martes, 6 de septiembre de 2011

Medio rostro no lo tenía, quedó boca arriba...18 casquillos...policía municipal acribillado


Eric Galindo
Gustavo Escalante
SIPSE

Cancún, Quintana Roo

La ráfaga de metralleta acabó con la tranquilidad de la vida cotidiana de la Multiplaza de las avenidas Los Tules y Kabah. El sonido de las balas paralizó el bullicio del lugar. La escena que vieron casi al instante decenas de transeúntes fue el cadáver de un sujeto con el rostro destrozado, junto a una motocicleta. Fue identificado como Pedro Segovia Hernández, policía activo de la Secretaría de Seguridad Pública de Benito Juárez.

¡No sé... creo que era policía!
¡Creo que era Segovia!

Fueron los comentarios que se escucharon entre elementos de Seguridad Pública que llegaron al sitio de la ejecución.

Las dudas fueron despejadas: en la motocicleta que estaba a punto de abordar el ajusticiado, tenía escrito "85SSP" en la zona donde va la placa, que traducido en el lenguaje de claves de la corporación policíaca dice: "policía de la Secretaría de Seguridad Pública".

A las 14 horas paramédicos de la Cruz Roja recibieron una llamada del 066: persona herida con arma de fuego en el estacionamiento de la Multiplaza, ubicada frente al fraccionamiento Villas del Mar, en la Región 248.

Amílcar Galaviz Aguilar, paramédico de la Benemérita Institución, a bordo de la unidad QR-16, fue el primero en salir de su base hacia el lugar de los hechos, luego la QR-20. En el trayecto le confirmaron que no era una sino dos las personas heridas por arma de fuego.

Cuando llegaron, la gente ya se había aglutinado en el lugar. Los socorristas ya nada pudieron hacer para salvarle la vida a uno de los baleados. Su rostro y la sangre evidenciaron que había fallecido. Ni siquiera se acercaron a tomarle el pulso, sólo se aproximaron para cubrirlo con una sábana azul, para evitar el morbo de los curiosos.

A quien sí atendieron fue a M.E.S.M., de 41 años de edad. Ella caminaba por el cruce de las avenidas Los Tules y Kabah hacia el supermercado para realizar algunas compras.

Justo cuando cruzaba el área del estacionamiento de la Multiplaza percibió lo que describió como unas "lucecitas" de bengala, pero nunca se imaginó que era una ráfaga de metralleta.

Casi enseguida sintió caliente el labio superior izquierdo de la boca, se le escurría sangre. El paramédico la revisó y que no era una lesión que pusiera en peligro su vida, fue sólo un rozón de una esquirla de bala perdida. Después de la atención se retiró a su casa.

El paramédico que cubrió al occiso describió la escena del crimen: la mayoría de los impactos de bala los tenía del lado izquierdo de la cara y el cráneo, la exposición de masa encefálica era evidente. Quedó irreconocible. El brazo izquierdo prácticamente quedó cercenado por las balas.

Medio rostro no lo tenía, quedó boca arriba con las piernas entrecruzadas: En el dedo índice de la mano izquierda tenía las llaves de la motocicleta y sobre la moto quedó una de sus sandalias. Una conjetura fue que el elemento policíaco apenas iba a encender su motocicleta, modelo Italika, color rojo y negro, cuando lo sorprendieron los sicarios.

La versión que empezó a correr entre los mandos policíacos fue que en un Jetta gris, con matrícula YZY-5030, escaparon los sicarios después de ejecutar al policía municipal.

Los dispositivos y operativos de seguridad se activaron en varias zonas de la ciudad para localizar el vehículo sospechoso, en la búsqueda participó casi toda la Policía Preventiva, agentes de la Policía Judicial del Estado (PJE), a quienes se unieron policías federales y elementos de la Marina.

Unos 30 minutos después de los hechos arribó al estacionamiento de la Multiplaza el secretario de Seguridad Pública y Tránsito, Jesús Aiza Kaluf, quien horas antes había dado un reconocimiento a seis elementos policíacos por haber detenido a cuatro integrantes de la delincuencia organizada.

"Las acciones contundentes siempre tienen resultados", dijo el jefe policíaco en una entrevista a medios locales in situ. Confirmó que el ejecutado era elemento activo de la corporación policíaca. Se encontraba franco (descansando).

Pedro Segovia Hernández tenía 28 años de edad y cinco años como policía, estuvo en el grupo Fuerza de Reacción Inmediata (FRI). Hasta antes de su muerte se encontraba asignado al Sector 10 y vivía cerca del lugar donde fue ejecutado.

El director general de la PJE, Arturo Olivares Mendiola, solicitó la colaboración de Aiza Kaluf para facilitar las imágenes de las cámaras de seguridad que hay en el lugar y el expediente de Segovia Hernández, aunque el jefe de la Policía Preventiva dijo que este estaba "limpio", que únicamente tenía faltas por "borracho".

Hasta la tarde de ayer se dijo que los peritos habían levantado 18 casquillos de arma larga, no se especificó si eran calibre 7.62 del que utiliza el AK-47 (cuerno de chivo), o .223 de AR-15, tampoco el número exacto de impactos que recibió el policía preventivo.


Asesinatos casos aislados: diputada Alondra Herrera

Los asesinatos, amenazas o cierres de negocios en Cancún son casos "aislados", no representan un impacto negativo de alta magnitud como en el norte del país, explicó en entrevista la legisladora local, Alondra Herrera Pavón, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Por su parte, Roberto Carlos Estrada Martínez, experto en ciencias políticas, sostuvo que el clima de inseguridad es un tema que mantiene en aprietos a los legisladores de Quintana Roo y que dada su falta de experiencia no saben por dónde empezar.

En contraste a la versión de la legisladora local, ayer lunes 5 de septiembre, alrededor de las 13:30 horas, un elemento de Seguridad Pública Municipal de Benito Juárez, de nombre Pedro Hernández Segovia, de 38 años de edad, fue asesinado a balazos por el crimen organizado en el estacionamiento de la Multiplaza de Cancún, ubicado entre las avenidas Los Tules y la Kabah. El agente estaba fuera de servicio.

Apenas el pasado 4 de septiembre, las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), tuvieron conocimiento de otro asesinado en la colonia San Antonio. Con este asesinato de ayer sumarían 49 ejecutados por el crimen organizado.

Pese a la ola de asesinatos, para la diputada priísta son casos aislados y refiere que para combatir la inseguridad se tiene que trabajar en coordinación entre los tres órdenes de gobierno para buscar esquemas, "los hechos que ocurren en la entidad no tienen impacto, sino lo que llama más la atención son los ataques ocurridos en Monterrey", dice la funcionaria.

