Atentan contra libertad de expresiónen Tabasco, últimas modificaciones al Código Penal

Kristian Antonio Cerino

Corresponsal en Villahermosa

Las modificaciones aprobadas por el Congreso de Tabasco al Código Penal, en donde una persona podrá ser encarcelada por difundir un “rumor” o una información que “genere caos”, puede ser el preámbulo para obstruir la libertad de expresión.

Académicos y periodistas coinciden que el voto unánime para castigar con cárcel a quienes difundan una falsa información, por celular o redes sociales, u otro medio, es con el fin de atemorizar a los comunicadores y a los ciudadanos que han encontrado en internet, la vía para manifestar sus desacuerdos o plantear sus criticas.

Alertaron que Tabasco, en lo inmediato, habrá de vivir un escenario semejante al de Veracruz, estado que encarceló a dos usuarios de redes sociales porque presuntamente generaron un caos ciudadano al publicar comentarios “alarmistas”.

Leobardo Marín, exbecario de la Fundación Prensa y Democracia y columnista de Tabasco, señala que el único fin al realizar las modificaciones al Código Penal del Estado es para “coartar la libertad de expresión” y “controlar a los medios”

Marín, corresponsal de W Radio y un usuario de Twitter en donde le siguen mil 275 personas, lamenta que esta decisión de los diputados locales, misma que entrará en vigor cuando se publique en el Diario Oficial del Estado, no esté preocupando a los ciudadanos y sólo a algunos periodistas.

“Si algunos periodistas al estar limitados en sus medios, usan las redes sociales para opinar, ahora se busca atemorizarlos para que ya no escriban en las redes”, añade.

Para Hugo Macías Morales, maestro en Comunicación por la Ibero y columnista en el Heraldo de Tabasco, “más allá de evitar un caos ciudadano (con rumores), yo creo que se violentan las libertades de expresión y el ejercicio periodístico se ve cuartado”.

La preocupación es que si el gobierno local busca impedir que en redes sociales, como en cualquier otro medio, los ciudadanos publiquen mensajes falsos, esto también pueda afectar a los periodistas, que al redactar sus informaciones, emplean filtraciones o protegen a sus fuentes.

Gerardo Meléndez, experto en periodismo Político por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, explica que el poder juzgar un rumor no será nada fácil:

–¿Cómo establecemos los parámetros para juzgar el rumor? –se pregunta.

En su experiencia periodística, precisa, el rumor siempre es y ha sido una estrategia política y el rumor también se ha usado para cosas positivas.

“Cómo evaluar los efectos del rumor. Esta evaluación sería subjetiva. Un buen rumor en periodismo, es una gran noticia confirmada”, recuerda.

En Tabasco, un estado con más de 2 millones de habitantes y una tierra que está plagada de periódicos y revistas, este tema se ha discutido poco. Las modificaciones al Código Penal del Estado no ha generado el debate que se requiere.

Diarios como Tabasco Hoy y La Verdad del Sureste le han dado una especial atención ante la gravedad de la problemática.

La verdad del Sureste tituló: Congreso tipifica como “delito” difundir rumores. Y Tabasco Hoy: Aprueban Ley contra rumor; cuartará libertades.

Nancy Cruz, editora de diarios digitales y analista de los efectos de la comunicación, sostiene que el poder político de Tabasco sólo tiene un propósito: Cerrar el camino de la libertad de expresión.

“La ineptitud de las autoridades es lo que genera la incertidumbre en el ciudadano, si las autoridades cumplieran su trabajo, y tuvieran un nivel de credibilidad ante los ciudadanos, nadie, absolutamente nadie, podría venir a propagar un rumor a través de ningún medio de comunicación”.

Cruz, egresada de la Licenciatura en Comunicación por la UJAT, lamenta que con estas medidas intimidatorias se busque opacar a la opinión pública.

“Yo nunca he visto que se castigue a un periódico de nota roja por difamar a un ciudadano a través de sus páginas”.

Asimismo, el periodista cultural, Juan López, afirma que estas modificaciones al Código Penal debieron ser en otro sentido:

“Pero del notarojismo y del sexoservicio descarado de algunos medios, no se dijo nada”. Esto porque en Tabasco circulan un par de diarios de Nota Roja en donde se publican constantemente fotografías de muertos y se incluye entre sus páginas anuncios de tipo sexual.

Sobre el tema, José Dolores Espinoza, diputado que impulsó la reforma, aclara que se tendrá un equipo especial para detectar a quienes intenten generar pánico entre los ciudadanos, sobre todo a través de las redes sociales de Facebook y Twitter.

“En su momento se va a definir cuál es la forma en que se va a detectar en redes sociales”, agregó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia.

En la prensa local, Joel Alberto García, un experto en leyes, cuestiona esta reforma y asegura que en el fondo se pretende frenar la libertad de expresión en redes sociales bajo el argumento que se tiene que detener “la rumorología”.

Desde que inició el año, el gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, anunció que controlaría “la rumorología” y esto ya comenzó con la iniciativa que envió al poder Legislativo, según da cuenta el sitio web del Congreso de Tabasco.

El gobernador Granier, en la exposición de motivos leída en el Congreso, rechaza que su iniciativa “de ninguna manera vulnera la garantía de libertad de expresión”, porque los ciudadanos que viven en el estado tienen “el inalienable derecho de manifestar libremente sus ideas sin temor a represión alguna”. Así lo transcribió el periodista Julio Pretelín en el diario La Verdad del Sureste.

Primero, con estas modificaciones al Código Penal, se pretendía castigar a los bromistas que hablaban a la policía local para denunciar delitos falsos, pero después se le agregó un castigo ejemplar a los propagadores del rumor. Incluso, desde el mes de mayo, el gobierno local lanzó una campaña de medio para frenar el rumor sobre falsos tiroteos, crímenes o secuestros.

Hasta 6 años de cárcel en Tabasco por “falsas alarmas” en redes sociales

“A quien utilice el servicio telefónico o cualquier medio de comunicación masiva para dar aviso de alarma o emergencia falsa, provocando con ello la movilización o presencia de servicios de emergencia o cuerpos de seguridad pública, o provoque caos o inseguridad social, se impondrá prisión de seis a dos años y de cincuenta a trescientos días de multa”, así quedó el artículo 312 bis del Código Penal del Estado.

En tanto, los periodistas críticos del gobierno local, temen que se vaya a desatar una cacería por los comentarios “incómodos” que escriben diariamente en las redes sociales.

El Congreso de Tabasco aprobó una ley que plantea castigar con hasta seis años de cárcel a quienes utilicen el servicio telefónico o cualquier medio de comunicación masiva, incluyendo redes sociales para dar aviso de alarma falsa que pueda provocar pánico y caos social.

Con el dictamen se adiciona el Artículo 312 bis al Código Penal del Estado, para tipificar las llamadas o avisos falsos, a los servicios de alarma o emergencia y el cual fue aprobado por unanimidad.

“A quien utilice el servicio telefónico o cualquier medio de comunicación masiva para dar aviso de alarma o emergencia falsa, provocando con ello la movilización o presencia de servicios de emergencia o cuerpos de seguridad pública, o provoque caos o inseguridad social, se impondrá prisión de seis a dos años y de cincuenta a trescientos días de multa”, dice textualmente el nuevo artículo.

La aprobación de esta ley se presenta el mismo día que un juez penal en Veracruz dictó auto de formal prisión contra la periodista María de Jesús Bravo Pagola y el tuitero Gilberto Martínez Vera, detenidos el viernes 26 de agosto por representantes la Procuraduría General de Justicia en Veracruz (PGJV), luego de ser acusados por la presunta comisión de los delitos de sabotaje y terrorismo.

El Juez de la causa determinó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público, adscrito a la PGJV, si demostraban la probable responsabilidad de los inculpados, acusados de producir “alarma, temor, (y) terror” contra la población del puerto al difundir mensajes, a través de las redes sociales Twitter y Facebook, en los que advertían que grupos armados estaban atacando a alumnos y padres de familias que se encontraban en centro escolares de la zona Veracruz-Boca del Río

Los dos tuiteros fueron arrestados la semana pasada por la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) del gobierno del priista Javier Duarte acusados de actos terroristas por el gobierno y por “sembrar el pánico” entre ciudadanos de Veracruz, al asegurar que el crimen organizado atacaría escuelas, lo que provocó que fueran cerrados los centros de estudio.

Con información de Tabasco Hoy.

Amnistía Intenational contra la violación de los Derechos Humanos de dos usuarios de Tweeter y Facebook

Amnistía Internacional se unió a las voces contra la detención, encarcelamiento y formal prisión a dos usuarios de Twitter y Facebook por supuestamente difundir información errónea sobre una balacera en Veracruz, a quienes se les acusó de terrorismo.

Ya ayer Artículo 19 había dado un posicionamiento sobre el tema, y hoy te reproducimos textual el comunicado de Aministía Internacional al respecto:

“Dos personas han sido detenidas en Veracruz, México, con cargos por terrorismo y sabotaje, luego de que se les acusará de publicar mensajes vía Twitter y Facebook. Las investigaciones están en curso y hasta el momento se les ha sido negado acceso a un proceso judicial justo. En caso de se les encuentre culpables podrían enfrentar treinta años en prisión.

