jueves, 19 de mayo de 2011

¡Que chillen criminales!







Juan Carlos Pérez

Con su uniforme oficial color azul, el general retirado Carlos Bibiano Villa Castillo, toma asiento, coloca las manos sobre la mesa y habla sobre el riesgo de dedicarse a velar por la seguridad de la población.

"A veces me dicen que me van a matar y a mi familia, y yo les digo dónde y cuándo, porque el día que tú me agarres un familiar y que yo sepa quién eres, yo te sigo al fin del mundo y yo sí termino con toda tu descendencia, yo sí no me ando por las ramas. Si algún día algún elemento le hace algo a mi o alguno de mi familia, tarde o temprano se sabe quién es, todos han caído. Entonces algún día va a caer y entonces lo haría sufrir lo que me hizo sufrir a mi, más un 110%", asegura el general Villa Castillo, secretario de Seguridad Pública del estado, cuando se le preguntó si recibe amenazas constantemente.

"Ya hablé con mi familia y ya les dije que estamos expuestos a esto, y si no están a gusto pues cámbiense el nombre, tan fácil. Y fíjese que ellos lo asimilaron bien y están de acuerdo en que yo trabaje, porque de una forma u otra yo tengo que trabajar. Me dicen que por qué yo era militar y que ya no tenía necesidad y bueno, ¿ya no debo trabajar o qué? ¿Me debo dedicar a ser malandro? ¿A ser bandido? No. Si el ejército batalló 43 años para educarme en el aspecto operativo, administrativo, técnico y logístico, pues debo desempeñar esas cuatro acciones en beneficio de mi país, de mi patria, y si me pagan, bien, si no, también".

El nieto del revolucionario "Pancho" Villa sostiene una mirada fija, sus ojos que reflejan franqueza coinciden con sus comentarios que no se andan por las ramas. No cuida la imagen del clásico funcionario y su tono de voz mantiene el acento típico de los mexicanos del norte del país.

Del norte al sur del país, ¿cuáles son las diferencias en materia de seguridad?

Comprendan ahorita que el norte es una zona caliente, muy violenta. Por suerte, cuando estuve en Torreón, yo les aseguro que abatí la delincuencia. ¿Cómo? No me pregunte cómo le hice, pero el chiste es que la abatí y eso es lo que cuenta. Cuando estuve por allá en junio y julio habían 700 llamadas de auxilio y para diciembre y enero las dejé en 388, o sea que la bajé en más de 50%. Actualmente me han hablado de allá de Torreón, me quieren regresar, y pues yo les vuelvo a repetir, soy institución al 100% y donde me pongan ahí trabajo, como debe ser. Quintana Roo es un estado muy bonito y allá es un estado muy violento, un estado donde quién sabe si amaneces y aquí no, hay mucha tranquilidad. Que quede claro, todavía no estamos en el límite violento en Quintana Roo, aquí es un estado bonito, tranquilo y precisamente hay que evitar llegar a esa intranquilidad.

Durante el desarrollo de la entrevista, permanece presente su equipo de trabajo, en el que se encuentra su vocera y asesora: Isabel Arvide. Villa Castillo, que porta una gorra de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), tiene respuestas inmediatas, su experiencia lo avala como un experto en seguridad y su abuelo lo mantiene como todo un personaje.

Usted se ha convertido en un personaje en el Estado, ¿eso lo obliga a tener resultados inmediatos?

Recuerde usted que en primer lugar yo vengo aquí a Quintana Roo a servirles, no a servirme de ustedes. Al venir a un lugar hay que fijarse metas a corto, mediano y largo plazo, y en el mediano y largo plazo está la seguridad de los quintanarroenses. Que si trae uno cierta fama o leyenda, eso no cuenta, cuentan los hechos.

Ya con un mes y medio en la corporación, ¿cuál es su diagnóstico?

Tuve que recibir la Secretaría y en un principio no quise firmar porque quería constatar qué tenía, y nos encontramos muchas cositas raras y se le informaron al gobernador, Roberto Borge Angulo, y también se le presentó un pliego de necesidades para trabajar, y el gobernador me lo ha aceptado. La corporación tiene de todo, pero está bien. Yo siempre opero bajo cuatro aspectos: el operativo, administrativo, el técnico y el logístico, y los voy sopesando uno con otro y siempre salgo adelante.

¿Considera usted que es fácil comprar a un policía?