La legisladora por el PRI acusó al gobierno federal de recortar los recursos asignados al estado, "el gobierno de Quintana Roo ha incrementado los dineros para Seguridad Pública, mientras que la federación ha recortado las partidas", explicó.

Asimismo, comentó que durante estos días de sesión abordarán el tema de la seguridad, propondrán la inyección de más recursos al rubro de Seguridad Pública para el 2012, aunque dijo, no hay una varita "mágica" para resolver los problemas y proteger la economía.

Para el politólogo, Estrada Martínez, el impacto es negativo en la percepción que se tiene en el extranjero, esto trae una consecuencia grave, precisó.

El panorama turístico no es nada alentador por la incertidumbre económica, los mercados financieros están en un desequilibrio por la recesión mundial, aunado a la inseguridad.

Comentó que los diputados locales apenas están iniciando en la curva del aprendizaje, están tomando medidas muy graduales, no se ven estrategias para impulsar el desarrollo en la entidad desde el ayuntamiento de Benito Juárez hasta la gubernatura.

Los legisladores, dijo el profesionista, no han podido medir las primeras políticas y la coyuntura no ayuda a resolver los problemas sociales cuando la gente espera respuestas, resultados. En una encuesta, describió que los legisladores apenas entienden cuál será su función, por eso la gente piensa que son pésimos gestores sociales.

Ejecutan a policía municipal, una mujer resulta herida


Desconocidos ejecutaron a un agente de la policía municipal en Cancún y lesionaron a una mujer que pasaba hoy al mediodía en una plaza comercial de esa ciudad, dio a conocer el vocero de la procuraduría de Justicia local, Antonio Coral.

Desconocidos ejecutaron a un agente de la policía municipal en Cancún y lesionaron a una mujer que pasaba hoy al mediodía en una plaza comercial de esa ciudad, dio a conocer el vocero de la procuraduría de Justicia local, Antonio Coral.

Cerca de las 14 horas, un comando armado irrumpió en el estacionamiento Multiplaza, en la esquina de las avenidas Kabah y Los Tules de esta ciudad y disparo contra el policía.

Pedro Segovia Hernández, agente de Seguridad Pública, se disponía a retirarse del lugar a bordo de una motocicleta, cuando cayó acribillado ante decenas de personas que salían a comer.

En medio de gritos de pánico, la señora María Elena Solís Montalvo, quién pasaba por el lugar con su esposo y su hijo, resultó herida por un rozón de bala, dijo el vocero de la fiscalía.

Agentes de la Judicial recogieron 18 casquillos de calibre AR-15 en tanto el Forense reveló que el policía Segovia Hernández recibió al menos cuatro balazos en la cabeza y rostro.

El fallecido tenía cinco años de servicio y en su expediente no hay antecedentes negativos. Estaba comisionado en el Sector 10 y no se sabía de amenazas en su contra.


Más tarde, encontraron otro ejecutado en un prado de la colonia San Antonio, junto a la escuela primaria Lauro Aguirre.

Por otra parte la patrulla 5461 de la Policía Municipal reportó un cadáver en un prado de la colonia Tres Reyes, cercano a la avenida López Portillo, atrás de la escuela primaria Lauro Aguirre Espinosa.

La procuraduría General de Justicia Estatal informó que el ejecutado falleció hace cuatro días, tenía entre 45 y 50 años de edad y vestía pantalón de mezclilla azul y camisa de rayas blancas. Las manos amarradas con un plástico así como los pies.

Turnan a Sebastián Córdoba Jiménez al juzgado Penal por el delito de robo


Chetumal, Quintana Roo

La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que derivado de la integración de la averiguación previa 632/9/2011 y al considerar la existencia de elementos el agente del Ministerio Público en el término de las 48 horas respectivas turnó a un Juzgado Penal a Sebastián Córdoba Jiménez de 36 años de edad como probable responsable de delito de robo en agravio de Manuel Alejandro Quino López y María Aidé Collí González.

Con relación a este caso, el día 3 del mes y año en curso, elementos de la Policía Estatal Preventiva PEP atendieron un reporte del número telefónico de emergencias 066 en el sentido que una persona del sexo masculino había robado un teléfono celular y un bolso en calle Efraín Aguilar entre Belice y Héroes de esta ciudad capital, minutos después cuando se dirigían a esta dirección recibieron otro reporte consistente que en una pollería denóminada “LEO” del mercado Manuel I. Altamirano ahora habían robado un cuchillo.

Con base a ambos reportes los elementos de la PEP arribaron a calle Efraín Aguilar entre Belice y Héroes en donde observaron a un sujeto cuyas características correspondían a las proporcionadas por el número telefónico de Emergencias 066, hecho ante por el que se le instó se detuviera, sin embargo Sebastián Córrdoba Jiménez de entre su ropa sacó un cuchillo con el que les amenazó, finalmente el citado obedeció la instrucción.

Cabe destacar que hasta el lugar llegó la primera agraviada Maria Aidé Collí González quien manifestó que el detenido le había arrebatado su bolso en cuyo interior iban un teléfono celular y un monedero con aproximadamente 150 pesos en efectivo, además de intentar lesionarla, persiguiéndole con un block, sin lograr su objetivo.

De igual manera hasta el sitio arribó el agraviado Manuel Alejandro Quino López quien informó que el ahora consignado había robado un cuchillo de la pollería denóminada “LEO” ubicada también dentro del mercado antes citado. Finalmente el agente del Ministerio Público al considerar la existencia de suficientes elementos en el término legal respectivo turnó al Juez Penal correspondiente a Sebastián Córdoba Jiménez de 36 años de edad como probable responsable de delito de robo en agravio de Manuel Alejandro Quino López y María Aidé Collí González.

lunes, 5 de septiembre de 2011

Calderón responde en Pregúnt@le al Presidente

Reforma 
Ciudad de México 


Tras decirse cansado de que el Gobierno detenga a criminales y los jueces los liberen, el Presidente Felipe Calderón criticó que Néstor Moreno Díaz, ex directivo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acusado de enriquecimiento ilícito, haya sido liberado a unas horas de su detención el pasado sábado.
"Este señor (Moreno Díaz), el que hizo corruptela y media en la CFE, lo agarramos el sábado y el domingo en la madrugada ya tenía un amparo y salió, claro que dicen que provisionalmente y que está sujeto a fianza, (aunque) creo que finalmente le negaron el amparo hoy", afirmó Calderón en el ejercicio Pregúnt@le al Presidente, en el cual respondió preguntas de ciudadanos en una transmisión en vivo en el portal de YouTube. 