“El 26 de agosto, la periodista local María de Jesús Bravo Pagola (conocida como Maruchi) y el maestro Gilberto Martínez Vera fueron detenidos por la policía en sus casas en la Ciudad de Veracruz, ubicada en la costa este de México. Según las autoridades estatales, ambos habían sido rastreados y arrestados después de que rumores sobre posibles ataques a escuelas locales por grupos criminales circularan a través de las redes sociales el 25 de agosto, lo que dio como resultado que padres de familia recogieran a sus niños y varias escuelas cerraran temporalmente. El gobierno del estado responsabilizo del pánico a la rápida circulación de falsa información y acusó a María de Jesús Bravo y a Gilberto Martínez Vera de circular la historia en Twitter y Facebok, fueron detenidos y acusados de terrorismo y sabotaje de acuerdo con el Código Penal de Veracruz.

“Las dos personas detenidas fueron transferidas a Xalapa, capital del estado de Veracruz, donde les mantuvieron incomunicadas por más de 60 horas. Durante el proceso de interrogación se les puso bajo presión con la finalidad de que en sus declaraciones admitieran ser culpables de circular información falsa y no les permitieron acceso a sus abogados. En sus últimas declaraciones ante el juez, alegaron maltrato y coacción por parte de las autoridades y manifestaron ser completamente inocentes. No existe aparentemente evidencia de que ambos estuvieran involucrados o fueran cómplices en actos de terrorismo o sabotaje, sin embargo el 31 de agosto un juez dictaminó que había pruebas suficientes para proceder con el juicio y requirió que se les mantuviese en custodia.

“En meses recientes ha habido un incremento de violencia en Veracruz, ya que diferentes cárteles compiten por el control de la ciudad. La inseguridad crea un clima de desconfianza, en el cual los rumores que circulan por las redes sociales son parte del intento de las personas por protegerse a sí mismas ya que existe muy poca información fidedigna.

“Amnistía Internacional encuentra preocupante que si bien, la información que circuló a través de Twitter y Facebook pudo no haber sido correcta, la detención y acusaciones a María de Jesús Bravo y Gilberto Martínez Vera por cargos de terrorismo y sabotaje son injustos y violan su derecho a la justicia y la libertad de expresión. Amnistía Internacional cree que es responsabilidad de las autoridades difundir información correcta y confiable sobre las medidas que está tomando para proteger a la población.

Información adicional

“Desde el 2007 la violencia ligada al crimen organizado ha llegado una magnitud cercana a los 40, 000 asesinatos. La administración del Presidente Calderón ha intentado combatir a los cárteles de la droga desplegando miles de policías federales y más de 50 mil efectivos militares y personal de la marina en las áreas más afectadas. Miembros de la policía y de otras fuerzas de seguridad, así como autoridades locales son frecuentemente sospechosos de corrupción y de estar coludidos con grupos criminales, creando un clima de impunidad e inseguridad para la población en las áreas afectadas.

Veracruz ha sido testigo de cómo se han incrementado los niveles de violencia cada que diferentes cárteles compiten por el control. A través del país la violencia ha dado como resultado muertes de civiles que no se encuentran involucrados, así como de asesinatos indiscriminados a transeúntes. El incremento de los ataques a periodistas por parte de los grupos criminales ha minado la cobertura sobre seguridad, y el fracaso de las autoridades para proporcionar información fidedigna y a tiempo ha alentado el uso de las redes sociales como vía de comunicación para alertar a las personas de supuestos ataques y amenazas a sus comunidades”.

Amnistía Internacional insta a escribir a las autoridades:

- Expresando preocupación por la detención y acusaciones a María de Jesús Bravo y Gilberto Martínez Vera en Veracruz, por los cargos de terrorismo y sabotaje, en conexión con publicaciones vía Twitter y Facebook el 25 de agosto.

“- Llamando a que se realicen investigaciones inmediatas e imparciales de las denuncias sobre maltrato y coerción, así como de la negación al acceso a abogados de su elección durante su detención y juicio por la policía judicial y autoridades.

- Pidiendo que sean respetado el derecho a un juicio justo y la libertad de expresión y exigiendo por una revisión completa de la conducta de las autoridades estatales en la detención y acusaciones a María de Jesús Bravo y Gilberto Martínez Vera.

Gobernador del estado de Veracruz.

Javier Duarte Ochoa

Palacio de Gobierno, Av. Enriquez S/N, Col. Centro, CP 91000, Xalapa

Veracuruz, México.

Fax:+52 228 841 8818

Email: javierduarte@veracruz.gob.mx

Tratamiento: Estimado Gobernador

Procurador General del Estado de Veracruz

Lic. Reynaldo Gaudencio Escobar Pérez; Procuraduría General de Justicia; Circuito Rafael Guizar y Valencia No. 707; Colonia Reserva Territoria; C.P. 91096 Xalapa; Veracruz; México

Fax: +52 228 841 6184

Email: notaspgjver@hotmail.com

Tratamiento: Estimado Procurador

Name: María de Jesús Bravo and Gilberto Martínez Vera

Gender m/f: María de Jesús Bravo (f); Gilberto Martínez Vera (m)

UA: 261/11 Index: AMR 41/052/2011 Issue Date: 31 August 2011″

El posicionamiento de Artículo 19

Artículo 19 emitió este miércoles un posicionamiento sobre las condenas a dos tuiteros acusados de terrorismo por el estado de Veracruz. El caso ha tenido gran viralidad en redes sociales, y aquí les dejamos la postura de la organización dedicada a defender la libertad de expresión.

El 25 de agosto se difundieron rumores a través de Twitter sobre un posible ataque a una escuela primaria en la ciudad de Veracruz, Veracruz (Este). Como respuesta la Procuraduría General de Justicia anunció horas después que presentaría cargos bajo el delito de terrorismo en contra de los dueños de 17 cuentas de Twitter lo que derivó en la detención de Maruchi Bravo Pagola (@maruchibravo) y Gilberto Martínez Vera (@gilius_22).

Maruchi Bravo fue empleada del gobierno de Veracruz adscrita al Ministerio de Educación donde fungía como directora de actividades artísticas y culturales. Tanto Bravo como Martínez se declararon inocentes de todos los cargos. Unas horas más tarde, una carta de Bravo circuló en los medios de comunicación acusando a la Procuraduría de Justicia de someterla a maltratos psicológicos.

Las autoridades han rechazado las acusaciones de maltrato e insisten en que la investigación no constituye una violación al derecho a la libertad de expresión, sino una acción decisiva para proteger a la gente de Veracruz de la desinformación y el terror. Sin embargo, mientras que los rumores circulaban ninguna de los dos cuentas de Twitter del gobierno en materia de seguridad pública, ofrecieron con información que desestimara los rumores sino que se limitaron a reproducir el mensaje del gobernador condenando el “mal uso de las redes sociales para esparcir terror”. Los límites del ejercicio del derecho a la libertad de expresión están claramente definidos por el derecho internacional y no incluyen la condena a la difusión de información falsa o sin confirmar.

Bravo y Martínez están detenidos y acusados bajo el cargo de terrorismo contemplado en el Código Penal de Veracruz artículo 311 y de ser sentenciados podrían enfrentar una pena de prisión de 3 a 30 años.

“La detención de usuarios de Twiter por terrorismo es el último intento de restringir la libertad de expresión en Veracruz. La crisis de seguridad pública en el estado ha severamente obstaculizado el libre flujo de información con cuatro asesinatos de periodistas en lo que va del año y ahora el uso discrecional de la ley para perseguir a los usuarios de Twitter es un exceso.” Comentó Darío Ramírez Director de la Oficina para México y Centro América de ARTíCULO 19.

ARTICLE 19 hace un llamado al gobernador Javier Duarte para que se abstenga de interferir en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, lo cual incluye la restricción de este derecho de manera injustificadas y desproporcionadas en el terreno de la seguridad nacional y seguridad pública.

ARTICLE 19 también hace un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que verifique las condiciones de arresto Maruchi Bravo y Gilberto Martínez, así como para corroborar que su derecho al debido proceso se ha respetado.

Estos son los argumentos del juez contra los tuiteros (tweeters)

Los tuiteros veracruzanos que el 25 de agosto supuestamente causaron alarma, son acusados por Terrorismo en su forma equiparada, es decir, que no cometieron el delito tal cual se considera en la ley, sino de una forma que se parece, o que tuvo los mismos efectos en la población.

En este caso, el auto de formal prisión asegura que “los elementos de prueba no resultan aptos y suficientes para jurídicamente para tener por comprobado el delito de terrorismo”, y descarta el elemento: “A quien utilizando explosivos, sustancias tóxicas, arma de fuego o por incendio, inundación o por cualquier medio”, dado que no se puede comprobar dicho delito, “sino todo lo contrario, de lo que se les denuncia y se logró probar, es de haber causado zozobra en la población… al utilizar los medios electrónicos para simular que estaban ocurriendo esos sucesos, sin que eso fuera cierto”.

