En un "informe", el presunto homicida de Mayra Ayuso implicó a Félix González

Resurge acusación de asesinato contra candidato priísta a la gubernatura de QR

La madre de la víctima amplió la demanda porque la muchacha estaba embarazada

Las versiones, "chismes" para afectarlo en los comicios: subprocurador de Justicia

BLANCHE PETRICH, HUGO MARTOCCIA Y JAVIER CHAVEZ ENVIADA Y CORRESPONSALES

Cancun, QR, 5 de febrero. A 12 horas de que se inicie la competencia electoral por el gobierno de Quintana Roo, al candidato del PRI Félix González Canto se le vino encima un viejo expediente judicial que se había "extraviado" hace años y en el que se le señala como implicado en el asesinato, el 9 de noviembre de 1999, de una jovencita de 16 años, Mayra Ayuso Rodríguez, en Cozumel, donde el priísta, en esa época de 31 años, era presidente municipal.

La madre de la muchacha, Ana Isabel Rodíguez Mejía, presentó anoche una demanda penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por el extravío de la averiguación previa 1100/99, y pidió que fuera aceptada como prueba parte de este expediente perdido y recuperado por la familia de Mayra. En éste, uno de los declarantes, Juan Carlos Padilla Alcocer, confesó haber matado a golpes a la adolescente junto con un cómplice de nombre José Enrique, por encargo de un señor Rocha.

Dijo ante el agente del Ministerio Público de Cozumel, Mario Cajum Fernández: "Bajamos a Mayra en un lote baldío ubicado en un costado del aeropuerto y le advertimos acerca de la actitud que estaba tomando con el presidente municipal, de quererlo extorsionar por un supuesto embarazo, poniéndose ésta impertinente, por lo que se tuvo que tranquilizarla a golpes, y como estábamos ya alcoholizados se nos pasó la mano y la abandonamos en el lugar. Agrego a usted que la intención no era matarla, sino darle un pequeño susto".

El presunto asesino admitió haber recibido el pago por el encargo cumplido y además "me trasladé unos días a Playa del Carmen y Cancún para pasar unos días de vacaciones regresando después por el efectivo faltante". Después fue interceptado por Cajum para que realizara su declaración ministerial y fue dejado en libertad. Nunca se le volvió a molestar.

Por la muerte del hijo nonato de Mayra su madre amplió ayer su denuncia por doble homicidio.

La manipulación y extravío del primer expediente de este caso, dijo la madre de la muchacha al fundar su demanda, es un hecho "grave, delictivo e ilegal", porque en este reporte "se señala a los autores materiales del delito de homicidio de mi hija y de su hijo no nacido, y de igual forma se indica que el autor intelectual es Félix González Canto".

Este viernes empezó a circular entre algunos medios de prensa un "informe de investigación", firmado por el comandante de la policía judicial de Cozumel Jorge Picasso Sosa, con fecha del 8 de enero de 2000, con la declaración ministerial de Padilla Alcocer.

Al salir de la diligencia, llorosa y custodiada por el chofer del candidato del PRD-PT al gobierno estatal, Juan Ignacio García Zalvidea, la madre de Mayra recalcó que su demanda es contra quien resulte responsable y declinó hacer más comentarios.

Las dos hojas del expediente extraviado que detonaron el nuevo giro en este caso, que durante años logró ser acallado por autoridades judiciales del estado, pertenecen a la averiguación previa (AP) 1100/99. Esta fue sustituida posteriormente -no se precisa cuándo- por la AP 438/99. Este hecho, sostiene en su declaración la madre, es "incomprensible, arbitrario y contumaz, fuera de la lógica jurídica", y permitió el extravío de pruebas.

En el curso de la segunda averiguación fueron detenidos dos amigos de la joven, Alejandro Ciau Polanco, de 19 años, y Norma Páez, de 15, como "sospechosos". La chica fue liberada bajo fianza y el joven pasó 10 meses en la cárcel de Cozumel hasta que fue reconocida su inocencia.

En su nueva denuncia, la señora Rodríguez señala que Ciau fue "una víctima más de los funcionarios que integraron la maliciosa averiguación previa con el objeto de no señalar a los verdaderos asesinos materiales e intelectuales de mi hija".

La demanda de la señora Rodríguez se presentó ante el agente del Ministerio Público en turno de la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo. Poco antes de que iniciara, el subprocurador Luis Alfonso Chi Paredes intentó "desmentir" la cita de reporteros con la madre de Mayra y opinó que "todas esas versiones son chismes para afectar electoralmente" al candidato del PRI.

En la recta final de las campañas políticas el tema de este asesinato, ocurrido hace un lustro, no estuvo ausente de los medios de comunicación locales, pero los operadores políticos de González Canto no previeron que pudiera llegar a este punto.

La declaración de Padilla Alcocer aporta también elementos que apuntan a la existencia de prostitución infantil y pederastia en la isla en aquellos años, práctica en la que estaría involucrado el ex director de la Policía Municipal de Cozumel, de apellido Rocha, y de la que el alcalde González Canto supuestamente era cliente.

El presunto homicida declaró que llegó a la isla de Cozumel con José Enrique, de quien desconoce sus datos generales, y se hospedaron en el hotel El Cozumeleño, donde fue presentado con el señor Rocha, y le explicó el trabajo que tenían que realizar; es decir, ir a una fiesta y ahí encontrar a Mayra, quien les iba a brindar un servicio en el que se incluía el sexo. Dijo que la finalidad principal era darle un susto debido a que "se encontraba extorsionando al presidente municipal, al que con anterioridad ella había dado un servicio."

El declarante ofrece más detalles. Se operaba en la discoteca Neptuno. Se les pagó 20 mil pesos iniciales por "el servicio" y luego se les liquidó una cantidad similar. Una vez muerta, el comandante Rocha -quien no fue citado a declarar en el proceso de investigación- los ayudó a "cambiarse de hotel" por protección y les aseguró que "iba a tratar de manejar la situación con gente de muy arriba".

El agente Cajum escuchó en ese entonces este relato de viva voz y levantó el acta. Posteriormente el comandante Picasso, de la Policía Judicial del estado, elaboró un informe a sus superiores. Después, el expediente se perdió. Ahora está de regreso, cuando nadie en las altas esferas del poder estatal lo esperaba.

¿ESTE ES EL GOBERNADOR QUE QUEREMOS?

