TAXISTAS VS UBER / POLITICOS INVOLUCRADOS EN CONFLICTO

Desde San Lázaro 

Criminales, en el conflicto de taxis en Quintana Roo 

Las afectaciones provocadas por los taxistas que son obligados a cumplir cuotas muy altas por la venta de droga, ya representan pérdidas millonarias para el sector turístico. 

Alejo Sánchez Cano 

No todos los taxistas se prestan a realizar actividades ilícitas, pero sí un buen número de los revoltosos. (Cuartoscuro) 

Enero 27, 2023 | 14:52 hrs 

Alejo Sánchez Cano 

 Para los ingenuos que creen que el conflicto entre los taxistas y los operadores de Uber en Quintana Roo, se circunscribe solamente a la captación de pasajeros, les diremos que están equivocados, porque lo que está en juego es la venta de droga a los turistas por parte de algunos de los choferes y concesionarios del transporte público. 

 A decir de los turisteros de la región, tanto Ana Patricia Peralta, la presidenta municipal de Benito Juárez, en donde está asentado Cancún, como la gobernadora Mara Lezama son omisas —por decirlo de manera decente— de lo que ocurre con la permisibilidad a los grupos criminales que operan en esa entidad y que por cierto, representa la gallina de los huevos de oro, en cuanto a la generación de divisas, empleos formales e informales, además de desarrollo regional. 

 La alarma emitida por el gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos sobre el conflicto, y que ha sido subestimada por el presidente López Obrador, impacta en cancelaciones y contratos a futuro de touroperadores que han hecho de la #RivieraMaya, uno de los destinos turísticos más relevantes para los estadounidenses. 

 Las afectaciones provocadas por los taxistas que en buena parte son obligados a cumplir cuotas muy altas por la venta de droga, ya representan pérdidas millonarias para los prestadores de servicios turísticos y como van las cosas, sobre todo por la inacción o complicidad de la gobernadora y la presidenta municipal, ambas alineadas al Partido Verde Ecologista de México, propiedad del ‘Niño Verde’, Jorge Emilio González, y a Morena, el conflicto tiende a extenderse más, sobre todo hacia otras áreas del trasporte público. 

 Desde luego, no todos los taxistas se prestan a realizar actividades ilícitas, pero sí un buen número de los revoltosos se ven involucrados, porque usan sus vehículos para comercializar enervantes. 

 Si realmente predominara el Estado de Derecho en Quintana Roo y hubiera la voluntad política para terminar con el conflicto, se metería en cintura a los rijosos con la intervención directa de la Guardia Nacional y no como simples espectadores, además de las policías ministeriales del Estado y del municipio para combatir a los cárteles de la droga que operan en la entidad. 

 Las dos mujeres gobernantes, Mara Lezama y Ana Patricia Peralta, están rebasadas por la violencia y por los grupos criminales que extienden sus tentáculos por medio de todo tipo de delitos, que van desde la extorsión y el cobro de piso, hasta el trasiego de droga, pasando por homicidios, secuestros y robos. 

 Las grandes cadenas hoteleras y en general los sectores empresariales de la región han solicitado en varias ocasiones la intervención de la gobernadora, para impedir que los malosos ahuyenten a los turistas nacionales y extranjeros, además de exigir que se gobierne con eficacia y se combata al crimen organizado que aqueja ancestralmente al estado. 

 Para nadie es un secreto que el auténtico gobernador de Quintana Roo es el ‘Niño Verde’ y mientras a este personaje no se le llame a cuentas, pues difícilmente habrá soluciones de fondo sobre la problemática que se vive en la ‘cuna dorada’ del turismo de México. 

 Dicen los enterados que la mandataria Mara Lezama tiene “intereses” en los sindicatos de taxis de Cancún y Playa del Carmen desde 2016, quizá por ello, se hace de la vista gorda ante los atropellos de los concesionarios. 

 La inseguridad en la entidad va en aumento, y en regiones en donde se vivía en santa paz, como en Tulum y Chetumal, se ha complicado porque ya hay presencia relevante de criminales que se disputan esas regiones. 

 Como se sabe, la operación en actividades ilícitas requiere necesariamente la complicidad de las autoridades y como se observan las cosas, la gobernadora y la presidenta municipal de Benito Juárez, ya sea por omisión o por incompetencia, han sido laxas en abatir los índices delictivos. 

 Ojalá que al presidente López Obrador no lo sigan mal informando sobre lo que ocurre en ese Estado, porque flaco favor le hacen a los quintanarroenses y en general a todo el país que se ve beneficiado de las divisas que genera esa entidad.