Es decir, que aunque no se utilizaron explosivos, sustancias tóxicas, o algún otro medio, los mensajes emitidos a través de Twitter y Facebook tuvieron supuestamente el mismo efecto señalado en la ley “Aun cuando en este delito la conducta consiste en la realización dolosa de actos contra las personas, las cosas, o los servicios públicos, el resultado de esta conducta debe ser el producir alarma, temo o terror en la población o en uno de sus grupos… y el fin que persigue el delincuente es el de perturbar la paz pública…”

Por ello, el auto de formal prisión emitido por el juez contempla que el delito cometido es el de Terrorismo y Sabotaje, pero no en su forma genérica, sino en su forma equiparada contemplada en el artículo 313 del Código Penal.

Según su consideración, el delito del que son culpables es de Terrorismo no configurado, según la legislación del Estado de Baja California, dado a conocer en 1993.

El otro argumento del juez, está basado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala que se debe sancionar la utilización de cualquier medio “que produzca alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella para perturbar la paz pública o tratar de menoscabar la autoridad del Estado o presionar a la autoridad para que tome una determinación”, pero al no haber “medios comisivos” se actualiza otro delito

El auto de formal prisión también señala que hubo delitos contra la seguridad del Estado, basados en el artículo 313 del Código Penal que dice que “Se considera terrorista a quien haga señales, dé voces de alarma o provoque estruendos por loe medios idóneos, simulando la posible existencia de alguno de los actos considerados por el delito de terrorismo, con el fin de suscitar tumultos, desórdenes, alarma o zozobra aun cuando estos no se produzcan”.

El juez considera que los tuiteros cayeron en los siguientes elementos.

a) A quien haga señales, dé voces de alarma o provoque estruendos por los medios idóneos.

b) Simulando la posible existencia de alguno de los actos considerados por el delito de terrorismo: que hayan utilizado explosivo, sustancias tóxicas, armas de fuego, provocando un incendio o una inundación u otro medio;

c) Con el fin de suscitar tumultos, desórdenes, alarma o zozobra aun cuando estos no se produzcan.

Por lo que según el juez, se demuestra que los indiciados utilizaron las redes sociales para desplegar sus conductas delictivas.

Las pruebas

El Juez considera como pruebas que:

Se tienen pruebas documentales, de noticias en diarios veracruzanos en los que se da cuenta con motivo de rumores en las redes sociales de supuestos hechos violentos en las ciudades de Veracruz y Boca del Río y en el punto 2 de los considerandos apunta que también se tiene la documental que contiene el monitoreo de medios electrónicos del 25 de agosto, día en el que se suscitaron los supuestos rumores.

Dentro de las pruebas que considera el juez, se encuentran los oficios de investigación de agentes ministeriales comisionados al caso, y que consisten en el rastreo de cuentas de internet y de redes sociales, lo que dio lugar a la orden de presentación de Gilberto Martínez Vera y de María de los Ángeles Bravo Pagola.

Además, se obtuvo la pericial en informática forense de la que se desprende que se extrajo información importante del equipo de Martínez Vera, relacionada con los mensajes subidos a través del usuario @Gilius_22 en Twitter, y también de “Maruchi Bravo Pagola”.

Otra prueba es que un oficio comprueba que el servicio de Emergencia 066 se vio bloqueado por varias horas, y se colapsaron las redes telefónicas de la ciudad de Veracruz, Veracruz.

Y para sumarle un poquito más, también cuentan con la declaración de la Cámara Nacional de Comercio, en las que se asegura que ese día, los afiliados a la organización sufrieron pérdidas cercanas al 70% de sus ventas.

El auto de formal prisión también señala que una de las pruebas, es el diario Notiver, el cual publica varias fotos en las que se puede ver “claramente fotografías de padres de familia corriendo jalando a sus hijos, en virtud de la histeria colectiva que se desató gracias a las diversas informaciones falsas“.

Aquí te dejamos el auto de formal prisión dictado a los tuiteros de Veracruz.

Duarte Ochoa dice "...me considero usuario...pero lo hago responsablemente"

El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, defendió la decisión de su gobierno de acusar de terrorismo a dos tuiteros que advirtieron sobre ataques a escuelas en el puerto de Veracruz.

Entrevistado en el Museo Nacional de Antropología, luego del mensaje del presidente Felipe Calderón con motivo de su V Informe de Gobierno, dijo que el tema no son estas dos personas, sino el delito en que incurrieron.

Insistió en que es correcta la acusación contra la periodista María de Jesús Bravo y el profesor Gilberto Martínez, pues la conducta de terrorismo y sabotaje que aparece tipificada en el Código Penal de Veracruz, “concuerda perfectamente con la actividad que estas dos personas realizaron y que puso en riesgo a miles de niños”.

Duarte de Ochoa señaló que desconoce si estas dos personas lanzaron los mensajes en Twitter pensando en las consecuencias de sus actos, pero “está claro que hay la intención de alarmar y mentir”.

Según el gobernador de Veracruz, la detención de Bravo y Martínez no tiene que ver con el hecho de que utilicen las redes sociales. “Yo mismo me considero usuario de las redes sociales, pero lo hago responsablemente”.

Insistió en que los mensajes que se supone enviaron estas personas causaron problemas de tránsito, choques, crisis nerviosas y pusieron en peligro a miles de niños en las escuelas.

El problema fue que los anuncios fueron leídos por directivos de escuelas, quienes llamaron a los padres de familia, como efecto de la “onda expansiva” que provocan las redes sociales.

Por ello, insistió en que el problema no son las redes sociales, “supuestamente privadas”, sino la forma en que éstas se utilizan.

Notimex.

Solicitarán amparo ante la justicia federal, señaló Fidel Ordoñez, encargado de la defensa de Tweeters

Francisco Sandoval Alarcón
(@MRTERREMOTO)
animalpolitico.com

Un juez penal en Veracruz dictó auto de formal prisión contra la periodista María de Jesús Bravo Pagola y el tuitero Gilberto Martínez Vera, detenidos el viernes 26 de agosto por representantes la Procuraduría General de Justicia en Veracruz (PGJV), luego de ser acusados por la presunta comisión de los delitos de sabotaje y terrorismo.

A las tres de la mañana de este miércoles, el Juez de la causa determinó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público, adscrito a la PGJV, si demostraban la probable responsabilidad de los inculpados, acusados de producir “alarma, temor, (y) terror” contra la población del puerto al difundir mensajes, a través de las redes sociales Twitter y Facebook, en los que advertían que grupos armados estaban atacando a alumnos y padres de familias que se encontraban en centro escolares de la zona Veracruz-Boca del Río.

Entrevistado por Animal Político, Fidel Ordoñez, abogado defensor de los detenidos, informó que en el transcurso de la semana solicitarán a un amparo a la justicia federal, con el objetivo de solicitar la libertad del tuitero y la periodista, bajo el argumento que con esta detención se violaron derechos humanos y garantías individuales como la libertad de expresión.

Según el abogado, el Juez penal que dictó la formal prisión tiene de tres a seis meses para resolver la situación legal de los detenidos, sin embargo, explicó que con el amparo que pedirán el tiempo se va a recortar, pero no especificó cuánto.

“Vamos a ir las garantías violadas, lo que significa que en el amparo se deben estudiar estas violaciones de procedimiento y las violaciones formales a las garantías constitucionales de ellos”.

Sobre el estado de ánimo que guardan las familias de los detenidos, dijo que tanto los hijos de María de Jesús como la mamá de Gilberto se encuentran consternados.

“Como que no la creen. No entienden el por qué de esta situación. Ellos pensaban que sería un auto de libertad, pero no lo fue”.

Las autoridades veracruzanos, por su parte, se han negado a responder a los señalamientos que la periodista María de Jesús Bravo le hiciera al juez que lleva el caso, al acusar a los representantes de la PGJV de haberle arrancado una declaración ministerial bajo “coacción”.

Desde el lunes 29 de agosto, Animal Político ha solicitado en cuatro ocasiones, a los representantes de la PGJV, una postura oficial sobre los señalamientos de la periodista, pero hasta el momento no se ha tenido una respuesta de los funcionarios.

La organización para la defensa de la libertad de expresión, Artículo 19, emitió un posicionamiento en el que asegura que el gobierno de Veracruz obstaculiza el libre flujo de información.

Intentó matar a su esposa a cuchilladas

Detienen ayer por la mañana a Héctor López Vázquez, de 31 años de edad, quien amedrentó con un cuchillo a su mujer, Araceli Guzmán González, misma que explicó a la autoridad que su marido la trataba de matar, luego de que tuvieron una acalorada discusión, la cual no llegó a más, ya que la autoridad intervino a tiempo.

Fue así como en la mañana del jueves un incidente casero se convirtió en un intento de homicidio, cuando los ánimos se calentaron en lo que era una riña matrimonial, propiciando que Héctor López Vázquez sacara de entre sus ropas un cuchillo con el cual intentó agredir a su mujer, Araceli Guzmán González, quien al verse amenazada corrió a guarecerse de su pareja sentimental, la cual después de un rato salió a la calle, situación que le dio tiempo a la asustada mujer de llamar a la policía.

