Fernanda García Altolaguirre detenida con droga

Cancún. Tras las rejas terminó la hija de Francisco Javier García Rosado, magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo, al ser hallada en un domicilio del fraccionamientro Santa Fe con otros cinco jóvenes que portaban arma de fuego y drogas.

Un reporte de detonaciones movilizó ayer por la mañana a los cuerpos de seguridad a la avenida Kabah con La Luna, cuando se escucharon una serie de detonaciones.

Persecución

La policía localizó a los jóvenes que realizaron las detonaciones y los persiguió por el sur de la ciudad, hasta el mencionado fraccionamiento, donde los perseguidos se pertrecharon en el interior de un domicilio, propiedad del magistrado García Rosado.

Con la llegada de elementos de la Armada de México, el Ejército Mexicano y la Policía Judicial, el inmueble fue revisado y se aseguraron a tres hombres y tres mujeres, además de cuatro vehículos de lujo, una motocicleta y un arma de fuego.

Los detenidos tenían más de 200 gramos de mariguana, 20 gramos de cocaína y seis mil pesos en efectivo.

En el grupo fue detenida una joven de 25 años, identificada como Fernanda García, quien dijo ser hija de Francisco Javier García Rosado.

En el operativo también fueron detenidos los hermanos Miguel y Cristian Sosa Barragán, de 35 y 21 años, respectivamente, originarios del Distrito Federal, así como Mauricio Miro, de 20, de la ciudad de México; Nicole Osorio, de 19, del estado de Jalisco y la joven Sarai Vargas, quien ayer cumplió 18 años.

La policía inició los trámites para poner a los detenidos bajo disposición de las autoridades.

La policía informó que a las 6:45 de la mañana recibieron el reporte de que los pasajeros de una camioneta de lujo modelo Lincoln realizaban varios disparos de arma de fuego.

En uno de los vehículos asegurados por las autoridades, estaba una idenficación con fotografía del magistrado García Rosado, así como documentos de la universidad donde estudia su hija, que fue detenida por los encargados de la operación.

Megamedia

Caen "narco-juniors" en Cancún

Cancún, 15 de mayo

Por Esto

Con droga -marihuana y cocaína-, cartuchos útiles, una pistola calibre .38 súper, dinero en efectivo y vehículos de lujo, fueron detenidos seis jóvenes la mañana de este sábado en la Supermanzana 525, cuando intentaban escapar de policías municipales.

La captura se derivó de una llamada de emergencia en la que se reportaban disparos de arma de fuego desde una camioneta Navigator con placas del Distrito Federal.

Entre los detenidos se encuentra Fernanda García Altolaguirre y/o Alto Aguirre de 25 años, quien dijo ser hija del Magistrado del Tribunal Electoral del Estado Francisco Javier García Rosado.

Los detenidos, la droga y tres vehículos fueron puestos a disposición del ministerio público federal, aunque ya entrada la noche, trascendió que misteriosamente las mujeres fueron liberadas y sólo los varones fueron turnados a la Procuraduría General de la República (PGR).

Los hechos se registraron alrededor de las 6:30 horas de este sábado, cuando se recibió el reporte de detonaciones de arma de fuego en el cruce de las avenidas Kabah y La Luna, hechos desde el interior de una camioneta Lincoln Navigator color blanco con placas de circulación 944-UUA del Distrito Federal.

Policías municipales lograron ubicar la camioneta y comenzó una persecución que culminó en el fraccionamiento Santa Fe Plus en la supermanzana 525, en donde los ocupantes de la camioneta intentaron darse a la fuga, introduciéndose en un domicilio ubicado en la manzana 12, lote 40 de la calle Zinnia.

Al ver esta acción, los policías municipales solicitaron el apoyo de la Policía Judicial del Estado (PJE), la Armada de México y del Ejército.

Minutos después, arribaron policías judiciales y elementos de la Marina, quienes en un operativo conjunto lograron asegurar a las personas que trataban de huir.

Posteriormente, llegaron al lugar peritos y un agente del Ministerio Público del Fuero Común, quien se encargó de dar fe de los hechos y de revisar la casa en donde se refugiaron los ahora detenidos.

Se trata de tres hombres y tres mujeres, que se identificaron como Saraí Vargas López de 18 años de edad, originaria del D. F., Cristian Sosa Barragán de 21 años de edad, originario del D. F., Fernanda García Alto Aguirre de 25 años de edad, originaria del D.F. quien se identificó como la hija del magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Mauricio Canto Miró de 20 años de edad, originario del D. F., Nicolette Osorio Bonn de 19 años de edad, originaria de Jalisco y Miguel Sosa Barragán de 35 años de edad, originario del D. F.

Los ahora detenidos intentaron deshacerse de droga y un arma de fuego, tirándolos hacia la parte posterior de la casa en un área verde, pero estas cosas fueron recuperadas por los marinos.

En el interior del domicilio, se encontró más droga, una báscula digital, cartuchos útiles de diferentes calibres.

Además de la camioneta Lincoln Navigator, en la casa fueron encontrados un vehículo BMW color gris, con placas UVT-4020, un vehículo tipo Malibú color blanco con placas de circulación UUF-7780, una camioneta tipo Escape color gris, con placas GZJ-5742 de Pennsylvania y una motocicleta color naranja con placas FXS44; todos propiedad de los detenidos.

El personal del área de periciales se encargó de revisar el domicilio, en tanto que el área era acordonada por los marinos y militares.

En el vehículo tipo Malibú fue encontrada una placa de identificación a nombre de Francisco Javier García Rosado, Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo, pues la dueña de este vehículo Fernanda García, dijo ser hija del Magistrado.

Después de asegurar las drogas, cartuchos, dinero y el arma que se encontró en el interior, los seis jóvenes fueron trasladados a Seguridad Pública, para los trámites jurídicos correspondientes, junto con los objetos y vehículos asegurados, aunque sólo fueron aseguradas tres unidades.

Posteriormente, todos fueron llevados a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), en donde quedaron a disposición del ministerio público federal.

Objetos incautados

1. 7 paquetes de marihuana con 7 gramos cada uno. 
2. 1 bolsa con 200 gramos de marihuana.
3. 1 bolsa con 20 gramos de cocaína.
4. 6 mil pesos en efectivo.
5. 1 video cámara.
6. 8 teléfonos celulares
7. 1 pistola tipo escuadra calibre .38 Súper con cargador abastecido con 4 cartuchos y dos cargadores vacíos.
8. 1 cartucho percutido calibre .9 milímetros.
9. 18 cartuchos útiles calibre .22 milímetros.
10. 1 báscula digital
11. 3 bolsas cerradas con 100 bolsitas cada una para dosis de droga de un gramo cada una, además de varias piezas sueltas.
12. 1 camioneta tipo Escape color gris, con placas GZJ-5742 de Pennsylvania, Estados Unidos.
13. 1 camioneta Lincoln Navigator color blanco, con placas de circulación 944-UUA del Distrito Federal.
14. 1 vehículo tipo Malibú color blanco, con placas de circulación UUF-7780 del estado de Quintana Roo.

