En urbes con altos índices delictivos las armas más poderosas son las AR-15 y HK.
Vie, 09/01/2009 - 05:09
Yucatán. Los policías estatales de Yucatán serán dotados de al menos dos granadas de fragmentación, además de ametralladoras semiautomáticas, para aumentar su poder de fuego frente a la delincuencia.
El subsecretario de Prevención y Seguridad del gobierno de esa entidad, Héctor Cabrera Rivero, explicó que estas acciones se enmarcan en el Acuerdo Nacional de Seguridad suscrito por los gobiernos federal y de los estados en agosto pasado, en cuyo numeral 11 se estipula que las corporaciones federales y locales podrán uitilizar armas exclusivas del Ejército, previa autorización de la Sedena.
El artículo 11 de la Ley Federal de Armas estipula que las granadas son de uso exclusivo del Ejército, por lo que la corporación yucateca pidió la autorización a la Defensa Nacional. Ésta será la encargada de comprar el armamento en el extranjero y capacitar (hasta por 90 días) a los uniformados en el manejo de esos artefactos.
Cabrera Rivero abundó que en los permisos se otorgarán una vez que se confirme que los policías están capacitados para usarlas.
“Se harán adquisiciones de armamento por parte de los estados, de acuerdo con su presupuesto. Incluso se está analizando que cada elemento lleve hasta dos granadas y las use como defensa o ataque”, dijo el funcionario.
El subsecretario admitió que habrá sectores de la sociedad que verán como temerario el hecho de que la policía utilice ese armamento. “Aunque haya entidades como Campeche y Yucatán que se caracterizan por su tranquilidad, no hay región del país que escape en estos momentos a la delincuencia.”
Recordó que la hampa utiliza granadas y otros artefactos explosivos de gran calibre, por lo que es necesario que los policías estén en igualdad de condiciones para enfrentarla.
Armas en los estadosYucatán no es la única entidad cuyos policías portarán armas de uso exclusivo del Ejército. En el DF, la ciudad más poblada del país y una de las que concentra el mayor número de delitos, los 4 mil 100 policías judiciales utilizan armas cortas calibres 9 y 40 mm (Bereta), mientras entre las largas destacan la UZI, AR-15, Galil y HK.
Esta última es la más poderosa con que cuenta la corporación, porque un disparo puede atravesar muros y puertas. En tanto, los preventivos cuentan con armas 9 mm. (Pietro Bereta), aunque algunos manejan aún revólveres (Smith and Wesson).
En Ciudad Juárez, Chihuahua, otra de las urbes más peligrosas del país, los mil 600 agentes del orden manejan pistolas de cargo calibre 40 mm., además de 450 armas largas, principalmente AR-15. En contraste, los agentes de Tránsito carecen de armas.
En Baja California, los agentes judiciales y los elementos de la policía estatal combaten la delincuencia con armas largas tipo carabina 9 mm, AR-15 y G-3. También poseen armas cortas calibre 38 súper y 9 mm.
Iniciativa contra traficantes
En tanto, la fracción del PRI en la Comisión Permanente presentó ayer un proyecto de reformas para imponer sanciones de entre 15 y 45 años de prisión a los servidores públicos que por complicidad u omisión permitan el contrabando de arsenales. En su justificación, ese partido advierte que cada 24 horas son introducidas ilegalmente a México 2 mil armas de fuego de grueso calibre.
De acuerdo con la iniciativa, el tráfico de armas es un negocio que genera ganancias ilícitas por 30 mil millones de dólares anuales. Se añade tambiénque al menos 90 por ciento del armamento proviene de Estados Unidos.
Según el senador Fernando Castro, principal promotor de la propuesta, los fusiles de asalto AK-47 son fáciles de adquirir en Estados Unidos por 15 dólares y subrayó que en la frontera sur de ese país existen más de 12 mil puntos de venta de armas.
“La proliferación de armas de fuego en México ha fomentado la ola de violencia y prolonga los conflictos entre los cárteles, una de las principales causas por las que no se ha podido erradicar el grave problema de la inseguridad pública”, puntualizó.