Moreno Díaz es acusado de enriquecimiento ilícito por alrededor de 30 millones 99 mil 292 pesos, producto de supuestos sobornos a cambio de licitaciones de la paraestatal, y este lunes le fue negada la suspensión definitiva, por lo que puede ser capturado con la orden de aprehensión librada en su contra. 

Al responder a un cuestionamiento sobre la participación en el ataque al Casino Royale de sujetos que ya tenían antecedentes penales, el Mandatario advirtió que hay una brecha entre la verdad real y la verdad legal, pues criminales son liberados por cuestiones técnicas en los juicios. "La impunidad se da o porque no agarramos a los delincuentes, en este caso sí lo habíamos agarrado (referente al Casino Royale), o porque en el juicio se encontró algún detalle, algún argumento ahí raro, y lo sacan", afirmó. "Yo digo (que) la verdad real, la que le importa al ciudadano, es que el señor es un ratero y está libre y ahora volvió a matar a 52 gentes, esa también es la impunidad que a mí me molesta, yo también le preguntaría al juez 'por qué lo dejaste ir', 'por qué lo sacaron' y que se le exija rendición de cuentas, no es que yo la traiga contra el juez, los aprecio y todo, pero pues ya también uno empieza a cansarse, uno los agarra, los agarra, los agarra, y los jueces los sacan, los sacan y los sacan", expresó. 

Defiende acciones de Gobierno Ante los cuestionamientos recibidos en el ejercicio virtual, el titular del Ejecutivo defendió el financiamiento público de los partidos. Sobre los recursos que reciben el Instituto Federal Electoral (IFE) y los partidos políticos para las campañas, 

Calderón indicó que prefiere el financiamiento público sobre el privado. "Hay una preocupación modular en esto, y es que el que paga, manda. Si las campañas no las paga el contribuyente, no se pagan con recursos públicos, las campañas las terminan pagando gente muy poderosa que lo que acaban haciendo en poner diputados y senadores, no al servicio del pueblo, sino al servicio de ellos", consideró. "Yo prefiero que se prohíba o que se limite que haya recursos privados". 

El Mandatario también aseguró que su Administración ha ampliado la base de contribuyentes fiscales para no afectar a la clase media. "Tenemos que aumentar la recaudación y las fuentes de recaudación. En mi Gobierno hemos aumentado sustancialmente el número de contribuyentes, es decir hemos reducido la evasión, hemos pasado más o menos de como de 18 millones de contribuyentes a 31 millones de contribuyentes", refirió. Tras ser cuestionado sobre por qué Elba Esther Gordillo es presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Calderón afirmó que no puede intervenir en los sindicatos debido a la autonomía que les da la Constitución.

domingo, 4 de septiembre de 2011

Una mujer herida en ataque en un bar, Monterrey

  • Autoridades policiales estatales reportan que un grupo de hombres armados disparó contra el negocio con denominación social 'Flow'




Monterrey, Nuevo León

Una mujer resultó herida luego de que sujetos dispararon armas de fuego contra un bar del Barrio Antiguo de Monterrey, donde decenas de jóvenes se divertían esta madrugada, informaron autoridades policiales estatales.

El ataque se registró después de las 4:00 horas de este domingo en el cruce de Morelos y Doctor Coss, donde se ubica el antro denominado 'Flow', lo que provocó una amplia movilización de policías de los tres niveles de gobierno.

Los agresores, según reportes preliminares, dispararon en al menos ocho ocasiones desde un vehículo, sin que se hayan aportado mayores datos para localizarlos.

Paramédicos de la Cruz Roja Metropolitana trasladaron a un nosocomio local a una mujer que fue alcanzada por los disparos y su estado fue reportado como grave.

La herida, identificada como Reynalda "N", de 32 años, se dedicaba a la venta de cigarros en los pocos establecimientos que aún permanecen activos en el Barrio Antiguo, pese a los problemas de inseguridad prevalecientes aquí.

El hecho provocó pánico entre jóvenes, muchos de ellos menores de edad, que a altas horas de la madrugada aún se encontraban en el negocio atacado.

El céntrico sitio quedó acordonado por policías, además de cerrarse a la circulación el sector del Barrio Antiguo, para procederse a las investigaciones del ataque armado.

eluniversal.com.mx

Dos reportes por robo uno a casa habitación y otro a un vehículo

Elementos de la Policía Judicial del Estado PJE informaron que por separado atendieron dos reportes de robo, uno a casa habitación y otro al interior de un vehículo hechos ocurridos en puntos distintos de esta ciudad capital.

En primer término alrededor de las 14 horas de ayer acudieron a una vivienda ubicada en calle Otawa del Fraccionamiento Las Américas de esta ciudad en donde entrevistaron a quien dijo llamarse Miguel Uc Arguelles quien informó que en el interior de su casa encontraron a una persona del sexo masculino (quien dijo llamarse José David Hernández Pérez) por lo que fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público. Por este caso integra ya la averiguación previa 534/09/2011 del 2011 y tiene a su disposición como probable responsable del delito de allanamiento de morada y lo que resulte a José David Hernández Pérez.

Por otra parte informaron que alrededor de las 03:30 horas de hoy atendieron el reporte de un robo cometido al interior de un vehículo estacionado en calle Heriberto Jara con Juan Bautista de la colonia Cinco de Abril en Chetumal.

En el lugar fue entrevistado el señor Isrrael Arévalo quien informó que momentos antes escuchó ruidos afuera y al asomarse se percató que un individuo salía de su taller y al salir ya no lo alcanzó.

Enseguida procedió a revisar sus unidades, percatándose que del interior de una de ellas faltaba un autoestéreo, hecho ante el cual se le invitó a que formule la denuncia ministerial correspondiente.

Francisco Tobías declara contra Creel Miranda durante su campaña política

José Reyes

  • Panistas de Coahuila nunca debieron haber permitido que Santiago Creel pisara Saltillo, Torreón y Coahuila 
  • Es el responsable de la proliferación de los casinos al haberlos autorizado cuando era Secretario de Gobernación 
  • Es responsable, por ende, de las muertes que han sucedido en estos centros de apuestas 
  • Opinó el diputado local Francisco Tobías
  • Creel Miranda dijo sólo autorizó 7, en lo que se refiere al del Casino Royale, el permiso se revocó en 2003



Saltillo, Coahuila. 

El priísta mostró su rechazo a la presencia de Creel en Coahuila, quien sostuvo reuniones partidistas en Saltillo y en Torreón para promover su precandidatura a la Presidencia de México.

