba usando sus influencias para fincarle responsabilidad, luego de que su familiar fue quien provocó el pleito.

El investigador de la Universidad de Quintana Roo, afirmó que urge una reforma para limitar la aplicación de este fuero, pues por ejemplo en Estados Unidos, este derecho solo aplica al interior de la sede del parlamento, y a un radio del mismo, por lo que es difícil que los legisladores hagan uso indebido del mismo.

Sipse/

Colaborador de Los Zetas fue aprehendido en Villahermosa

Néstor Campos en Villahermosa, Tabasco

Nacional Sábado 12 de Dic., 2009

Elementos de la Policía Federal detuvieron ayer en esta ciudad a Sergio Enrique Ruiz Tlapanco, presunto colaborador de la organización delictiva de Los Zetas.

Una investigación que llevó a cabo la SIEDO permitió determinar que Sergio Enrique Ruiz era el encargado de las actividades de narcomenudeo y trasiego de drogas en los estados de Tabasco, Campeche, el norte de Chiapas y el sur de Veracruz, en compañía de Raúl Gutiérrez Jiménez.

A solicitud fundada y motivada del fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la SIEDO, el juez segundo de distrito de Procesos Penales Federales en Nayarit dictó auto de formal prisión contra Sergio Enrique Ruiz Tlapanco o Rubén Lara Hernández (a) El Tlapa y Raúl Gutiérrez Jiménez o Roberto Torres Mejía.

No pactaremos con el crimen. Sales Heredia

El Procurador niega que la tranquilidad en la isla sea producto de un pacto con el crimen organizado.

viernes 11 diciembre 2009

21:07 horas

Por: Redacción

Ciudad del Carmen, Campeche

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Campeche (PGJE) no pactará con la delincuencia organizada, aseguró el procurador Renato Sales Heredia, al hablar del último decomiso millonario de droga y la detención de dos agentes de la Policía Federal Ministerial (AFIS) en Ciudad del Carmen.

La investigación relacionada con la detención, en noviembre último, de 6 sujetos y la paralela incautación de cocaína valuada en 2 millones de pesos, así como diversos artículos de radiocomunicación y dinero en efectivo, no ha culminado, reveló el abogado del Estado.

El 7 de noviembre, la Subprocuraduría de Justicia de Carmen presentó a Soysiquibe Córdova Hernández, Ramiro Eduardo Landero Torres ("La Ardilla" o el "Gordo Maldad"), César Antonio Cruz Morales y Baltazar Romero Samaniego, capturados en diversos operativos en el que participaron diferentes corporaciones policíacas.

Estas personas detenidas y dos agentes de la PGR están relacionados con el hallazgo de los cadáveres de Fernando Enrique Farías Cohuó, Román Tec Yam y Henri Román Ramírez Zarate, sobre la calle Corcovado, en la Colonia Justo Sierra, a lado del Panteón Colonias, lo que motivó el inicio de la AP 4077/2009.

Sales Heredia subrayó que esto no se puede considerar como un hecho aislado, por lo que ahora se está en la etapa de inteligencia ministerial y análisis de la información, para llevar al total esclarecimiento de los hechos.

Sobre las condiciones aparentemente de calma en la isla a diferencia de otras entidades federativas donde ha predominado la presencia de grupos armados que han enfrentado a las autoridades, explicó que la isla por su peculiaridad de lugar no permite el asentamiento de grupos antagónicos a la ley.

-- Se dice que las plazas tranquilas se deben a que se pactó con la delincuencia organizada, ¿la Procuraduría del Estado lo ha hecho? –se le inquirió al fiscal.

-- Nosotros no vamos a pactar, ni pretendemos pactar con la delincuencia –replicó enfático.

Sobre la posible presencia de la delincuencia organizada en Carmen, refirió que no podía decir con certeza si está presente o no, porque es un fenómeno que acontece a nivel nacional. Sin embargo, subrayó, "las autoridades de los tres niveles permanecemos atentas".

Pero Sales Heredia admitió que la presencia de la droga en Carmen no ha desaparecido aún con el decomiso y la detención de varias personas, y continua presente como en cualquier punto de México donde el enervante se comercializa entre la población.

El Procurador no quiso reconocer que la figura de la cocaína prevalece en el municipio, porque para efectos estadísticos le corresponde a las instancias federales determinar qué lugar ocupa la isla, en lo que se refiere a la venta del estupefaciente.

Sales resaltó que con la desaparición de las tiendas narcomenudistas, ahora resulta que la droga se traslada de diferentes formas, y la predilecta actualmente es moverla por medio de vehículos del servicio público.

