Desde que fueron convocados a las calles para realizar tareas de seguridad en el 2006, alrededor de 16,460 militares fueron condenados por tribunales castrenses por el delito de deserción.
Tan sólo en el 2012, se dictaron 565 sentencias condenatorias por ese delito. Del 1 de julio al 30 de noviembre del 2012, el Ejército Mexicano concedió 4,294 bajas: 1,148, por retiro; 21, por mala conducta; 1,041, por deserción; 87, por defunción; 1,709, por pasar a la reserva correspondiente; 43, por inutilidad y cinco, por desaparición del militar.
De acuerdo con el libro blanco de la Secretaría de la Defensa Nacional, los jueces militares emitieron de diciembre del 2006 a diciembre pasado alrededor de 16,460 sentencias condenatorias por el delito de deserción, 565 de las cuales fueron durante el año que apenas concluyó.
En el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, los jueces de tribunales internos del Ejército emitieron además 2,385 condenas en contra de militares “por delitos diversos”, 80 de las cuales se emitieron el 2012, reportó la Sedena, sin especificar qué delitos.
En ese mismo lapso, el Tribunal de Alzada, órgano que sólo observa casos de conductas ilícitas o faltas de los militares, hizo un reconocimiento de inocencia a 10 elementos castrenses; despachó la libertad preparatoria en 194 casos, reinició procedimientos en 14 casos y despachó 10 juicios de responsabilidad.
Asimismo, se emitieron también 36 sentencias absolutorias en casos de investigaciones a militares desde el 2006.
En los primeros cinco años del sexenio de Calderón, se encontraban en integración 3,726 averiguaciones previas; fueron consignadas 3,383; se archivaron 6,049; y se remitieron por incompetencia 631 indagatorias”.
Asimismo, en el 2012, se tuvieron en integración 2,770 averiguaciones previas, de éstas, se consignaron 700; se archivaron 2,000 y se remitieron por incompetencia 750 averiguaciones.
Las sanciones que prevé el Código de Justicia Militar (artículos 255 al 274), por deserción en todos los casos son penas de cárcel, en un cuartel o buque, que van desde los dos meses hasta 11 años de prisión en función del cargo y mando que desempeñen.
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