“Santiago Creel muestra con esto su doble moral y su falta de ética al buscar promocionar para ser candidato de su partido a la Presidencia de la República sin dar la cara y ni siquiera una disculpa a los mexicanos”, declaró.

Tobías manifestó que los coahuilenses y los mexicanos en general están padeciendo los actos irregulares de Creel, como fueron los permisos que consiguió a esos centros de apuestas.

“Consiguió los permisos de manera ilegal y violando las leyes secundarias y violando la Constitución mexicana; este señor es responsable de las muertes de muchos mexicanos”, expresó.

Tobías insistió; “le exigimos que se haga responsable de sus actos ilegales, él como Secretario de Gobernación le dio luz verde a la instalación de los casinos y en ese sentido se debe hacer responsable de lo que ha pasado con estos establecimientos”.


De gira

Santiago Creel Miranda, senador con licencia, estuvo en la ciudad como parte de su gira “México Adelante”.

A Creel lo acompañaron su esposa Paulina Velasco, el presidente del PAN estatal, Carlos Orta y el senador Ernesto Saro Boardman. El gran ausente fue el excandidato a gobernador, Guillermo Anaya. Alrededor de 200 personas escucharon sus propuestas.


¿Y los casinos?

Sobre los permisos que como Secretario de Gobernación otorgó para la instalación de casinos, Creel Miranda dijo sólo autorizó 7, en lo que se refiere al del Casino Royale, el permiso se revocó en 2003.

Incursionan mujeres en el ejército


Por primera vez en la historia del Heróico Colegio Militar, se graduaron ayer 10 mujeres que después de 4 años de instrucción formarán parte de las unidades del Ejército mexicano.

María Cristina Velázquez Tapia, quien egresó como subteniente intendente, explicó que su especialidad consiste en manejar recursos: “Nuestra tarea básicamente es administrativa, pero estamos listas para realizar cualquier labor en beneficio de la ciudadanía”.

En entrevista, comentó que el grupo de mujeres egresadas abre una brecha para que el sexo femenino incursione en las fuerzas armadas, lo cual representa un abanico inmenso de oportunidades por los conocimientos adquiridos.

“Cuando decidí ingresar al Heroico Colegio Militar, mi madre me apoyó de manera incondicional y me dijo que el día que me graduara sería la mamá más feliz del mundo y hoy le cumplí ese deseo”, afirmó.

Por su parte, Valeria Rocha Márquez señaló que no le fue difícil adaptarse a la disciplina militar: “Con disposición todo se puede lograr y en todo momento recibí el mismo trato que el de mis compañeros hombres, no hubo ninguna diferencia’.

Expresó que ser profesionista la llena de orgullo, pues debido a la formación integral que recibió, cuenta con los conocimientos necesarios para cumplir con lealtad y firmeza las tareas que le encomienden.

Un total de 301 cadetes del Heroico Colegio Militar se graduaron ayer en diversas especialidades de armas y servicios, entre ellas 10 mujeres que son las primeras que egresan de ese plantel

Acción penal contra presuntos homicidas de Jorge Amir Flota Matos


La Procuraduria General de Justicia del Estado informa que esta tarde el agente del Ministerio Público ejercitó acción penal en contra de Eduardo Sánchez Hernández y Ulisés Martínez Jiménez como probables responsables de los delitos de Homicidio calificado y abuso de autoridad en agravio del policía estatal preventivo Jorge Amir Flota Matos por lo que consignó al Juzgado Penal correspondiente la averiguación previa ZS/CHE/01/SD/2827/8-2011 en la que están asentados estos hechos.

El representante social en su determinación expresó que como parte de la integración del expediente conjuntó diversas diligencias entre las que destacan:

  • Denuncia formulada con fecha 30 de agosto del año en curso por el delito de homicidio por el señor Charlie Anibal Flota Matos en agravio de su hermano Jorge Amir Flota Matos
  • Informe de investigación de la Policía Judicial del Estado
  • Fe ministerial del lugar de los hechos
  • Toma de evidencias, así también
  • Dictámenes periciales entre los que se cuentan: química forense, balística, identificación de huellas, criminalística de campo, valuación y la necropsia de Ley.

También; las declaraciones ministeriales de Eduardo Sánchez Hernández y Ulisés Martínez Jiménez en su calidad de probables responsables.

Entre las diligencias testimoniales el expediente cuenta con las declaraciones de los ciudadanos Alejandro Percastre y Gustavo Canul, la del propio General de Brigada, Ingeniero en Comunicaciones Electrónicas Carlos Bibiano Villa Castillo así como de siete personas más, cinco de ellas escoltas.

También obra en el expediente el aseguramiento de 2 armas tipo escuadra Glock 9 x 19 milímetros, un arma de fuego tipo fusil de asalto ligero marca LK Barrington JL calibre 7.62 por 51 milímetros, otra arma de fuego tipo fusil M4 comando de la marca Colt calibre 5.56 milímetros todas con sus respectivos cargadores .

La Procuraduría General de Justicia del Estado destaca que con base a todo lo anterior en el expediente del caso se tiene acreditada la presunta responsabilidad en los hechos de los inculpados tal cual lo solicita el artículo 16 constitucional, acción con la que da certidumbre jurídica a la sociedad de que cuenta con autoridades actuantes para hacer valer el estado de derecho.

Mujer desquiciada ataca y roba en los alrededores de la escuela Escobar Nava

  • Pretendía atacar a un menor de edad
  • Su madre lo protege y es lesionada por la mujer desquiciada


El agente del Ministerio Público reportó que derivado de denuncia formulada por los delitos de robo y lesiones por Layda Cristina Salazar integra la averiguación previa 2872/9/2011 para deslindar responsabilidades en contra de quien resulte responsable.

Con relación al hecho, la agraviada explicó que el día primero del mes y año en curso aproximadamente a las 15:30 horas junto a su hijo y dos personas más conocidas esperaba una combi en avenida Chetumal a la altura del plantel educativo “Escobar Nava”.

De momento hasta el sitio llegó una mujer vestida con una playera y pantalón color verde tipo militar quien se colocó detrás de ella y comenzó a expresar una serie de comentarios al parecer en contra de una de las dos mujeres conocidas que le acompañaban.

Ante ese hecho decidió guardar su cartera en su bolso, paralelamente la agresiva mujer comenzó a observar a su hijo en una actitud muy fea, pidiéndole que se calmara petición que ignoró.