Hace ya algunos meses, desde antes de que inicien las campañas electorales, puse este tema y al parecer quedó en el olvido.

Pariente de aspirante priísta, involucrado en asesinato 

BLANCHE PETRICH ENVIADA (La Jornada).

Cozumel, QR, 1º de febrero. El pequeño taller de Mirna Zapata, costurera de oficio, es comedor, sala y cocina a la vez. Ahí se prepara la comida, se ve la tele y se "costura", todo al mismo tiempo, cuando suena el teléfono. "Es de la campaña de Félix", anuncia una voz desde el fondo de la vivienda.

En la isla, la batalla por los votos, de dos de los candidatos a gobernador -Félix González, por PRI-PVEM, y Addy Joaquín, por PAN-Convergencia, ambos prominentes cozumeleños-, se libra casa por casa. Pero en este hogar, la llamada de los promotores del priísta cae como una bofetada. Dos mujeres, Ana de Ayuso y doña Mirna, han charlado toda la tarde dando vueltas a las historias de sus hijas: una muerta hace cinco años; la otra, violada el año pasado. En ambos casos se vieron involucrados hombres del poder. En ninguno se hizo justicia.

La hija de Ana, Mayra Beatriz, murió hace cinco años, cuanto tenía 16. Salió de su casa el 5 de noviembre de 1999 rumbo a la escuela, vestida con su uniforme. Nunca regresó. Cuatro días después la Policía Judicial estatal avisó a su madre que el cuerpo de la adolescente había sido encontrado en un terreno propiedad de la familia del entonces presidente municipal González Canto. Se inició la averiguación previa 438/99 por homicidio. El médico forense Efrén González, pariente del hoy abanderado por el PRI, dictaminó asfixia por ahorcamiento como causa de la muerte. Los padres de Mayra la enterraron el día 10. Al día siguiente del sepelio les avisaron de la agencia del Ministerio Público (MP) que "se les había olvidado el feto". En ese momento se enteraron de una segunda versión policiaca: que la niña estaba embarazada de cuatro meses al morir y tenía perforación del útero por un legrado mal aplicado. Se les informó que eso -y no un ahorcamiento- le había causado la muerte. Ante la duda, los padres pidieron la exhumación del cuerpo y otra necropsia. Cuatro meses después tenían otra acta forense, del mismo Efrén González, que dictaminaba: "muerte por traumatismo craneal". Y se confirmaba la lesión del útero. La diferencia entre las tres versiones, les dijeron, fue producto "de un error humano".

La familia Ayuso pidió entonces la exhumación del feto y exámenes de ADN para determinar la relación de esos restos con los de Mayra y poder identificar al responsable del embarazo. La Procuraduría de Justicia estatal se negó a abrir esa línea de investigación, alegando que debido al costo de los análisis de ADN sólo se hacían cuando se trataba de "un caso muy especial".

Algunos testigos declararon ante el MP que el presidente municipal, que entonces tenía 31 años, sostenía una relación sentimental con la adolescente y en ocasiones pasaba a recogerla a dos cuadras del Conalep, donde estudiaba. Al poco tiempo los testigos se retractaron.

La investigación, a cargo del entonces procurador estatal Carlos Humberto Pereira, fue errática. El sitio donde se encontró el cuerpo nunca fue preservado, y la familia propietaria inmediatamente construyó casas en los predios. No se investigó quién pudo haber practicado un aborto fatal ni las conclusiones contradictorias del forense. Jamás se cuestionó el comportamiento del alcalde ni los frecuentes escándalos de sus colaboradores con jovencitas. Al año fueron detenidos dos jóvenes, amigos de Mayra, como "sospechosos". Nelson Ciau, de 19 años, pasó casi un año en la cárcel porque en los cuadernos de la chica aparecía su nombre junto a corazoncitos dibujados. Y Norma Páez, de 15 años, tuvo que pagar una fianza para evitar ser apresada, por ser la mejor amiga de Mayra.

A cinco años de su muerte, su madre se pregunta: "¿Tiene caso que me siga dando golpes contra la pared?"

Doña Mirna Zapata, presente en la entrevista, piensa que vale la pena seguir luchando por esclarecer el caso. El año pasado, 4 de febrero, su hija de 13 años fue violada por José Agustín Rangel, chofer y asistente personal de Félix González, quien en ese momento era diputado. Cuando se enteró del ataque acudió al MP. Tardaron cinco horas en atenderla y cuatro días en aceptar practicarle un examen médico a la niña. En lugar de levantar el acta por violación, el MP calificó el delito de "abuso deshonesto", lo que permitió que el atacante, confeso, quedara en libertad.

Las autoridades judiciales no reaccionaron hasta que doña Mirna fue a Cancún y denunció el delito en conferencia de prensa. Con la intervención de la agente especial en delitos sexuales del estado, Ruth Bustillos, el delito fue calificado finalmente de violación y se emitió orden de aprehensión contra Rangel. Entonces la familia recibió noticias de que Félix González quería hablar con la madre para llegar a un acuerdo. Polly, esposa del candidato, le pidió que abandonara el caso. "Ya ve que todavía tenemos a cuestas el asunto de Mayra", le dijo. El presidente de la Asociación de Padres de Familia de Quintana Roo, José Pulido, también la contactó -y después lo reconoció ante la prensa- para ofrecerle un millón de pesos.

Pero Mirna Zapata no ha desistido de su denuncia. En una población pequeña, como es Cozumel, se sabe cuando llega Rangel a la isla, custodiado y protegido. La policía municipal no se atreve a aprehenderlo. "Mire, doña -le han dicho a la madre-, nosotros no podemos hacer nada; si usted lo detiene y lo somete nos lo trae."

En opinión de doña Mirna, el arresto de Rangel y una investigación a fondo del médico forense Efrén González pudieran ser la clave para esclarecer la muerte de Mayra Ayuso y hacer justicia a su propia hija. Las dos mujeres esperan.

:angry:

México: Los mitos de J. Villalobos

Raymundo Riva Palacio | 2010-01-09 | La Opinión

México

En el momento más álgido de la crítica al presidente Felipe Calderón por su manejo de la guerra contra las drogas, una mano amiga salió en su defensa. Joaquín Villalobos, quien de ser uno de los cinco comandantes del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional salvadoreño pasó a ser consultor internacional en solución de conflictos, publicó un alegato en la revista Nexos donde critica a los críticos de la estrategia gubernamental. En 12 puntos pretendió desmantelar la ola expansiva opositora con argumentos con olor a pinos, bordados con verdades a medias y sofismas. Un buen intento que resultó fallido.