Joven de 15 años toma fatal decisión.

Un menor de 15 años se suicidó la noche del domingo 8 de mayo, es el primer caso de un adolescente en lo que va del 2011, aunque es la persona número 13 que se quita la vida en el sur de Quintana Roo.

Eran las 20:30 horas cuando en el centro de llamadas de emergencia número 066, una operadora respondió al llamado. Se trataba de una solicitud de auxilio ante el suicidio de un adolescente.

Aunque el padre del menor logró trasladarlo en un automóvil particular al Hospital General, la atención médica ya no sirvió de algo porque el joven había perdido la vida.

Se trata de un adolescente de 15 años que logró quitarse la existencia por la vía del ahorcamiento.

El papá informó a los agentes judiciales que se presentaron al Hospital General para levantar el acta correspondiente, que su hijo se metió al cuarto de su casa para bañarse, sin embargo transcurrió más de una hora y media y el joven no salía del sanitario por lo que decidió averiguar qué sucedía.

Cuando logró ingresar al baño, del que tuvo que tirar la puerta, encontró al menor cuyo cuerpo estaba suspendido, se había colgado con una soga que ató de su cuello a una repisa.

El padre, de 40 años de edad, dijo a los uniformados que desconocía las causas que llevaron a su hijo a tomar esta fatal decisión.

En el intento por salvarle la vida, fue el propio padre quien bajó el cuerpo y lo trasladó al Hospital General.

Al llegar fue recibido por el personal médico, aunque minutos más tarde fueron quienes le dieron la noticia del fallecimiento del menor.

El joven, era estudiante del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 214 (Cbtis). De los motivos que lo llevaron al suicidio nada se sabe.

Quintana Roo figura entre los cuatro estados del país con mayor número de suicidios.

El suicidio es atribuible, entre otras causas, a problemas asociados a la economía, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Se ubica como la tercera causa de muerte en las personas de entre 15 y 29 años.

En lo que va del año, 13 personas se han quitado la vida en el sur de Quintana Roo, la mayoría de ellas por ahorcamiento, lo anterior, según estadísticas del número de emergencias 066.

En Quintana Roo, el 84% de los casos que se han registrado de enero a la fecha optaron por ahorcarse, mientras que el 11% ingirió sustancias tóxicas, principalmente herbicidas, el 5% utilizó un arma de fuego.

La mayoría de los suicidios se cometen durante los fines de semana. 

(Fuente: Sipse)

Diagnóstico sobre inseguridad en Quintana Roo

• El nuevo titular de la SSP estatal, general Carlos Bibiano Villa Castillo, reconoce en Cancún, Playa del Carmen y Chetumal los sitios con mayores problemas de seguridad.

Carlos Bibiano Villa Castillo

Una Secretaría de Seguridad Pública con irregularidades, 450 policías comisionados, falta de equipo y la presencia de grupos delictivos de "Los Zetas, los Pelones y los Chumiles" en Quintana Roo, es el diagnóstico que realizó el general retirado Carlos Bibiano Villa Castillo, titular de esta dependencia.

Además de reconocer que Cancún, Playa del Carmen y Chetumal son los sitios con mayores problemas de inseguridad en el estado.

En la primera conferencia de prensa que ofreció a un mes de su toma de posesión (porque no acepta entrevistas de "banqueta"), dijo que la secretaría de seguridad publica requiere de 140 millones de pesos para adquirir una camioneta blindada, 850 armas cortas y 850 armas largas, un helicóptero, detectores de placas, vehículos, lanchas, radios Matras y chalecos antibalas.

Los recursos tendrían que ser aportados por el gobierno federal y el estado de Quintana Roo, pero se ajustará a lo que disponga la entidad, dado que instrumentaron un plan de austeridad en la actual administración", señaló.

La entrevista con los medios de comunicación la dio en una oficina del C4 habilitada para este acto, misma que estuvo custodiada por una docena de elementos fuertemente armados.

Presentó un resumen del trabajo hecho en el primer mes de su gestión en Quintana Roo, en el cual presumió tres grandes logros en la zona norte: la detención de una célula de repartidores –droga- en vehículo con arma corta; la detección de una casa de seguridad, donde detuvieron a tres hombres y una mujer, encontraron dos armas cortas y un cargador, y por último, la captura de cuatro secuestradores que tenían a una pareja.

Informó que la mujer -de esta pareja rescatada- le quebraron cuatro costillas y la violaron y la PGR entregó a los cuatro presuntos responsables a la cárcel de Cancún el 04 de mayo a las 10:30 horas y únicamente duraron poco más de 24 horas ahí, porque tres de ellos murieron en el enfrentamiento de la madrugada de este viernes y otro más fue reportado como grave de salud.

Villa Castillo agregó que el reporte que tiene es que hubo un pleito entre internos en un campo deportivo y culminó en el enfrentamiento de la madrugada de este viernes; tenía fotografías de cómo quedaron los reos asesinados con armas blancas, pero se negó a exhibirlos públicamente.

Advirtió que tanto en el Cereso de Chetumal y la cárcel de Cancún habrá un estricto control, cero tolerancia, cero corrupción y cero impunidad, al igual que al interior de la secretaría de seguridad pública y en la policía estatal preventiva.

Reconoció que si bien los mil 067 policías preventivos del estado no han sido evaluados, sin embargo, por instrucciones del gobernador Borge Angulo, ya tienen el proyecto para que en breve se apliquen los exámenes de control y confianza.

También informó que cuentan con un mapa de la situación geográfica de vendedores y consumidores de droga, su ubicación, estudios de las diferentes bandas y tipo de drogas. En el norte ubicó 27 "tienditas de droga", mismas que dice haber disuadido con vigilancia constante.

En el informe de 10 páginas habla de la "ubicación de elementos municipales que cuidan tiendas de droga y avisan de la presencia de la policía estatal", por lo que añadió, "se dice que la policía de Cancún esta involucrada en actos delictivos, pero hay que agarrarlos para poder acusarlos".

Los principales problemas que enfrenta el sur de Quintana Roo según el diagnóstico hecho por el General Villa Castillo es el alcoholismo, pandillerismo, drogadicción y violencia intrafamiliar. Mientras que en el norte es el consumo y venta de drogas, "levantones" por parte de la delincuencia organizada y ejecuciones.

En este año, reportó 39 privaciones de la libertad relacionadas con la delincuencia organizada y 14 homicidios atribuidos a estos grupos, un secuestro y 14 homicidios del fuero común.

El militar pidió "que lo dejen trabajar", que dará resultados porque viene a "servir a Quintana Roo y no ha servirse", pero también quiere que la ciudadanía le señale cuando la este "regando" y que lo hagan directo a su celular 983 154 03 49.

El general retirado, quién declaró antes de arribar a Quintana Roo "que si detenía a un Zeta lo mataba, no lo interrogaba" dijo que se "sintió en el paraíso al llegar a la entidad, por sus bellezas naturales y su riqueza cultural maya, pero también porque de donde viene –de la dirección municipal de seguridad pública de Torreón, Coahuila- mataban diariamente a 6 personas y el estado no ha llegado a esos niveles, esta en los últimos lugares en inseguridad.