La declarante dijo haber observado que dicha mujer en una de sus manos llevaba un “cutter” con el que pretendía lesionar a su hijo, por lo que enseguida lo cubrió para que no resultara lastimado. En ese orden la mencionada la golpeó en su espalda con su puño cerrado intentando lesionarla con el “cutter”, hecho que consiguió durante el forcejo al herirle en su brazo derecho y espalda y, con el mango del instrumento filoso golpearle en su frente.

También su agresora la despojó de 200 pesos en efectivo que llevaba en una de sus manos, en tanto con el apoyo de unas señoras junto a su hijo subió a una combi, desde donde observó que la mencionada le gritaba y apuntaba con el “cutter”.

Rondín policíaco de vigilancia por bares y centros nocturnos

La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que efectivos de las policías Federal, Municipal Preventiva y la Policía Judicial del Estado PJE anoche de manera coordinada realizaron un operativo de vigilancia y revisión preventiva en diversos bares de esta ciudad capital.

Dicho operativo inició a las 20 horas y durante el recorrido de vigilancia preventiva hicieron revisiones en los bares; “Betus”, “Corona”, “Shampoo”, “Sisi” y “Manantial”, producto de ello en el bar “Sisi” una mujer fue detenida por ebria e impertinente por lo que fue trasladada a las instalaciones de la cárcel pública municipal para el trámite administrativo respectivo.

Efectivos de la PJE destacaron que al término del recorrido de vigilancia en los bares acudieron a los estacionamientos de; “Bodega Aurrerá” y “Plaza Las Américas” en donde también hicieron un recorrido preventivo, para finalmente concluir a las 22:20 horas sin mayores novedades.

sábado, 3 de septiembre de 2011

Niña queda atrapada en máquina de pelota de colores

Cancún, Quintana Roo

Una movilización de cuerpos de emergencias se registró a las 15:30 horas de este sábado en Plaza Las Américas, después de que el brazo de una menor de tres años quedara atrapada en una máquina de pelotas al interior de la plaza.

Tras un llamado de emergencia en el cual se alertaba de una persona menor de edad prensada en Plaza Las Américas.

El reporte indicaba que había quedado atrapado en una máquina del área de juegos, por lo que paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron a bordo de las ambulancias QR-23 y QR-16 de rescate urbano.

Al llegar a la plaza, los paramédicos fueron informados que la víctima era una niña de tres años, que había metido una mano en una máquina de pelotas de colores.

La mano de la niña fue jalada literalmente por la máquina, quedando atrapado todo el brazo en la parte donde se despachan las pelotas después de haber insertado una moneda.

Por varios minutos, los paramédicos suministraron líquidos a la niña para evitar que cayera en shock, la menor de edad fue identificada como R.B.R., mientras realizaban la labor de rescate, su padre permaneció a su lado.

Los paramédicos tuvieron que utilizar equipo especial para romper la máquina, pues el mecanismo de ésta no permitía liberar el brazo de la pequeña R.B.R.

Finalmente, la menor liberada y su padre se trasladaron a un hospital, el padre rechazo el traslado a bordo de una ambulancia, negándose también a proporcionar sus generales.

Después del incidente, la máquina que estaba ubicada cerca de las escaleras en el interior de la plaza, fue retirada del lugar.

Derechos Humanos como una forma de vida

José Luis Vargas Aguilar, director de la Facultad de Derecho de la UADY
Mérida, Yucatán
Notimex

Para formar abogados con una visión de respeto a las garantías individuales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Facultad de Derecho de la UADY y la Codhey imparten el diplomado "Sistema Procesal Penal Acusatorio y Derechos Humanos".

Durante la firma del convenio de colaboración, el director de la citada facultad de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), José Luis Vargas Aguilar, expuso que es necesario trabajar para que los abogados vean en los derechos humanos una filosofía de vida.

La facultad de Derecho, abundó, le apuesta a la transformación jurídica y humana de estudiantes y egresados, en un momento de cambio total en materia jurídica con el nuevo Sistema Penal Acusatorio que se transforma totalmente para fomentar la cultura de mediación y de los juicios orales.

"Pasaremos -dijo- del sistema penal acusatorio a otro en el que serán algo normal los juicios orales, y en el que su esencia es a favor de los derechos humanos, por ello no pretendemos ofrecer sólo un diplomado, sino generar una forma de vida del egresado".

Apuntó que se tiene una sociedad lastimada por la violencia, "y es por ello que nos comprometer más el fomentar la cultura de los derechos humanos, que se fomente no sólo en escuelas sino en la casa, en los libros, la protección derechos humanos".

Añadió que la sociedad mientras más cultura de los derechos humanos tenga "más humanos seremos, de los contrario sólo va a actuar por interés económico, político o social".

En tanto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), Jorge Victoria Maldonado, precisó que con este diplomado se da continuidad a una tarea de promoción de respeto a las garantías individuales basado en la ley.

El tema, apuntó, es de vital importancia en momentos de vertiginosos cambios en el mundo jurídico y la estructura social, jurídica y política del país. "No podemos permitir que la sociedad se quede relegada del tema, y no podemos permitir que los defensores queden al margen de esos cambios".

Entre los temas que contendrá el diplomado destacan reforma constitucional y los principios rectores de nuevo proceso penal, facultades de los sujetos procesales y otros intervinientes y mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

NTX/JMC/RMF/HAR/AEG

Libres trabajadores de "El Michoacano", se niegan a demandar


Juan Palma
SIPSE
Chetumal, Quintana Roo

Tras permanecer varias horas privado de su libertad por un supuesto grupo de la delincuencia organizada, el empresario y propietario de cuatro tortillerías en Chetumal, entre ellas El Michoacano, Romualdo Flores Vargas, fue liberado por sus presuntos plagiarios durante las primeras horas del pasado viernes, junto con sus dos empleados Israel Salgado Jiménez y Edwin Briceño Call.

El vehículo Jetta, color gris, con placas de circulación PJA-45-09, del estado de Michoacán, donde fue "levantado", fue encontrado por elementos de la Policía Judicial del Estado en una brecha de la colonia Dina, ubicada a la entrada de la ciudad. La unidad fue sometida a los estudios periciales correspondientes.

Los presuntos plagiados decidieron no informar a las autoridades policíacas sobre lo ocurrido la noche del jueves en la colonia Forjadores, además no interpondrán una demanda por este hecho. Las Fuerzas de Rescate de Acción Inmediata (FRAI) investigan para dar con los responsables de tal delito.

De acuerdo con el director de la Policía Judicial del Estado en la zona sur, Luis Manuel Vázquez Villanueva, al tener conocimiento de la aparición de los tres supuestos levantados por un comando armado, pudieron localizar al propietario del negocio denominado El Michoacano, Flores Vargas; sin embargo, se negó a proporcionar detalles de lo que ocurrió, además su esposa aseguró que no interpondrían denuncia por este hecho.