Fue así como se reportó al 066 un intento de homicidio, el cual iba a ser perpetrado en la Región 227, manzana 15, lote 6, lugar a donde se apersonaron elementos de Seguridad Pública, quienes cuestionaron a la compungida mujer, la cual les refirió que su marido se enojó tanto cuando estaban peleando, que sacó de su ropa un cuchillo con el cual la intentó matar, por ello se vio en la necesidad de llamar a la autoridad.

De esta forma, tras tomar su declaración, los elementos de Seguridad Pública se dieron a la tarea de localizar al enardecido marido, quien deambulaba por la zona, por lo que fue fácil detenerlo y subirlo a la patrulla, para trasladarlo a las instalaciones de la corporación donde se le practicó el examen médico de ley, y posteriormente ponerlo a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, el cual le dictaminará su situación legal.

Es así como el destino del agresor está en manos de Araceli Guzmán González, quien tendrá que ratificar la demanda si desea que su esposo, Héctor López Vázquez, sea castigado por el intento de homicidio, pues en muchos casos las mujeres que acusan a sus maridos de agresión se arrepienten, ya que generalmente se reconcilian antes de que se proceda a continuar con el caso, lo que hace que muchas veces estos hechos no sean castigados conforme a la ley.

Periodistas fallecieron asfixiadas, declara Miguel Angel Mancera,.procurador capitalino

El Procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, rechazó que las dos mujeres halladas asesinadas ayer en Iztapalapa, Ana Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, hayan sido torturadas.

"Hoy les puedo decir que no hay huellas de tortura", indicó.

En entrevista con Carmen Aristegui, Mancera señaló que de acuerdo con información del Servicio Médico Forense las víctimas fallecieron de asfixia, además de que los cuerpos tenían disparos de armas de fuego.

"Hay una muerte que corresponde a la asfixia y hay dos lesiones por disparo de armas de fuego, prácticamente el dato o el signo principal para la causa del fallecimiento es la asfixia; la asfixia que se lleva a cabo con un mecanismo que se corresponde, por la huellas, a algún tipo de soga ."

Mancera indicó que no descartan ninguna línea de investigación, sin embargo están muy claros de que el asesinato no está relacionado con su trabajo periodístico.

"Estamos muy claros de que su colaboradora no estaba en alguna investigación delicada".

Agregó que se indaga si el crimen se debió a un asalto, debido a que una de ellas había realizado un retiro de dinero.

Ayer, los cuerpos de las dos mujeres fueron localizados por corredores en un parque de Iztapalapa.

El Semanario Agencia, ESA

Identifican cadáveres de mujeres asesinadas en Iztapalapa

Ciudad de México

Las dos mujeres encontradas asesinadas en Iztapalapa fueron identificadas como dos periodistas y se investiga si sus agresores las mataron durante un robo.

Las víctimas fueron reconocidas como Ana María Marcela Yarce Riveros, fundadora y directora de Relaciones Públicas de la revista Contralínea, y Rocío González Trápaga, ex reportera de Televisa.

La PGJDF informó que las mujeres, quienes eran amigas desde hace más de 10 años, murieron por asfixia y se habían citado ayer para tomar un café.

De acuerdo con las primeras investigaciones, González Trápaga era dueña de una casa de cambio en el aeropuerto, y aparentemente ayer realizó un retiro de una fuerte suma de dinero, por lo que se indaga si el crimen se debió a un asalto.

La información fue corroborada por la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales y por un comunicado de la propia revista Contralínea.

“Contralínea, Periodismo de Investigación, comunica con profundo pesar el fallecimiento de las periodistas Ana María Marcela Yarce Riveros y Rocío González Trápaga.

“Yarce fue fundadora y reportera de Contralínea y actualmente se encontraba al frente del área de Relaciones Públicas, y Rocío González Trápaga era ex reportera de Televisa y amiga de esta casa editorial, actualmente ejercía el periodismo de manera independiente”, señala el comunicado de la revista.

A las 6:00 horas de este jueves, vecinos de la Colonia Las Maravillas reportaron a las autoridades el hallazgo de los dos cuerpos.

Niños matan a su madre con una Uzi

Santa Ana, Chihuahua.

Una mujer perdió la vida al recibir un disparo de arma de fuego en el cuello, cuando sus hijos accidentalmente tiraron una ametralladora tipo UZI, que se encontraba encima del trastero de la cocina.

La fiscalía del Estado informó del hecho, el cual ocurrió en el poblado de Santa Ana, en el municipio serrano de Chínipas.

Según el reporte del ministerio público, los niños jugaban con una pelota en el interior de la vivienda, cuando golpearon un trastero y cayó una ametralladora que se encontraba encima del mismo, accionándose al golpear contra el piso de cemento.

El reporte ministerial añade que los hechos se dieron el pasado 30 de agosto, en el municipio de Chínipas, en la sierra Tarahumara, donde perdió la vida Brenda Gabriela Núñez Márquez, de 32 años de edad.

La mujer recibió una herida del arma de fuego calibre 9 milímetros a la altura del cuello, lo que le provocó la muerte por shock hipobolémico.

Los agentes ministeriales levantaron como evidencia el casquillo percutido y el arma de fuego tipo UZI, calibre 9 milímetros, la cual estaba semi destruida, ya que los menores intentaron destruirla para ocultar los hechos, de acuerdo a la declaración que hicieron los niños.

A la opinión pública:

David Romero Vara

director de Enfoque Radio

Por motivos hasta el momento desconocidos estoy inmerso en un problema creado por una situación ajena a mi persona. Es de lamentar que un policía haya perdido la vida y que en ese hecho quieran involucrarme cuando no tuve, ni tengo nada que ver, ya que algunas de las pruebas y testigos así lo han demostrado de manera pública e incluso, con las autoridades correspondientes.

He dado mi versión ante los medios de comunicación que me buscaron para tal fin, los hechos que relaté son los que viví, porque desafortunadamente soy una de las tantas víctimas de secuestro en Quintana Roo y en todo México y solamente me limité a dar a conocer los hechos que viví el pasado lunes 29 de agosto del presente año y también alguna de las inquietudes en contra de quien pretenden culparme de algo que ÉL sabe no cometí.

Lamentablemente hay personas que detrás de un micrófono se dedican a atacar a la gente simplemente porque tienen ese acceso, es por eso que quiero a través de este escrito, pedir a quien se dice periodista, con ética y valores que investigue un poco cuando menos, para poder tacharme de “delincuente”, “narcotraficante”, “pájaro de cuentas” y todos los demás calificativos que ha dado en mi contra, porque es un desprestigio para mí y mi familia.

Señor David Romero Vara, lamento mucho los ataques que ha hecho en mi contra, creo o al menos supongo no nos conocemos, motivo por el cual no podría un servidor hablar mal de usted aun cuando hay los motivos, simplemente sería hablar de cosas que no he visto al igual que tampoco usted ha visto para conmigo.

Soy un empresario radicado en el país de Belice, que es donde se me dio la oportunidad de crecer dentro de los márgenes de la ley, es por eso que es indignante para la gente, escucharlo a usted hablando de temas que estoy seguro desconoce y si dice tener las pruebas en mi contra o de cualquier delincuente como usted nos llama, entonces lo invito a presentar las denuncias correspondientes, para que sean las autoridades las que se hagan cargo de todo.

Por lo pronto le envío un cordial saludo exhortándolo como siempre, a que haga un periodismo veraz y ético, para que su audiencia crezca cada día más escuchando información real e imparcial y no lanzar ataques sin los elementos suficientes.

Ernesto Alonso de Miguel

Reporte policiaco. Emergencias 066

Marido incendiario

Siendo las 19:13 horas, del día de hoy, mediante el servicio de Emergencias 066, se tuvo conocimiento de un reporte de incendio de un domicilio en el poblado de Calderitas en la calle soconusco #751 entre Prolongación Guerrero y Sinaloa. Trasladándose el Suboficial de la Policía Estatal Preventiva, al arribar se entrevistaron con María del Rosario Hu Dzul de 27 años de edad, informando que su esposo Alfonso Ángeles Hernández de 48 años de edad, le prendió fuego a la puerta de madera de su domicilio quemándose la mayor parte de la puerta del lado de adentro, así mismo manifestó que desde hace un mes tienen problemas, que anoche se tomó varias pastillas y que hoy por la mañana abrió el tanque diciéndole que se iba a matar amenazándolos que los quemaría, así mismo se hace mención que el presunto se dio a la fuga. Arribo el carro bomba #262 al mando de Pedro Tadeo Pineda con 4 más de fuerza de igual forma se le dieron las indicaciones de pasar al M.P.F.C. a interponer si querella correspondiente.