Dijo que encontró muchas irregularidades al interior de la Secretaría de Seguridad Pública, mismas que ha tenido que subsanar, como el despido de 50 asesores que representaban un "alto costo" a la dependencia.

De igual manera, pidió que le devuelvan los 450 policías estatales comisionados -de un total de mil 067-, de los cuales 180 precisó están asignados en las diferentes actividades del gobernador Roberto Borge Angulo, el resto, con funcionarios públicos, periodistas y empresarios.

Informó que los cinco policías del estado involucrados en una balacera en Cancún fueron dados de baja y consignados ante la autoridad, para que no sigan cometiendo "fechorías". Dos de estos agentes estaban comisionados a la ex candidata a la presidencia municipal de Benito Juárez, la priísta Guadalupe Novelo Espadas, agregó.

En el caso del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Chetumal denunció que "había muchas tranzas", como la venta de la comida y la existencia de 9 tienditas dentro del penal, mismas que irá cerrando paulatinamente una por mes.

Dio a conocer que como secretario de seguridad pública devenga un sueldo de 15 mil pesos mensuales, sin incluir viáticos y otras prestaciones. Mientras que el tabulador de la Oficialía Mayor del gobierno del estado señala un pago de 47 mil 899 pesos mensuales para los secretarios del gabinete.

Silvia HernándezCorresponsalEl Universal

amj /crs

Campeche: Profesionalización y limpieza de cuerpos policíacos en espera

El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) informó que sólo cuatro estados han impulsado la profesionalización de sus policías y, a nivel nacional, sólo 8 por ciento de los elementos han sido sometidos a los controles de confianza promovidos.

De acuerdo con la información del Sistema Nacional, Campeche no está entre las entidades que iniciaron el proceso de profesionalización promovido por el Gobierno Federal como parte del combate a la delincuencia organizada en el país.

Jackson Villacís Rosado, secretario de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad, aseveró que en la entidad los elementos serán evaluados para depurar a quienes no cumplan con la preparación necesaria para cubrir los requisitos de profesionalización, y sobre las acciones de limpieza opinó que "en Campeche, la policía es distinta a las de otras entidades, por la honestidad que la caracteriza".

El SNSP entregó al Congreso de la Unión una serie de documentos en los que se evidencian los pocos resultados en torno a la capacitación, actualización y control de confianza de las corporaciones policíacas en el país; los números dan cuenta de los exámenes practicados hasta 2010, y son parte de la meta a 2012 acordada por los gobernadores y el Ejecutivo Federal.

En las estadísticas, la profesionalización de policías no ha avanzado ni siquiera en la implementación de programas de actualización o modernización y el SNSP reportó a los legisladores que de los 447,922 policías que debían evaluarse sólo se verificaron niveles de confianza del 8% de los elementos.

Campeche, Nayarit, Quintana Roo y San Luis Potosí son las cuatro entidades que hasta el momento no han acreditado a ninguno de sus policías ante el Sistema Nacional.- A.R.M.

Violan a mujer discapacitada, le arruinaron la vida

La vida para una familia de Tikinmul, en el municipio de Campeche, era feliz hasta diciembre del 2009 cuando la actitud de una joven discapacitada cambió drásticamente.

“De pronto observamos que se empezó a comportar de manera violenta, se jalaba los cabellos, se pegaba en la cara y se agarraba el vientre”, mencionó un familiar de la joven de 29 años, con retraso mental.

Según versión de sus familiares, la jovencita realizaba mandados, hacía el quehacer de su casa y llevaba una vida tranquila hasta hace poco más de un año, cuando fue víctima de violación.

“En un principio pensamos que alguna de sus conocidas estaba embarazada y ella se daba a entender así, hasta que nos dimos cuenta que había sido violada”.

El abuso ocurrió en diciembre del 2009 cuando los papás de la joven salieron de la casa para ir al templo y la dejaron sola.

“El agresor se llama Fidencio Moo Santos, de 38 años, y es vecino de ese poblado; él aprovechó que estaba sola para abusar brutal y sexualmente de ella”.

“Desgraciadamente no sólo fue él quien la atacó, también su hijo de 16 años. El martes pasado la Policía Ministerial llegó hasta el apiario propiedad de Fidencio Moo y lo detuvo, pero su hijo que también fue denunciado está prófugo y queremos que se haga justicia”, mencionó el familiar.

“Nos duele y nos da coraje ver cómo la joven sufre, le arruinaron la vida, perdió la razón, tuvo que permanecer ingresada en el Hospital Psiquiátrico porque no la podíamos controlar, desde el ataque no puede quedarse sola”, finalizó.

La familia de la víctima menciona que luego que la sacaron del Hospital Psiquiátrico tiene que permanecer vigilada las 24 horas, pues en ocasiones ha tomado un cuchilllo y amenaza con lastimar a los que se le acerquen.

Se rumorea que en el penal de San Francisco Kobén a todos los que ingresan acusados de violación les aplican la “Ley del Talión”, mito o realidad, Fidencio tendrá la oportunidad de confirmar dicho rumor. El pasado martes fue detenido y enviado al penal.

Se nos está debilitando la cohesión social, Marcelo Ebrard

• El jefe de Gobierno del DF advierte que la curva de violencia es 'notoria y notable' porque se está debilitando la cohesión social

Marcelo Ebrard Casaubon

"Si se sigue debilitando la cohesión social, no creo que logremos reducir la violencia con todos los cambios que hagamos", aseguró el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard.

Durante su participación en el Tercer Foro Nacional de Seguridad y Justicia con el tema "La Visión Local: avance de la Reforma Penal en los Estados", dijo que es "muy difícil" reducir la curva de la violencia cuando el número de personas en pobreza alimentaria subió cinco millones.

"Se nos está debilitando la cohesión social, por eso la curva de violencia es notoria y notable", aseguró.

Ebrard Casaubon detalló que uno de los focos rojos en el combate a la violencia es el ataque a las finanzas del crimen organizado. Estimó que mientras la economía de la delincuencia crece a una tasa superior al 5%, la economía formal crece al 2%.

Recordó que en el DF con la Ley de Extinción de Dominio ya se atacaron 60 inmuebles del crimen organizado, además de que hay 27 sentencias a favor y 14 amparos concedidos.

El mandatario local dijo que se debe organizar la cohesión social sobre la base de la reducción de la desigualdad, en particular entre los jóvenes.

Comentó que el 52% de los estudiantes de secundaria a nivel nacional tienen problemas de adicción al alcohol y que la tasa va en crecimiento.

En materia de mejoras al sistema penal en el DF, comentó que este año se capacitarán a ocho mil servidores públicos y que se trabaja en la construcción de 61 salas de ejecución de sanciones y 5 más para la justicia alternativa, además de la instalación de 250 cámaras para grabar las audiencias, aunque reconoció que "no vamos a terminar este sexenio, salvo que hagamos una simulación".

