Alberto Najar
El apellido se conoció en febrero pasado cuando se emitió una alerta internacional entre las organizaciones defensoras de derechos humanos. Es la familia Jiménez Potenciano, formada por distribuidores de droga en el sur de la entidad. Contar su historia es describir la ruta del narcotráfico en Quintana Roo, las redes que le convirtieron en una de las principales puertas de entrada de enervantes en el país
Uno por uno, los buzos localizaron los paquetes de cocaína pura que dos horas antes una avioneta había arrojado al mar.
Vigilancia militar en la playa Fotografía: Luis López Soto
Se esmeraban en recuperar sobre todo los marcados con la imagen de una paloma, hecha en relieve al centro de los envoltorios. Eran de mejor calidad, según dijo a los pescadores El Colocho, un traficante colombiano que suele bombardear (arrojar droga desde aeronaves) la costa sur de la entidad.
Era octubre de 2001 y los buzos, integrantes todos de la familia Jiménez Potenciano, estaban felices. En unas cuantas horas de pesca frente a las playas de Mahahual llenaron tres grandes hieleras con paquetes de cocaína pura de un kilo, cada uno con valor aproximado de 50 mil dólares en el mercado estadunidense de esos años.
Pero el más alegre era uno de los hermanos menores, José Alfredo, a quien la familia apenas había permitido incorporarse en la actividad a la que se dedicaban con éxito desde hacía más de una década. Un largo tiempo en que lograron pasar inadvertidos.
La vida de los Jiménez Potenciano está estrechamente ligada a la ruta que el narcotráfico ha seguido los últimos años en Quintana Roo, las redes que hicieron de la entidad una de las principales puertas de entrada de la droga en el país.
Un camino que va desde la recolección y el acarreo a menor escala para los grandes cárteles, hasta el posicionamiento como actores centrales del tráfico, reflectores y guerra por la plaza incluidos.
Eso ocurrió con los Jiménez Potenciano que pasaron del anonimato de ese octubre de 2001 a formar parte de una denuncia internacional, cuando José Alfredo amenazó de muerte a los integrantes del Centro Integral de Atención a las Mujeres de Cancún (CIAM), donde se había refugiado su ex esposa.
Hasta ahora la familia sigue su vida normal gracias al apoyo de la red que tejió desde hace varios lustros, aunque quién sabe por cuánto tiempo se mantenga en activo.
Porque narco que sale en la tele, se dice en el mundo de los traficantes, es narco muerto o en la cárcel.
El inicio
La familia Jiménez Potenciano llegó a Xul-há hace casi tres décadas, en 1977, procedente de Paraíso, Tabasco.
El hermano mayor, José Alberto, ya tenía tiempo de residir allí pues fue asignado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a vigilar el mantenimiento de una subestación instalada en la zona.
Fueron de los primeros habitantes de esta población ubicada a unos kilómetros de la frontera con Belice, en la orilla sur de la laguna de Bacalar y muy cerca de Chetumal.
En esos años, de acuerdo con el testimonio de una familiar convertida ahora en testigo protegido, los Jiménez Potenciano se dedicaban a la carpintería, una actividad que resultó insuficiente para mantener a una familia en crecimiento.
Tal vez por eso a principios de los ochenta tres de los hermanos mayores, Marco Antonio, José Manuel y Domingo, abandonaron los clavos y el martillo y empezaron a ganar dinero "en actividades desconocidas", refiere la testigo, que sirvieron sin embargo para que la familia progresara con rapidez.
Por esos días la principal actividad de Chetumal era el contrabando. Diariamente, por la inexistente frontera con Belice, entraban a México cientos de toneladas de mercancía prohibida para el resto del país, casi toda importada de forma ilegal.
Es algo que forma parte de la historia de la región, como señala un documento de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Quintana Roo. Los empresarios de esa época "transitaron en esa línea de la legalidad-ilegalidad, conservando sin máscara su presencia de comerciantes respetables (así se daban las condiciones en esos años)".
El tráfico de armas y droga era intenso. En febrero de 1979, por ejemplo, la Policía Judicial Federal realizó en Xcalak en ese entonces la última población costera de la entidad el mayor decomiso de cocaína en la historia de la corporación: un cargamento valuado en 100 millones de pesos.
