MORENA QUIERE LAS AFORES DE LOS TRABAJADORES

TODO LE SALE MAL

 

AMLO ELIMINÓ A SU HERMANO

 El prólogo de El gran corruptor de Elena Chávez dice que el libro presenta pruebas de que una de las principales operadoras del gran corruptor ha cometido un "pecado social" al desviar millones de pesos. También dice que el libro es una radiografía de la metástasis de un cáncer alimentado por el gran corruptor.

Fracaso de AMLO ha empezado en casa

Los dineros oscuros de Morena. #codigomagenta

¡MILITARES EJECUTABAN Y ARROJABAN AL MAR A OPOSITORES

El gobierno mexicano empleó una variedad de tácticas para mantener su poder durante la Guerra Sucia. Estos incluyeron:

1. Utilizar los servicios militares y de inteligencia para espiar, infiltrar y desbaratar a los grupos de oposición.

2. Arrestar y detener a presuntos disidentes, a menudo con cargos falsos, y someterlos a duras técnicas de interrogatorio, incluida la tortura.

3. Desapariciones de personas, incluidos estudiantes, periodistas e intelectuales, que se consideraban una amenaza para el gobierno.

4. Censura a medios de comunicación independientes y periodistas críticos con el gobierno.

5. Controlar el flujo de información a través de los medios de comunicación estatales y las campañas de propaganda.

Al utilizar estas tácticas, el gobierno mexicano pudo reprimir la disidencia, mantener el control sobre la población y evitar ser derrocado del poder. No fue hasta principios de la década de 2000 que el gobierno ofreció una disculpa oficial y un reconocimiento de la responsabilidad del Estado por las atrocidades cometidas durante la Guerra Sucia.

AMLO es competencia desleal

AMLO violó la Constitución Mexicana pero YouTube no lo perdonó

OBRADOR está ATERRADO por los VIDEOS de SUS HIJOS RECIBIENDO DINERO del ...

NYT / EE. UU. indagó acusaciones de vínculos del narco con aliados del presidente de México

La indagatoria descubrió información que apuntaba a posibles relaciones entre narcotraficantes y personas cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando ya ocupaba el cargo.

Por Alan Feuer y Natalie Kitroeff
22 de febrero de 2024

Funcionarios de la ley estadounidenses indagaron durante años afirmaciones de que aliados del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se habían reunido con cárteles del narcotráfico y recibido millones de dólares luego de que asumió el cargo, según consta en registros de EE. UU. y de acuerdo con tres personas con conocimiento del tema.

La indagatoria, de la que hasta ahora no se había informado, descubrió información que señalaba posibles vínculos entre operadores poderosos de los cárteles y funcionarios y asesores mexicanos cercanos a López Obrador cuando ya gobernaba el país.

Pero Estados Unidos nunca abrió una investigación formal a López Obrador y los funcionarios que estaban haciendo la indagatoria al final la archivaron. Concluyeron que había poca disposición en el gobierno estadounidense para rastrear acusaciones que pudieran implicar al líder de uno de los principales aliados del país, dijeron las tres personas con conocimiento del caso, quienes no tenían autorización de ofrecer declaraciones públicamente.

López Obrador dijo que lo anterior era “completamente falso”, al responder a las preguntas de The New York Times el jueves. Afirmó que la noticia de la indagatoria no afectaría “de ninguna manera” la relación de México con Estados Unidos, pero que esperaba una respuesta del gobierno estadounidense.

“¿Disminuye eso la confianza que el gobierno mexicano tiene en Estados Unidos?”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa habitual. “Eso el corrido lo dirá”.

El Estado mexicano ha sido infiltrado por los cárteles de la droga desde hace mucho tiempo, desde los niveles más bajos hasta las altas esferas del gobierno. Sobornan a la policía, manipulan alcaldes, reclutan a altos funcionarios y dominan amplias zonas del país.

No obstante, aunque los esfuerzos recientes de los funcionarios estadounidenses identificaron posibles vínculos entre los cárteles y los asociados de López Obrador, no hallaron conexiones directas entre el presidente en sí y organizaciones delictivas.

Buena parte de la información recolectada por los funcionarios estadounidenses provenía de informantes cuyos testimonios pueden ser difíciles de corroborar y en ocasiones resultan ser incorrectos. Los investigadores de EE. UU. obtuvieron la información mientras seguían las actividades de los cárteles del narcotráfico, y no está claro qué tanto de lo que los informantes les dijeron fue corroborado de manera independiente.

Por ejemplo, los registros muestran que un informante le relató a los investigadores estadounidenses que uno de los confidentes más cercanos a López Obrador se había reunido con Ismael Zambada García, uno de los altos líderes del Cártel de Sinaloa, previo a su victoria en las elecciones de 2018.

Otra fuente les dijo que, luego de que el presidente fue elegido, uno de los fundadores del conocido y violento grupo de los Zetas pagó 4 millones de dólares a dos de los aliados de López Obrador con la esperanza de que lo liberaran de prisión.