Villalobos empieza tropezándose al afirmar que el origen de la guerra contra el narcotráfico se debió a que el presidente Calderón decidió combatir frontalmente al narcotráfico por la violencia extendida, que había sido enfrentada por el gobierno de Vicente Fox. No dice que esa violencia entre cárteles estalló tras la fuga de Joaquín "El Chapo" Guzmán de un penal de máxima seguridad en el inicio del sexenio foxista, donde la responsabilidad era del entonces subsecretario de Gobernación, Jorge Tello Peón —viejo amigo de Villalobos—, ni explica porqué, si existía se percibía tan grave el fenómeno, nunca figuró en el discurso de campaña, ni en sus promesas electorales, ni en su programa de gobierno.

El narcotráfico no era prioridad para Calderón, quien iba a arrancar su gobierno sobre dos ejes: infraestructura y monopolios. Pero a cinco días de haber iniciado su administración, todo cambió. El 5 de diciembre, sin consultar con nadie, el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, autorizó que detuvieran a Flavio Sosa, líder de la APPO, sobre quien había una orden de aprehensión por su participación en el conflicto magisterial en Oaxaca. La detención provocó alarma en el gobierno por las consecuencias que preveían y lo censuraron políticamente. Sin embargo, el tracking poll de la Presidencia, que es la encuesta diaria para medir las políticas del gobierno, mostró un brinco significativo en la aprobación de Calderón.

Un presidente sin legitimidad por la sospecha de fraude electoral, vio que la acción policial le daba la fuerza moral que no había conquistado en las urnas. García Luna, quien llegó al equipo porque en vísperas del anuncio del gabinete, el designado Tello Peón declinó el cargo, fue visto inmediatamente como una solución al déficit político que arrastraba Calderón. Esa ventana fue aprovechada por el secretario, quien planteó al Presidente una lucha contra el narcotráfico, con la participación de las Fuerzas Armadas, que fueron arrastradas a ella. En Los Pinos lo vieron como una oportunidad para mejorar la imagen del Presidente y siete días después comenzó la guerra. Durante dos años y medio al menos, funcionó mediáticamente.

Villalobos plantea, sobre la misma mentira original, que Calderón no tenía opción. Argumenta que el estar "atrapado" México entre Estados Unidos, el mar de los consumidores, y Centroamérica, la zona "más violenta del mundo", no podía aislarse de la contaminación del fenómeno. Nuevo sofisma. El problema estalló mucho antes que cambiara el entorno social en Centroamérica: en 1996, los cárteles colombianos modificaron los términos de pago a sus socios mexicanos, y con ello la dinámica del fenómeno.

Los colombianos informaron a sus socios que dejarían de pagar en efectivo a los cárteles mexicanos que introducían la droga a Estados Unidos, y que saldarían las deudas en especie. Al quedarse la droga en México se modificó radicalmente el estado de cosas, en términos de negocio y de consumo. Las bandas mexicanos tuvieron que crear redes de distribución y comercialización que necesitaban respaldos logísticos y de seguridad, entrando en una espiral de competencia por el nuevo mercado. Se convirtieron en cárteles transaccionales, otro sofisma que plantea Villalobos, quien alega que las organizaciones evolucionaron al narcotráfico del contrabando, lo cual sólo sucedió con el Cártel del Golfo.

Este desconocimiento del origen de los cárteles de las drogas en México lleva a Villalobos a incurrir en otro error. Al criticar las teorías conspirativas de que detrás del narco hay políticos poderosos y empresarios, Villalobos afirma que el narco surge de clases medias bajas con poca educación que se dedicaban al contrabando. Esto refleja el origen de El Golfo, donde Juan N. Nepomuceno construyó una organización delictiva a partir del contrabando de whiskey y electrodomésticos en el noroeste del país. Nunca quiso entrar a las drogas, que fue introducida por su sobrino, Juan García Ábrego, actualmente preso en Estados Unidos, cuando lo sustituyó. Pero el resto tuvo un origen distinto. Los principales barones de la droga que dieron origen a los cárteles que se fueron creando y recreando desde fines de los 60 y 70, eran policías, como Guillermo González Calderoni, Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Aguilar, quienes encabezaron los cárteles de Guadalajara y Juárez, que se desdoblaron en Tijuana y Sinaloa.

Su operación no podía darse sin redes de apoyo institucional. Varios gobernadores han sido identificados abiertamente en el pasado por sus vínculos con los barones de las drogas, como Leopoldo Sánchez Celis y Antonio Toledo Corro; uno más está preso, Mario Villanueva. La propia Dirección Federal de Seguridad, nació al amparo de la CIA, que aceptó que algunos de sus jefes traficaran con marihuana. Más adelante, la hoy extinta DFS controló la distribución de cocaína que repartían a artistas y periodistas, y un secretario de la Defensa, Juan Arévalo Gardoqui, también fue señalado en Estados Unidos como el principal traficante de marihuana. Es decir, las teorías conspirativas, si bien alcanzan rangos ilimitados, sí tienen fundamento.

Villalobos olvida convenientemente toda esa larga historia de narcotráfico en México, y utilizan las cifras y argumentos del gobierno para establecer analogías amañadas, al no emplear los contextos adecuados. Estos alegatos sofistas no eran necesarios para hacer la defensa a la guerra contra las drogas. Una defensa panfletaria no es defensa. Es propaganda, donde un ex guerrillero al servicio del gobierno —quizás espontáneo—, es el nuevo protagonista de la campaña de medios.

Raymundo Riva Palacio es director de Eje Central.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

www.twitter.com/rivapa

Asfixia por ahogamiento de Manuel Jesús Valdez Calderón

Asfixia por ahogamiento causa del fallecimiento de Manuel Jesús Valdez Calderón, determinó la necropsia de ley.

La Procuraduria General de Justicia de Quintana Roo informa que una vez que personal del Servicio Médico Forense (SE.ME.FO.)., de Chetumal realizó la necropsia de ley a quien en vida respondiera al nombre de Juan Carlos Valdez Poot determinó que la causa de su fallecimiento obedeció a asfixia por ahogamiento.