Greg Sánchez ofrece llegar a un acuerdo si ex policías revelan quienes "los manipulan"

Acompañados de sus familias, ex policías de Cancún, Quintana Roo, bloquearon el acceso a la alcaldía de Benito Juárez para pedir que los recontraten, tras ser despedidos por participar en una manifestación para exigir mejores condiciones de trabajo. El alcalde Gregorio Sánchez dijo que podría haber un acuerdo con los ex agentes si éstos revelan quiénes los “manipularon”. Agregó que el dinero de los finiquitos está a su disposición en el área de recursos humanos del ayuntamiento José Luis López Soto.

Los policías dijeron que varios de los inconformes eran “vándalos” contratados por el alcalde perredista Javier May Rodríguez. El secretario del ayuntamiento, Moisés Sánchez Chávez, confirmó que fue bloqueado el pago del aguinaldo y ofreció contratar una compañía de resguardo para entregar el dinero.

A su vez, unos 50 ex policías se manifestaron frente al palacio municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, para acusar al ayuntamiento de no pagarles sus finiquitos y boletinarlos para que no sean aceptados en otros empleos.

Los elementos fueron despedidos por tomar las instalaciones de seguridad pública semanas atrás, en una protesta que organizaron “mandos medios de la corporación” y que ellos secundaron para tratar de evitar una baja en sus percepciones.

Policías de Tabasco impiden a burócratas cobrar aguinaldos

Exigen la entrega de un bono otorgado por el gobierno federal

René Alberto López y Hugo Martoccia

Corresponsales

Periódico La Jornada

Wednesday 9 de December de 2009, p. 35

En Tabasco, trabajadores del ayuntamiento de Comalcalco, en el noroeste del estado, se enfrentaron ayer por la mañana con cientos de policías que les impidieron cobrar su aguinaldo y mantuvieron ocupada la alcaldía en demanda de un bono de 8 mil 500 pesos por agente que, afirman, les envió el gobierno federal.

Testigos relataron que el director de la policía, Manasés Sánchez, hizo dos disparos al aire cuando cuando ambos bandos empezaban a intercambiar pedradas y gases lacrimógenos. En la trifulca resultaron golpeados tres agentes y dos funcionarios municipales.

El enfrentamiento se inició cuando trabajadores eventuales y personal de confianza quisieron entrar a la alcaldía, ocupada desde el viernes pasado por unos 400 gendarmes que, según informó Notimex, ya cobraron un aguinaldo de 85 días, un premio navideño de mil 800 pesos y un vale de mil 200, pero también exigen el bono del gobierno federal.

Pareja infringe ley y porta arma prohibida

CHAMPOTON.— Agentes de la Policía Municipal detuvieron y pusieron a disposición del Ministerio Público, a la pareja conformada por Francisco Olea Reyes Mendoza y Ericka López López, por el presunto delito de ataques a las vías de comunicación y portación de arma blanca, informó el comandante Martín Adán Naal Uicab. Los hechos ocurrieron a las 22:55 horas del lunes en la avenida Revolución, a la altura de centro de salud. Cuando los policías solicitaron la documentación de la camioneta blanca General Motors pick up, placas de circulación TA-85497 del Estado de Quintana Roo, en que se trasladaban, se percataron que se encontraban con aliento alcohólico.

El conductor de negaba a descender, pero al ser notificado que se encontraba en calidad de detenido por infringir la Ley de Vialidad, la fémina sacó de bajo del asiento un arma blanca —machete— con la que amenazó a los uniformados, diciendo que a ellos nadie los iba a detener.

Tras ser sometidos se identificaron como Francisco Olea Reyes Mendoza, de 25 años, con domicilio en Can Cún, Quintana Roo, y obrero del complejo turístico Playa Esmeralda; mientras que la mujer Ericka López López y/o Osandra de la Luz Rerrero Aguirre, de 24, con domicilio en la cabecera municipal. El examen toxicológico arrojó intoxicación mixtas.

Posteriormente fueron puestos a disposición del Ministerio Público, Reyes Mendoza por el delito de ataques a las vías de comunicación, mientras que López López por portación de arma blanca, la cual quedó radica en el expediente CH/785/CHAMP/009.