Asaltan hotel Guadalupe del Carmen

Siendo las 18:35 horas, del día de hoy, mediante el servicio de Emergencias 066, se tuvo conocimiento de un asalto con arma blanca (navaja) en el hotel denominado Guadalupe del Carmen ubicado en la calle Ignacio Zaragoza entre Independencia y Juárez del Centro. Trasladándose el Supervisor de la Policía Estatal Preventiva, al arribar se entrevistaron con la Traicy Martín Batun de 19 años de edad, con domicilio en el Centro misma que dijo ser recepcionista del lugar manifestando que momentos antes arribó una persona del sexo masculino quién vestía playera tipo Polo color morado pantalón pescador color beige tenis de color café, tipo Van de complexión delgada tez clara cabello corto negro de aproximadamente 18 años quién la amagó con una navaja despojándola de la cantidad de $2,300 producto de la renta del día de los cuartos para después darse a la fuga. Se efectuó recorrido de búsqueda por el lugar al mando del comandante antes mencionado siendo negativa su localización asimismo se le dieron las indicaciones de pasar al M.P.F.C. para interponer su querella correspondiente.

Cristalazo frente a Rock Shot

Siendo las 02:00 horas, del día de hoy, mediante el servicio de Emergencias 066, se tuvo conocimiento de un cristalazo a vehículo en la Av. Juárez con Othón P. Blanco del Centro, Trasladándose el suboficial de la Policía Estatal Preventiva, al llegar al lugar se entrevistaron con Emmanuel Pérez Canto de 32 años de edad, con domicilio en retorno Lucio Blanco Nº 43 Privada Primo de Verdad, manifestando que momentos antes, al salir de la discoteca Rock Shot se percató que su vehículo Chevrolet tipo Chevy color gris tenía el cristal de la portezuela del lado izquierdo delantero roto, haciéndole falta un bulto de dama color café que contenía  una cartera con la cantidad de $ 1000 pesos y documentos personales. Por lo que se le dieron las indicaciones a la parte agraviada para que pasara ante el M.P.F.C a interponer su querella correspondiente.

Atrapado con la TV en las manos

Siendo aproximadamente las 13:30 hrs del día de hoy, al encontrarnos realizando nuestro recorrido de rutina, al llegar al cruce de las avenidas Maxuxac con Chetumal recibimos el reporte del servicio de Emergencias 066, en donde había un robo en proceso en el domicilio ubicado en la calle 5 de Febrero con Ramonal de la colonia Proterritorio de esta ciudad, por lo que nos trasladamos a dicha dirección y al arribar una persona del sexo masculino nos informó que en la casa de madera donde estábamos presentes se había introducido una persona del sexo masculino que no era el propietario y que estaba sustrayendo una televisión por lo que hablamos hacia el domicilio y en la parte posterior de la casa habitación salió el presunto con la televisión, refiriendo que el conocía al dueño y que la televisión la había tomado por que se la había regalado el propietario, sin embargo al notar que esta persona estaba nerviosa y que rompió la puerta trasera de la casa procedimos al aseguramiento de quien dijo llamarse Isaí Jiménez Jiménez de 18 años de edad con domicilio en el poblado de Río Verde, de la misma manera aseguramos una tele de la marca Hitachi de 21 pulgadas de colores madera y negro. El presunto ladrón y los objetos fueron puesto a disposición de esta representación social para los efectos legales conducentes.

La persona detenida fue trasladado a las instalaciones de la Policía Estatal Preventiva en donde se le practicó el certificado médico con numero SSP/PEP/ST/SM/2354/2011, con fecha del día de hoy a cargo del Dr. Adolfo Zárate Cambranis.

No intenpondrán demanda ante las autoridades, afirman familiares del Romualdo Florez Vázquez

Chetumal, Quintana Roo

informativoquintanaroo.com.mx

La familia del industrial, Romualdo Flores Vázquez, no interpondrían la denuncia penal correspondiente porque esperarán que los secuestradores se pongan en contacto para conocer las condiciones del rescate que demanden.

Así trascendió en las primeras averiguaciones que se han hecho en torno al levantón que se comentió la noche del jueves en la colonia Forjadores en contra del administrador de las tortillerías “El Michoacano” y primo del dueño de estas que junto con dos de sus empleados fue secuestrado por un grupo de hombres que portaban armas largas, tenían el rostro cubierto con pasamontañas y viajaban a bordo de tres vehículos.

Los hechos se registraron a las ocho de la noche y fue reportado al 066 por un testigo que pidió la intervención policíaca y por ello se emitió alarma general a través de los radio Matras, alertando a los elementos de todas las corporaciones policiacas sobre el levantón de tres personas que fueron severamente golpeados por aproximadamente 13 sujetos portando armas largas y el rostro cubierto con pasamontañas.

Policías estatales, municipales, judiciales y federales acudieron a la tortillería denominada “El Michoacano”, situada en la avenida Aarón Merino con Enrique Barocio, en la colonia Forjadores, observando que el local estaba abierto y abandonado, entrevistándose con varios testigos que presenciaron los hechos.

Los testigos informaron que escucharon el rechinar de llantas y posteriormente la detonación de un arma de fuego, por lo que se asomaron para ver de qué se trataba, “fue cuestión de segundos, vimos como cerca de 15 personas que llegaron en tres vehículos, con armas largas y el rostro con pasamontañas”, señaló uno de los testigos.

Los sujetos irrumpieron en la tortillería y se fueron contra Romualdo Flores Vázquez, primo del dueño de las fábricas, y dos empleados que estaban limpiando las máquinas, “fueron golpeados con las armas, sólo se escuchaban los gritos y las mentadas de madre de los delincuentes, que de inmediato los subieron a las camionetas con lujo de violencia”, dijo el testigo, un tanto temeroso.

Se dirigieron hacia la avenida Insurgentes, pero minutos después un grupo de delincuentes regresó y se llevaron un automóvil Volkswagen Jetta, color azul, con placas PJA-45-09 de Michoacán, que al parecer es propiedad de uno de los plagiados identificado solamente como Daniel “N”.

El lugar fue acordonado por los elementos policiacos para que personal de servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia se diera a la tarea de efectuar las diligencias convenientes, con el fin de encontrar evidencias que los lleve a la captura de los presuntos responsables.

En el lugar las autoridades policiacas lograron identificar a dos de los tres plagiados, uno de ellos como Romualdo Flores Vázquez, administrador de las tortillerías en Chetumal y primo del propietario de las fábricas, alias “El Michoacano”, y a Edwin Briceño Call, licenciado en Derecho y dueño del local, que dio en renta a los michoacanos para la apertura de la fábrica de tortillas, así como otra persona a quien sólo conocen como Daniel “N”.

Trascendió de igual forma que los familiares de los plagiarios decidieron no interponer una denuncia por este hecho delictivo, asegurando que esperarían la llamada de los presuntos delincuentes para conocer a cuánto asciende la cantidad para liberarlos.

Pido al gobernador (Javier Duarte)...que no sea injusto

“Le pido al gobernador que se ponga la mano en el corazón como padre. Que si (mi hijo) se equivocó que lo perdonen, pero no es malo”, reitera la afligida madre de 71 años.

“Lo único que le pido al gobernador (Javier Duarte) es que no sea injusto, mi hijo no es terrorista”, asegura la señora Anita Vera Marcelis, madre de Gilberto Martínez Vera, el tuitero veracruzano que el pasado viernes 26 de agosto fuera detenido por la Procuraduría General de Justicia en Veracruz (PGJV), por la presunta comisión de los delitos de sabotaje y terrorismo.

“Le pido al gobernador que se ponga la mano en el corazón como padre. Que si (mi hijo) se equivocó que lo perdonen, pero no es malo”, reitera la afligida madre de 71 años, entrevistada telefónicamente por Animal Político, quien explica que Gilberto es una persona “muy tranquila” que sería incapaz de hacerle un mal a alguien.

De 48 años de edad y con una carrera trunca de Ingeniero Civil por la Universidad Veracruzana, donde cursó hasta el sexto semestre, doña Anita comenta que hasta antes de la detención su hijo trabajaba como maestro de física y matemáticas en Boca del Río, Veracruz, donde se dedicaba a regularizar a jóvenes con problemas de rendimiento escolar en las materias antes señaladas.

“No es una persona que se junte con gente mal habida. Además, no fuma y no toma”, comenta la entrevistada, quien se dice consternada por las acusaciones hechas contra el mayor de sus dos hijos.

Del estado físico y emocional en el que se encuentra Gilberto, Anita explica que a cinco días de su detención no ha tenido oportunidad de verlo, pues fue hasta este miércoles que se enteró que se encontraba recluido en el penal de Pacho Viejo.

“En las noticias decían que los habían trasladado a un penal cercano al puerto, así que nos dirigimos allá (este miércoles), pero ya cuando estábamos ahí nos dijeron que mi hijo estaba en Pacho Viejo, así que espero poder verlo este jueves”.

Aun cuando reconoce que no ha visto a su hijo, informa que de acuerdo con las versiones del abogado, quien a su vez representa a la periodista María de Jesús Bravo Pagola, acusada de los mismos delitos que el maestro de matemáticas, a Gilberto lo presionaron para firmar una declaración ministerial que nunca hizo, además de martirizarlo psicológicamente.

“No quiero sonar como un disco rayado pero le pido al gobernador que por favor tenga compasión de una madre afligida. Que se ponga la mano en el corazón y deje a mi hijo en libertad”, reitera con la voz quebrada por las lágrimas doña Anita.