Elementos de la Policía Judicial del Estado (P.J.E.)., destacados en Mahahual, Othón P. Blanco informan que, en relación a este caso, el dia 4 del mes en curso tuvieron conocimiento de que el ahora occiso junto a otras personas habían ido a pescar a la altura de la comunidad Río Indio ubicada en el sur de Quintana Roo, sin embargo después de un buen rato los acompañantes de Valdez Poot salieron, no asi él, hecho que fue reportado a autoridades policiacas asentadas en la zona, incluyendo a efectivos de la P.J.E.

De esa manera, agentes de la P.J.E., en estrecha coordinación con elementos preventivos estatales, municipales, de la Marina y el Ejército Mexicano se incorporaron a la búsqueda de Juan Carlos Valdez Poot de 23 años de edad cuyo hallazgo fue reportado a temprana hora de este jueves a aproximadamente 15 kilómetros del lugar en donde junto a amigos ingresaron a pescar, expuso el director de la P.J.E., en el sur de la entidad Fernando Lira Manzanero.

El representante social destacado en Mahahual, Othón P. Blanco por su parte informó que al tener conocimiento del hallazgo del cadáver acudió al sitio en donde dio fe que lo encontró a la orilla de la playa en posición decúbito ventral, asentando los hechos en el Acta Circunstanciada AC- 2/91/2010 y en la que oficialmente fue identificado por su papá Manuel Jesús Valdez Calderón.

Grupo de sicarios asesina al periodista mexicano Valentín Valdés

Un grupo de sicarios asesina al periodista mexicano Valentín Valdés a la salida de su trabajo

MONTERREY, 8 Ene. (Reuters/EP

Un grupo de hombres armados, presuntos sicarios, asesinaron este viernes al periodista del diario mexicano 'Zócalo' Valentín Valdés, después de secuestrarlo a la salida de su trabajo en la noche del jueves en la ciudad de Saltillo, en el estado de Coahuila (norte).

La Policía encontró su cadáver fuera de un motel de la ciudad con un disparo y un mensaje en el pecho cuyo contenido no ha sido facilitado a los medios de comunicación. Sin embargo fuentes del diario para el que trabajaba aseguran que el texto contiene amenazas contra el fiscal estatal, Jesús Torres, que en diciembre de 2009 lanzó una ofensiva contra el crimen.

Funcionarios de la oficina del fiscal general del estado de Coahuila afirmaron que Valdés era uno de los objetivos de las bandas de narcotraficantes que operan en la zona por su trabajo, dedicado a contar los problemas locales de la ciudad.

Éste es el segundo ataque contra un informador en menos de un mes, después de que en diciembre presuntos sicarios mataran a un periodista en la ciudad balneario de Tulum, en el estado de Quintana Roo (sureste), y secuestraran a otro en el estado de Sinaloa (noroeste).

Saltillo y las ciudades de Monterrey, Reynosa y Matamoros están controladas por el cártel del Golfo de México y su brazo armado, 'Los Zetas', dedicados al tráfico de drogas y al blanqueo de dinero procedente del mismo.

La lucha por el control de las principales vías de narcotráfico en México hacia Estados Unidos ha causado cerca de 17.000 muertes desde que el presidente Felipe Calderón iniciara en 2006 su campaña contra las drogas.

En concreto, 24 periodistas han sido asesinados desde entonces, convirtiendo a México en uno de los países más peligrosos del mundo para los medios de comunicación, de acuerdo con el Comité de Protección a Periodistas de Estados Unidos.

"El asesinato de Valdés sigue un patrón de violencia sin precedentes contra los medios de comunicación en México", dijo el coordinador principal de la comisión para la América Latina, Carlos Lauría.

Homicidio de indigente el móvil fue el robo de sus bienes muebles

El agente del Ministerio Público informa que integra la averiguación previa 29/2009 por el delito de homicidio de una persona del sexo femenino en el interior de una cuartería marcada con el número 493 de la calle Librado Rivera entre Benjamin Hill y Ramón Corona en la capital del estado.

El representante social agrega que el reporte del caso, lo recibió esta mañana a través de agentes de la P.J.E., motivo por el cual junto a peritos y elementos de la Policía Judicial del Estado (P.J.E.)., acudieron al sitio en cuyo interior ubicaron en posición decúbito ventral el cadáver de quien en vida respondiera al nombre de Maria Guadalupe Pérez de 51 años de edad, propietaria del inmueble de acuerdo a datos aportados por Hiner Ulisés Verde ( hijo de la fallecida) y Virginia de los Ángeles Arguelles Pérez hermana de la mencionada.

Vergonzoso contraste

CHETUMAL, 31 de diciembre

Jorge Luis Uc Ramírez (Diario de Quintana Roo)

Mientras Leidy Balam Jiménez goza de su libertad al ser beneficiada por el Ministerio Público del Fuero Común con una caución de 26 mil pesos, los familiares de Martha Yasuri Chan Romero tendrán que desembolsar cerca de 50 mil pesos por las dos operaciones a la que será sometida la niña por las lesiones sufridas, además de que vio truncado sus planes de participar en las olimpiadas regionales en tae kwon do que le darían el pase a las justas nacionales del 2010.

Yoer Chan Xool, padre de la menor, manifestó a Diario de Quintana Roo su inconformidad por la liberación de Leidy Balam Jiménez, de 23 años de edad, pues por su imprudencia al conducir, a su hija Martha Yasuri le iban a amputar la pierna derecha por la fractura de tibia y peroné que sufrió el fin de semana pasado.

El informante dijo que las llantas del vehículo Ford Mercury placas UVS-68-98 conducido por Leidy Balam Jiménez le pasaron encima de la pierna derecha de su hija, lo que le originó la doble fractura, aunque por fortuna los médicos de la Clínica Carranza lograron salvarle la pierna a la mujer.

Sin embargo, Martha Yasuri será intervenida en varias ocasiones, “la primera fue el día que sucedieron los hechos, pero este sábado será sometida a una segunda operación para que le reconstruyan los tejidos, aunque el médico que la atiende me ha dicho que no serán las únicas intervenciones quirúrgicas que le hagan”, dijo el informante.

Dijo que su hija participaría en las olimpiadas estatales que le diera su pase a las justas regionales en tae kwon do y de esta manera obtener su boleto a las nacionales 2010 a realizarse en el Estado de Jalisco el próximo año, pero las lesiones que sufrió frustraron sus planes.

