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| Tomás Angeles Dauahare |
Un juez federal dictó auto de formal prisión contra el general Tomás Ángeles Dauahare por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada a partir de “pruebas que demuestran” que colaboraba para el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Raúl Valerio Ramírez, juez tercero de distrito de procesos penales federales de Toluca, Estado de México, también sujetó a proceso penal por el mismo delito a los generales Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas y Rubén Pérez Ramírez, al igual que al teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y al mayor Iván Reyna Muñoz.
A Pérez Ramírez se le inició también un proceso penal por su probable responsabilidad en el delito contra la salud, pero en otra modalidad: colaborar de cualquier manera para posibilitar la ejecución de delitos de esa naturaleza.
Ninguno de los procesados alcanza la libertad bajo caución por tratarse de delitos graves.
La semana pasada la PGR consignó el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010 contra los militares con el argumento de que protegían y colaboraban con la citada organización criminal.
El juez ordenó su aprehensión y el 1 de agosto agentes de la Policía Ministerial de la PGR dieron cumplimiento al mandato de captura dictado contra Ángeles Dauahare, Dawe González, Silvio Isidro y Escorcia Vargas.
Mientras que elementos de la Procuraduría General de Justicia Militar, de la Sedena, dieron cumplimiento a la orden de aprehensión librada contra Rubén Pérez Ramírez. En tanto, con el oficio número PFM/DGIP/PD/8256/2012, suscrito por policías federales, se cumplimentó la detención de Iván Reyna Muñoz.
Según los elementos de prueba que presentó la PGR y que usó el juez para dictar el auto de formal prisión, hay pruebas de que Ángeles Dauahare, Roberto Dawe, Silvio Isidro, Ricardo Escorcia e Iván Reyna Muñoz servían a la mencionada agrupación delictiva.
“Como servidores públicos favorecían los intereses de la organización delincuencial conocida como los Beltrán Leyva, con la que se les relaciona, pues al menos durante 2007 proporcionaron a dicha organización información que conocían por sus funciones y que resultaba útil para dicho grupo delincuencial.”
También “apoyaron de distintas maneras en aquella temporalidad (año) para que dicha organización pudiera hacer descender en el aeropuerto internacional de Cancún, Quintana Roo, aviones procedentes de Colombia y Venezuela con clorhidrato de cocaína para abastecer combustible y continuar su destino hacia el centro del país, convirtiendo el vuelo a nacional y evitando con ello mayores revisiones”, se lee en la resolución del juzgador.
Por su parte, se añade, Pérez Ramírez probablemente intervino en una reunión en Cancún con dos miembros del grupo delincuencial, a quienes presentó con los militares encargados de los turnos del aeropuerto de esa ciudad para acordar el apoyo a sus actividades ilícitas, con lo cual de manera probable facilitó la ejecución de delitos contra la salud.
Los acusados tienen derecho a apelar del fallo para que un tribunal unitario en materia penal determine si fue correcta la decisión del juzgador. También pueden emprender su defensa a través del juicio de amparo.
Desde su captura ocurrida en mayo pasado, el general Ángeles Dauahare ha sostenido que la PGR lo acusa con testimonios “de oídas”. La dependencia basa su acusación con declaraciones de testigos colaboradores.
Fuente/MIlenio.
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