Luego, Ebrard se dirigió a Alejandro Martí, presidente de la organización México SOS, que fue el moderador: "En el consejo de seguridad nacional al cual fuimos convocados, Alejandro me dijo, si no puedes, renuncia y si no quieres, ya vete, si no quieres entrar, si a ti no te toca. Y qué bueno que lo dijiste Alejandro, y todavía no me renuncias, así que ahí la llevo".

En el foro participaron los gobernadores de Yucatán, Ivonne Ortega, y Baja California Sur, José Guadalupe Ozuna, quienes hablaron de las medidas que han adoptado en esas entidades para el tema de la reforma penal.

ml / gdh

Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Juan Silva Meza

Ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; señor licenciado Alejandro Martí García, Presidente de México SOS, Asociación Civil;

Distinguidas damas; respetables caballeros:

Sean estas mis primeras palabras de agradecimiento a los integrantes de la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Apoyo a los Juicios Orales y el Debido Proceso, quienes comedidamente me extendieron esta invitación para dirigir estas palabras, en ocasión de la inauguración de este Foro.

Señoras y señores:

En los tiempos que corren, entender que el trabajo de la Judicatura y el papel que le toca jugar en el marco del Estado, que éste es de servicio en y para la sociedad, no tiene vuelta atrás.

Hoy, todas las instituciones de la República enfrentamos dos grandes retos, dos grandes compromisos: el de la eficacia y el de la legitimidad.

Por el lado de la eficacia, estamos obligados a cumplir con nuestro trabajo, hacerlo mejor, hacerlo pronto, hacerlo cada vez con mayor calidad y con menores recursos.

Por el lado de la legitimidad, debemos construir, mantener y acrecentar todos los días nuestra credibilidad. Debemos contar siempre con el respaldo, con la autoridad, con la confianza, con el apoyo de la sociedad, porque actuamos con honradez, con seriedad, con honestidad.

En estos dos grandes retos, en estos dos compromisos, tenemos claro que es fundamental la relación que seamos capaces de construir con los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil.

El funcionamiento moderno de las instituciones del Estado se construye a partir de relaciones estrechas, productivas y respetuosas con la sociedad civil, con los ciudadanos.

En una República democrática, como la nuestra, las instituciones son fuertes y se fortalecen cuando están cerca de la sociedad, cuando la saben escuchar, cuando realizan correctamente y con pulcritud sus funciones constitucionales.

Eso lo entendemos, o cuando menos lo intuimos todos; lo decimos y lo repetimos en discursos, en conferencias. Pero la pregunta es: cómo lo hacemos realidad, cómo hacemos las instituciones de la República para construir nuevas y mejores relaciones con la gente, con los usuarios de nuestros servicios, con la sociedad, en general.

Necesitamos una mejor forma de relación con la sociedad, que empieza, por supuesto, en la apertura, en la información, en la transparencia, para que la sociedad sepa perfectamente qué está pasando con las instituciones públicas.

En el Poder Judicial asumimos la transparencia como un deber que empieza en la punta de la pirámide y que debe avanzar hacia el conocimiento pleno de todo lo que sucede en un proceso, por eso avanzamos en la oralidad y nos hemos comprometido con esta visión, con esta corriente, en la que debemos cumplir con lo que mandatan ahora las leyes y la Constitución.

Tenemos claro que la transparencia, la apertura y la información son sólo el principio. Que la gente sepa, y conozca es un buen punto de partida. Pero a partir de que la gente sepa, debemos nosotros saber cómo debemos hacerla participar, cómo aprovechar ese sentir, esos contenidos, esas ideas y cómo aprender a canalizar la nueva demanda, la exigencia de calidad, de mejora, de cambio.

En el transcurso de los últimos tres años, el régimen constitucional de México ha recibido nuevas adiciones que, vistas en conjunto, representan una nueva forma de entender la función pública en general y la impartición de justicia en particular.

El Congreso de la Unión ha aprobado reformas sustantivas a nuestro sistema de justicia penal, al régimen que regula el Juicio de Amparo en México, y al Sistema de Protección de los Derechos Humanos en el país.

Leídas como un solo bloque, estas tres reformas orientarán la labor de una nueva Judicatura Federal, más hacia la ciudadanía, más hacia la sociedad civil.

A partir de su entrada en vigor, estas reformas generarán que la labor de la Judicatura estará más a la vista de la ciudadanía, estará más abierta a recibir las inconformidades e impugnaciones, deberá ser más ágil, deberá ser más accesible.

La reforma a nuestro Régimen de Justicia Penal, una de las más importantes en los últimos años, en tanto propicia un cambio cultural, traerá consigo nuevas exigencias para los jueces. Y qué bueno. Tenemos y queremos responder a la sociedad. Podemos y sabemos cómo hacerlo.

A la Reforma en Materia Penal, en el Poder Judicial de la Federación le hemos dado la bienvenida, como a las otras dos, pero es necesario tener claro los retos que aquella, la primera, la Penal, con urgencia nos pone por delante.

La Reforma Constitucional en Materia Penal tiene repercusión en tres dimensiones: la normativa, la organizacional, y la de infraestructura y tecnología, su puesta en marcha completa, tendrá que estar en vigor el 19 de junio de 2016, esto es, ya sólo en poco más de cinco años, y el tiempo va de prisa, pero la implementación parece lenta, pues los requerimientos de la sociedad aumentan. Su paciencia se agota.

Debemos construir consensos y, con responsabilidad, responder. No podemos pasar por alto que, por ejemplo, en menos de dos meses, el Sistema de Reinserción y el Régimen de Modificación y Duración de Penas, deberá estar en vigor.

Tenemos las herramientas para hacerlo. Debemos solucionarlo.

El Poder Judicial de la Federación toma ya las decisiones necesarias para recibir la reforma e instrumentarla con los menores contratiempos.

A la fecha, hemos creado siete juzgados especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, que trabajan las 24 horas de los 365 días del año. También hemos capacitado a nuestro personal en México y en el extranjero; hemos realizado diversos cursos e integrado consejos asesores y consultivos, aprobamos ya la instalación de un circuito piloto para poner en ensayo las nuevas exigencias, hemos capacitado y certificado ya a los próximos jueces de ejecución.

Nuestros esfuerzos, sin embargo, todavía insuficientes, deben acompañarse por el trabajo de otros Poderes de la Unión y los demás niveles de Gobierno. Y creemos, hay que decirlo, que resulta necesario reforzar el trabajo en coordinación entre los Poderes de la Unión, y no desconocemos que la conclusión exitosa de esta reforma constitucional implica el trabajo comprometido de las entidades federativas. Estar todos al mismo ritmo.

La reforma exige que todos andemos al mismo paso y a la misma velocidad. Nadie puede quedar rezagado, y eso sólo puede lograrse si trabajamos juntos, si cooperamos, si construimos los consensos para ello. Es un cambio de cultura, no una reforma más. No hay que olvidarlo, así lo determinó el poder revisor de la Constitución.