Por ello no cesarán en sus esfuerzos para lograr que la mujer pague por su imprudencia.

Para finalizar, el afligido padre dijo que la madre de Leidy Balam Jiménez le ofreció 7 mil pesos advirtiéndole que, lo aceptara o no, ella pagaría la fianza de su hija para que quedara en libertad.

Al respecto, el director de Averiguaciones Previas Juan Antonio Alcocer Basto dijo que el Ministerio Público del Fuero Común fijó una caución de 26 mil pesos a Balam Jiménez para que saliera en libertad, asegurando que el expediente será turnado al juzgado correspondiente donde se definirá la situación de la mujer.

Sin embargo cabe hacer mención que Leidy obtuvo su libertad sin recibir el perdón de los afectados, quienes piden a las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado procurar justicia a favor de los querellantes y no de los responsables.

Siete niños chetumaleños viven para contarla

CHETUMAL, 28 de diciembre

Anwar Moguel Morales

Las vidas de cuatro familias chetumaleñas fueron trastocadas en un instante cuando el pasado sábado una inconsciente conductora embistió su vehículo sobre la humanidad de siete pequeños que jugaban alegremente en el patio de una humilde vivienda.

Laura Feliciano Gómez, madre de las niñas Shirley de 14 años y Geraldine de 10, narró que descansaba tranquilamente en el interior de su casa cuando escuchó el rechinido de las llantas de un carro y un fuerte golpe, justo afuera de donde ella se encontraba.

“Lo primero que pensé fue que habían matado a mis hijas, me levanté corriendo y sin pensar me fui sobre esa mujer, la verdad que quería ahorcarla”, dijo con lágrimas en los ojos la madre de familia.

Afortunadamente para ella, sus dos pequeñas resultaron prácticamente ilesas. Geraldine corrió hacia el interior de la casa y no recibió ningún golpe, y la mayor, Shirley, también logró eludir al vehículo que entró al patio completamente, y sólo resultó con una lesión leve en la cadera.

“Yo en cuanto vi al carro salí corriendo para adentró, y agarré a otra niña que se llama Dafne y que era la más chica, pero no pude, y ella quedó abajo del carro”, comentó Shirley.

Y aunque a dos días de la tragedia esta familia se siente afortunada de estar juntos, las secuelas del accidente son notorias en doña Laura. “La verdad no he podido superar el susto, me he sentido muy mal y he llorado mucho, también mi hija menor está muy asustada; hoy no pude ir a trabajar, yo soy empleada doméstica pero no me siento bien emocionalmente, estoy deprimida”, indicó.

Justo al lado de la casa de Laura vive otra de las pequeñas que jugaban contentas antes de ser arrolladas. Jacqueline tiene ocho años y su madre, Suemy Castillo Briceño, no deja de agradecer que su niña esté aún con vida.

Jacqueline es vivaracha, tiene unos ojos que transmiten emoción e inteligencia, y con inocencia dijo: “no me pasó nada, pero no sé porque ahora tengo mucho miedo. Ya no me quiero quedar sola, ni ir al baño sola porque empiezo a temblar”.

Pero otros no fueron tan afortunados. La niña Dafne de seis años de edad, no es vecina de la colonia, ella vive con sus papás en Payo Obispo y ese día fueron a visitar a los padres de Jacqueline. La pequeña salió a jugar con los vecinos sin imaginar que una conductora irresponsable la llevaría a enfrentarse a la muerte cara a cara.

“Dafne es hija de una amiga mía, ella quedó abajo del carro y muy lastimada. El médico legista dijo que tenía golpes y heridas en todo el cuerpo, fue muy triste verla cuando estaba prensada abajo del carro”, señaló la señora Suemy.

Sin embargo, el drama más fuerte lo vive la familia Chan Romero, quienes viven enfrente de la casa donde ocurrió el accidente, en el cual sus dos hijos, Ulises de 13 años y Yasuri de 14 años resultaron con graves lesiones.

Yasuri es una niña deportista, practicaba el Tae kwon do y se estaba postulando para participar en la olimpiada nacional. Ya había logrado su clasificación en la etapa regional y tenía el sueño de llegar a obtener una medalla. Su sueño se truncó por un evento que nunca imaginó.

“Mi sobrina Yasuri tuvo una fractura de tibia y peroné, la pierna se le rompió en dos diferentes lados y estuvo a punto de perderla. Ella está internada en la clínica Carranza y su mamá la está cuidando. Yo vine junto con mi hermano para ayudarlos, pues su papá está dando las vueltas y en el trabajo, y entre todos nos turnamos para cuidar a Yasuri y a Ulises que está aquí en la casa con lesiones de menor gravedad”, dijo Nayeli Chan, tía de los niños.

Y es que el caso de Yasuri es muy serio. Hasta el momento se le ha practicado una cirugía que costó 30 mil pesos, y el viernes requiere de una segunda intervención que costará 45 mil pesos, eso sin contar los medicamentos y los días de hospitalización.

“La señora que atropelló a los niños no se ha hecho responsable de nada, pero sus familiares quieren que se le otorgue el perdón para que salga de la cárcel. Hasta el momento nada más le dieron a mi hermano diez mil pesos para el depósito de la primera cirugía y ya. La familia dice que no tienen dinero y que pues no van a dar nada más”, expresó Nayeli.

Y continuó: “lo peor de todo es que ellos actúan como que son los ofendidos. Llegan a las declaraciones tranquilos pero luego salen peleándose y diciendo que no entendemos, que no tienen dinero y que no van a pagar nada más, la verdad es que nosotros somos una familia que vive al día, usted lo puede ver, y lo único que queremos es que pague los gastos médicos, ya el trauma y el susto de los niños pues eso ni con todo el dinero del mundo, pero cuando menos que pague los gastos”.

Otro de los atropellados, Ulises, hermano de Yasuri, vivió en carne propia la tragedia. “Estuvo bien feo, yo sí me lastimé pero al principio no lo sentí. Me levanté para ver si todos estaban bien y vi a mi hermana con la pierna abajo del carro y a una niña también abajo. La señora quiso arrancar el carro y mi hermana así con la pierna rota se arrastró como pudo para sacar su pierna, pero la niña todavía estaba abajo, de todas maneras no pudo arrancar”, dijo Ulises.