Castro sostuvo también que las instituciones encargadas de la seguridad en las fronteras “han sucumbido ante la voracidad de los grupos criminales”.
Vie, 09/01/2009 - 05:09
Yucatán. Los policías estatales de Yucatán serán dotados de al menos dos granadas de fragmentación, además de ametralladoras semiautomáticas, para aumentar su poder de fuego frente a la delincuencia.
El subsecretario de Prevención y Seguridad del gobierno de esa entidad, Héctor Cabrera Rivero, explicó que estas acciones se enmarcan en el Acuerdo Nacional de Seguridad suscrito por los gobiernos federal y de los estados en agosto pasado, en cuyo numeral 11 se estipula que las corporaciones federales y locales podrán uitilizar armas exclusivas del Ejército, previa autorización de la Sedena.
El artículo 11 de la Ley Federal de Armas estipula que las granadas son de uso exclusivo del Ejército, por lo que la corporación yucateca pidió la autorización a la Defensa Nacional. Ésta será la encargada de comprar el armamento en el extranjero y capacitar (hasta por 90 días) a los uniformados en el manejo de esos artefactos.
Cabrera Rivero abundó que en los permisos se otorgarán una vez que se confirme que los policías están capacitados para usarlas.
“Se harán adquisiciones de armamento por parte de los estados, de acuerdo con su presupuesto. Incluso se está analizando que cada elemento lleve hasta dos granadas y las use como defensa o ataque”, dijo el funcionario.
El subsecretario admitió que habrá sectores de la sociedad que verán como temerario el hecho de que la policía utilice ese armamento. “Aunque haya entidades como Campeche y Yucatán que se caracterizan por su tranquilidad, no hay región del país que escape en estos momentos a la delincuencia.”
Recordó que la hampa utiliza granadas y otros artefactos explosivos de gran calibre, por lo que es necesario que los policías estén en igualdad de condiciones para enfrentarla.
Armas en los estadosYucatán no es la única entidad cuyos policías portarán armas de uso exclusivo del Ejército. En el DF, la ciudad más poblada del país y una de las que concentra el mayor número de delitos, los 4 mil 100 policías judiciales utilizan armas cortas calibres 9 y 40 mm (Bereta), mientras entre las largas destacan la UZI, AR-15, Galil y HK.
Esta última es la más poderosa con que cuenta la corporación, porque un disparo puede atravesar muros y puertas. En tanto, los preventivos cuentan con armas 9 mm. (Pietro Bereta), aunque algunos manejan aún revólveres (Smith and Wesson).
En Ciudad Juárez, Chihuahua, otra de las urbes más peligrosas del país, los mil 600 agentes del orden manejan pistolas de cargo calibre 40 mm., además de 450 armas largas, principalmente AR-15. En contraste, los agentes de Tránsito carecen de armas.
En Baja California, los agentes judiciales y los elementos de la policía estatal combaten la delincuencia con armas largas tipo carabina 9 mm, AR-15 y G-3. También poseen armas cortas calibre 38 súper y 9 mm.
Iniciativa contra traficantes
En tanto, la fracción del PRI en la Comisión Permanente presentó ayer un proyecto de reformas para imponer sanciones de entre 15 y 45 años de prisión a los servidores públicos que por complicidad u omisión permitan el contrabando de arsenales. En su justificación, ese partido advierte que cada 24 horas son introducidas ilegalmente a México 2 mil armas de fuego de grueso calibre.
De acuerdo con la iniciativa, el tráfico de armas es un negocio que genera ganancias ilícitas por 30 mil millones de dólares anuales. Se añade tambiénque al menos 90 por ciento del armamento proviene de Estados Unidos.
Según el senador Fernando Castro, principal promotor de la propuesta, los fusiles de asalto AK-47 son fáciles de adquirir en Estados Unidos por 15 dólares y subrayó que en la frontera sur de ese país existen más de 12 mil puntos de venta de armas.
“La proliferación de armas de fuego en México ha fomentado la ola de violencia y prolonga los conflictos entre los cárteles, una de las principales causas por las que no se ha podido erradicar el grave problema de la inseguridad pública”, puntualizó.
