El juez sexto de Distrito de Procesos Penales Federales, Alejandro Caballero Vértiz, decretó el auto de formal prisión contra la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo Morales, por su probable responsabilidad en los delitos de operación con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
El juez resolvió en igual sentido contra Isaías Gallardo Chávez, José Manuel Díaz Flores y Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, coacusados del caso, según el decreto dado a conocer a las 22:15 horas de este lunes y tras agotarse el plazo constitucional de 144 horas para decretar su situación jurídica.
Los inculpados no tendrán el beneficio de la libertad bajo caución debido a que los delitos por los cuales están acusados están considerados como graves; el juicio ordinario se seguirá en la causa penal 11/2013.
El juez determinó dictar el auto de formal prisión en virtud de los elementos valorados, que consideró suficientes para acreditar que la organización delictiva a la que pertenecen Gallardo Chávez, Díaz Flores, Ugarte Ramírez y Gordillo Morales.
Al respecto se detalló que en el periodo comprendido del año 2009 a 2012, esas personas presuntamente transfirieron a cuentas propias dinero de diversas cuentas bancarias a nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
En este caso se determinó abrir un proceso penal contra los acusados por violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, prevista y sancionada en el Artículo 2, fracción I, hipótesis sexta de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
También por su participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita, acto ilícito previsto y sancionado en el Artículo 400 Bis del Código Penal Federal.
La Procuraduría General de la República (PGR) consignó a los probables responsables, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda detectara una operación inusual, por dos millones 600 mil pesos, de Nora Guadalupe Ugarte.
Al investigar esta operación se evidenciaron múltiples operaciones dentro del sistema financiero por una cantidad superior a los dos mil millones de pesos, que provenían de dos cuentas bancarias del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
La referida Unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) amplió su investigación para verificar los destinos de los recursos retirados de las cuentas 5637017000001663 y 5637017000003616 de Banco Santander de México, pertenecientes al referido gremio.
Las pesquisas revelaron que de 2008 a 2012 se desviaron recursos de estas cuentas a personas físicas, los cuales fueron retirados mediante cheques de caja y transferencias, triangulando recursos a cuentas de personas físicas y morales nacionales y extranjeras.
Por ello la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República (PGR), que concluyó la participación de Gordillo Morales en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Aunque en un primer intento se impidió la entrada al juzgado de la senadora Mónica Arriola, hija de la presidenta vitalicia del sindicato magisterial, por no estar autorizada por la defensa, poco después pudo ingresar y reunirse con los abogados de Gordillo Morales.
El sábado 23 de febrero se presentó una acción penal contra Elba Esther Gordillo, al día siguiente se obtuvo una orden de aprehensión por el juez Sexto de Distrito de Procesos Penales en el Distrito Federal, que se cumplimentó el martes 26 de febrero en el aeropuerto de Toluca, Estado de México.
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