Sí. Le voy a decir porqué. Un policía actualmente gana seis mil pesos mensuales y si el narcotráfico, los malandrines, el ratero, le pagan otros seis mil pesos, pues trabaja en los dos lados, como en el municipio de donde yo vengo, había nóminas de los dos lados, y de esa forma hay que evitar todo eso y hay que detectarlos a tiempo y si es posible meterlos al bote. Por eso me valgo acá del doctor Tejeda que en lo legal es perito y cualquier cosa le digo pues ahí te va y me los mete al bote, no me los corre, me los mete al bote, los hemos metido a la cárcel como delincuentes.

En la entrega de mañana el general habla de la cárcel, de la pena de muerte, de sus asesores y de la corrupción...

Novedades de Quintana Roo

IFAI ordena a la SSP federal divulgar la fecha en que será excarcelado Aburto



Elizabeth Velasco C.

Periódico La Jornada
Jueves 19 de mayo de 2011, p. 16

El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) aprobó por mayoría que la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) difunda la fecha de liberación de Mario Aburto, asesino material de Luis Donaldo Colosio.

A 17 años del asesinato del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), autoridades federales revelaron que Aburto podría salir a finales de este año o en 2014, si tramita su preliberación. Un ciudadano requirió esa información y otra que le negó la SSP, por lo que recurrió al Ifai.

El comisionado ponente del recurso, Ángel Trinidad Zaldívar, señaló que así como fue pública la fecha de ingreso de Aburto al penal, se debe publicar la fecha en que saldrá libre, según la resolución de las autoridades, sin que se revelen datos personales del expediente, entre ellos información sicosocial, biosocial y otros del asesino confeso.

Aun más, acotó, la decisión de las autoridades federales sobre la salida de Aburto (del penal de Occidente, antes Puente Grande), también es pública, al provenir de una sentencia con ese carácter.

Ante la oposición de la comisionada Sigrid Artz de que se revele cualquier dato, incluyendo la fecha, Trinidad rebatió: “Dice (Artz) que no ve relación con la rendición de cuentas. Yo sí la veo, porque cuando el humano hace valoraciones entra a la discrecionalidad, la cual se limita cuando hay ojos (...). En este caso, un consejo interdisciplinario evalúa la solicitud del reo para determinar si se le otorga la preliberación, y puede prestarse a muchas arbitrariedades si nadie conoce la valoración”.

Artz alegó, al igual que María Elena Pérez Jaén, que la información del expediente de Aburto, incluyendo su fecha de salida, es un dato confidencial que recae en la esfera privada; revelarlo, dijo Artz, afectaría la “intimidad” de Aburto. Afirmó que “cobra especial relevancia el derecho al olvido que todo sentenciado debe tener respecto a su comportamiento personal para su adecuada reintegración a la sociedad”.

También que “la fecha de salida se detona a partir de una decisión personal (la petición de Aburto para su preliberación), y eso invade la esfera de la privacidad”. Incluso, dijo, “se va en contra” de convenios internacionales, como la Práctica de las personas privadas de la libertad de las Américas, la cual señala que “toda persona privada de su libertad, sujeta a la jurisdicción de cualquier miembro de la OEA, será tratada con dignidad”.
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Fernanda García tiraba droga en la Anáhuac



El campo universitario conformado por estudiantes con abierta y alta capacidad económica, representa uno de los mayores mercados de consumidores para el tráfico de droga. Y Fernanda García Altolaguirre hizo de varios estudiantes universitarios de la Universidad Anáhuac su más activo grupo de consumidores, así como de otras universidades privadas junto con su dinámico grupo de amigos como los hermanos Sosa Barragán que aglutinaron en su amplia “cartera de clientes” los mismo universidades como centros de diversión, entre bares y discotecas de la ciudad, así como de la misma zona hotelera.

La detención de los seis “narcojuniors”, tres de ellos estudiantes de universidades de prestigio, entre ellos la Anáhuac en donde acude Fernanda García Altolaguirre, hija del polémico magistrado-presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), Francisco Javier García Rosado; así como Saraí Vargas López y Nicolette Osorio Bonn, es un claro ejemplo de que el mercado que manejan estos distribuidores de enervantes es del nivel medio y alto.

De acuerdo a fuentes dignas de crédito, la detención de Cristian Sosa Barragán alias “Elmo” y su hermano, Miguel Sosa Barragán alias “Mike”, así como de Mauricio Canto Miró, evidenció que este grupo forma parte de una narco-red de distribuidores de drogas que tienen en su principal mercado las universidades de prestigio, entre ellas la Anáhuac en donde Fernanda García Altolaguirre era el principal enlace con los demás estudiantes, pues además, existen pruebas contundentes de los vicios de esta joven, pues hace unos años fue detenida en Isla Mujeres también con droga.