Al igual que Flores Vargas, las otras dos personas "levantadas" no quisieron declarar ni denunciar este ilícito, tampoco aportar detalles de lo que sucedió, quiénes fueron los sujetos que los privaron de su libertad por horas o el motivo por el cual se los llevaron.

"Nos entrevistamos con ellos, pero no quisieron hablar, mencionaron que posiblemente lo harían después, ignoramos cuál sea el motivo por el que no quieran decir nada, pero esperaremos a que se decidan y de esta manera podamos continuar con las indagatorias y de ser posible identificar a los delincuentes", dijo.

El empresario, supuestamente es familiar de Tranquilino Valencia Salgado, presuntamente levantado cuando se encontraba en su domicilio en la ciudad de Playa del Carmen. En el predio se rumora que estaba habilitado un "palenque" para realizar peleas de perros.

Los dos familiares, presuntos plagiados, nacieron en Michoacán y crecieron en el vecino estado de Campeche.


Se encuentran en sus domicilios, sin signos de tortura

Notimex

El director de la Policía Judicial en el sur del estado, Luis Manuel Vázquez Villanueva, informó que horas después de que tres personas fueran plagiadas por un grupo armado en esta ciudad, fueron liberadas.

El funcionario mencionó que la víspera, familiares de los plagiarios informaron que Romualdo Flores Vargas, propietario de la tortillería La Michoacana y sus dos trabajadores ya se encontraban en sus domicilios, sin signos de tortura.

Flores Vargas y sus trabajadores fueron secuestrados por un grupo de 15 hombres, armados y encapuchados, el pasado día 1, cuando limpiaban la tortillería, ubicada en la colonia Forjadores de esta capital.

Vázquez Villanueva mencionó que se realizan investigaciones para determinar los móviles de esta plagio, pero se presume que los secuestradores pertenecen a una célula criminal que ha realizado acciones similares en Playa del Carmen, Solidaridad.

Atentan contra libertad de expresiónen Tabasco, últimas modificaciones al Código Penal


Kristian Antonio Cerino
Corresponsal en Villahermosa

Las modificaciones aprobadas por el Congreso de Tabasco al Código Penal, en donde una persona podrá ser encarcelada por difundir un “rumor” o una información que “genere caos”, puede ser el preámbulo para obstruir la libertad de expresión.

Académicos y periodistas coinciden que el voto unánime para castigar con cárcel a quienes difundan una falsa información, por celular o redes sociales, u otro medio, es con el fin de atemorizar a los comunicadores y a los ciudadanos que han encontrado en internet, la vía para manifestar sus desacuerdos o plantear sus criticas.

Alertaron que Tabasco, en lo inmediato, habrá de vivir un escenario semejante al de Veracruz, estado que encarceló a dos usuarios de redes sociales porque presuntamente generaron un caos ciudadano al publicar comentarios “alarmistas”.

Leobardo Marín, exbecario de la Fundación Prensa y Democracia y columnista de Tabasco, señala que el único fin al realizar las modificaciones al Código Penal del Estado es para “coartar la libertad de expresión” y “controlar a los medios”

Marín, corresponsal de W Radio y un usuario de Twitter en donde le siguen mil 275 personas, lamenta que esta decisión de los diputados locales, misma que entrará en vigor cuando se publique en el Diario Oficial del Estado, no esté preocupando a los ciudadanos y sólo a algunos periodistas.

“Si algunos periodistas al estar limitados en sus medios, usan las redes sociales para opinar, ahora se busca atemorizarlos para que ya no escriban en las redes”, añade.

Para Hugo Macías Morales, maestro en Comunicación por la Ibero y columnista en el Heraldo de Tabasco, “más allá de evitar un caos ciudadano (con rumores), yo creo que se violentan las libertades de expresión y el ejercicio periodístico se ve cuartado”.

La preocupación es que si el gobierno local busca impedir que en redes sociales, como en cualquier otro medio, los ciudadanos publiquen mensajes falsos, esto también pueda afectar a los periodistas, que al redactar sus informaciones, emplean filtraciones o protegen a sus fuentes.

Gerardo Meléndez, experto en periodismo Político por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, explica que el poder juzgar un rumor no será nada fácil:

–¿Cómo establecemos los parámetros para juzgar el rumor? –se pregunta.

En su experiencia periodística, precisa, el rumor siempre es y ha sido una estrategia política y el rumor también se ha usado para cosas positivas.

“Cómo evaluar los efectos del rumor. Esta evaluación sería subjetiva. Un buen rumor en periodismo, es una gran noticia confirmada”, recuerda.

En Tabasco, un estado con más de 2 millones de habitantes y una tierra que está plagada de periódicos y revistas, este tema se ha discutido poco. Las modificaciones al Código Penal del Estado no ha generado el debate que se requiere.

Diarios como Tabasco Hoy y La Verdad del Sureste le han dado una especial atención ante la gravedad de la problemática.

La verdad del Sureste tituló: Congreso tipifica como “delito” difundir rumores. Y Tabasco Hoy: Aprueban Ley contra rumor; cuartará libertades.

Nancy Cruz, editora de diarios digitales y analista de los efectos de la comunicación, sostiene que el poder político de Tabasco sólo tiene un propósito: Cerrar el camino de la libertad de expresión.

“La ineptitud de las autoridades es lo que genera la incertidumbre en el ciudadano, si las autoridades cumplieran su trabajo, y tuvieran un nivel de credibilidad ante los ciudadanos, nadie, absolutamente nadie, podría venir a propagar un rumor a través de ningún medio de comunicación”.

Cruz, egresada de la Licenciatura en Comunicación por la UJAT, lamenta que con estas medidas intimidatorias se busque opacar a la opinión pública.

“Yo nunca he visto que se castigue a un periódico de nota roja por difamar a un ciudadano a través de sus páginas”.

Asimismo, el periodista cultural, Juan López, afirma que estas modificaciones al Código Penal debieron ser en otro sentido:

“Pero del notarojismo y del sexoservicio descarado de algunos medios, no se dijo nada”. Esto porque en Tabasco circulan un par de diarios de Nota Roja en donde se publican constantemente fotografías de muertos y se incluye entre sus páginas anuncios de tipo sexual.

Sobre el tema, José Dolores Espinoza, diputado que impulsó la reforma, aclara que se tendrá un equipo especial para detectar a quienes intenten generar pánico entre los ciudadanos, sobre todo a través de las redes sociales de Facebook y Twitter.

