La justicia mexicana ha corregido esta semana dos fraudes de élite heredados de la labor de la Procuraduría General de la República –la fiscalía– durante el mandato del anterior presidente, Felipe Calderón. El general Tomás Ángeles y el ex fiscal antidroga Noé Ramírez han sido puestos en libertad. Ambos habían sido encarcelados por estar a sueldo del crimen organizado, pero las acusaciones eran falsas. El principal testimonio aportado por la Procuraduría contra ellos fue el de un testigo protegido de nombre en clave Jennifer. Su nombre real: Roberto López Nájera. Es un abogado de Acapulco que supuestamente trabajó para el Cartel de Sinaloa. Actualmente vive en un lugar desconocido de Estados Unidos. Y México se pregunta cómo la fiscalía se creyó sus mentiras, o por qué se las quiso creer, o incluso si puso de su parte para construir el embuste que acabó con Ángeles y Ramírez entre rejas.
Una fuente interna del caso contra el ex fiscal antidroga describe en trazos gruesos la personalidad de Jennifer. “Es seguro de sí mismo. Sagaz en las respuestas. Hábil”. También cuenta como ejemplo de la mendacidad del testigo un episodio del juicio: un careo por videoconferencia entre Ramírez y el acusador. Jennifer está en la Embajada de México en Washington. Ramírez está en una cárcel del Estado de Nayarit (en el oeste de México). El exfiscal se pone a desmontar una acusación de Jennifer, a saber: que había avisado a un narco de que había una operación para detenerlo. Ramírez dice que fue todo lo contrario: que su gente había encontrado una prueba clave contra este criminal al localizar cuatro cadáveres enterrados por los hombres del mafioso en un paraje llamado La Borrega. Ramírez habla en prisión detrás de una pantalla con perforaciones. Al parecer Jennifer no escucha bien lo que dice, y cuando se le pide que responda a la versión del exfiscal, se refiere a La Borrega como un subordinado del narco en cuestión –“Qué te voy a decir yo de La Borrega, tú sabes qué participación tuvo en el asunto”–, le contesta a Ramírez. De acuerdo con la fuente consultada, Jennifer era capaz de agarrar un hilo suelto de información y convertirlo sobre la marcha en otra rama de su nido de falacias.
En la sentencia en la que se absuelve a Noé Ramírez se relata la versión falsa que tuvo al exfiscal más de cuatro años en la cárcel después de ser arrestado en 2008. Jennifer dijo que él era el intermediario entre el narco Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y Ramírez. El testigo protegido afirmó que estuvo en reuniones en restaurantes en las que a Ramírez le entregaban el soborno mensual por el que, según la versión de Jennifer, el fiscal antidroga le pasaba información secreta a los criminales. Incluso dio detalles precisos de la escena: “Le entregaron en una bolsa grande de color negro con la leyenda Hugo Boss la cantidad de 450.000 dólares en efectivo, en billetes de cien”. Al final los datos del testigo se derrumbaron con las pruebas que presentó Ramírez. Por ejemplo: Jennifer dijo que el exfiscal había recibido un pago el 10 de septiembre de 2007 a las tres de la tarde en un restaurante de México DF. Ramírez demostró con su pasaporte y con testigos presenciales que ese día a esa hora estaba en una reunión oficial en Las Vegas.
Jeniffer también vinculó al general Tomás Ángeles con Édgar Valdez Villarreal. Según explica el abogado de Ángeles, Ricardo Sánchez, La Barbie le dijo en prisión a la propia fiscalía que él no conocía de nada al general. Finalmente la justica no ha encontrado ninguna prueba del supuesto nexo de Ángeles con el crimen organizado. Sin embargo el general ha estado preso once meses. Ricardo Sánchez afirma que la fiscalía mexicana le dio tanto crédito a la información de Jéniffer como si se tratara de “un notario”. Él dice que la Procuraduría no se preocupó de corroborar la información: “La usaron sin escrúpulos”, dice el abogado del general.
Otro ex fiscal antidroga mexicano, Samuel González, hoy profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, sostiene que la fiscalía instrumentalizó los testimonios de Jennifer. “No verificaban lo que decía porque usaban su información con fines políticos”, dice González. El encarcelamiento de Noé Ramírez fue la bandera de la Operación Limpieza, una iniciativa del gobierno de Calderón ejecutada a través de la Procuraduría para erradicar a funcionarios vinculados al narco.
Las mentiras del testigo protegido han quedado en evidencia, y la Procuraduría, dirigida ahora por Jesús Murillo Karam, ha anunciado que investigará cómo esos embustes pudieron ser razón suficiente para meter entre rejas a Tomás Ángeles y a Noé Ramírez. En la sentencia sobre el caso del exfiscal, el juez afirma que es “inadmisible” que las palabras de Jeniffer hayan recibido el crédito que recibieron y pide que se determine si en aquel momento la Procuraduría fabricó pruebas contra los acusados.
Por Pablo de Llano (El País)
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