Fue en esta región donde se ensayaron los primeros bombardeos de droga desde avionetas colombianas, e incluso fue considerada por la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, como una de las rutas favoritas del Cártel de Cali para el tráfico hacia el país del norte.
Durante esos años Marco Antonio realizaba con frecuencia viajes de negocios a Miami, al regreso de los cuales siempre traía consigo regalos y grandes cantidades de dinero. Fue hasta 1984 cuando un grupo de desconocidos lo emboscó en los alrededores de Chetumal. Esa vez, Jiménez Potenciano apenas logró escapar del ataque.
A partir de ese momento suspendió los viajes a Miami y se dedicó en cambio a comprar terrenos para sembrar caña. Actualmente, refiere la testigo, es uno de los mayores propietarios de Xul-há, aunque con frecuencia sus cañaverales se utilizan para ocultar la droga.
Paso del norte...
En 1993 dos personajes tomaron el poder en Quintana Roo: Mario Villanueva Madrid, elegido gobernador de la entidad, y Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, líder del Cártel de Juárez y quien, de acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), se convirtió en el dueño de la plaza con el apoyo del mandatario.
Narcoejecutados de noviembre. La guerra vuelve Fotografía: MVT
Por esos días Lucero Jiménez Potenciano, corista en el grupo musical Supercrack, formado por beliceños, conoció en un bar de Tabasco a Israel Nava Palacios, El Junior, un regiomontano que colaboraba con la organización de Joaquín El Chapo Guzmán.
Esa relación cambió el destino de la familia. Poco a poco, con unos cuantos kilos primero, y a gran escala después, los hermanos Jiménez Potenciano empezaron a colaborar con El Junior en el trasiego de cocaína hacia Monterrey y el Distrito Federal.
Hacían de todo, desde construir y vigilar pistas clandestinas a lo largo de la frontera con Belice, hasta recoger cargamentos de droga en el Río Hondo que marca la frontera con Belice, la Laguna de Bacalar o la Bahía de Chetumal.
No se puede decir que trabajaban por su cuenta, pues en el sexenio de Villanueva Madrid eso era prácticamente imposible: de acuerdo con el proceso penal que le fincó la PGR y que lo mantiene encarcelado en La Palma, el ex mandatario era el dueño del territorio.
Tal vez por eso en 1995 dos de los Jiménez Potenciano, Jeremías y José Alfredo, decidieron inscribirse en la Escuela de Policías, fundada por el gobernador y de donde egresaron varios de los guardaespaldas, sicarios y colaboradores del mandatario en sus actividades ilícitas.
Ahí nació el llamado Grupo de Acción Rápida, un escuadrón de elite cuya función, en teoría, fue combatir el tráfico de armas en la frontera con Belice, desmantelar bandas de secuestradores y hasta intervenir en casos de violencia intrafamiliar.
Sin embargo, en los hechos, el GAR tenía otras funciones. Además de cuidar al gobernador, se encargaba de vigilar el rancho El Mostrenco, propiedad de Mario Villanueva, sobre todo cuando aterrizaban avionetas para descargar o recoger embarques de cocaína.
En otras ocasiones la droga se entregaba en medio del Río Hondo y entonces los elementos del GAR, incluidos los hermanos Jiménez Potenciano, se dedicaban a quitar trampas que los pescadores colocaban en la laguna Huay Pix para que no obstruyeran el camino de las lanchas que acudían al punto de encuentro con las avionetas, las cuales, por cierto, también solían aterrizar en los terrenos de la Escuela de Policía.
El paso por el GAR fue útil para José Alfredo y Jeremías, quienes además del entrenamiento policiaco establecieron contactos para conseguir sin problemas armas de grueso calibre. Uno de éstos fue incluso maestro de la Escuela de Policías, de apellido Anguiano, quien actualmente da mantenimiento al arsenal de la familia.
Mario Villanueva huyó de Quintana Roo en 1999, dos semanas antes de entregar el gobierno. Meses después el GAR fue disuelto. José Alfredo Jiménez Potenciano se quedó desempleado... por unos meses.