Por: Francisco Sandoval Alarcón (@MrTerremoto)/Animal Político

Gilberto Martínez, ciberterrorista

Isabel Zamudio

cambiodigital.com.mx

Cibernautas señalan que el detenido es hijo de un tal "Piragua", asiduo radioescucha de programas de radio

El procurador general de Justicia en el Estado, Reynaldo Escobar Pérez señaló por la noche que un sujeto llamado Gilberto Martínez Vera, es uno de los twiteros detenidos y acusado como autor intelectual de los actos de ciberterrorismo.

Explicó que esta persona tiene antecedentes penales.

En entrevista televisiva el fiscal del estado mostró una foto del presunto terrorista cibernético.

Escobar Pérez aseguró que se está investigando si el detenido actuó por cuenta propia y en forma solitaria o tiene mas cómplices.

También dijo que se están investigando a dos personas más que como el detenido, en su cuenta de twitter señalaba que habría secuestros y ataques en determinadas zonas.

Entre las cuentes que investigan están @gilius_22, @nadia_gc, @pacopre.

De manera extraoficial trascendió que Maruchi Bravo Pagola, quien durante meses ha tuiteado toda clase de hechos violentos reales y no realaes, incluyendo la muerte y levantones falsos de periodistas, rinde declaración en el Ministerio Público en Boca del Río por el mismo asunto.

Se castigará con todo el peso de la ley a ciberterroristas: PGJ

Detienen a Gilberto Martínez

Xalapa, Veracruz., 25 de agosto de 2011 

Con la paz y la tranquilidad de la población no se juega, advirtió el procurador general de Justicia, Reynaldo Escobar Pérez, al informar de la detención de Gilberto Martínez Vera, quien desde la cuenta @gilius_22 aterrorizó a la población con actos que no sucederían pero que sí perturbaron la tranquilidad de las personas.

Dijo que a partir de la investigación ministerial 340/2011 que se inició de inmediato se logró identificar y detener a Martínez Vera, quien ya confesó haber utilizado su cuenta de twitter para hablar de supuestos ataques en escuela de la conurbación Veracruz-Boca del Río, y advirtió que se castigará con todo el peso de la ley a los ciberterroristas que se encargaron de utilizar las redes sociales para atentar contra la estabilidad de la sociedad veracruzana.

Al hablar del delito y de su castigo, el procurador Escobar Pérez citó el artículo 311 del Código Penal para el Estado de Veracruz que a la letra dice:

“A quien utilizando explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego o por incendio, inundación o por cualquier otro medio realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios al público, que produzcan alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública o tratar de menoscabar la autoridad del Estado o presionar a ésta para que tome una determinación, se le impondrán de tres a 30 años de prisión, multa hasta de 750 días de salario y suspensión de derechos políticos hasta por cinco años.

“A quien, conociendo las actividades de un terrorista y su identidad, no lo haga saber a las autoridades se le impondrán de uno a nueve años de prisión y multa hasta de 150 días de salario”.

Hasta el momento, dijo el Procurador, se ha capturado a una persona y existen indicios de otras más que utilizaron las redes sociales para difundir rumores falsos que generaron temor, inquietud y desconcierto entre habitantes de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Asimismo, informó que Martínez Vera tiene antecedentes penales por narcomenudo en el 2004 cuando se dictó la causa penal 54/2004.

“Tenemos detectado a través de la policía cibernética las cuentas y usuarios desde las cuales, con toda la intención de causar daño y sembrar temor entre la población, se difunden versiones falsas de hechos violentos en Veracruz”, dijo Escobar Pérez al enlistar las cuentas de twitter que se utilizaron para desinformar:

@gilius_22, 

@nadia_gc, 

@pacopre, 

@balaceraver, 

@chingadanews, 

@titan1366, 

@maruchibravo, 

@veracruzanos1960, 

@rafaelcruzr, 

@o_omyz, 

@wartsial, 

@informer_1, 

@spartacusvera, 

@gerardo_guz, 

@vic_macarroco, 

@angjarosh, 

@jacko1626.

A partir de estas cuentas se originaron y promovieron versiones dolosas que causaron el temor entre padres de familia en el puerto de Veracruz, agregó.

El Procurador General de Justicia informó que algunas cuentas desaparecieron y otras más borraron sus historiales, después de haber difundido que se actuará con todo el peso de la ley contra quienes hagan mal uso de las redes sociales para hacerle daño a los veracruzanos.

Y reiteró que el Gobierno del Estado de Veracruz actuará con toda la fuerza de la Ley para evitar que se repita este tipo de hechos que tienen el objetivo de alterar la tranquilidad social del estado: “Los autores de estos hechos serán castigados porque, reiteramos, en Veracruz no se juega con la paz y la tranquilidad de la población”, afirmó el titular de la PGJE.

CD/MAS

Arraigado cuando iba a ratificar denuncia en su contra por difamación

Larrazábal Bretón se presentó en Palacio de Justicia para ratificar una denuncia y ahí mismo le ejercitaron una orden de presentación.

José Ramón Rodríguez

Monterrey, Nuevo León.

El hermano mayor de Fernando Larrazábal Bretón, alcalde de Monterrey, Manuel Jonás Larrazábal, fue arraigado por la Procuraduría de Justicia en el estado, y trasladado bajo un dispositivo de seguridad hasta las instalaciones de la Casa de Seguridad, ubicadas en el Barrio Antiguo, en Monterrey.

Larrazábal Bretón se presentó ayer en Palacio de Justicia para ratificar una denuncia y ahí mismo agentes ministeriales le ejercitaron una orden de presentación para que declarara dentro de una averiguación instruida en relación al vídeo en que aparece recibiendo dinero en un casino.

Durante poco más de cuatro horas, Manuel Jonás Larrazábal, rindió su declaración en una de las fiscalías ubicadas en las instalaciones de Palacio de Justicia, al término de la diligencia le fue ejecutada la orden de arraigo y se procedió a su traslado a la casa de seguridad del Gobierno del estado, a donde arribó minutos después de las 23:00 horas.

Larrazábal Bretón, fue ingresado a la casa de seguridad que se localiza en el cruce de las arterias Platón Sánchez y Juan Ignacio Ramón, en el Barrio Antiguo, en esta ciudad, en donde permanecerá hasta que el órgano investigador de la PGJE lleve a cabo y concluya las investigaciones pertinentes y con ello se resuelva su situación legal.

Acudió a ratificar denuncia

Alrededor de las 19:00 horas, el hermano mayor del edil Regio, arribó a las instalaciones de Palacio de Justicia en compañía de sus defensores particulares, con la finalidad de ratificar la denuncia que presentó el miércoles pasado, tras ser difundidas las imágenes que se presume lo involucran en el cobro de "cuotas" en unos casinos.

Al terminar la diligencia a la que acudió y cuando se disponía a retirarse del recinto después de ser recibido en el área de recepción, Larrazábal Bretón fue abordado por agentes ministeriales que ya lo esperaban para ejecutarle la orden de presentación emitida en su contra.

Inmediatamente después, los investigadores de la Agencia Estatal procedieron a trasladar al hermano del alcalde de Monterrey, hasta las oficinas que albergan las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público investigador número 2 de delitos en general, dentro del mismo recinto, en atención a la orden de comparecencia que se giró en su contra.

Sin embargo después de permanecer algunas horas en las oficinas de la citada fiscalía, Larrazábal Bretón, fue trasladado por los agentes investigadores hasta las oficinas de la Agencia del Ministerio Público número 3 de delitos patrimoniales, ubicadas en el mismo recinto oficial.

De acuerdo a la versión del representante legal de Manuel Jonás Larrazábal, su cliente fue trasladado a la fiscalía para responder a la orden de presentación que le fue emitida por la Procuraduría de Justicia, derivado de la denuncia que presentó por la publicación de los vídeos en donde se le aprecia recibiendo dinero en los casinos.

Aunque no fue confirmado de manera oficial, trascendió que la orden de comparecencia contra los hermanos Larrazábal Bretón, fue emitida para que rindiera declaración dentro de una averiguación previa, que obedece a una querella interpuesta por una agrupación política para que expliquen el presunto cobro de cuotas a los casinos.

Pasadas las 22:00 horas, Manuel Jonás Larrazábal, aún continuaba en las instalaciones del Palacio de Justicia, recinto que se ubica en avenida Aztlán y Penitenciaría, en la colonia Nueva Morelos, en Monterrey.

El representante legal del hermano del alcalde de Monterrey, hizo entrega a los representantes de los medios de comunicación un escrito en el cual su cliente niega categóricamente las acusaciones emitidas en su contra.

Manuel Jonás Larrazábal, admite ser la persona que aparece en los vídeos que fueron difundidos, pero señala ser proveedor del Casino Red, sitio en el que según él fue vídeograbado.

El hermano mayor de Fernando Larrazábal, refiere que fue el propietario del referido casino, Sergio Gil García quien lo citó en el lugar en tres ocasiones para pagarle las cantidades de 5, 6 y 12 mil pesos , por la venta de los productos regionales de Oaxaca que él comercializa.

En el escrito señala además que otros dos pagos le fueron efectuados por el dueño de la casa de apuestas a una cuenta bancaria por las cantidades de 5 y 10 mil pesos, que complementaron un total de cinco transacciones, de las cuales tres se llevaron a cabo en el casino.