Los investigadores consiguieron información de una tercera fuente que sugería que los cárteles del narcotráfico tenían videos de los hijos del presidente recibiendo lo que se describió como dinero del narco, según consta en los documentos.

López Obrador negó todas las acusaciones hechas por los informantes.

Los agentes de la ley estadounidenses también lograron rastrear por su cuenta pagos de dinero de personas que se creía eran operadores del cártel a intermediarios de López Obrador, dijeron dos personas con conocimiento de la investigación.

Hace más de una década, una investigación distinta dirigida por la Administración de Control de Drogas (DEA por su sigla en inglés) descubrió denuncias de que el narco había donado millones de dólares a la primera e infructuosa campaña presidencial de López Obrador en 2006. Esta investigación previa, que fue dada a conocer el mes pasado por tres medios de comunicación, se cerró y no derivó en presentar cargos.

Para Estados Unidos, perseguir cargos penales contra altos funcionarios extranjeros, es algo inusual y complejo. Sería especialmente complicado armar un caso legal contra López Obrador. La última vez que Estados Unidos presentó cargos penales contra un alto funcionario mexicano terminó por retirarlos luego de que la detención causara una desavenencia diplomática con México.

El gobierno de Joe Biden tiene un enorme interés en el manejo de su relación con López Obrador, quien es considerado una figura indispensable para contener el aumento del flujo migratorio que se ha convertido en uno de los temas más contenciosos de la política estadounidense. Es una de las principales preocupaciones de los votantes de cara a las elecciones presidenciales estadounidenses de este otoño.

México también es un importante socio comercial de Estados Unidos y el colaborador más importante en los esfuerzos del país para ralentizar el cruce de drogas ilícitas como el fentanilo por la frontera sur.

Las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. tienen competencia para investigar y presentar cargos contra funcionarios de otros países si es que logran mostrar una conexión con los estupefacientes que cruzan la frontera hacia Estados Unidos.

Si bien es poco común que los agentes estadounidenses vayan tras altos funcionarios extranjeros, no es inédito que lo hagan: esta semana comenzó en el Tribunal Federal del Distrito de Manhattan el juicio por narcotráfico contra Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras.

Fiscales federales en Nueva York también lograron que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, fuera declarado culpable el año pasado por un caso de corrupción. Los fiscales convencieron al jurado de que García Luna había aceptado millones de dólares en sobornos de los violentos cárteles de la droga a los que debía perseguir.

Aunque los esfuerzos para indagar a López Obrador ya no están activos, la revelación de que agentes estadounidenses examinaran en secreto denuncias de corrupción contra él y sus ayudantes en sí misma podría ser dañina.

El mes pasado, reportes periodísticos, entre ellos uno de ProPublica, sobre una indagatoria estadounidense de 2006 al financiamiento de campaña —en unas elecciones que no ganó— suscitaron revuelo en México.

López Orador condenó públicamente los reportajes e insinuó que intentaban influenciar las elecciones presidenciales del país de junio, en las que su protegida, la exjefa de gobierno de Ciudad de México Claudia Sheinbaum, lidera las encuestas para sucederlo. Insinuó que dichos artículos podrían complicar las conversaciones en materia de migración y fentanilo con el gobierno de EE. UU. y dijo que estaba considerando no recibir al asesor de seguridad nacional de Biden para un encuentro planeado en la capital mexicana.

“¿Cómo vamos a estar sentados en la mesa hablando del combate a la droga si ellos, o una institución de ellos, está filtrando información y dañándome?”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina días después de la publicación de los reportajes.

Luego de que Biden llamó a López Obrador y calmara la tensión, la secretaria de Relaciones Exteriores de México dijo que el asesor de seguridad nacional de EE. UU. le había asegurado a México que “este es un tema cerrado para ellos”.

El gobierno de Biden ha manejado con mucho cuidado a López Obrador y ha evitado criticarlo en público, prefiriendo, en cambio, enviar en repetidas ocasiones a altos funcionarios a Ciudad de México para que se reúnan con él e insistan en privado que continúe con el control migratorio.

La decisión de dar carpetazo a la indagatoria reciente , según las personas familiarizadas con ella, fue en gran medida causada por el desmoronamiento de otro caso distinto y muy contencioso. En los últimos meses del gobierno de Donald Trump en 2020, autoridades de EE. UU. presentaron cargos contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fungió de 2012 a 2018 como secretario de la Defensa Nacional de México.

En una acusación federal, hecha pública en Nueva York luego de una investigación de varios años denominada “Operación Padrino”, los fiscales señalaron a Cienfuegos de emplear la influencia de su oficina para brindar ayuda a un violento grupo delictivo llamado el cártel H-2 en la realización de operaciones de narcotráfico.

Su detención en el aeropuerto de Los Ángeles causó indignación al interior del gobierno mexicano, en especial entre los líderes de las fuerzas armadas, que durante el mandato de López Obrador han asumido mayores responsabilidades y más poder.

El presidente de México dijo que la acusación se “fabricó” en EE. UU., y su gobierno dio a conocer más de 700 páginas de comunicaciones interceptadas por agentes estadounidenses que presuntamente indicaban actividades delictivas pero que fueron descalificadas como no concluyentes.