Los años maravillosos
A mediados de junio de 2001 El Junior recogió en la casa materna a Alfredo, Domingo, Marco Antonio, Jeremías y Julián Jiménez Potenciano para viajar a Cancún, a cuatro horas de Xul-há.
Había que darse prisa. Días antes una célula del Ejército había capturado a Alcides Ramón Magaña, El Metro, encargado de la plaza tras la captura de Mario Villanueva y mientras se acomodaban las aguas o desde Ciudad Juárez se nombraba otro administrador, se podía ganar algo de terreno.
José Alfredo Jiménez Potenciano
Fue una de las primeras ocasiones en que el ex integrante del GAR participaba en forma directa con sus hermanos en estas operaciones, aunque no era un improvisado.
Desde enero de ese año El Junior contactó a Alfredo con El Zorro, un cuarentón de cabello castaño oscuro, piel clara bronceada, estatura mediana y ojos claros que se dedica a la venta de droga en la zona de Corozal, en la frontera entre Belice y México.
El Zorro era uno de los principales proveedores de la familia y es quien, desde el momento de conocerlo, se encarga de surtir la droga para las operaciones al menudeo de José Alfredo.
Era éste el objetivo central de la visita a Cancún: analizar las condiciones del mercado y si era posible, instalar una o dos tienditas de droga. (Al final lo consiguieron: hoy en ese centro turístico existen varios centros de distribución de la familia, administrados por Karla, la pareja de Julián Jiménez Potenciano).
Pero ese junio de 2001 el filón de la familia era la recolección y transporte de cocaína en la costa sur de Quintana Roo, a donde no había llegado la tormenta desatada con la embestida de la PGR contra Villanueva y el Cártel de Juárez, el llamado Maxiproceso o Caso Cancún.
No. En Chetumal el mar estaba en calma. Y la pesca era productiva.
A la recolección de cocaína frente a la costa de Mahahual en octubre de 2001 le siguió otra, la del 5 de noviembre, en la orilla sur de la Laguna de Bacalar, cerca del puente de Huay Pix, donde un par de avionetas habían bombardeado una carga grande de cocaína.
En la pesca participaron nueve personas, incluidos un par de sobrinos, un cuñado y el padre de la familia, don Jeremías, de 65 años, quien se encargó de vigilar la llegada de extraños. La droga, cuenta la testigo, permaneció enterrada 12 días en los cañaverales de la familia hasta que se depositó en una pipa de agua potable con el logotipo de una empresa local para su traslado al norte.
(Esconderla tiene su chiste, pues los paquetes deben colocarse de tal forma que sea imposible su detección. Para sus operaciones los Jiménez Potenciano suelen contratar a dos especialistas).
Un mes después, el 3 de diciembre, hubo otra recolección en la Laguna de Bacalar, la cual, por cierto, estuvo a punto de naufragar cuando el grupo fue descubierto por una patrulla de la Armada de México. No hubo problema: los traficantes dijeron que estaban pescando (llevaban incluso cañas, cestas y provisiones); los marinos creyeron la versión.
El negocio, pues, navegaba viento en popa.
La independencia
El Chino es un hojalatero que en Xul-há tiene fama de ser un verdadero artista.
Villanueva. Ex dueño del territorio Fotografía: La Jornada/José Carlo González
No hay golpe que se le resista. Si una camioneta llega a su taller está en la calle 20 de noviembre, a una calle de la Laguna Milagros después de ser embestida por un camión, es capaz de enderezarla por completo; si un auto nuevo vuelca en carretera lo reconstruye de nuevo, con acabados de agencia automotriz.
Esta habilidad lo hizo imprescindible en la organización de sus primos, los Jiménez Potenciano. Desde hace cuatro años se dedica a desarmar camionetas para esconder paquetes de cocaína con tal destreza que, cuenta la testigo protegida, al armarse de nuevo es imposible detectar las modificaciones.
La incorporación del hojalatero amplió el horizonte del grupo, que ya no tuvo necesidad de pagar el transporte de la droga hacia el norte. A partir de 2002, con la fachada de supuestas vacaciones familiares, los Jiménez Potenciano empezaron a llevar ellos mismos la cocaína de Quintana Roo al Distrito Federal y Monterrey.
Fue en una de estas travesías, el 16 de febrero de ese año, que se dio la ruptura de la familia con El Junior, quien hasta ese momento era el enlace con los jefes de la organización.