Joven de 22 años se suicida en el poblado Andrés Quintana Roo

A las 14:30 Hrs. Elementos policiacos salieron en comisión del servicio al poblado de San Andrés Quintana Roo, con la finalidad de verificar el deceso de una persona, siendo las 15:00 horas al arribar al lugar citado, nos entrevistamos con Faustina Chan Mex de 80 años de edad, quien manifestó y señaló una casa donde se encuentra ahorcado su nieto quien en vida llevara por nombre Gilberto Chi Puc de 22 años de edad, estado civil soltero, al constarlo que efectivamente se encontraba colgado en una soga de nylon amarrado en el carguero de la casa construido con material de la región, asimismo Emeterio Chuc Chable de 20 años de edad, manifestó fue quien descubrió el cuerpo colgado aproximadamente a las 13:30 hrs.

Cancún y el narco

Plan B

Lydia Cacho

07 de diciembre de 2009

Si en algún lugar del país se puede hablar de Estado fallido es en Cancún, el polo turístico erigido hace 40 años que hoy está en manos del narco. Los cárteles se disputan la plaza ante la parálisis de las autoridades y la complicidad pasiva, en algunos casos activa, de empresarios. Cancún anticipó lo que sucedería en muchas ciudades, que hasta hace poco no estaban “contaminadas” por el crimen organizado. Pero en Quintana Roo, a diferencia de otras entidades, el narco no “llegó”, sino fue prohijado conscientemente desde el poder.

Mario Villanueva gobernó el estado de 1993 a 1999. Es el paradigma del gobernador priísta que abrió las puertas a los narcos colombianos y colaboró en la construcción y fortalecimiento de grupos que desangran hoy a México. Desde entonces hablábamos de las pistas donde aterrizaban avionetas con cocaína, de los millones para permitir su libre paso. Directores de medios le temían, censuraban a sus colaboradores y reporteras para evitar la ira de Mario.

Hoteleros mexicanos y españoles le entregaban sumas multimillonarias para recibir su aval en la destrucción del ambiente y se sometían al desprecio de su reconocido talante agrio. Escuchamos historias sobre supuestos asesinatos y vimos cómo hoteleros, políticos y policías tejían redes de complicidad y silencio. Toda persona que revelara la realidad era acallada, amenazada y aislada. Los más ricos y poderosos empresarios de Cancún y Cozumel departían con Villanueva a sabiendas de su narcoalianza.

El 4 de junio de 2008 el ex gobernador fue sentenciado a 36 años y 9 meses de prisión por su complicidad con el trasiego de drogas de Colombia a los EU. El gobierno estadounidense lo considera responsable de abrir las puertas a la globalización del narcotráfico con el Cártel de Juárez cuando Amado Carrillo El señor de los cielos era el jefe criminal en mi ciudad. A pesar de la clara evidencia cientos de personas de todos los estratos sociales le defienden; hoteleros y empresarios, políticos y gente común consideran que “fue un buen gobernador”.

La extradición despierta viejos fantasmas. Aunque Villanueva purgue una pena merecida por gestar el monstruo de la impunidad y el fortalecimiento de los cárteles, quedan cientos de hombres de poder que fueron cómplices silenciosos, que callaron cuando debieron hablar, que festejaron la corrupción, que compraron su entrada con dinero sucio; esos que aún gobiernan Quintana Roo y controlan parte de su economía.

Ahora Los Zetas controlan la cárcel y mantienen enormes galerones con productos piratas en la avenida López Portillo que distribuyen en el sureste. Los Beltrán Leyva pelean el control del tráfico de drogas con El Golfo. Durante 2007 hubo 34 ejecuciones en Cancún y en aras de proteger el turismo el gobierno gasta millones en acallar a la prensa. Mario Villanueva es quien es y su herencia pervive aunque sea extraditado.

Genocidio: recientemente en España hablé sobre la responsabilidad del Estado en los casos de feminicidios (tipo penal aceptado en la Ley federal). Además hablé de la posible limpieza social por 15 mil asesinatos impunes. Alguien en el camino decidió acusarme de hablar de genocidio, haciendo una falsa interpretación de mi análisis sobre la violencia en México.

Fuente: El Universal

La figura jurídica de Testgos Protegido, es endeble

• La eficacia de la figura es puesta en duda frente a emblemáticos casos fallidos
• En siete años la PGR ha cuadruplicado el número de sus testigos protegidos
• Eran 99 y ahora son 411 
• Reciben entre 25 mil y 50 mil pesos mensuales 
• 80 residen fuera del país

 

Gustavo Castillo García

 

La Procuraduría General de la República (PGR) cuadruplicó en siete años el número de testigos protegidos, al pasar de 99, en 2002, a 411 este año; supuestamente todos aportan elementos al Ministerio Público Federal para sustentar pesquisas o procesos penales contra presuntos integrantes del crimen organizado.