La DEA, que ya tenía un historial accidentado como protagonista de una guerra contra las drogas considerada inútil y sangrienta, sufrió un tremendo golpe en su relación con el gobierno mexicano.

Apenas unas semanas después de la detención, el Departamento de Justicia de EE. UU., muy presionado por López Obrador, dio marcha atrás y desestimó la acusación para enviar a Cienfuegos de regreso a México.

El episodio no solo afectó acuerdos de seguridad de larga data entre ambos países, sino que también dejó una profunda impresión en los funcionarios de la ley al norte de la frontera, muchos de los cuales vieron el caso fallido como un relato aleccionador sobre esfuerzos similares contra otros funcionarios mexicanos de alto rango.

Fuente: https://www.nytimes.com/es/2024/02/22/espanol/amlo-investigacion-narcotrafico.html

Emiliano Rodríguez Mega colaboró con reportería.
Alan Feuer cubre extremismo y violencia política para el Times, centrándose en los casos penales relacionados con el atentado del 6 de enero en el Capitolio y contra el expresidente Donald Trump. 
Natalie Kitroeff es corresponsal en el extranjero y cubre México, Centroamérica y el Caribe. 

New York Times prepara un reportaje sobre financiamiento a López Obrador...

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó al diario estadounidense The New York Times por enviarle un cuestionario sobre un reportaje en el que involucran a sus hijos y altos funcionarios de su gobierno recibiendo dinero del crimen organizado, incluyendo a "El Mayo" Zambada. El presidente no respondió el cuestionario y lo calificó como una "amenaza velada". 

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador indicó que había recibido un cuestionario por parte del periódico The New York Times sobre el tema antes mencionado. El presidente hizo hincapié en que no iba a responderlo y que consideraba que la investigación del diario es parte de una campaña de desprestigio en su contra. Asimismo, señaló que cree que lo que está detrás de esta investigación son intereses políticos y financieros.

El reporte del New York Times que causó la polémica se basa en una investigación que incluye fotos, videos y documentos, y que supuestamente muestra cómo los hijos del presidente y altos funcionarios de su gobierno reciben grandes sumas de dinero del crimen organizado. Según la investigación, el dinero habría sido enviado por "El Mayo" Zambada, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.

López Obrador ha criticado a los medios internacionales en el pasado, incluyendo a The New York Times, a los que ha acusado de difundir información falsa o tendenciosa sobre su gobierno. También ha reiterado que su gobierno no permitirá la impunidad en el país y que se investigarán todos los casos de corrupción y delincuencia organizada, sin importar a quién involucren. 

En conclusión, la investigación de The New York Times ha generado una fuerte controversia en México y ha vuelto a poner sobre la mesa el tema de la corrupción y el crimen organizado en el país. El presidente López Obrador ha rechazado las acusaciones en su contra y ha prometido que su gobierno seguirá luchando contra la corrupción y el crimen organizado en todo el país.

AMLO / ¿Por qué está furioso?

 

AMLO LOGRÓ REUNIR A MAS DE 700 MIL PERSONAS

 Bajo el lema de exigir que el voto en las próximas elecciones del 2 de junio sean libres, diversas organizaciones convocaron a una movilización ciudadana, para participar en la Marcha por la Democracia 2024, este domingo 18 de febrero, a partir de las 10:00 horas en adelante.

La convocatoria fue lanzada en más de 100 ciudades del país y algunas en el extranjero, para la tercera edición de la llamada ‘Marcha por Nuestra Democracia’, cuyos antecedentes remontan a las movilizaciones de noviembre de 2022 y febrero de 2023.

Calderón pateó el avispero...declaró la guerra al narco...militarizó a la policía

Una tras otra mentira ha utilizado AMLO enfocada hacia Calderón por el odio que desarrolló a partir de haber perdido las elecciones contra él.

Esto lo llevó a realizar un plantón en la avenida Reforma que tal y como revelan las notas periodísticas fue financiado por la delincuencia organizada, de igual forma que su campaña.

Sus adeptos que en la mayoría optán por repetir una y otra vez las mismas frases ya que la naturaleza no fue bondadoso con ellos.

¿Qué es lo que ha ocurrido realmente?

Amado Carrillo alias "El señor de los cielos" es reconocido como hábil negociador, un tipo inteligente en busca de soluciones y no de confrontaciones.

Logró acuerdos entre los líderes del narcotráfico para operar pacíficamente y no involucrarse en una lucha sin fin. Su objetivo era el trasiego y la riqueza, era de buen vivir, llegó acumular una fortuna aproximada de 25 millones de dólares.

Hábilmente gestionó entre los capos de su época para esto dividió el país en regiones para que cada quien hiciera negocio con el narcotráfico. Era calificado por su visión empresarial, aunque en un giro negro, el trasiego de marihuana, principalmente.

Así fue hasta su fallecimiento el 4 de julio de 1997.