Desde la perspectiva del Poder Judicial de la Federación, es necesario acelerar y actualizar la agenda de la Reforma Penal que nos permita, si es el caso, redefinir objetivos y alinear recursos, establecer nuevas tareas y responsables, revisar el cronograma de instrumentación y fortalecer mecanismos de seguimiento y evaluación.

En el marco del nuevo contexto constitucional, éste nos obliga a estar más cerca de la sociedad. La Suprema Corte de Justicia, desde enero de este año, ha puesto en marcha un programa de Derechos Humanos, que tiene como objetivo orientar el trabajo del máximo Tribunal, desde una perspectiva de derechos, programa que se sostiene en dos ejes fundamentales: acceso a la justicia y debido proceso. Programa que debe permear a la Judicatura y orientar el trabajo de nuestros jueces y magistrados.

El acceso a la justicia exige que las autoridades jurisdiccionales mejoren sus mecanismos de asistencia para los ciudadanos, con el fin de que todos estén más al tanto de los derechos que tienen y los mecanismos a su alcance para hacerlos valer.

Estamos renovando nuestros enlaces tecnológicos y de comunicación con la sociedad, con el fin de sacar el máximo provecho de las herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías.

En la Corte y el Consejo de la Judicatura, hemos iniciado procesos de reestructuración administrativa suprimiendo áreas redundantes e innecesarias, y optimizando nuestros procesos.

Estamos comprometidos con el desempeño honesto de nuestro trabajo, y para ello, mejoramos constantemente los mecanismos de control sobre nuestros funcionarios.

El Consejo de la Judicatura aprobó, como parte de los mecanismos de vigilancia a nuestro desempeño, un Acuerdo que por primera vez autoriza realizar un control permanente sobre la situación financiera de jueces, magistrados, ministros e integrantes del Pleno del Órgano Constitucional.

Hacemos patente nuestro compromiso con una administración jurisdiccional transparente, en la que no hay lugar para los abusos y desvíos.

La impartición de justicia debe ser un servicio que se preste con independencia, con agilidad y que responda a las demandas apremiantes y legítimas de la sociedad con solidez técnica y un profundo sentido de responsabilidad, pero, también, debe estar siempre dispuesta a rendir cuentas de sus actos y a hacerse responsable de los mismos.

La Judicatura Federal está abierta al escrutinio permanente de la Nación que la sostiene y a la que se debe. La sociedad tiene derecho de escudriñar a través de sus representantes constitucionales, cómo empleamos los recursos que se nos asignan y de evaluar la oportunidad, eficiencia, honradez y efectividad con la que realizamos nuestros actos.

El problema de acceso a la justicia en México es añejo. Estudios recientes confirman que el ejercicio de este derecho en el país, sigue siendo una prerrogativa limitada a ciertos sectores de la sociedad.

El reto al que nos enfrentamos es el de continuar ampliando dicho acceso para todos, sin distinciones injustificadas, siendo particularmente cuidadosos en asistir debidamente y siempre en el marco del derecho, a los más desprotegidos, a los más débiles, a los que tradicionalmente son invisibles, a los que no tienen voz.

El acceso a la justicia en nuestro país debe permitir que la sociedad ejerza un mayor control sobre sus jueces, que las malas actuaciones sean pasadas a cuenta, que se combata la impunidad y que estemos más cerca de alcanzar el ideal de justicia en paz y seguridad a la que todos aspiramos; que asumamos, en lo que a nosotros nos toca, el ya basta de la sociedad. Entendámoslo, los jueces, como una demanda legítima. Asumámoslo, revisémonos.

México sigue siendo un país que cree en la ley. La sociedad que quiere creer en sus instituciones, en particular, en lo que a nosotros atañe, quiere creer en sus jueces; desea vivir y prosperar en seguridad. Respondamos.

Reforcemos esas actitudes, nos conviene a todos. Conviene a la paz de todos nosotros y de nuestras familias. Lo debemos a los que se han ido, a los que ya no están con nosotros.

Llevemos a conclusión las reformas constitucionales que se han aprobado por el Congreso de la Unión. Esto nos acercará a ese ideal.

El Poder Judicial de la Federación también convoca a todos a avanzar juntos en armonía por esa ruta. Ése es para nosotros un compromiso.

Muchas gracias.

Alejandro Joaquín Martí García

Alejandro Joaquín Martí García

Ciudadano Presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa; ciudadano Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ministro Juan Silva Meza; representantes del Congreso de la Unión; distinguidos miembros del Gabinete; señoras y señores representantes de la sociedad civil.

México es hoy un país que busca fortalecer su democracia. Es una democracia que nos pertenece a todos, porque todos la hemos construido con dolor y sacrificio, y mucho esfuerzo.

Escuchar que esa democracia se encuentra en riesgo, amenazada por la violencia de la delincuencia organizada, no puede más que movernos a la preocupación, y de ahí, a la acción.

Paradójicamente, esa democracia no cuenta con todos los elementos normativos y legales modernos para defender a sus ciudadanos del delito. A esta modernidad democrática no le ha correspondido la actualización de un marco legal tan vital, como es el derecho penal, que data, en su concepción, del México colonial, por expresarlo de alguna manera. Este derecho penal, en su historia, no fue construido para su funcionamiento en una democracia como la actual, sino como un instrumento represor del Estado mexicano.

En 2008, la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal surgió como una oportunidad para la actualización de nuestro marco legal, de nuestro marco penal, haciendo un énfasis en los juicios orales, que no son nuevos en nuestro país, puesto que la Constitución de 1917 ya los contemplaba, sólo que el Código Procesal Penal fue publicado hasta 1931.

Y es aquí, a mi juicio, donde se encuentra la gran debilidad de la Reforma en Materia de Justicia Penal.

Uno. En lo que se refiere a la posible existencia de un código procesal único y otro, en la gran inoperancia e ineficacia de las policías estatales.

Existe hoy un proyecto de Código de Procedimientos Penales construido con el consenso de académicos, activistas sociales, abogados, miembros y ex miembros del sistema judicial mexicano, así como expertos de la Secretaría Técnica, dirigida por el licenciado Felipe Borrego, que es justo decirlo, ha tenido el acierto de buscar los consensos generales, y a fin de que el Congreso de la Unión lo conozca y apruebe de acuerdo a sus facultades.

La aprobación de este instrumento procesal es vital para la modernización de nuestro sistema de justicia penal y, por ello, desde la sociedad civil hacemos un llamado a los legisladores para que sancionen esta propuesta y doten a las instituciones de justicia del instrumento que permita que la Reforma Constitucional, verdaderamente camine hacia un esquema en el que respeten los derechos, tanto de la víctima, importante decirlo, tanto de la víctima, como del acusado; partiendo de la presunción de inocencia, fortaleciendo el debido proceso y el pleno respeto a los derechos humanos de todos los involucrados.

A tres años de distancia, las siguientes entidades han logrado poner en operación los nueve ejes estratégicos de la Reforma Constitucional: Baja California, Durango, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca y Zacatecas.

Adicionalmente, otro número importante de estados ya han comenzado con el proceso de implementación de la misma, al fin de este sexenio, poco más de la mitad de las entidades habrán concluido con la implementación, lo que vemos con mucho optimismo, esperando que al cumplirse el plazo de ocho años, establecidos para estos efectos, se cumpla la meta a nivel nacional.