 

La veracidad de sus testimonios ha sido puesta en duda en casos emblemáticos para la justicia mexicana, como el Maxiproceso (contra el cártel de Juárez, 1997); la Operación Limpieza (contra el cártel de los Beltrán Leyva, 2009), y en la investigación contra el ex comandante de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP) Javier Herrera Valles, quien desde febrero pasado está sujeto a juicio por supuestos vínculos con el cártel del Golfo.

 

Funcionarios del gobierno federal que participan en el Gabinete de Seguridad Nacional revelaron a La Jornada que los pagos a los testigos protegidos van de 25 mil a 50 mil pesos mensuales, y que su permanencia en el programa depende del tiempo que tarden los juicios en que hayan rendido declaraciones, por lo que algunos llevan más de nueve años recibiendo un pago, supuestamente protección física, alimentación y vivienda.

 

Sin embargo, la muerte de dos testigos, Jesús Zambada Reyes (20 de noviembre) y Édgar Enrique Bayardo del Villar (1º de diciembre), puso al descubierto que no existe normatividad que fije las medidas de seguridad que debe proporcionarles la autoridad ni las condiciones en que vivirán quienes han decidido colaborar en la persecución de la delincuencia organizada.

 

Los recursos para mantener a los testigos se obtienen de la partida Gastos en Seguridad Nacional, y 80 de los 411 viven fuera de México.

 

Por la falta de regulación, un número desconocido de testigos habita en casas decomisadas a narcotraficantes, como el inmueble localizado en Xitle 87, en la colonia Santa Úrsula, en la ciudad de México, que perteneció al extinto Amado Carrillo Fuentes y donde vivieron Bayardo del Villar y Zambada Reyes.

 

En 12 años han muerto seis testigos protegidos, cinco ejecutados. En 1997 y 1998 fueron asesinados Tomás Colsá McGregor y el comandante Jaime Olvera. En 2000 fue ultimado el militar Humberto Capelletti, pieza importante en el juicio contra el general Jesús Gutiérrez Rebollo.

 

Asimismo, un hombre identificado sólo como Noé fue asesinado el 21 de agosto de 2008 en la carretera México-Toluca, tras haber denunciado que José Manzur, ex delegado de la PGR en el estado de México, tenía ligas con los cárteles de La Familia y Los Zetas.

 

De los 411 testigos a cargo de la PGR, la cuarta parte no recibe protección institucional, lo que ha ocasionado que en algunos casos su vida sea puesta en riesgo, o bien que no acudan a ratificar sus declaraciones ante los jueces y ello afecte las sentencias judiciales.

En febrero de 2008, la identidad de dos personas que había sido ocultada con los seudónimos de Pedro y Juan Antonio fue revelada por el juzgado quinto de distrito mediante edictos que se publicaron en periódicos de la ciudad de México. El mandamiento judicial solicitó su comparecencia en el proceso penal contra Ramón Alcides Magaña, El Metro, uno de los líderes del cártel de Juárez.

 

Casos emblemáticos

 

El ex gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid fue señalado por 25 de los testigos protegidos utilizados en el Maxiproceso, y el Ministerio Público Federal le imputó siete cargos, entre ellos delincuencia organizada, delitos contra la salud y cohecho. Fue exonerado de seis delitos, su única sentencia fue por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

 

A finales de 2008, el comandante de la PFP Javier Herrera Valles ya había denunciado casos de corrupción del secretario de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, cuando fue detenido y acusado por la PGR de haber recibido dinero del narcotráfico, con base a declaraciones de testigos protegidos.

 

Víctor Hugo Martínez Rocha, uno de los que supuestamente acusaba al policía, denunció ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que primero fue torturado y luego la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) le ofreció convertirse en testigo protegido y un millón de pesos para que acusara a Herrera Valles; se negó y fue consignado.

 

La Operación Limpieza ha sido considerada la develación del mayor caso de corrupción institucional, pero la PGR no pudo acreditar los nexos de Miguel Colorado González, ex coordinador técnico de la SIEDO, con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, debido a que los testigos protegidos, identificados con los nombres Jeniffer, David, Moisés y Saúl, se contradijeron en sus declaraciones.

 

Otros casos en que los testigos protegidos imputaron delitos pero sus declaraciones no sirvieron para formalizar procesos penales ocurrieron con Nahúm Acosta, ex director de giras de la Presidencia de la República, a quien se acusó de filtrar información de la agenda de Vicente Fox a narcotraficantes.

 

En otro caso, el arquitecto Joaquín Romero Aparicio fue detenido y arraigado al haber sido “confundido” por los testigos con el líder del cártel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes.

Periódico La Jornada

Lunes 7 de diciembre de 2009, p. 8