LA COCAINA COLOMBIANA

Los colombianos iniciaron exportando marihuana y evolucionaión para la fabricación y exportaban cocaína a EEUU. 

El gobierno de EEUU empezaba a bloquear el paso de la droga colombiana y optaron por acudir a los narcotraficantes mexicanos que tenían distintas rutas establecidas, por aire, mar, tierra y hasta debajo de la tierra. 

Esto representó una oportunidad para los mexicanos al comercializar un producto menos voluminoso y más rentable. 

LOS GAFE Y LOS CÁRTELES

Es preciso hacer mención que los GAFE, hacia 1997-98, eran las fuerzas que se empleaban en numerosos operativos contra el narcotráfico, rescate de rehenes, emboscadas y contraemboscadas y contrainsurgencia.

Los GAFE antes del 2000 quedan a la deriva por faltá de presupuesto y la corrupción que impera en los mandos de la SEDENA. Los vínculos entre unos y otros son demasiado cercanos, conviven en fiestas, bodas, buatizos y los que luchan son las tropas.

Bajo este contexto un grupo de ellos se integra a las filas de Osiel Cárdenas Guillén.

Arturo Guzmán Decena desde su arribo le dieron la encomienda de contratar a más jóvenes, en especial a militares, debido a que ellos podrían consolidar una poderosa banda para hacer frente a sus rivales, que para aquellos años era el Cártel de Sinaloa.

El líder original del grupo armado, el teniente Arturo Guzmán Decena, alias “Z1”, murió en 2002. Después de la captura y extradición de Cárdenas Guillén, los Zetas aprovecharon la oportunidad para independizarse. Los ex GAFE ahora Zetas formaron su Cártel. 

O sea, antes de Felipe Calderón Hinojosa la delincuencia organizada ya se había militarizado. 

Con toda la capacitación que habían recibido para defender al país ahora era para beneficio propio al margen de la Ley. 

Manuel Barlett existe desde hace muchos años y ha sido vínculo entre ambos bandos... gobierno y cárteles, a la vez con la CIA.

Durante su militancia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se desempeñó como secretario de Gobernación de 1982 a 1988 durante la presidencia de Miguel de la Madrid, secretario de Educación Pública de 1988 a 1992 durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari y gobernador de Puebla de 1993 a 1999. 

Cuando la Dirección Federal de Seguridad, cuyo titular José Antonio Zorrilla, la Secretaría de Gobernación estaba cargo de Manuel Barlett Díaz estaban a las órdenes de la CIA...

Manuel Bartlett estaba enterado de la relación de la DFS con la CIA y de sus contactos con el Cártel de Guadalajara.​ Tenían un acuerdo para apoyar a la contra insurgencia en Nicaragua.

Uno de los ranchos de Caro Quintero era utilizado como campo de entrenamiento de paramilitares, a cambio de permitir que pudiera trasladar su mercancía hacia EEUU. 

A Manuel Barlett Díaz se le atribuye la muerte del agente Kiki Camarena y su piloto de la recién creada DEA. También se le atribuye la muerte del periodista Manuel Buendía que llevaba un seguimiento de las actividades de la CIA y sus vínculos con el narcotráfico. 

PRESIDENCIABLE O MANIPULADOR 

Por la buena relación que Manuel Barlett sostenía con la CIA, era mencionado como próximo presidente de México, pero elgobierno de EEUU no veía bien a quien había matado a un agente de la DEA.

Barlett sentía que tenía la silla presidencial pero tras un revirón tuvo que ceder el paso a Carlos Salinas de Gortari, siempre fiel, leal tuvo que ayudarlo a ocupar la presidencia de México.

Desde entonces ha consolidado su poder Detrás del Trono como operador estratégico estableciendo vínculos con la delincuencia organizada como fuente de financiamiento y el poder Ejecutivo.

Con AMLO ha llegado a la cúspide, la información a la que ha tenido acceso desde hace décadas le permite conocer al actual presidente desde que tenía 24 años de edad, cuando iniciaron a espiar sus movimientos.

El presidente idóneo para manipular es AMLO, conoce sus debilidades, sus andazas y amoríos...su vida completa.

Tras el relato viena a colación la siguiente pregunta: 

¿Queda claro cómo inicio la guerra del narcotráfico? 

El problema es que en ésta guerra las víctimas son los civiles.  El gobierno en manos de AMLO ya perdió el control...de facto nunca lo tuvo.

#NarcoPresidente: Celso Ortega fortalece el hashtag

 

#NarcoPresidente...el hashtag de mayor alcance

 

AMLO vs. MALO: La antítesis del presidente aviva las críticas en redes sociales

En el escenario político mexicano, el principal adversario del presidente López Obrador no es un grupo externo, la oligarquía o un complot internacional. Sorprendentemente, se trata de su propia versión más perjudicial: MALO. Desde la polémica política de "Abrazos no Balazos" hasta la liberación de Iván Guzmán, MALO ha sido el arquitecto de decisiones controvertidas que han afectado la seguridad, economía y salud en México.