Sin embargo el tío de estos pequeños, Sergio Chan Xool, expresó el sentimiento que embarga a estas cuatro familias a pesar de lo vivido. “Estamos agradecidos porque pudo ser peor. Mi hermano, el papá de ellos, es policía y nos dice que la verdad es casi un milagro que los niños sigan vivos, porque él ha visto este tipo de cosas y sabe que pudo ser mucho peor. Estamos felices de que todos estén vivos, lo demás pues ya se irá resolviendo”, señaló.

Percance citadino en colonia Lázaro Cárdenas deja lesionados a menores.

Efectivos del Grupo de Homicidios de la Policía Judicial del Estado (P.J.E.). informan que, alrededor de las 22:30 horas de anoche tuvieron conocimiento que en calle Santa Cruz de Bravo esquina Petcacab de la colonia Lázaro Cárdenas habia ocurrido un percance automovilístico con resultado de varios menores de edad lesionados.

Al atender el reporte, en el sitio entrevistaron a la señora Martha Romero Carmona de 34 años de edad, con domicilio en calle Santa Cruz de Bravo, lote 13 quien en relación al accidente dijo que anoche sus dos menores hijos Martha Yasuri y José Ulisés jugaban con otros infantes cuando de repente observó que un vehiculo tipo Mercury se le fue encima a los niños a quienes lesionó para finalmente introducirse al predio marcado con el número 12, Lote 17 del mismo asentamiento popular.

Agregan que, en el lugar personal paramédico de la Cruz Roja Mexicana delegación Chetumal ya brindaba los primeros auxilios a los menores agraviados entre ellos a Martha Yasuri a quien se le observaba fracturada su pierna izquierda, sobre el particular el paramédico de apellido Rosado Falcón dijo que seria llevada para su atención médica a la clínica Carranza al igual que los otros menores lesionados.

En dicho nosocomio, elementos de la P.J.E., informan que entrevistaron al médico de turno Lino Alonso Guzmán Domínguez quien informó que la menor Martha Yasuri habia sido ingresada a quirófano. Respecto de los otros infantes; Dafne Karina esta a su ingreso presentó lesiones en cadera, muslo y tobillo lado izquierdo, Angélica Jaquelin presentó lesión en su dedo del pie izquierdo, en el caso del infante José Ulisés este presentó herida cortocontundente de aproximadamente 3 centimetros en pierna izquierda, otra niña de nombre Shirley registró contusiones y lesiones en cadera izquierda , finalmente en el caso de una niña de nombre Geraldine Anahi esta registró ansiedad.

Elementos de la P.J.E., destacan que personal de Tránsito Estatal se hicieron cargo del percance y dejaron a disposición del agente del Ministerio Público a Leydi Balam Jiménez como probable responsable de los delitos de lesiones y daños culposos, de acuerdo a lo asentado en la averiguación previa 728/12-2009 que ya se integra para deslindar responsabilidades.

Confusión y temores en el caso del periodista asesinado en Tulum

Alberto Velázquez López, colaborador de la revista Expresiones de Tulum y del canal 30 de televisión por cable local, murió el miércoles de dos balazos, disparados desde una motocicleta por dos desconocidos que se emparejaron a su auto.

Vie, 25/12/2009 - 18:06

Cancún.— El primer asesinato de un periodista en esta entidad, levantó indignación y temores en el gremio periodístico dijo Verónica Alfonso, presidenta de la Asociación de Periodistas de la Riviera Maya y anunció que un representante del comité Internacional de Protección a Periodistas, visitará Tulum para analizar el caso.

Alberto Velázquez López, colaborador de la revista Expresiones de Tulum y del canal 30 de televisión por cable local, murió el miércoles de dos balazos, disparados desde una motocicleta por dos desconocidos que se emparejaron a su auto.

El procurador Bello Melchor Rodríguez informó que no se ha establecido el móvil del crimen; se investigan tres líneas; su ejercicio periodístico; su papel como litigante en casos de terrenos de playa, invadidos; o un caso pasional.

El crimen generó reacciones de grupos políticos beligerantes, en vísperas del inicio de campañas políticas para las elecciones estatales en julio del año próximo y hay interés de matizar el caso con nombres y grupos conocidos en la región.

Los comunicadores exigieron acotar la "campaña de desprestigio personal" contra el periodista desaparecido en círculos locales.

Se sumó a la protesta enérgica que hicieran los comunicadores de Quintana Roo, respecto a este atentado debido a que trascendió que el periodista se encontraba amenazado a raíz del trabajo desarrollado en el municipio de Tulum.

El incidente se registró horas después de la presentación del general brigadier retirado Jorge Mendoza Rodríguez como director interino de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos de ese sitio turístico.

El asesinato encendió los focos de alerta en el noveno municipio de Quintana Roo, pues en este momento se desconoce si lo mataron por su actividad empresarial o como litigante, pues, según los primeros reportes, también encabezaba trámites legales por problemas con valiosos terrenos costeros invadidos.

Además, según el titular de la Procuraduría estatal de Justicia, Bello Melchor Rodríguez Carrillo, también se investiga si el caso tuvo tintes pasionales.

En conferencia de prensa, el funcionario explicó que minutos después del atentado fueron detenidos dos sujetos en Tulum, que viajaban en motocicletas y llevaban guantes de látex.

Rodríguez Carrillo indicó que se les practicaron las pruebas de rodizonato, que arrojaron resultados negativos al disparo de armas de fuego, por lo que fueron puestos en libertad.

En Cancún, familiares del comunicador asesinado llegaron a las oficinas de la Subprocuraduría Estatal de Justicia para reclamar el cuerpo.

Luis Enrique Velázquez López, hermano de la víctima, señaló que el comunicador murió por su trabajo en los medios de comunicación.

Fernando Meraz/Corresponsal Milenio

Brutal crimen de una masajista en Cancún, Quintana Roo

Organización Editorial Mexicana

22 de diciembre de 2009

Mary Rivero / Corresponsal

Cancún, Quintana Roo. Una masajista oriunda del Distrito Federal fue brutalmente asesinada en una de las habitaciones del motel "Luz de Luna", ubicado en la región 103 del centro de esta ciudad, la cual presenta rastros de que fue asfixiada y apuñalada.

La Policía Municipal de Cancún informó que la mujer fue encontrada sin vida por personas que ingresaron a la habitación del motel ya que ésta no atendía llamadas telefónicas. Identificada como Mónica Gómez Campos, de 42 años de edad, originaria del DF, con domicilio en la Súpermanzana 46, manzana 10, lote 9, de ocupación masajista.

