Genaro García Luna asegura que la intimidación es la nueva arma de los cárteles para obtener el respaldo de la sociedad
CANCÚN, QUINTANA ROO (07/ABR/2011).- Por medio de la violencia extrema las bandas del narcotráfico intentan elevar el costo político contra la autoridad para que ésta se repliegue y deje de combatirla, aseguró el secretario de Seguridad Pública Federal (SSP), Genaro García Luna.
Durante su ponencia “Amenaza Mundial de las Drogas” en los trabajados de la Cumbre Internacional para el Control de Drogas (IDEC) el funcionario federal dijo que en la administración del Presidente Felipe Calderón en lugar de replegarse ha enfrentado con contundencia a estas organizaciones.
Advirtió que los cárteles también intentan obtener el respaldo de la sociedad por medio de la violencia y la intimidación; lo que es una advertencia pues la sociedad deja de denunciar.
Ante representantes de más de 100 países, García Luna aseguró que se ha venido dando un nuevo fenómeno por parte del crimen organizado que utiliza a delincuentes comunes y pandillas juveniles para traficar sus mercancías.
Destacó que en el pasado los delincuentes tardaban hasta 15 años en escalar la pirámide en estructuras similares; en contraste hoy sólo tardan un mes en incursionar en delitos de alto impacto como el sicariato.
García Luna destacó que en la lucha del Gobierno mexicano contra este flagelo se han registrado decomisos en droga, dinero en efectivo y armamento.
En la Ciudad de México, el ex presidente Álvaro Uribe aplaudió los esfuerzos de México contra el crimen y dijo que es un ejemplo para América Latina al reconocer el problema del narcotráfico y combatirlo, pues las drogas son la fuente de los contravalores democráticos.
Por su parte, Michele M. Leonhart titular de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, dijo no tener “ninguna duda” de que México ganará la lucha contra el crimen organizado.
La funcionaria señaló, además con el combate al crimen no sólo ganará México, “sino también el resto del mundo” que sufre el impacto de los cárteles mexicanos.
CRONOLOGÍA
Iniciativas en el tintero
Policía nacional
2 de septiembre de 2008
El Presidente Felipe Calderón aseguró que México necesitaba una Policía nacional, pero reconoció que primero la Policía federal debería ser confiable y eficiente. El Mandatario (imagen) reconoció que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, se había acercado a gobiernos locales para participar en la designación de los mandos policiacos, aunque consideró que esa labor no era suficiente ni equiparable con lo que sería una Policía unificada.
Fue hasta el 3 de junio de 2010 que el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó por unanimidad la propuesta del Presidente Felipe Calderón y se integraría una Comisión Especial que diera seguimiento al acuerdo encaminado a concretar la propuesta para un nuevo modelo policial en el país.
El Mandatario planteó que dicha comisión estuviera integrada por el presidente y vicepresidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, es decir los mandatarios de Nuevo León y Jalisco, Rodrigo Medina de la Cruz y Emilio González Márquez, respectivamente. Hasta la fecha el caso no se concretó.
Mando único propuesto por conago
El 22 de marzo de 2010
La plenaria de la Confederación Nacional de Gobernadores (CONAGO), la Comisión de Seguridad Pública presentó una propuesta para conformar el Mando Único Policial que buscaría reformar por completo el modelo policial que rige a la federación.
En la reunión preliminar, presidida por Leonel Godoy Rangel en su calidad de presidente de la CONAGO (imagen), la comisión concordó en que la importancia de dicha propuesta recaía en la necesidad de conformar una sola estrategia en la que la federación esté completamente coordinada con las fuerzas estatales y municipales. El modelo — propuesto por Bernardo González Aréchiga, coordinador nacional de la escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del ITESM—, propone la conformación de un solo mando único a nivel estatal, que suprimiría a las policías municipales y tendría facultades para coordinarse con la Policía federal.
En 2010 el entonces gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, se reunió con las Comisiones de Seguridad y Defensa Nacional de las cámaras de Diputados y Senadores donde planteó la necesidad del Mando Único, pero hasta la fecha la iniciativa continúa sin aprobarse.