Ese día, relata la testigo protegida, El Chino acomodó varios paquetes de droga en el cofre de una camioneta Ford Explorer blanca y luego El Junior, su primo El Tico, Alfredo Jiménez, su esposa e hijo salieron rumbo a Monterrey con escala en el Distrito Federal, a donde llegaron a medianoche.
El grupo se hospedó en un hotel frente al aeropuerto internacional Benito Juárez, pero en algún momento de la madrugada El Junior y su primo salieron a bordo de la camioneta y regresaron a las dos de la tarde para reiniciar el viaje.
Fue un viaje tenso. En cada estado los pasajeros cambiaban de identificaciones (traían varias credenciales de elector) aunque gracias a un arreglo previo cruzaron los retenes de la Policía Federal Preventiva sin problema alguno. Hasta que salieron de la ciudad de México.
A las cuatro de la tarde agentes de la PFP detuvieron el vehículo y durante cuatro horas interrogaron por separado a sus ocupantes. Pero la sorpresa fue mayor cuando revisaron el cofre de la camioneta: la droga había desaparecido.
Y el único que pudo llevársela era El Junior. Desde Monterrey se ordenó su ejecución.
Meses después, el 7 de enero de 2003, los hermanos intentaron cumplir la sentencia pero sólo consiguieron herirlo. Ese mismo día Domingo Jiménez Potenciano, el primero de la familia en participar en el narcotráfico, fue nombrado por los jefes en Monterrey como nuevo encargado de la plaza en la costa sur de Quintana Roo.
El narco, hoy
Noviembre 22 de 2004. 10:20 de la noche.
Los policías Misael de la Cruz de la Cruz y José Pilar Morales Naranjo, de las patrullas 5435 y 5221 de la Dirección de Seguridad Pública de Cancún, reciben la orden de investigar una balacera en la calle Langosta, Supermanzana 27.
Al llegar al sitio, cuentan en el parte informativo de los hechos, "nos percatamos que en medio de la calle se encontraban dos vehículos, al parecer una Mini Van de color azul y una Van de color blanco las cuales nos obstruyeron el paso".
En el mismo sitio había cuatro sujetos vestidos de negro y con armas largas, pero al momento de solicitar refuerzos "nos avisan por radio que nos quitáramos del lugar porque era un operativo de la Policía Judicial del Estado".
Quince minutos después, sin embargo, reciben la orden de regresar al sitio donde se encuentran con Felipe de Jesús Argüelles Mandujano le dicen El Rayo, comandante operativo de seguridad pública, y con Luis Germán Sánchez, subdirector de la judicial quienes aparentemente custodiaban el operativo.
Un par de días después, los cadáveres de doce personas ejecutadas fueron encontrados en los alrededores de Cancún, varios de los cuales, según las investigaciones de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), fueron asesinados precisamente en la casa de la calle Langosta que vigilaban los funcionarios policiacos.
Una treintena de personas han sido detenidas por este incidente, entre ellas el delegado de la PGR, Miguel Angel Hernández Castrellón, el empresario Juan Manuel Hernández Agis, El Totoy, y el ex director de la Policía municipal, El Rayo.
Más allá del proceso penal, el incidente representa el capítulo más reciente de la guerra por el control del narcotráfico en esta ciudad, y es una muestra del nivel de penetración que la actividad ha alcanzado desde hace varios años. Hasta elementos del cuerpo de bomberos han sido señalados de transportar droga en los vehículos oficiales.
Y es que el narco está en todo.
Un paquete informativo entregado a la PGR por el nuevo director de Seguridad Pública de Cancún, el almirante Gerardo Olavarrieta León, da cuenta de una larga lista de elementos en activo y ex policías involucrados en la protección de tienditas, extorsión a traficantes al menudeo, venta de protección a negocios donde se prostituye a menores de edad y hasta vigilancia especial a políticos y líderes de organizaciones sociales.
Esta actividad, por cierto, estaba a cargo de un grupo conocido como Los Cazadores, integrado por 15 personas aparentemente patrocinadas por el ex director de la policía, Luis Felipe Saidén Ojeda, contra quien existe una orden de aprehensión por el caso de las narcoejecuciones.