"Niego categóricamente que mí presencia en ese lugar se deba a cualquier acto distinto al que he mencionado.

Es más nunca he estado no conozco algún otro casino en esta ciudad", refiere el boletín emitido por el representante legal de Larrazábal Bretón.

Asimismo señala en el escrito, "Reitero que las tres veces que acudí al Casino Red, fueron por indicaciones de Sergio Gil García, para que se me pagara ahí los productos que vendí, pagos del que me fueron hechos por el contador Gerardo Gómez".

Y remata indicando que a lo largo de su vida ha trabajado dentro de la Ley y de manera honesta.

elporvenir.com.mx

PGE abre Averigaución Previa contra Manuel Jonás Larrazabal Bretón

Legisladores y empresarios piden proceder contra los funcionarios coludidos en los hechos del casino Royale, por los delitos que resulten

Monterrey, Nuevo León

Por su presunta participación en el pago de “derecho de piso” por parte de casinos que operaban de manera irregular en la capital de Nuevo León, la Procuraduría General del Estado abrió una averiguación previa en contra de Manuel Jonás Larrazabal Bretón,

Jonás Larrazabal se presentó en Palacio de Justicia para ratificar su denuncia por difamación. A su ingreso le informaron que debía reprogramar su visita debido a que el Ministerio Público había concluido con sus labores.

Al salir del inmueble, fue llevado por elementos del grupo de aprehensiones de la Policía Ministerial, que le notificaron una orden de comparecencia que debía cumplir ante el agente del Ministerio Público, con sede en las mismas instalaciones.

José Antonio Fernández Carbajal, presidente del Consejo de Administración de FEMSA, dijo: “Hay que decirlo con todas sus letras: las autoridades de los diferentes ámbitos de Gobierno en Nuevo León han tenido un desempeño evidentemente insatisfactorio y decepcionante”.

Exhortó a cuestionarse: ¿En dónde estamos fallando; qué hemos dejado de hacer o hemos hecho muy mal; en dónde estaban los padres de estos jóvenes que toman la vía fácil y se involucran en actos delictivos tan terribles; qué pasó con sus maestros; qué sucedió con su escuela; qué hicieron o dejaron de hacer nuestros gobernantes para fomentar un ambiente de impunidad y corrupción, etcétera?.

Diputados locales del PAN solicitaron que se inicie la averiguación penal en contra de funcionarios públicos por los delitos que les resulten derivados de los hechos que se registraron en el casino Royale.

Hernán Salinas, Víctor Fuentes, Brenda Velásquez y María del Carmen Peña presentaron una denuncia de hechos ante el agente del Ministerio Público Especializado del Fuero Común, Delitos Electorales y en delitos cometidos por servidores públicos.

Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, estudia la estrategia de seguridad que seguirá su administración con el arribo de militares y federales a diversos puntos del área metropolitana.

Abordó los avances de la investigación en el caso Royale, el dictamen pericial en materia de Protección Civil, así como el status de los propietarios o socios del negocio.

El alcalde Fernando Larrazabal Bretón aseguró que su hermano Jonás acudió a ratificar la denuncia de hechos que su defensa presentó el miércoles.

El también panista Fernando Canales Stelzer, dijo que la propuesta de investigar no es una guerra entre militantes del PAN, sino una lucha de quienes “estamos hartos de la impunidad”.

informador.com.mx

Timador con gafete del programa "Oportunidades"

El agente del Ministerio Público reportó que inició el Acta Circunstanciada AC- 565/8-2011 en la que la señora Rufina Chan Cohuo denunció Hechos Probablemente Constitutivos de Delito en su agravio y en contra de quien resulte responsable.

Agregó que el miércoles 31 de agosto pasado aproximadamente a las 11:00 horas junto a su hija salió de las instalaciones de CAPA de la Avenida Efraín Aguilar esquina Belice de la colonia Centro siendo abordadas por una persona del sexo masculino desconocida, quien se identificó como trabajador del programa “Oportunidades” quien les invitó a subirse a un vehículo Volkswagen tipo Pointer color blanco.

La afectada dijo que al ver que esta persona llevaba un gafete del Gobierno Federal con la leyenda “Oportunidades” a nombre de Gustavo Castilla con el cargo de Director le dio confianza por lo que subieron a la unidad en la que arribaron a unas oficinas de gobierno, en una de estas ingresó el citado para momentos después salir llevando consigo una solicitud para que entregara documentación personal mediante la cual previo trámite ingresaría al programa federal de referencia.

Al no contar con la documentación respectiva , envío a su hija a su domicilio en su busca en tanto ella se quedó con el individuo quien le comentó que la llevaría al Hospital General en donde una “licenciada” le daría dinero para lo cual tendría que quitarse sus alhajas.

A dicho planteamiento accedió, y a petición del mencionado procedió a depositar en su bolso un par de aretes, un collar y dos pulsos todos de oro de alrededor de 10 kilates, todo con un valor total aproximado de trece mil pesos, así como 150 pesos en efectivo y una tarjeta bancaria que utiliza para el cobro de su pensión.

Finalmente el mencionado, entró al Hospital General llevando consigo su bolso sin que regresara por lo que procedió a denunciar el caso ante el agente del Ministerio Público para los trámites legales conducentes.

Levantón en la Forjadores

• Secuestran a Romualdo Flores Vázquez 
• Primo del propietario de tortillerías El Michoacano
• A sus empleados también

Chetumal, Quintana Roo

La Secretaria de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informa que a las 19:00 horas aproximadamente de hoy, elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) a través del número de Emergencia 066 del “levantón” de cuatro personas, en hechos ocurridos en la colonia Forjadores.

La corporación preventiva del Estado coordina estrategias con Policía Federal, Judicial y Municipal, para dar con los hampones y sus víctimas.

Todo sucedió luego de que a las afuera de un predio habilitado como tortillería denominado “El Michoacano”, ubicado en la intersección de las calles Aarón Merino con Enrique Barocio, de la colonia Forjadores.

Fue secuestrado el propietario del inmueble junto con tres de sus empleados se encontraban limpiando, cuando de repente, dos camionetas al parecer Suburban, color negro y una Jeep Patriot, color azul, abordadas por un grupo de sujetos fuertemente armados y cubiertos de la cara con pasamontañas llegaron de manera intempestiva.

Seguidamente, los presuntos delincuentes descendieron de las unidades y realizaron una detonación para amedrentar a sus victimarios, los cuales fueron trepados a la fuerza a las camionetas, y después darse a la fuga con rumbo a la avenida Insurgentes.

Minutos más tarde, el grupo de delincuentes regresó al lugar de los hechos y se apoderó de un automóvil Jetta, color azul, propiedad de uno de los plagiados, el cual sólo es conocido como “Daniel”.

De inmediato, vecinos del lugar que presenciaron lo ocurrido se comunicaron al número de emergencia 066 y solicitaron ayuda. 

Enseguida, elementos de la Policía Estatal Preventiva arribaron al lugar, y se entrevistaron con los testigos, para posteriormente implementar un fuerte operativo de búsqueda por aquella zona, sin que hasta el momento haya rastros de los hampones, y muchos menos de las víctimas. De igual forma, efectivos de la Policía Federal, Judicial y Municipal Preventiva, llegaron al lugar y se sumaron a las diligencias para dar con los delincuentes.

Hermano del alcalde de Monterrey extorsiona a casinos

• Niega las acusaciones, "sólo cobro la venta de quesos"
• Adolescentes también son integrantes de "la banda del queso"

Reforma

Monterrey, Nuevo León

Cinco días antes de que Manuel Jonás Larrazábal, hermano del alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, acudiera a recoger dinero de un casino, como se evidenció ayer en videos, esa misma casa de apuestas fue "visitada" por un comando armado con una clara advertencia: "métanse al aro".

Un nuevo video, disponible en reforma.com, muestra cómo al menos 30 sujetos, todos con armas largas, irrumpen, uno tras otro, en el casino el 25 de mayo y, en menos de minuto y medio, destrozan las instalaciones.

Durante el ataque, realizado poco después de las 2:00 horas, los delincuentes, la mayoría con el rostro cubierto, sometieron a los clientes que en esos momentos estaban en diversas áreas.

Las imágenes exhiben a los agresores recorriendo la sala del segundo piso, causando destrozos y derribando sillas y máquinas tragamonedas ante clientes que, asustados, permanecían tirados en el piso.

Los delincuentes, entre quienes se aprecia a algunos menores, se retiraron después del ataque.

Esa misma madrugada, con diferencia de minutos, la agresión fue repetida en al menos otros tres casinos. Aunque en su momento se atribuyó el hecho a un robo, se habría tratado en realidad de una acción para amedrentar a los propietarios de las casas de apuestas a fin de obligarlos al pago de cuotas.

Poco después de estos hechos, el 30 de mayo, Jonás Larrazabal fue grabado en uno de los casinos atacados mientras recibía de un empleado una cantidad de dinero en efectivo.