Según informes en recepción, la mujer ingresó a la habitación en compañía de un sujeto quien abandonó el lugar sin que se conozcan más datos sobre él. Presuntamente, Mónica fue ahorcada con un cinto y asfixiada con una almohada. Igualmente, presentaba once heridas ocasionas con un objeto punzo cortante; a un costado del sitio de hospedaje se localizó un vehículo marca VW, tipo Jetta, color gris, placas XZD-3544. La Policía realiza en este momento la investigación para dar con al autor del asesinato.

Saldría libre Salvador Rocha Vargas

COZUMEL,Q.Roo.- El propio gobernador Félix González Canto declaró que se avanza en el caso para que el ex secretario de Seguridad Pública salga de la cárcel.

Gustavo Villegas/SIPSE

COZUMEL, Q.Roo.- Lo que solo era un rumor en el municipio de Cozumel ayer fue confirmador por el Gobernador de Quintana Roo, quien declaró que existen altas posibilidades de que Salvador Rocha Vargas, ex secretario de Seguridad Pública, pudiera salir en libertad.

Félix González Canto expuso que este procedimiento puede tomar semanas pero va por buen camino.

Un día después de que se conociera la noticia de que Arturo Beltrán Leyva, líder del cartel de Sinaloa muriera en un enfrentamiento con efectivos de Infantería de Marina de la Secretaría de Marina Armada de México en la ciudad de Cuernavaca, Morelos; en la isla de Cozumel comenzó a surgir el rumor sobre la posibilidad de que Salvador Rocha Vargas quedara en libertad.

El 23 de octubre, durante la presentación de su libro "Cozumel a varias tintas", Luis Alberto Pavía Mendoza quien funge como asesor en materia de seguridad para el Gobierno del Estado de Quintana Roo, dijo que la acusación y detención contra Rafael Rocha era una cuestión política y que todo era falso.

Ayer González Canto, aunque breve, fue contundente en su respuesta. El proceso -dijo- está en la etapa de presentación de pruebas a favor. Esto llevará algún tiempo. "Desconozco cuantos días o semanas transcurrirán pero sus abogados están trabajando para demostrar su inocencia".

Remató diciendo que espera tener en poco tiempo noticias buenas sobre Salvador Rocha, ex secretario de Seguridad Pública y ex director de Seguridad Pública de Cozumel.

La noche del 2 de septiembre de este año Rocha Vargas, el delegado y un subdelegado de la PGR, el titular de la Policía Turística de Cancún y tres personas más relacionadas con la seguridad y justicia en la entidad fueron detenidas y arraigadas bajo los cargos de presuntos apoyos al crimen organizado y delitos relacionados con el narcotráfico.

Sobre la amenaza de paro laboral anunciado para mañana lunes por más de mil trabajadores del sector Salud en Quintana Roo, dijo que ya se está trabajando con la Secretaría Federal de Salud para agilizar la llegada de los recursos y transferirlos a los trabajadores de Salud en la entidad.

Diputados intocables...por fuero constitucional

Idalia Carrillo

Chetumal, Quintana Roo

El fuero constitucional es un derecho que legisladores han pervertido pues prácticamente los hace "intocables" a los brazos de la justicia, expresó el experto en ciencias políticas, Mario Vargas Paredes, con relación al caso del diputado del Partido Verde Ecologista de México, Alain Ferrat Mancera, quien es señalado de utilizar su fuero para cometer abuso de autoridad, luego de que su hermano fuera severamente golpeado por un joven holandés encarcelado en Cancún.

En términos generales el fuero significa "una protección al representante popular, es decir diputados y senadores, al igual que otros funcionarios públicos como el presidente, magistrados, en la libertad y autonomía necesarias para el buen desempeño de sus funciones", explicó Vargas Paredes.

Fuero también significa inmunidad, más no impunidad, pues estos funcionarios sólo son "inmunes" por los delitos que pudieran cometer al expresar sus ideas y opiniones en el ejercicio de su cargo, por ejemplo ante el pleno del Congreso.

Vargas Paredes, indicó que con el fuero no se otorga un "blindaje" a los funcionarios de cara a la justicia, sino que es un derecho especial, que los protege de acciones penales por hacer uso de su libertad de expresión ante la diversidad ideológica de los integrantes de su círculo.

El experto en ciencias políticas, dijo que el fuero se aplica en tanto no se produzcan ilícitos en el uso del cargo público, tales como corrupción, asesinato, tráfico de drogas, entre otros, pues en cualquiera de estos casos la responsabilidad inherente a las decisiones políticas se resuelve con la dimisión, renuncia o destitución del cargo.

Sin embargo, expresó que es preocupante que cada vez se conozcan más casos en los que legisladores locales pretendan abusar de este fuero constitucional, ya que además de cometer injusticias contra ciudadanos que no poseen este derecho, lo que les otorga ventaja, afectan cada vez más su imagen ante el electorado.

En este sentido recordó el caso del diputado Hernán Villatoro Barrios, quien fue denunciado hace poco más de un mes, por una joven que lo acusa de intento de violación.

Vargas Paredes, lamentó que continúen en aumento los casos de abuso de autoridad por parte de los legisladores, como es el caso de Alaín Ferrat Mancera, pues dijo que, de cara al proceso electoral del 2010, se pone en riesgo la participación de los electores en la jornada del 4 de julio.

Y es que los familiares del holandés Free Bronkhorst, quien se vio involucrado en una riña en donde resultó con lesiones de consideración el hermano del diputado. Sin embargo el extranjero señaló que el legislador local estaba usando sus influencias para fincarle responsabilidad, luego de que su familiar fue quien provocó el pleito.

El investigador de la Universidad de Quintana Roo, afirmó que urge una reforma para limitar la aplicación de este fuero, pues por ejemplo en Estados Unidos, este derecho solo aplica al interior de la sede del parlamento, y a un radio del mismo, por lo que es difícil que los legisladores hagan uso indebido del mismo.

Sipse/

Colaborador de Los Zetas fue aprehendido en Villahermosa

Néstor Campos en Villahermosa, Tabasco

Nacional Sábado 12 de Dic., 2009

Elementos de la Policía Federal detuvieron ayer en esta ciudad a Sergio Enrique Ruiz Tlapanco, presunto colaborador de la organización delictiva de Los Zetas.