“Lavado” de dinero
29 de agosto de 2010
El Presidente de la República, Felipe Calderón, propuso al Senado una iniciativa contra el “lavado” de dinero. La reforma proponía castigar a los llamados prestanombres y atenuar la pena si revelan la identidad de quienes les dieron los recursos y dan información sobre las propiedades de los que tratan de perpetrar el ilícito.
La iniciativa propone además dejar a un lado el secreto fiscal cuando se presuman actividades de terrorismo nacional e internacional y de “lavado” de dinero, y a las instituciones bancarias se les obliga a dar información a la Procuraduría General de la República (PGR) y otras instancias como las procuradurías de Justicia estatales para investigar, previa solicitud, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Fue hasta el lunes pasado que el Senado declaró que la siguiente semana discutirá la iniciativa de ley antilavado, con una modificación que elimina que corredores, notarios o fedatarios sean criminalizados por verse involucrados en actividades sospechosas de lavado de dinero que deben denunciar, además de la creación de un organismo federal dedicado a contrarrestar esta práctica.
Mando único propuesto por calderón
6 de octubre de 2010
Felipe Calderón envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para establecer el Mando Único Policial, que respondía a la demanda ciudadana de contar con policías confiables y eficaces, y además transformará el rostro de los cuerpos de seguridad en el país.
En compañía del secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, y de Seguridad Pública, Genaro García Luna (imagen), el Mandatario subrayó que la enmienda pretende que cada Estado cuente con un cuerpo policial bajo el mando único del Gobernador, que nombrará a su titular. Las policías estatales y municipales estarían bajo el mando del mismo con el objetivo de facilitar la coordinación de las fuerzas estatales y municipales, y de éstas con la Policía Federal.
Pero sólo una semana después la enmienda topó con pared. Alcaldes de distintos partidos políticos acudieron al Senado para dejar en claro su rechazo al proyecto, pues coincidieron que convertiría a los gobernadores en “un gran cacique, y reduciría los ayuntamientos en simples departamentos de trámite”. Por tal motivo la enmienda no prosperó.
Fuero militar
19 de octubre de 2010
El Ejecutivo federal envió al Senado una propuesta que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Código Penal Federal.
La reforma tenía por objeto excluir de la jurisdicción militar los delitos de desaparición forzada de personas, la tortura y la violación, es decir, los infractores castrenses serán juzgados por tribunales civiles.
Luego de cientos de denuncias impuestas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre casos de tortura y agresión por parte de militares, el Gobierno federal decidió proponer la iniciativa.
Luego de que la administración de Calderón decidiera mandar a las Fuerzas Armadas a las calles para combatir el crimen organizado, las quejas de civiles comenzaron a llegar incluso a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), por lo que las mismas presionaron al Presidente a tomar cartas en el asunto.
Aun así, el proyecto se estancó porque, según las bancadas del Senado, la medida estaba incompleta ya que sólo abarcaba tres tipos de violaciones: desaparición forzada, tortura y violación.
Policía acreditable
7 de enero de 2011
El secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, impone la Policía Estatal Acreditable, un proyecto que, de acuerdo al titular de la Segob, tardará más de tres años en llevar a cabo. Blake Mora (izquierda, con Guillermo Padrés en Sonora) aseguró que en el programa se invertirán más de 13 mil millones de pesos a nivel nacional.
El primer Estado en aceptar el convenio de dicho mando policial fue Sonora, en un acuerdo que firmó el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) con el gobernador sonorense, Guillermo Padrés Elías. Una semana después Blake Mora firmó la enmienda en Sonora, con Francisco Martín Camberos, director general del Sistema de Seguridad Pública.
César Duarte, gobernador de Chihuahua, firmó también el proyecto de la nueva Policía a principios de febrero pasado.
En todos los estados el esquema de la Policía Estatal Acreditable se integrará por 422 elementos policíacos, de los cuales 30 de ellos conformarán la Unidad de Análisis Táctico, otros 100 agentes formarán parte de la Unidad de Investigación y 270 más de los Operativos con Unidades de Fuerza, precisó, estando estas tres áreas bajo el mando de un Comisario General.