Aunque ayer el hermano del Alcalde negó que sus transacciones de dinero con las casas de juego se deban a una extorsión y aseguró estar cobrando la venta de quesos de Oaxaca, la difusión de los videos desató la indignación de líderes políticos y ciudadanos en el Estado y el País, incluyendo a miembros de Acción Nacional, partido al que pertenece Fernando Larrazabal.

La percepción es unánime: los cobros documentados en los videos evidencian actos de corrupción entre los casinos y la autoridad municipal.

"No vamos a solapar ni a permitir que ningún gobernante, de cualesquier partido político, incluyendo del nuestro, sea parte del crimen organizado que tanto daño ha hecho a nuestra comunidad", advirtió el ex Gobernador panista Fernando Canales Clariond.

El PAN nacional respaldó la permanencia de Larrazabal en la Alcaldía, pero se deslindó de su hermano y aclaró que Jonás no es militante panista.

Gobernación exigió que las autoridades de Nuevo León esclarezcan los hechos documentados en los videos.

El Gobernador priista Rodrigo Medina anunció una investigación y relacionó los videos del hermano del Alcalde panista con el caso del atentado contra el Casino Royale, en el que murieron 52 inocentes.

"Me parece que las imágenes (de Jonás) demuestran, en primera instancia, complicidad y corrupción", dijo, "más ahora en donde tenemos un trágico acontecimiento en que perdieron la vida 52 personas".

Agregó que la investigación del atentado tiene dos líneas de averiguación, una de ellas contra los criminales y la otra contra autoridades, y es ahí donde podría integrarse el caso de Larrazabal.

Líderes de organismos, como el Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León (Ccinlac), la Caintra, la Coparmex y la Canaco- Monterrey, advirtieron que las transacciones de dinero entre el hermano del Alcalde y los casinos deben ser investigadas.

Y el alcalde cantinflea

Al intentar explicar a qué se dedica su hermano Jonás, quien aparece en videos recibiendo dinero en casinos, el Alcalde Fernando Larrazabal cantinfleó ayer con declaraciones genéricas, poco claras y evasivas.

Por la tarde, en entrevistas televisivas, el Edil aseguró que su hermano estudió para ser Director Técnico Deportivo y es "comerciante", describiendo su actividad de esa forma tan general.

Empero, por la noche y luego de que el abogado de Jonás dijera que éste tiene un negocio de venta de quesos y productos regionales de Oaxaca, el Alcalde se resistió a abundar sobre las actividades de su hermano.

"Él se maneja en su vida personal como un individuo, que lo es", dijo el Edil en entrevista al ser cuestionado sobre si conocía o no sus presuntas actividades comerciales con los casinos.

"No te puedo contestar yo algo que no tengo la certeza (...) Yo, lo que te puedo decir, es que él, en su averiguación, habrá de aportar las evidencias que él crea que deba de aportar, y no quiero yo abonar porque en nada ayuda".

Al insistirle, volvió a decir que su hermano se dedica a cuestiones deportivas y al comercio.

"Bueno, pues, él de eso vive. Yo no tengo más información ni te podría decir a precisión cuáles son sus ingresos y cuál es su actividad de manera concreta".

Cuestionado sobre si Jonás es propietario de un negocio de quesos, como dijo su abogado, el Edil rechazó validar esa versión.

Tampoco fue claro sobre si la relación entre ambos es estrecha y recalcó que son como "cualquier familia". La última vez que se vieron, informó, fue hace unas seis o siete semanas.

Policías inconformes. "Español" se dice inocente. Familiar de Jorge Amir injuria a policías

Juan Palma

Joana Maldonado

SIPSE

Chetumal, Quintana Roo

Alrededor de 200 elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) se manifestaron ayer, en la llamada Isla Verde ubicada detrás del edificio de esa corporación, para solicitar la destitución del secretario estatal de Seguridad Pública, Carlos Bibiano Villa Castillo.

Los agentes repudiaron las "arbitrariedades" del funcionario público y los "errores" cometidos por elementos del grupo "Zorro", allegados al general Villa Castillo, que le costaron la vida al policía, Jorge Amir Flota Matos, el lunes por la noche.

Los policías manifestaron que los 150 elementos que trajo Villa Castillo perciben un salario de 30 mil pesos mensuales, mientras el mejor pagado entre ellos cobran unos seis mil pesos cada 30 días. Además, reciben viáticos y la renta de las viviendas donde son alojados. Dijeron que mientras se derrochan los recursos en "mantener" a los incondicionales de Villa Castillo, la PEP registra falta de equipo y patrullas para el desempeño de sus funciones.

La PEP tiene un inventario de 60 patrullas y sólo 10 están circulando en las calles de ciudad; el resto están asignadas al uso personal de los allegados de Villa Castillo. La corporación cuenta con mil 500 agentes, pero sólo 60 vigilan la ciudad capital; el resto está ocupado en el servicio de protección a funcionarios públicos.

Los manifestantes reiteraron que la "gota que derramó el vaso" fue el incidente en el que su compañero, Flota Matos, pereció presuntamente a manos de los escoltas del general retirado; por ello decidieron manifestar su inconformidad contra Villa Castillo y sus colaboradores.

El comisionado de la PEP, Eduardo Guadarrama Díaz, intentó "acallar" las inconformidades de los agentes, pero tuvo que hacerse a un lado y esperar el arribo del director de gobernación, Isaías Capeline Mendoza, quien a pesar de intentar dialogar con los manifestantes se retiró del lugar: los uniformados, expresaron que únicamente hablarían con el gobernador del Estado, Roberto Borge Angulo.

Posteriormente fueron al sepelio de su compañero y advirtieron que retomarían la protesta hoy.

"El Español" niega ser el asesino del policía muerto

Ernesto Alonso de Miguel, alias "El Español", negó ser el autor de los disparos que dieron muerte al agente de Seguridad Pública, Jorge Amir Flota Matos. Llamó "mentiroso" y "asesino" al secretario de Seguridad Pública, Carlos Bibiano Villa Castillo.

Lo anterior fue declarado en un noticiario radiofónico local. El empresario, que es señalado como presunto contrabandista de licor, explicó que el lunes cerca de las 20:30 horas, regresaba a su casa en Chetumal, procedente de la Zona Libre de Belice, en una camioneta Tahoe, color blanco. Transitaba por la Avenida de los Insurgentes cuando a la altura del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), en donde recogería a sus hijos, se percató de que era perseguido por una camioneta tipo Van, no oficial.

"Hace como seis años fui secuestrado por los 'Zetas', por eso estoy alarmado por esa situación, hablé a mi familia y pedí apoyo al 066, mi esposa llamó en ese momento regresé a la Insurgentes para percatarme de que si me seguían", dijo.

Se dirigió rumbo a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) para intentar protegerse de un posible "levantón". Al llegar a la altura del penal estatal se incorporó una Suburban blanca y una camioneta Ford doble cabina color negro. "Yo pensé que eran sicarios, me hice a un lado afuera de la carretera y salí metiendo la velocidad y en ese momento se oyeron disparos, creo que al aire porque mi camioneta está intacta", dijo.

En ese momento, aseguró, un conocido suyo, que es judicial le alertó sobre una balacera a la altura de la gasolinera de Santa Elena, en donde otro vehículo atacó a la Van blanca que momentos antes le seguía.

"Entonces me enteré que eran policías y no sé por qué me seguían, lo que dijo el secretario es una vil mentira, a las pruebas me remito y está mintiendo cuando su propia gente fue la que disparó, hay testigos oculares (...) El asesino es él (Bibiano Villa), el mismo vio quién es el que disparó y hay más de 9 testigos, la Van no es un (vehículo) oficial. No está siendo transparente el señor", concluyó.

Arrestan a familiar de policía muerto en balacera en la Chetumal-Bacalar

En pleno entierro del policía, Jorge Amir Flota Matos, el Comisionado de la Policía Estatal Preventiva (PEP), el mayor, Eduardo Guadarrama Díaz, ordenó detener a uno de sus familiares, quien a su llegada le cuestionó sobre el valor que le daba presentarse en el lugar cuando existe al parecer responsabilidad directa en el presunto homicidio.

Guadarrama Díaz, es uno de los mandos impuestos por el secretario de Seguridad Pública en el Estado, Carlos Bibiano Villa Castillo.

Elder Arjona Flota, primo y también compadre de Flota Matos, fue sometido por agentes de Seguridad Pública, y fue esposado por varios minutos hasta que intervino una mujer que se encontraba presente en el entierro del policía caído en la balacera del pasado lunes.

"Señor, lo voy a detener porque está insultando, me dijo (el mayor Eduardo Guadarrama Díaz). Señor aquí es una vía pública (le respondí), pero me quitó mis lentes (oscuros) y se me quedó viendo y muy prepotente dijo: llévenselo", recuerda Arjona Flota, mostrando las marcas que las esposas le dejaron en las muñecas.

En compañía de sus familiares, Arjona Flota, advirtió que interpondría una denuncia ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdhqroo). "Me quisieron trepar (a una patrulla) a la fuerza pisoteando mis derechos y de una vez advierto que lo que le pase a nuestra familia va sobre esa gente; el occiso es mi primo y que se haga justicia, no sabemos que buscan aquí (Guadarrama Díaz y sus escoltas)", concluyó.