Una investigación que llevó a cabo la SIEDO permitió determinar que Sergio Enrique Ruiz era el encargado de las actividades de narcomenudeo y trasiego de drogas en los estados de Tabasco, Campeche, el norte de Chiapas y el sur de Veracruz, en compañía de Raúl Gutiérrez Jiménez.

A solicitud fundada y motivada del fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la SIEDO, el juez segundo de distrito de Procesos Penales Federales en Nayarit dictó auto de formal prisión contra Sergio Enrique Ruiz Tlapanco o Rubén Lara Hernández (a) El Tlapa y Raúl Gutiérrez Jiménez o Roberto Torres Mejía.

No pactaremos con el crimen. Sales Heredia

El Procurador niega que la tranquilidad en la isla sea producto de un pacto con el crimen organizado.

viernes 11 diciembre 2009

21:07 horas

Por: Redacción

Ciudad del Carmen, Campeche

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Campeche (PGJE) no pactará con la delincuencia organizada, aseguró el procurador Renato Sales Heredia, al hablar del último decomiso millonario de droga y la detención de dos agentes de la Policía Federal Ministerial (AFIS) en Ciudad del Carmen.

La investigación relacionada con la detención, en noviembre último, de 6 sujetos y la paralela incautación de cocaína valuada en 2 millones de pesos, así como diversos artículos de radiocomunicación y dinero en efectivo, no ha culminado, reveló el abogado del Estado.

El 7 de noviembre, la Subprocuraduría de Justicia de Carmen presentó a Soysiquibe Córdova Hernández, Ramiro Eduardo Landero Torres ("La Ardilla" o el "Gordo Maldad"), César Antonio Cruz Morales y Baltazar Romero Samaniego, capturados en diversos operativos en el que participaron diferentes corporaciones policíacas.

Estas personas detenidas y dos agentes de la PGR están relacionados con el hallazgo de los cadáveres de Fernando Enrique Farías Cohuó, Román Tec Yam y Henri Román Ramírez Zarate, sobre la calle Corcovado, en la Colonia Justo Sierra, a lado del Panteón Colonias, lo que motivó el inicio de la AP 4077/2009.

Sales Heredia subrayó que esto no se puede considerar como un hecho aislado, por lo que ahora se está en la etapa de inteligencia ministerial y análisis de la información, para llevar al total esclarecimiento de los hechos.

Sobre las condiciones aparentemente de calma en la isla a diferencia de otras entidades federativas donde ha predominado la presencia de grupos armados que han enfrentado a las autoridades, explicó que la isla por su peculiaridad de lugar no permite el asentamiento de grupos antagónicos a la ley.

-- Se dice que las plazas tranquilas se deben a que se pactó con la delincuencia organizada, ¿la Procuraduría del Estado lo ha hecho? –se le inquirió al fiscal.

-- Nosotros no vamos a pactar, ni pretendemos pactar con la delincuencia –replicó enfático.

Sobre la posible presencia de la delincuencia organizada en Carmen, refirió que no podía decir con certeza si está presente o no, porque es un fenómeno que acontece a nivel nacional. Sin embargo, subrayó, "las autoridades de los tres niveles permanecemos atentas".

Pero Sales Heredia admitió que la presencia de la droga en Carmen no ha desaparecido aún con el decomiso y la detención de varias personas, y continua presente como en cualquier punto de México donde el enervante se comercializa entre la población.

El Procurador no quiso reconocer que la figura de la cocaína prevalece en el municipio, porque para efectos estadísticos le corresponde a las instancias federales determinar qué lugar ocupa la isla, en lo que se refiere a la venta del estupefaciente.

Sales resaltó que con la desaparición de las tiendas narcomenudistas, ahora resulta que la droga se traslada de diferentes formas, y la predilecta actualmente es moverla por medio de vehículos del servicio público.

Greg Sánchez ofrece llegar a un acuerdo si ex policías revelan quienes "los manipulan"

Acompañados de sus familias, ex policías de Cancún, Quintana Roo, bloquearon el acceso a la alcaldía de Benito Juárez para pedir que los recontraten, tras ser despedidos por participar en una manifestación para exigir mejores condiciones de trabajo. El alcalde Gregorio Sánchez dijo que podría haber un acuerdo con los ex agentes si éstos revelan quiénes los “manipularon”. Agregó que el dinero de los finiquitos está a su disposición en el área de recursos humanos del ayuntamiento José Luis López Soto.

Los policías dijeron que varios de los inconformes eran “vándalos” contratados por el alcalde perredista Javier May Rodríguez. El secretario del ayuntamiento, Moisés Sánchez Chávez, confirmó que fue bloqueado el pago del aguinaldo y ofreció contratar una compañía de resguardo para entregar el dinero.

A su vez, unos 50 ex policías se manifestaron frente al palacio municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, para acusar al ayuntamiento de no pagarles sus finiquitos y boletinarlos para que no sean aceptados en otros empleos.

Los elementos fueron despedidos por tomar las instalaciones de seguridad pública semanas atrás, en una protesta que organizaron “mandos medios de la corporación” y que ellos secundaron para tratar de evitar una baja en sus percepciones.

Policías de Tabasco impiden a burócratas cobrar aguinaldos

Exigen la entrega de un bono otorgado por el gobierno federal

René Alberto López y Hugo Martoccia

Corresponsales

Periódico La Jornada

Wednesday 9 de December de 2009, p. 35

En Tabasco, trabajadores del ayuntamiento de Comalcalco, en el noroeste del estado, se enfrentaron ayer por la mañana con cientos de policías que les impidieron cobrar su aguinaldo y mantuvieron ocupada la alcaldía en demanda de un bono de 8 mil 500 pesos por agente que, afirman, les envió el gobierno federal.

Testigos relataron que el director de la policía, Manasés Sánchez, hizo dos disparos al aire cuando cuando ambos bandos empezaban a intercambiar pedradas y gases lacrimógenos. En la trifulca resultaron golpeados tres agentes y dos funcionarios municipales.

El enfrentamiento se inició cuando trabajadores eventuales y personal de confianza quisieron entrar a la alcaldía, ocupada desde el viernes pasado por unos 400 gendarmes que, según informó Notimex, ya cobraron un aguinaldo de 85 días, un premio navideño de mil 800 pesos y un vale de mil 200, pero también exigen el bono del gobierno federal.