Castro sostuvo también que las instituciones encargadas de la seguridad en las fronteras “han sucumbido ante la voracidad de los grupos criminales”.
David Saúl Vela, Juan José García Amaro e Iván Pedraza, Rubén Mosso, Fernando Damián y Daniel Venegas.
La capacitación no basta: especialista
Las granadas son instrumentos de guerra utilizados en un enfrentamiento entre dos ejércitos, y usarlos en el combate a la delincuencia “cuestiona” la democracia de un Estado, aseguró Georgina Sánchez López, directora del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede).
La especialista aseguró que la capacitación de policías no es suficiente para aceptar que usen esas armas, pues se requiere “madurez” para reconocer el momento idóneo para una detonación.
Sánchez López expresó lo anterior luego de que el gobierno de Yucatán informó que los policías estatales portarán hasta dos granadas como parte del Acuerdo Nacional por la Seguridad.
Si bien la policía enfrenta el “cáncer” del narcotráfico con “aspirinas” (armamento obsoleto), el Estado “no tiene derecho a asesinarlos, en las democracias reales no sucede esto”.
La especialista recordó que en el combate a la delincuencia organizada también deben respetarse los derechos humanos; la finalidad es detener a los delincuentes, juzgarlos y encarcelarlos; sin embargo, lanzar una granada implica un intento expreso de matar al oponente.
Incluso, dijo que el poder de estas armas no respeta a las personas ajenas a un enfrentamiento. “Podría ocurrir un accidente y dañar a civiles; hay riesgo de equivocaciones, por eso no es la mejor forma de atacar” al hampa.
Sánchez López consideró que la capacitación de policías en el uso de este armamento no es suficiente, porque cualquiera podría detonar una granada. “La complejidad está en que un policía estatal sea capaz de tomar una decisión en un momento de tensión, durante un tiroteo, y pensar con la cabeza fría”.
El manejo de esos artefactos implica “madurez”, saber cómo, cuándo y para qué se va a accionar. Estas prácticas no se ven en países de Europa o Estados Unidos. El ejemplo de América Latina es Colombia, donde grupos paramilitares usaban granadas y muchos civiles fueron asesinados. (México/Nayeli Roldán)
Daniel Barquet
La capacitación no basta: especialista
Las granadas son instrumentos de guerra utilizados en un enfrentamiento entre dos ejércitos, y usarlos en el combate a la delincuencia “cuestiona” la democracia de un Estado, aseguró Georgina Sánchez López, directora del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede).
La especialista aseguró que la capacitación de policías no es suficiente para aceptar que usen esas armas, pues se requiere “madurez” para reconocer el momento idóneo para una detonación.
Sánchez López expresó lo anterior luego de que el gobierno de Yucatán informó que los policías estatales portarán hasta dos granadas como parte del Acuerdo Nacional por la Seguridad.
Si bien la policía enfrenta el “cáncer” del narcotráfico con “aspirinas” (armamento obsoleto), el Estado “no tiene derecho a asesinarlos, en las democracias reales no sucede esto”.
La especialista recordó que en el combate a la delincuencia organizada también deben respetarse los derechos humanos; la finalidad es detener a los delincuentes, juzgarlos y encarcelarlos; sin embargo, lanzar una granada implica un intento expreso de matar al oponente.
Incluso, dijo que el poder de estas armas no respeta a las personas ajenas a un enfrentamiento. “Podría ocurrir un accidente y dañar a civiles; hay riesgo de equivocaciones, por eso no es la mejor forma de atacar” al hampa.
Sánchez López consideró que la capacitación de policías en el uso de este armamento no es suficiente, porque cualquiera podría detonar una granada. “La complejidad está en que un policía estatal sea capaz de tomar una decisión en un momento de tensión, durante un tiroteo, y pensar con la cabeza fría”.
El manejo de esos artefactos implica “madurez”, saber cómo, cuándo y para qué se va a accionar. Estas prácticas no se ven en países de Europa o Estados Unidos. El ejemplo de América Latina es Colombia, donde grupos paramilitares usaban granadas y muchos civiles fueron asesinados. (México/Nayeli Roldán)
Daniel Barquet
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