“En su momento se va a definir cuál es la forma en que se va a detectar en redes sociales”, agregó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia.

En la prensa local, Joel Alberto García, un experto en leyes, cuestiona esta reforma y asegura que en el fondo se pretende frenar la libertad de expresión en redes sociales bajo el argumento que se tiene que detener “la rumorología”.

Desde que inició el año, el gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, anunció que controlaría “la rumorología” y esto ya comenzó con la iniciativa que envió al poder Legislativo, según da cuenta el sitio web del Congreso de Tabasco.

El gobernador Granier, en la exposición de motivos leída en el Congreso, rechaza que su iniciativa “de ninguna manera vulnera la garantía de libertad de expresión”, porque los ciudadanos que viven en el estado tienen “el inalienable derecho de manifestar libremente sus ideas sin temor a represión alguna”. Así lo transcribió el periodista Julio Pretelín en el diario La Verdad del Sureste.

Primero, con estas modificaciones al Código Penal, se pretendía castigar a los bromistas que hablaban a la policía local para denunciar delitos falsos, pero después se le agregó un castigo ejemplar a los propagadores del rumor. Incluso, desde el mes de mayo, el gobierno local lanzó una campaña de medio para frenar el rumor sobre falsos tiroteos, crímenes o secuestros.

Hasta 6 años de cárcel en Tabasco por “falsas alarmas” en redes sociales

“A quien utilice el servicio telefónico o cualquier medio de comunicación masiva para dar aviso de alarma o emergencia falsa, provocando con ello la movilización o presencia de servicios de emergencia o cuerpos de seguridad pública, o provoque caos o inseguridad social, se impondrá prisión de seis a dos años y de cincuenta a trescientos días de multa”, así quedó el artículo 312 bis del Código Penal del Estado.

En tanto, los periodistas críticos del gobierno local, temen que se vaya a desatar una cacería por los comentarios “incómodos” que escriben diariamente en las redes sociales.

El Congreso de Tabasco aprobó una ley que plantea castigar con hasta seis años de cárcel a quienes utilicen el servicio telefónico o cualquier medio de comunicación masiva, incluyendo redes sociales para dar aviso de alarma falsa que pueda provocar pánico y caos social.

Con el dictamen se adiciona el Artículo 312 bis al Código Penal del Estado, para tipificar las llamadas o avisos falsos, a los servicios de alarma o emergencia y el cual fue aprobado por unanimidad.

“A quien utilice el servicio telefónico o cualquier medio de comunicación masiva para dar aviso de alarma o emergencia falsa, provocando con ello la movilización o presencia de servicios de emergencia o cuerpos de seguridad pública, o provoque caos o inseguridad social, se impondrá prisión de seis a dos años y de cincuenta a trescientos días de multa”, dice textualmente el nuevo artículo.

La aprobación de esta ley se presenta el mismo día que un juez penal en Veracruz dictó auto de formal prisión contra la periodista María de Jesús Bravo Pagola y el tuitero Gilberto Martínez Vera, detenidos el viernes 26 de agosto por representantes la Procuraduría General de Justicia en Veracruz (PGJV), luego de ser acusados por la presunta comisión de los delitos de sabotaje y terrorismo.

El Juez de la causa determinó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público, adscrito a la PGJV, si demostraban la probable responsabilidad de los inculpados, acusados de producir “alarma, temor, (y) terror” contra la población del puerto al difundir mensajes, a través de las redes sociales Twitter y Facebook, en los que advertían que grupos armados estaban atacando a alumnos y padres de familias que se encontraban en centro escolares de la zona Veracruz-Boca del Río

Los dos tuiteros fueron arrestados la semana pasada por la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) del gobierno del priista Javier Duarte acusados de actos terroristas por el gobierno y por “sembrar el pánico” entre ciudadanos de Veracruz, al asegurar que el crimen organizado atacaría escuelas, lo que provocó que fueran cerrados los centros de estudio.

Con información de Tabasco Hoy.

Amnistía Intenational contra la violación de los Derechos Humanos de dos usuarios de Tweeter y Facebook


Amnistía Internacional se unió a las voces contra la detención, encarcelamiento y formal prisión a dos usuarios de Twitter y Facebook por supuestamente difundir información errónea sobre una balacera en Veracruz, a quienes se les acusó de terrorismo.

Ya ayer Artículo 19 había dado un posicionamiento sobre el tema, y hoy te reproducimos textual el comunicado de Aministía Internacional al respecto:

“Dos personas han sido detenidas en Veracruz, México, con cargos por terrorismo y sabotaje, luego de que se les acusará de publicar mensajes vía Twitter y Facebook. Las investigaciones están en curso y hasta el momento se les ha sido negado acceso a un proceso judicial justo. En caso de se les encuentre culpables podrían enfrentar treinta años en prisión.

“El 26 de agosto, la periodista local María de Jesús Bravo Pagola (conocida como Maruchi) y el maestro Gilberto Martínez Vera fueron detenidos por la policía en sus casas en la Ciudad de Veracruz, ubicada en la costa este de México. Según las autoridades estatales, ambos habían sido rastreados y arrestados después de que rumores sobre posibles ataques a escuelas locales por grupos criminales circularan a través de las redes sociales el 25 de agosto, lo que dio como resultado que padres de familia recogieran a sus niños y varias escuelas cerraran temporalmente. El gobierno del estado responsabilizo del pánico a la rápida circulación de falsa información y acusó a María de Jesús Bravo y a Gilberto Martínez Vera de circular la historia en Twitter y Facebok, fueron detenidos y acusados de terrorismo y sabotaje de acuerdo con el Código Penal de Veracruz.

“Las dos personas detenidas fueron transferidas a Xalapa, capital del estado de Veracruz, donde les mantuvieron incomunicadas por más de 60 horas. Durante el proceso de interrogación se les puso bajo presión con la finalidad de que en sus declaraciones admitieran ser culpables de circular información falsa y no les permitieron acceso a sus abogados. En sus últimas declaraciones ante el juez, alegaron maltrato y coacción por parte de las autoridades y manifestaron ser completamente inocentes. No existe aparentemente evidencia de que ambos estuvieran involucrados o fueran cómplices en actos de terrorismo o sabotaje, sin embargo el 31 de agosto un juez dictaminó que había pruebas suficientes para proceder con el juicio y requirió que se les mantuviese en custodia.

“En meses recientes ha habido un incremento de violencia en Veracruz, ya que diferentes cárteles compiten por el control de la ciudad. La inseguridad crea un clima de desconfianza, en el cual los rumores que circulan por las redes sociales son parte del intento de las personas por protegerse a sí mismas ya que existe muy poca información fidedigna.