No cabe duda de que el presidente AMLO enfrenta un desafío significativo en la forma de su propia antítesis, MALO. Contrario a las especulaciones sobre oligarquías o conspiraciones externas, el principal responsable de las decisiones más cuestionables es el propio presidente en su versión más perjudicial.

Desde el diseño de la polémica política de "Abrazos no Balazos" hasta la liberación de Iván Guzmán, pasando por saludos a figuras controvertidas, AMLO ha acumulado una lista de errores en seguridad, economía y salud. Es importante señalar que, a diferencia de la creencia popular, MALO no es un personaje ficticio, sino un nombre que encapsula una de las personalidades más problemáticas del presidente.

El impacto del hashtag #NarcoPresidente en redes sociales ha sido innegable. Héctor Escalante, socio fundador de Transmedia Comunicaciones, destaca el impacto del tema y señala que el presidente ha manejado datos equivocados, posiblemente influenciado por la magnitud de este hashtag. La viralización de #NarcoPresidente no comenzó con el reportaje de Tim Golden, sino que ha sido una preocupación constante para AMLO, mientras que MALO ha avivado las llamas en cada Mañanera, contribuyendo a la persistente controversia.

En el período del 30 de enero al 15 de febrero, MALO ha intensificado sus acciones, avivando las críticas en su contra. Más que un simple término, MALO representa una faceta problemática que el presidente enfrenta, evidenciando la complejidad de su liderazgo y la creciente importancia de las redes sociales en la opinión pública.

Hope 52 en Villahermosa y Rutilio Escandón

El ahijado de Rutilio Escandón fue liberado en Quintana Roo y fue a consumar la tragedia en Tabasco

...y los nexos con AMLO

Jesus Carballo Gutiérrez mejor conocido como el JR, de Chiapas, nuevamente se ve involucrado en un hecho delictivo luego de que durante la madrugada del domingo uno de sus escoltas asesinara a balazos a tres jóvenes en el antro “Hope 52” de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

De acuerdo a información extraoficial, el JR tuvo un altercado con un grupo de jóvenes por lo que ordenó al gerente del lugar y a sus escoltas que los sacaran del lugar.

Posteriormente, de acuerdo a vídeos captado por las cámaras de seguridad en la entrada del bar, un primer sujeto vestido de negro y con sombrero del mismo color saca un arma y dispara al aire cuatro veces cuando observa que inicia una pelea entre escoltas de JR y un joven de barba y camisa blanca.

En la grabación de apenas un minuto se observa cómo un hombre de playera blanca asesina al hombre de negro y dispara por la espalda contra quienes están en la gresca, el hombre de barba y camisa blanca huye del lugar mientras que el verdugo aún le dispara un tiro por la espalda a uno de los hombres que yace en el suelo.

En otro video se observa cómo el asesino espera a sus cómplices y uno más sale caminando con severas heridas, al tiempo una pick up negra y un sedán rojo huyen del lugar a todo velocidad, luego pasa una Jeep Cherokee color gris. 

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó en un comunicado que detuvo a siete masculinos relacionados con el enfrentamiento, todos con domicilio en Villahermosa, y algunos de los cuales pretendían darse a la fuga, aseguraron un arma de fuego y tres vehículos, entre ellos una camioneta Jeep Cherokee color gris con blindaje nivel 4 en la que intentó huir uno de los masculinos que finalmente fue detenido. 

Sin embargo, se desconoce si entre los detenidos estuvo el JR 

¿Quién es Jesús Carballo el JR? 

Jesús Carballo Gutiérrez es ahijado de Rosalinda López Hernández, candidata al Senado por Morena, esposa del gobernador chiapaneco Rutilio Escandón y hermana de Adán Augusto 

El 13 de enero pasado, Jesús Carballo Gutiérrez el JR fue detenido en Playa del Carmen a bordo de camionetas de lujo con 12 hombres armados, quienes trataron de evadir un filtro policiaco; en su primera declaración, el JR dijo que se dedicaba a vender medicinas al gobierno de Chiapas y resultó ser hijo de Ernesto Carballo Zurita, operador político y financiero de Rosalinda López Hernández, administradora general de la Auditoría Fiscal Federal del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Pro Publica defiende a Tim Golden tras ataque de AMLO; el presidente arr...

A López le sorprenden las 170 millones de menciones

Era obvio que Liz Vilchis iba a salir a defender a López de las investigaciones de Tim Golden, Anabel Hernández e InSight Crime. A López le sorprende que el tema de su relación con el Cártel de Sinaloa haya alcanzado ya más de 170 millones de menciones, tan sólo en Twitter. ¡Y las que faltan! Porque sigue siendo la tendencia número 1 desde el 30 de enero.

Sandoval alertó en FGR de ex escolta de AMLO

...que estuvo preso, acusado de vínculos con el narco

El Secretario de la Defensa Nacional, Cresencio Sandoval, alertó mediante una carta al Fiscal Alejandro Gertz, sobre la designación en la Subprocuraduría que investiga a criminales de un ex escolta de AMLO que estuvo preso acusado de proteger a un cártel de la droga. Uno de los delincuentes que lo acusó es el narcotraficante Sergio Villarreal “El Grande”, el mismo que en 2023 fungió como uno de los testigos principales en el juicio contra García Luna en Nueva York

Por Iván Alamillo

Los tres correos fueron enviados con menos de una hora de diferencia el 12 de septiembre de 2019. La urgencia para que los oficios surgidos de la jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional llegaran a manos del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, era notoria. 