Resumo. Con el nuevo Código de Procedimientos Penales y con modelos de implementación exitosas que ya existen en la República, será mucho más sencilla la replicación del modelo en el país.

La Reforma Penal es un hecho, pero si no cejamos y mantenemos el nivel de exigencia hacia los gobiernos de los estados para que se corresponsabilicen en la reforma, en el combate al crimen y la inseguridad en sus territorios.

Señoras y señores:

Es inmoral el saber que algunos estados del país no han ejercido plenamente sus recursos etiquetados para el combate al delito. Eso sólo nos llama a pensar que no existe compromiso ni valentía política para defender a sus ciudadanos de la delincuencia.

Pareciera que este estado de urgencia nacional, de tragedias colectivas provocadas por los criminales, los hogares enlutados, los hijos ausentados, los huérfanos de la violencia no son suficientes para movilizar a nuestra clase política a producir instrumentos que permitan frenar la violencia.

Hoy, el ya basta se ha generalizado, y pareciera que nuestros políticos se han inmunizado contra él.

Qué le puede esperar a un país cuya clase política no es sensible al reclamo de sus ciudadanos. Qué más debemos hacer los ciudadanos para que los políticos se comprometan con el bienestar de México.

Quiero preguntarme: El nuevo Estado democrático lo construimos a pesar de los políticos. No será que una de las amenazas hacia nuestra frágil democracia proviene de aquellos políticos que sólo ven al país como un trofeo electoral.

Hace semanas fuimos testigos de un caso que conmovió miles de consciencias y generó una oleada de participación ciudadana sin precedentes. Me refiero al caso develado por el documental Presunto Culpable, un caso que se ha convertido en paradigma de la vergüenza.

El valioso documental, realizado por Layda Negrete y Roberto Hernández, refleja un sistema caduco, ineficiente, opaco y corrupto; un sistema de justicia agotado y antidemocrático. Pero ante eso, vuelvo a preguntarme: Dónde está el verdadero culpable de este crimen.

No es posible que no se haya fincado responsabilidad alguna a los policías, ineptos y sin escrúpulos, que acusaron a este muchacho. Fueron copartícipes, para mi gusto, los jueces. Casos como el de Toño, este joven que fue víctima del sistema penal, se generalizan en todo el país.

Nuestro aparato de justicia, paradójicamente, está produciendo injusticia generalizada, y no puede haber una democracia sólida sin la efectiva representación del interés social ante el delito.

En este contexto, la Reforma Penal, de la que hablo, tiene un gran reto por resolver, y éste es el de las policías.

Señor Presidente:

Debemos ser claros en aseverar que la reforma estará condenada al fracaso si no tenemos una verdadera policía investigadora, eficiente, honesta y bien pagada, para que sus integrantes vivan dignamente, con seguridad para sus familias, con reconocimiento y prestaciones.

La asignatura pendiente de nuestro país es la reconstrucción de las instituciones policiacas, hacer que éstas les brinden seguridad a los ciudadanos. Es lamentable que una función tan importante, como es la que desempeñan las instituciones policiacas, sean hoy las más desprestigiadas, pero también las más abandonadas por el Estado mexicano.

La pulverización de los cuerpos policiacos. Tenemos poco más de 400 mil policías en manos de dos mil 400 unidades independientes. Es una gran complicación para ordenar, limpiar y reestructurar.

En 2008, acordamos resolver el problema de las policías. Dos años después, la CONAGO firmó un convenio para establecer el mando único estatal, a lo cual se comprometieron los Ejecutivos Estatales. Sin embargo, cuántos en realidad lo han implementado.

La sociedad no ve la solidaridad de los gobernadores con sus ciudadanos. Por qué. Que nos lo expliquen, porque ellos son moral y políticamente responsables de los inocentes que han sido victimizados por la violencia.

Lo que le hace falta a este país son políticos de altura, verdaderos demócratas, representantes del bien común. Tenemos que ponernos de acuerdo ya. No se vale apostarle al diferendo político y despreciar los consensos para dotarnos de un marco legal que permita disminuir la delincuencia. Es México y su futuro el que está en riesgo. Son sus familias, sus hijas y sus hijos.

Es por esto que, desde la Tribuna, quiero insistir en que nosotros, los ciudadanos, reclamamos, y exigimos en voz alta, la acción y la unidad, dejando nuestros intereses particulares y de partido.

Por ello, al Poder Legislativo, particularmente a la Cámara de Diputados, queremos recordarles la importancia de que en el próximo debate presupuestal, se asignen los recursos necesarios para la implementación de nueva justicia penal, y se fortalezca al Consejo de Coordinación que se creó con esta finalidad.

A ambas Cámaras del Congreso de la Unión, la urgente aprobación del Código de Procedimientos Penales; a los Poderes Judiciales, reforzar los esfuerzos de sensibilización, profesionalización y especialización de sus integrantes, que al respecto, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Consejo de la Judicatura Federal, han comenzado a hacer.

Es importante que los juzgadores de todos los fueros adopten las mejores prácticas judiciales, logrando transmitir a juzgadores, secretarios y otros funcionarios jurisdiccionales, las habilidades mínimas, necesarias para operar el nuevo Proceso Penal Acusatorio y Oral

A los Gobernadores de los estados: que cumplan con lo acordado, que tomen la responsabilidad de sus estados en cuanto a seguridad y Estado de Derecho. No se vale usufructuar los recursos millonarios y no destinarlos a las tareas sensibles de la seguridad pública.

Señores y señoras:

Aunque la promulgación de la Reforma Penal fue un paso importante en el camino hacia una justicia eficaz y expedita, todavía queda mucho por hacer para que sus postulados adquieran plena vigencia, y se traduzcan en una mayor confianza de la población en sus instituciones.

El hecho de la que implementación de la reforma involucre a un gran número de actores, ha provocado que adolezca de una suerte de orfandad política, que ha retrasado la obtención de resultados.

Las organizaciones de la sociedad civil hemos hecho nuestro el compromiso de llevar a un buen puerto este proyecto. Pero solos no lo lograremos.

Quiero resaltar el trabajo consistente y comprometido de todas las organizaciones que integran la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Apoyo a los Juicios Orales y al Debido Proceso, así como el apoyo que nos ha brindado la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID, para la realización de este Foro.

Agradezco también el solidario acompañamiento de los medios de comunicación en la gran tarea de convocar a la sociedad a estar alerta. El reto continúa, los necesitamos. Uno de los elementos claves para el desarrollo del nuevo sistema penal es lograr que la ciudadanía conozca sus beneficios.

Por esto, queremos pedirles a todos que asuman sus liderazgos políticos en este esfuerzo para que juntos, sociedad y Gobierno, podamos avanzar en este pendiente inaplazable. Insisto, es urgente que el país transite hacia una nueva forma de impartir justicia, sustentada en la transparencia y la oralidad de las audiencias, en el que se termine por fin con los anacronismos y el poco confiable sistema de expedientes.