De esta forma, el plantel Anáhuac queda “enmarcado” como parte del mercado de consumidores debido a que ahí estudian las tres mujeres que fueron detenidas con los sujetos arriba mencionados y entre las que se encuentran Fernanda García Altolaguirre (principal enlace de esta narco-red en dicho plantel educativo), Saraí Vargas López y Nicolette Osorio Bonn que formaban parte del mismo grupo.

Trascendió que estas tres mujeres, mismas que a pesar de las evidencias como es el hecho de haber sido detenidas literalmente en flagrancia del delito, son las encargadas de “comercializar” las drogas entre los demás alumnos del plantel educativo o al menos, eran el enlace para que los hermanos Sosa Barragán las surtieran.

Incluso, los momentos idóneos eran las veces que organizaban fiestas entre los compañeros, ya sea en las discotecas o en casa de algún amigo, pues hasta ahí también llegaban los hermanos Sosa Barragán que son los cabecillas de esta narco-red de juniors que operan en las universidades.

Es por ello que el manto de impunidad orquestado desde la Secretaría de Seguridad Pública Municipal evidenció la grave corrupción que existe, y que permite que este grupo siga operando a sus anchas tanto en las discotecas que acostumbran a visitar los “juniors” como son el Bulldog y Dubai, así como las mismas universidades.

En la edición del martes pasado, los diarios POR ESTO! dieron cuenta de los hermanos Miguel y Cristian Sosa Barragán, quienes son los encargados de una importante célula de distribución de drogas en universidades de prestigio y discotecas como Bulldog y Dubai, en donde en todo momento han contado con la protección de los encargados de dichos negocios para operar al servicio de “Los Zetas”.

De acuerdo a fuentes policiales federales, en la discoteca Dubai, este grupo de narcojuniors, cuenta con el respaldo de un sujeto llamado Iván Muciño que al parecer es o fue el gerente, además de que ahí se clonan tarjetas de crédito.

Mientras que en la disco Bulldog, este grupo de distribuidores de drogas tiene el apoyo de un extranjero de origen cubano llamado Aarón, que les permite la venta de drogas.
Es de destacar que ambos centros de “diversión” son los más visitados por jóvenes de las universidades de Cancún.

Desde la SSPM se inició la impunidad

Ante todo lo anterior, el “apoyo de alto nivel” que permitió la liberación de Fernanda García Altolaguirre, hija del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado, Francisco Javier Rosado, representa un mensaje “brutal de impunidad” que se envía a la sociedad y pone en entredicho la imagen de las instituciones.

Y es que, las evidencias de este tráfico de influencias de un funcionario de “alto nivel” para liberar a su hija, quedó demostrado, pues en su camioneta además de portar la “charola” del magistrado electoral, Fernanda García Altolaguirre tenía un sobre amarillo con varios billetes de 500 pesos, muy posiblemente producto de la venta de drogas o en su caso, para ser utilizados para atender cualquier situación emergente que se presentara.

Es importante resaltar que fue la Secretaría de Marina, Armada de México, la dependencia federal que dirigió el operativo, y dejó en manos de Seguridad Pública, todo el protocolo para la puesta a disposición de los detenidos, pero nunca se imaginaron (en la dependencia federal) que Seguridad Pública a través de su titular, Armando Alvarez Morales, saldría con esa chicanada de liberar a las mujeres sin darle oportunidad al Ministerio Público que hiciera su trabajo.

Pero más grave resultó el hecho de que ya en la Procuraduría General de la República (PGR), la impunidad en el asunto de estos seis “narcojuniors” quedó consumada, pues esta dependencia sólo consignó a un juez federal a dos de los tres sujetos que la Secretaría Municipal de Seguridad Pública les había puesto a disposición.

Estos fueron Cristian Sosa Barragán (a) “Elmo” y Mauricio Canto Miró, quienes quedaron a disposición del Juzgado Quinto de Distrito bajo la causa penal 43/2011 por el delito de portación de armas y cartuchos útiles de uso exclusivo del Ejército, así como por posesión de marihuana y cocaína.

Este miércoles ambos sujetos fueron llevados a la rejilla de prácticas del juez federal en donde se reservaron su derecho a declarar y solicitaron a través de su abogado, la ampliación del término constitucional para hacerlo por escrito.