Homero Mendoza Ruiz, entonces jefe del Estado Mayor, envió los correos a su equipo de ayudantía tan pronto comenzó el día. Adjunto en uno de los correos, se encontraba un oficio que el general secretario, Luis Cresencio Sandoval, remitía al fiscal Gertz Manero. 

Y en él, una advertencia: el recién nombrado titular de la Subprocuraduría Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (SEIDO), Alfredo Higuera Bernal, habría designado como director del Cuerpo Técnico de Control a un militar en retiro que era señalado de tener vínculos con el Cártel de los Beltrán Leyva en las bases de datos de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

¿Su nombre? Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, uno de los militares en retiro que integraban el equipo de seguridad del presidente López Obrador durante su campaña en 2006. 

Equipo que fue encabezado por el actual director del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez Zapata.

Dentro de la estructura orgánica de la FGR, el Cuerpo Técnico de Control (CTC) es una unidad especializada dependiente de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO, antes SEIDO). Su función es ejecutar los mandatos de la autoridad judicial en materia de intervención de comunicaciones privadas, extracción de información y localización en tiempo real de líneas telefónicas asociadas a equipos móviles. 

En resumen, el CTC es una de las pocas unidades en el país que están facultadas legalmente para intervenir dispositivos móviles con la autorización de un juez federal. 

La información anexada por el secretario Cresencio Sandoval alertaba que, en las bases de datos de la SEDENA, existen reportes que indican que el exintegrante del equipo de seguridad de López Obrador, Silvio Hernández Soto, habría dado protección a los Beltrán Leyva –entonces parte del Cártel de Sinaloa– desde el año 2007.

Los documentos enviados por la Secretaría de la Defensa Nacional y recibidos por la Fiscalía General de la República contenían el siguiente documento pormenorizado con los antecedentes del recién nombrado director del CTC:

Investigaciones periodísticas publicadas el pasado martes 30 de enero por la agencia alemana Deutsche Welle, el sitio estadounidense Propublica y la organización InSight Crime, mencionan que desde 2010 la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) recabó testimonios sobre la presunta entrega de 2 millones de dólares del Cártel de los Beltrán Leyva a la campaña de López Obrador en el 2006, año en el que Silvio Hernández Soto formaba parte del equipo de seguridad del hoy presidente. Los tres reportajes citaron como informante de la DEA a Salvador López Nájera, alias “Jennifer”, quien fue miembro del cártel de los Beltrán Leyva.

El reportaje de Propublica menciona que en una grabación clandestina realizada en mayo de 2011, el ex chofer de AMLO, Nicolás Mollinedo, le dijo a un informante de la DEA que estaba preocupado porque dos miembros del equipo de seguridad de López Obrador en la campaña del 2006 habían sido detenidos en México y temía que fueran presionados para revelar que tenían conocimiento de las aportaciones del narcotráfico. 

Sin embargo, el único exintegrante del equipo de seguridad de AMLO detenido en esa fecha era Marco Antonio Mejía López, a quien la PGR detuvo en febrero de 2009 por cargos de delincuencia organizada y delitos contra la salud por supuestamente trabajar para el Cártel de Los Zetas. 

La detención de Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, de quien, ahora se sabe, Luis Cresencio Sandoval alertó al fiscal general Alejandro Gertz Manero por sus presuntos vínculos con los Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa, se dio hasta mayo de 2012.

En distintas entrevistas realizadas a partir de la publicación del reportaje de Propublica, Mollinedo negó haber recibido dinero del crimen organizado para la campaña presidencial de 2006 y calificó los señalamientos que lo involucran como parte de una campaña sucia que intenta dañar la imagen del Presidente López Obrador en el actual año electoral.

Las razones de la alerta del general Sandoval

El oficio en el que el general Luis Cresencio Sandoval alertó al fiscal Gertz Manero sobre el nombramiento de Hernández Soto como director del CTC tuvo un detonante. 

El 11 de septiembre de 2019, un día antes de enviar el oficio al fiscal general, el secretario Luis Cresencio Sandoval recibió un informe clasificado como “secreto” del entonces subjefe de Inteligencia del Estado Mayor, el General de Brigada Inocente Fermín Hernández Montealegre. 

En el informe, Hernández Montealegre reportaba a Sandoval sobre los pormenores de una reunión que había tenido el 9 de septiembre de 2019 con el recién nombrado subprocurador de la SEIDO, Alfredo Higuera Bernal. El motivo de la reunión entre Hernández Montealegre e Higuera Bernal era discutir quién sería el militar en activo –o en retiro– que supliría al coronel José Sigifredo Valencia Rodríguez, quien desde el 2015 dirigía el Cuerpo Técnico de Control de la PGR.

Durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, la SEDENA extendió su control sobre otras instituciones civiles y la Procuraduría General de la República no quedó exenta de la expansión castrense. 

A través de militares en retiro y militares adscritos al Grupo de Análisis de Información Contra el Narcotráfico (GAIN) –dependiente de la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor–, la SEDENA asumió la dirección del Cuerpo Técnico de Control, desde donde entonces controla y opera las intervenciones telefónicas que autoriza el Poder Judicial a la FGR. 

El subjefe de Inteligencia del Estado Mayor le informó al secretario Luis Cresencio Sandoval que el subprocurador de la SEIDO, Alfredo Higuera Bernal, había aceptado dar continuidad para que las vacantes generadas en el CTC fueran cubiertas por personal militar “con el mismo grado de profesionalismo y fiabilidad de los antes nombrados”.

Sin embargo, hubo un párrafo que prendió las alertas del general secretario:

“En dicha reunión, el Lic. Higuera manifestó que por indicaciones del Director del Cnto. Nal. de Intl,. se nombró al C. Tte. Cor. Cab. Ret. Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto como Dir. del C.T.C.F.G.R. en sustitución del Tte. Cor. Valencia Rodríguez, agregando que el Jefe Hernández Soto es una persona allegada al C. Gral. Secretario de la Defensa Nacional”. 

Lo reportado no dejaba lugar a interpretaciones. Hernández Montealegre le informaba al general secretario que, de acuerdo con lo dicho por el subprocurador de la SEIDO, la indicación de designar a Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto como director del CTC provino directamente del director del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez Zapata.

La intervención de Audomaro Martínez en el nombramiento del director del CTC contravendría el artículo 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y la Estructura Orgánica de la FGR, que establecen que el Cuerpo Técnico de Control es una unidad dependiente de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Años atrás, en 2006, Hernández Soto había estado bajo las órdenes de Audomaro Martínez Zapata cuando éste último era el encargado del equipo de seguridad del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. 

En mayo de 2012, durante las campañas presidenciales de ese año, Hernández Soto fue detenido por la Procuraduría General de la República (PGR) por sus presuntos nexos con el Cártel de los Beltrán Leyva. 

Tras ser cuestionado por la prensa sobre la detención de Hernández Soto, Audomaro Martínez tomó distancia de quien había sido su subordinado en 2006:

“Yo lo conocía bien (desde 1998), lo jalé a trabajar aquí, después se fue a Sinaloa y a Veracruz. Mientras estuvo aquí (en el equipo de seguridad de AMLO) estuvo limpio de cualquier acusación. Lo que haya hecho después no es mi problema”, declaró en aquella ocasión Audomaro Martínez. 

Casi catorce años después, Audomaro Martínez Zapata, ya como director del Centro Nacional de Inteligencia, le habría dado “indicaciones” al subprocurador de la SEIDO para designar a su excolaborador como director del Cuerpo Técnico de Control, una de las áreas más estratégicas para el combate contra la delincuencia organizada de la Fiscalía General de la República. 

Una razón más de preocupación para Cresencio Sandoval: según los documentos militares, Higuera Bernal habría afirmado en la reunión con el subjefe de Inteligencia del Estado Mayor que Hernández Soto era “una persona allegada al C. Gral. Secretario de la Defensa Nacional”. 

Es por este motivo que, en su carta dirigida al fiscal Alejandro Gertz Manero, el secretario de la Defensa Nacional se deslindó del exintegrante del equipo de seguridad del presidente López Obrador: 

“Cabe mencionar que el suscrito no mantiene ninguna relación de tipo personal con el referido Teniente Coronel y mucho menos algún interés en recomendarlo para desempeñar un cargo público, por lo que la relación entre el citado Jefe y esta Secretaría es estrictamente institucional, por ser un militar en situación de retiro”. 

El informe del entonces subjefe de Inteligencia no lo menciona, pero el subprocurador Higuera Bernal también fue superior jerárquico de Hernández Soto entre 2008 y 2011, cuando Higuera encabezaba la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa y Hernández Soto dirigía la Policía Ministerial del Estado. 

En 2007, cuando Higuera Bernal ocupaba el cargo de subprocurador regional de la procuraduría sinaloense, fue señalado por la revista Proceso de asistir a la boda de Joaquín Guzmán Loera y Emma Coronel Aispuro en una comunidad serrana del Triángulo Dorado en Durango. Algo que el propio Higuera ha negado en reiteradas ocasiones. 

En resumen: tanto el director del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez Zapata, como el subprocurador de la SEIDO (ahora FEMDO), Alfredo Higuera Bernal, fueron, en algún momento, superiores jerárquicos de Silvio Hernández Soto.

Y ambos habrían buscado su designación al frente del Cuerpo Técnico de Control de la FGR.

La detención del ex escolta, por acusaciones del testigo de la DEA

Seis años después de haber formado parte del equipo de seguridad de López Obrador durante la campaña presidencial del 2006, Silvio Hernández Soto fue detenido el 15 de mayo de 2012 por elementos de la policía ministerial de la Procuraduría General de la República e internado en el penal del Altiplano. 