No aceptemos con indiferencia la incapacidad de quienes están obligados a darnos seguridad. Mantengamos la exigencia hasta el límite, desde todos los campos de acción legal e institucional, hasta que las cosas cambien.

El país enfrenta un momento decisivo en la lucha contra la delincuencia que no admite dudas o mezquindades. Lo que hagamos o dejemos de hacer hoy en materia de seguridad y justicia, definirá cómo será el país en los próximos 30 años. Comportémonos a la altura de esta noble exigencia.

A todas las víctimas. Nuestro compromiso de que persistiremos hasta el límite por justicia y un país seguro.

Muchas gracias.

Tercer Foro: Seguridad y Justicia

Ciudad de México, 4 de mayo del 2011

El día de hoy, el Presidente Felipe Calderón acompañado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza; la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, y líderes de organizaciones civiles como Alejandro Martí y la señora Isabel Miranda de Wallace, encabezó la Ceremonia de inauguración del Tercer Foro sobre Seguridad y Justicia: Construyendo consensos respecto a la implementación de la reforma penal.

El Titular del ejecutivo mencionó que el Gobierno Federal trabaja con ahínco para redoblar el paso en la implementación de la reforma y se sumó al llamado que previamente hizo el señor Alejandro Martí para impulsar el Código Federal de Procedimientos Penales, y que sea homologado en las 32 entidades federativas.

Empieza nueva era para la Procuraduría de Justicia

JOAQUÍN QUIROZ CERVANTES
@joaquinquirozc

 Una de las partes más sensibles de un gabinete gubernamental, es en la seguridad pública y la procuración de justicia, ya que en las instancias que cuidan a la gente y que proveen de equidad, ya que quienes llegan a encabezar estas instancias o se consolidan como funcionarios públicos, o quedan como un mal recuerdo, e incluso algunos con una etiqueta de ineptos y corruptos en el menor de los casos.

Gaspar Armando García Torres, quien llegó a este encargo, como propuesta del gobernador Roberto Borge Angulo, fue durante año uno de los principales críticos del Sistema de Procuración de Justicia en la entidad, y pudo constatar en la trinchera que estaba como mal actuaba esta área.

Ya que no hay que olvidar que Gaspar Armando García Torres, fungía como titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) en donde estuvo en dos periodos, los trabajó bien, y le valieron el reconocimiento de la gente y por ello le permitieron su permanencia dentro del servicio público.

Gaspar García llegó al Poder Judicial a ocupar una magistratura, en donde se mostró como un buen elemento, discreto en su actuar, y como hombre de leyes, le permitió trabajar en lo jurídico, y respetando la envestidura de la cabeza de dicha estructura gubernamental, es decir de la magistrada Lizbeth Loy Song Encalada, quien se volvió una aliada para García Torres a quien este siempre respetó y dio su lugar como máxima autoridad.

Hoy García Torres, enfrenta un reto personal, y profesional, ya que pasará de ser el que defendía a los oprimidos y que señalaba el mal actuar de la autoridad, esto cuando estaba como ombudsman, a ser ahora quien aplique justicia y ese trance si no lo maneja bien podrá ser muy difícil.

El nuevo procurador tiene la cabeza fría, el conocimiento y las agallas por resolver y erradicar los múltiples vicios y dejos de corrupción que hay en la Procuraduría, sin embargo limpiar la casa, y al mismo tiempo estar operando la dependencia no será una tarea del todo fácil.

García Torres está consciente de ello y ya inició con el rodamiento de cabezas y con los procesos jurídicos de cuando menos 100 integrantes de la Procuraduría, éxito y sobre todo resistencia en esta aventura de la “rifa del tigre” que ganó Gaspar Armando y que si se aplica puede traerle múltiples dividendos en el servicio público y en lo político.

CURVA PELIGROSA…

Según nos refirieron algunos Heraldos de Xlalibre, que ahora que en la Secretaría Estatal de Salud (Sesa) hubo cambios, mayúscula sorpresa se llevaron algunos al ver que en los escritorios que utilizaban algunos galenos que hoy ya no están en las nuevas áreas, diversos fetiches y artículos muy parecidos a brujería.

En donde con fotografías, y artículos esotéricos, se evocaba la figura de ex funcionarios en donde al parecer lo suyo no es la brujería de estos chamanes de origen jarocho, ya que la aplicaron en sentido contrario y los que se quedaron sin trabajo fueron ellos ¿será que eran médicos brujos?, pero ni de una ni de otra la hicieron, nos leemos mañana pero que sea aquí Xlalibre.

Lesionado con arma de fuego

La Procuraduría General de Justicia del estado reportó que agentes de la Policía Judicial del Estado PJE destacados en el sur de Quintana Roo a través del número telefónico de emergencias 066 tuvieron conocimiento de una persona del sexo masculino lesionada por arma de fuego en el Fraccionamiento Caribe de esta ciudad capital.

Con base a ello acudieron a calles Trinidad y Tobago esquina Chetumal del Fraccionamiento Caribe en donde entrevistaron quien manifestó llamarse Eliezer Díaz Moreno alias “El Charly” quien en

relación al suceso explicó que aproximadamente a las 22:30 horas de anoche acompañaba a una amiga a una tienda ubicada sobre calle Bonaire cuando de momento vio a un grupo de chavos quienes apedreaban un domicilio.

Paralelamente dijo observó a un sujeto quien llevaba un arma de fuego y apuntaba a todos los lados, hecho ante el cual los ahí presentes empezaron a correr, de momento dijo sintió el impacto de algo a la altura de su abdomen costado izquierdo.

Ante ello enseguida regresó a su vivienda doliéndose mucho, razón por la que fue trasladado al Hospital General de esta capital del estado en donde quedó bajo obervación médica.

Detenido por incumplimiento de obligaciones familiares

Efectivos de la PJE reportan que mediante orden de aprehensión y con base al proceso penal 194/2010 del Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia trasladaron al CERESO de esta ciudad capital a Jesús Abraham Poot Cambranes acusado del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar.

Reportan robo de motocicleta

A través del número telefónico de Emergencias 066 elementos de la PJE atendieron dos casos, uno fue el robo de una motocicleta y otro un cristalazo a un vehículo particular.

Reporte de las 00:27 horas de hoy

En primer término acudieron a avenida Independencia y Carmen Ochoa de Merino de esta ciudad capital en donde entrevistaron a quien dijo llamarse Miguel Tun Yama quien informó que alrededor de las 21 horas de anoche dejó estacionado su vehículo marca Nissan,

Tsuru, color azul marino, placas de circulación UUK-4811 y entró a ver las “luchas ibres” en el Club de Leones de Chetumal.

Al término del evento se percató que la ventana delantera de su unidad motora estaba rota y le hacía falta un Ipod, marca MAC.

Reporte de las 17:30 horas

En un segundo caso, elementos de la PJE ayer por la tarde tuvieron conocimiento que en calle Florencia número 382 colonia Benito Juárez de esta ciudad capital se habían robado una motocicleta.