En los documentos, amparados en el oficio DGSPTYB/SN2004 con fecha 8 de diciembre pasado, se incluye una lista de 64 expendios de droga que funcionan prácticamente todo el día.
Destacan, por ejemplo, la ubicada en la región 235 (así le dicen en Cancún a las colonias), manzana 55 lote 14, cuyo propietario "recientemente fue remitido a la PGR por venta de estupefacientes el cual salió libre hace pocos días, siguiendo con su actividad involucrando a su hijo menor".
O los cuartos en construcción ubicados en la región 76 manzana 7 lote cuatro, donde surte droga un sujeto conocido como Irwin El Pelón. Y así en prácticamente toda la ciudad.
Las ejecuciones de noviembre pasado y las que han ocurrido desde entonces (la última fue la semana pasada); la venta intensiva de droga y la confrontación política por el control del ayuntamiento, que entre sus consecuencias tiene una huelga de policías y bomberos, hacen de Cancún una plaza caliente, de la que pocos quieren hacerse cargo.
Los recién nombrados jefes de la policía, por ejemplo, cuentan los días para entregar el cargo (el gobierno municipal se renueva en abril).
"Nunca pensé que fuera a ser tan difícil, que me tendría que cuidar de todos y poner en riesgo mi vida en forma tan inútil", confiesa uno de ellos. Y el almirante Olavarrieta lo confirma.
"Nosotros no nos metemos a investigar o perseguir al narcotráfico. Eso, junto con el contrabando de coches o la pedofilia, es un boleto que viene de altas esferas, gente de alto nivel que utiliza a pobres diablos como policías para sus propósitos".
¿El Cártel de Juárez? ¿El Chapo Guzmán? ¿Osiel Cárdenas y sus Zetas? Tal vez. Pero en Cancún, entre la maraña de nombres a quienes responsabilizar del clima policiaco que se vive aparece, desde hace unas semanas, el apellido Jiménez Potenciano.
***
La mañana del 16 de noviembre pasado Alfredo Jiménez se presentó en las instalaciones del CIAM y con la culata de su rifle AR-15 empezó a golpear la puerta de entrada.
Quería recuperar a su esposa e hijo a quienes el Centro había dado refugio después de los maltratos a que los sometió el traficante. Al menor, incluso, solía utilizarlo para transportar droga entre sus ropas.
"Gritaba que se iba a brincar la barda, que nos mataría a todos en ese momento", recuerda Lydia Cacho Ribero, directora del CIAM. "Nos refugiamos en la última oficina y empecé a pedir ayuda por teléfono".
Primero, cuenta, activó la alarma vecinal pero "con la policía en huelga nadie respondió". Luego pidió apoyo a un funcionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) con quien la ex esposa de Jiménez Potenciano se había entrevistado, y el cual incluso había ofrecido apoyar "con un escuadrón del Ejército, en cuanto lo necesites".
Tampoco hubo nada. Lydia entonces marcó al gobernador Joaquín Hendricks. "Le dije que el traficante estaba afuera con varios de sus secuaces, y que era su responsabilidad garantizar mi vida y la de mis compañeros. Al poco rato llegó un grupo de policías judiciales, pero los narcos ya se habían ido".
Curiosamente, minutos antes del ataque Alfredo Jiménez Potenciano y una de sus hermanas se entrevistaron con el subprocurador Alfonso Chi Paredes, quien incluso llamó al CIAM para avisar de la visita. "Casi después de colgar llegó el sujeto", recuerda la activista.
Lydia Cacho y la ex esposa de Jiménez Potenciano denunciaron el caso ante el entonces delegado de la PGR, Miguel Hernández, pero el expediente que presentaron, incluía una descripción detallada de las actividades de la familia, aliados políticos y colaboradores en las corporaciones policiacas se perdió.
Fue suficiente. La mujer y su hijo abandonaron el país a principios de este año. Y Lydia Cacho recurrió a la denuncia internacional para tratar de salvar su vida, amenazada no sólo por Jiménez Potenciano, sino por un presunto traficante de armas que le dio un mes de gracia antes de asesinarla.
Ya se cumplió la mitad del plazo.
Fuente: La Jornada
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