Su detención fue parte de la “Operación Limpieza” que la PGR, entonces encabezada por Marisela Morales, realizó por presuntos nexos con el cártel de los Beltrán Leyva en contra de varios miembros del Ejército como el General Tomás Ángeles Dauahare, quien se desempeñó como subsecretario de la Defensa Nacional durante los dos primeros años del gobierno de Felipe Calderón.  

Como parte de las investigaciones, la Procuraduría abrió la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010, donde señalaba a Hernández Soto y a otros cuatro altos miembros de la SEDENA –entre ellos Ángeles Dauahare– de dar protección a los Beltrán Leyva y de ser responsables del delito de delincuencia organizada con el propósito de cometer ilícitos contra la salud. 

Las acusaciones de la PGR estaban sustentadas en una denuncia anónima y en las declaraciones de los testigos colaboradores ‘Mateo’ y ‘Jennifer’, quienes en realidad se trataban de dos miembros del cártel de los Beltrán Leyva: Sergio Villarreal Barragán ‘El Grande’ y Roberto López Nájera, el primero de ellos sentenciado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y uno de los principales testigos de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York en el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. 

El caso no llegó a juicio. Cinco meses después del arribo de Enrique Peña Nieto a la presidencia, la falta de pruebas que permitieran corroborar las acusaciones de ‘El Grande’ y López Nájera orilló a la PGR a retirar los cargos contra el teniente en retiro Silvio Hernández Soto y los generales Tomás Ángeles Dauahare, Ricardo Escorcia Vargas y Roberto Dawe González. 

A pesar de que en México fue absuelto y liberado, el general Luis Cresencio Sandoval decidió alertar en 2019 al fiscal Gertz Manero sobre las sospechas que la SEDENA aún tiene sobre los presuntos nexos de Silvio Hernández Soto con el narcotráfico e incluyó reportes, hasta ahora inéditos, que se encuentran en los archivos castrenses. 

De acuerdo con el anexo que el secretario Sandoval hizo llegar al fiscal Gertz Manero, López Nájera (‘Jennifer’) declaró que Hernández Soto, ya como militar retirado, le presentó en febrero de 2007 en el restaurante del Campo Marte a otro militar –cuyo nombre no se menciona– para que lo ayudara a gestionar el aterrizaje de aeronaves cargadas de droga en el aeropuerto de Cancún.

Los archivos internos de la SEDENA también revelan que, el 12 de julio de 2008, personal militar detuvo en Culiacán, Sinaloa, a Erick Alonso Rivas Ríos “El Pollo”, responsable de una célula de sicarios del Cártel de Sinaloa. Tras su detención, Rivas Ríos manifestó que el director de la Policía Ministerial del Estado –que en aquel entonces era Hernández Soto– “se encontraba cooptado por el Chapo Guzmán”. 

En otro hecho, el 17 de septiembre de 2009 personal de las Fuerzas Especiales del cuerpo de la Policía Militar detuvo en Culiacán a un sujeto en posesión de un vehículo blindado, un arma corta y un cuaderno de apuntes, en donde se localizaron cuatro hojas de cuaderno sueltas con diversos datos y nombres de autoridades, entre ellos el de Silvio Hernández Soto.

El ex escolta estuvo asignado a la Guardia Nacional

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) pudo corroborar que, al menos desde octubre de 2021, el actual director del Cuerpo Técnico de Control de la FGR es Héctor Gerardo Rubio Gurrola, un Mayor de Infantería adscrito a la Subjefatura Operativa del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

MCCI solicitó a la FGR –vía transparencia– conocer si Silvio Hernández Soto asumió la dirección del CTC a pesar del alertamiento del secretario de la Defensa Nacional. Y, en caso de que así haya sido, conocer la fecha en la que la asumió la dirección del CTC y su fecha de terminación en el cargo.

La Fiscalía reservó la información argumentando que divulgarla volvería identificables a los servidores públicos y pondría en riesgo su integridad, así como a la operatividad de la institución.

Un amparo presentado por Hernández Soto en julio de 2021 revela que ocupó un cargo en la Guardia Nacional tras su intento de nombramiento como director del CTC de la FGR.

El amparo fue presentado después de que la Guardia Nacional lo obligara a presentarse a trabajar durante la pandemia a pesar de que Hernández Soto padece hipertensión arterial sistémica y, en consecuencia, forma parte de un grupo vulnerable. 

MCCI solicitó a la Guardia Nacional conocer los cargos que Hernández Soto ha desempeñado, pero también se negó a otorgar la información bajo el mismo argumento de la FGR: hacerlo implicaría un riesgo para la integridad de los funcionarios y la operatividad de la institución. Por lo tanto, se desconoce si permanece como funcionario público.

Esta información fue publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en: https://contralacorrupcion.mx/sandoval-alerto-del-nombramiento-en-fgr-de-ex-escolta-de-amlo-que-estuvo-preso-acusado-de-vinculos-con-el-narco/