En el lugar fue entrevistado quien dijo llamarse Onésimo Lorenzo Aguilar quien en relación a su caso informó que aproximadamente a las 21 horas de anoche en el interior del predio, dejó estacionada su motocicleta marca Italika, color azul, modelo 2009 sin recordar las placas de circulación en ese momento dejando pegadas las llaves y cerrada la reja metálica de la entrada. No obstante su unidad fue robada del lugar.

Registro Nacional de Telefonía Celular (Renaut) queda cancelado, senado pone fin

• Aprueba reglas para poner orden en las empresas de protección
• No sirvió para combatir a la delincuencia: González Alcocer

Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Sábado 30 de abril de 2011, p. 7

En el último día de sesiones, el Senado aprobó una abultada agenda, con varias iniciativas en materia de seguridad pública, entre ellas una que cancela el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Celular (Renaut) y establece nuevos ordenamientos para combatir los delitos cometidos a través de telecomunicaciones.

Con el aval de todas las fuerzas políticas se aprobaron esas reformas al Código Penal Federal, la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación de Sentenciados, con las que se obliga a las empresas de telefonía a colaborar con las autoridades judiciales para detectar, en tiempo real, la localización geográfica de las llamadas relacionadas con secuestros, amenazas y extorsiones.

Las telefónicas deberán también garantizar que los usuarios de celulares cuenten con botones de pánico en los aparatos, para poder denunciar situaciones de riesgo. Igualmente se obliga a los centros penitenciarios a contar con equipo que permita bloquear señales de telefonía móvil

Además, dado que se deroga el Renaut, se elimina la obligación de los concesionarios de las redes públicas de telecomunicaciones de llevar un registro y control separado de sus clientes. También desaparece la obligación de cancelar las líneas de usuarios de celulares que no los hayan registrado.

En tribuna, el presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro González Alcocer, expuso que decidieron cancelar el Renaut porque en el año que lleva de operar ha sido un fracaso, ya que no ha servido para combatir la delincuencia. En cambio, argumentó, ahora sí se están cuidando todos los aspectos para la geolocalización de los aparatos telefónicos, para la cancelación no sólo de las líneas, sino también de los aparatos y que no se puede seguir haciendo uso de los mismos con una tarjeta diferente.

Las empresas, detalló el legislador panista, tendrán un plazo de 72 horas para entregar la información que les solicite la Procuraduría General de la República (PGR) o las procuradurías estatales. En caso de no hacerlo o de incumplir otras disposiciones de la ley, se harán acreedores a multas hasta de 600 mil pesos.

Resaltó que se obliga al bloqueo de la señal telefónica de los penales y diez metros alrededor de los mismos. Esa reforma, dijo, fue consensuada con organismos sociales contra el secuestro, entre ellos el que encabezan Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí. Se posibilita, expuso, no sólo la detección de los aparatos desde los que se delinque, sino el acceso de tecnologías de punta. Hoy, todos lo sabemos, es una de las telefonías más caras del mundo, pero atrasada porque sólo un porcentaje menor cuenta con geolocalizador.

La ley da a los concesionarios un año de plazo para llevar a cabo los cambios y adecuaciones tecnológicas necesarias.

Durante la sesión, el Senado aprobó también expedir la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, donde se define la planeación, formulación, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de prevención.

El senador del PRD, René Arce, recalcó que la nueva ley constituirá una herramienta y un enfoque distinto al meramente punitivo, ante el evidente fracaso de una estrategia para combatir el crimen organizado basada exclusivamente en lo armado.

Con esta ley le otorgamos a las autoridades de todos los niveles de gobierno facultades en materia de prevención, pero también les imponemos la obligación de interactuar, coadyuvar y coordinarse con la ciudadanía para conseguir un interés común, que es la seguridad y la tranquilidad.

Igualmente se aprobaron modificaciones a la Ley Federal de Seguridad Privada, a fin de regularizar la prestación de los servicios que ofrecen las empresas, sobre todo en materia de alarma y monitoreo. Deberán darse de alta ante las secretarías de Hacienda y de Seguridad Pública.

Periódico La Jornada

Succar Kuri está en su celda, afirma Sánchez Baltazar

• Sánchez Baltasar aseguró que la información presentada por Castilla Marroquín es imprecisa, ya que por ningún motivo se ha autorizado la salida de ''El Johnny''
• Aseveró que el reo se encuentra en su celda, donde se cumplen las instrucciones del reglamento de Ley

Castilla Marroquín presenta "pruebas"

El director de la cárcel de Cancún, Higinio Sánchez Baltasar, aseguró que ''por ningún motivo'' se ha permitido salir al pederasta Jean Succar Kuri (a) ''El Johnny'' para comer ''pancita''.

Luego de que el diputado del Partido Acción nacional (PAN), Agustín Castilla Marroquín, informó que el interno fue visto en un establecimiento comiendo, el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, Gerardo Campos, declaró que la información ''fue imprecisa''.

''Succar Kuri está en su celda del penal, no ha salido ni sale nadie, las instrucciones son precisas de aplicar el reglamento y la ley conforme corresponde'', aseveró.

Castilla Marroquín presentó la víspera una denuncia de hechos en la Procuraduría General de la República (PGR) para que investiguen a las autoridades de la cárcel de Cancún porque presuntamente permitieron la salida de Succar Kuri, sentenciado por el delito de pornografía infantil y corrupción de menores a más de 13 años de prisión.

En su denuncia, denunció que el 16 de abril el presunto pederasta comió ''pancita'' en un local de la avenida industrial acompañado de un posible custodio de la prisión con lentes negros y camisa blanca.

Succar forma parte de la población penitenciaria de Cancún desde el 26 de marzo de 2010 en la celda 99-I y ''por ningún motivo se le ha permitido salir de este centro de reclusión'', puntualizó Sánchez Baltasar en un comunicado.

''Las medidas de seguridad son y seguirán siendo estrictas y apegadas a reglamento; en esta nueva administración, no se permite ni se permitirá a ningún reo, por ningún motivo, abandonar la cárcel'', reiteró.

Es una calumnia, yo soy la persona...", declara José Rumbia, quien fue confundido con Succar Kuri

José Rumbia, herrero

"Es una calumnia, yo soy la persona que sale en la foto y no Succar Kuri", expresó en tono molesto José Rumbia, un herrero que vive en Cancún y trabaja en la Riviera Maya.

El martes el diputado federal panista Agustín Castilla Marroquín denunció ante la PGR que Jean Succar Kuri fue visto desayunando "pancita" en Cancún acompañado de otros reos de la cárcel de esta ciudad y que tenía una fotos para probarlo.

En entrevista con el Diario, José Rumbia admite que efectivamente es el de la foto, que se la tomaron en un restaurante de la avenida Industrial y que la persona que lo acompaña no es un custodio, como asegura el legislador.

Por su parte, Guillermo de la Cruz afirmó que la persona que sale en la gráfica es en realidad su suegro, José Rumbia, y no el reo Succar Kuri. Dijo que están muy preocupados por esa confusión e incluso temen por la seguridad de su suegro.-M.V.V.