“Amnistía Internacional encuentra preocupante que si bien, la información que circuló a través de Twitter y Facebook pudo no haber sido correcta, la detención y acusaciones a María de Jesús Bravo y Gilberto Martínez Vera por cargos de terrorismo y sabotaje son injustos y violan su derecho a la justicia y la libertad de expresión. Amnistía Internacional cree que es responsabilidad de las autoridades difundir información correcta y confiable sobre las medidas que está tomando para proteger a la población.


Información adicional

“Desde el 2007 la violencia ligada al crimen organizado ha llegado una magnitud cercana a los 40, 000 asesinatos. La administración del Presidente Calderón ha intentado combatir a los cárteles de la droga desplegando miles de policías federales y más de 50 mil efectivos militares y personal de la marina en las áreas más afectadas. Miembros de la policía y de otras fuerzas de seguridad, así como autoridades locales son frecuentemente sospechosos de corrupción y de estar coludidos con grupos criminales, creando un clima de impunidad e inseguridad para la población en las áreas afectadas.

Veracruz ha sido testigo de cómo se han incrementado los niveles de violencia cada que diferentes cárteles compiten por el control. A través del país la violencia ha dado como resultado muertes de civiles que no se encuentran involucrados, así como de asesinatos indiscriminados a transeúntes. El incremento de los ataques a periodistas por parte de los grupos criminales ha minado la cobertura sobre seguridad, y el fracaso de las autoridades para proporcionar información fidedigna y a tiempo ha alentado el uso de las redes sociales como vía de comunicación para alertar a las personas de supuestos ataques y amenazas a sus comunidades”.

Amnistía Internacional insta a escribir a las autoridades:

- Expresando preocupación por la detención y acusaciones a María de Jesús Bravo y Gilberto Martínez Vera en Veracruz, por los cargos de terrorismo y sabotaje, en conexión con publicaciones vía Twitter y Facebook el 25 de agosto.

“- Llamando a que se realicen investigaciones inmediatas e imparciales de las denuncias sobre maltrato y coerción, así como de la negación al acceso a abogados de su elección durante su detención y juicio por la policía judicial y autoridades.

- Pidiendo que sean respetado el derecho a un juicio justo y la libertad de expresión y exigiendo por una revisión completa de la conducta de las autoridades estatales en la detención y acusaciones a María de Jesús Bravo y Gilberto Martínez Vera.


Gobernador del estado de Veracruz.
Javier Duarte Ochoa
Palacio de Gobierno, Av. Enriquez S/N, Col. Centro, CP 91000, Xalapa
Veracuruz, México.

Fax:+52 228 841 8818
Email: javierduarte@veracruz.gob.mx
Tratamiento: Estimado Gobernador
Procurador General del Estado de Veracruz

Lic. Reynaldo Gaudencio Escobar Pérez; Procuraduría General de Justicia; Circuito Rafael Guizar y Valencia No. 707; Colonia Reserva Territoria; C.P. 91096 Xalapa; Veracruz; México
Fax: +52 228 841 6184
Email: notaspgjver@hotmail.com
Tratamiento: Estimado Procurador

Name: María de Jesús Bravo and Gilberto Martínez Vera
Gender m/f: María de Jesús Bravo (f); Gilberto Martínez Vera (m)
UA: 261/11 Index: AMR 41/052/2011 Issue Date: 31 August 2011″


El posicionamiento de Artículo 19

Artículo 19 emitió este miércoles un posicionamiento sobre las condenas a dos tuiteros acusados de terrorismo por el estado de Veracruz. El caso ha tenido gran viralidad en redes sociales, y aquí les dejamos la postura de la organización dedicada a defender la libertad de expresión.

El 25 de agosto se difundieron rumores a través de Twitter sobre un posible ataque a una escuela primaria en la ciudad de Veracruz, Veracruz (Este). Como respuesta la Procuraduría General de Justicia anunció horas después que presentaría cargos bajo el delito de terrorismo en contra de los dueños de 17 cuentas de Twitter lo que derivó en la detención de Maruchi Bravo Pagola (@maruchibravo) y Gilberto Martínez Vera (@gilius_22).

Maruchi Bravo fue empleada del gobierno de Veracruz adscrita al Ministerio de Educación donde fungía como directora de actividades artísticas y culturales. Tanto Bravo como Martínez se declararon inocentes de todos los cargos. Unas horas más tarde, una carta de Bravo circuló en los medios de comunicación acusando a la Procuraduría de Justicia de someterla a maltratos psicológicos.

Las autoridades han rechazado las acusaciones de maltrato e insisten en que la investigación no constituye una violación al derecho a la libertad de expresión, sino una acción decisiva para proteger a la gente de Veracruz de la desinformación y el terror. Sin embargo, mientras que los rumores circulaban ninguna de los dos cuentas de Twitter del gobierno en materia de seguridad pública, ofrecieron con información que desestimara los rumores sino que se limitaron a reproducir el mensaje del gobernador condenando el “mal uso de las redes sociales para esparcir terror”. Los límites del ejercicio del derecho a la libertad de expresión están claramente definidos por el derecho internacional y no incluyen la condena a la difusión de información falsa o sin confirmar.

Bravo y Martínez están detenidos y acusados bajo el cargo de terrorismo contemplado en el Código Penal de Veracruz artículo 311 y de ser sentenciados podrían enfrentar una pena de prisión de 3 a 30 años.

“La detención de usuarios de Twiter por terrorismo es el último intento de restringir la libertad de expresión en Veracruz. La crisis de seguridad pública en el estado ha severamente obstaculizado el libre flujo de información con cuatro asesinatos de periodistas en lo que va del año y ahora el uso discrecional de la ley para perseguir a los usuarios de Twitter es un exceso.” Comentó Darío Ramírez Director de la Oficina para México y Centro América de ARTíCULO 19.

ARTICLE 19 hace un llamado al gobernador Javier Duarte para que se abstenga de interferir en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, lo cual incluye la restricción de este derecho de manera injustificadas y desproporcionadas en el terreno de la seguridad nacional y seguridad pública.

ARTICLE 19 también hace un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que verifique las condiciones de arresto Maruchi Bravo y Gilberto Martínez, así como para corroborar que su derecho al debido proceso se ha respetado.


Estos son los argumentos del juez contra los tuiteros (tweeters)

Los tuiteros veracruzanos que el 25 de agosto supuestamente causaron alarma, son acusados por Terrorismo en su forma equiparada, es decir, que no cometieron el delito tal cual se considera en la ley, sino de una forma que se parece, o que tuvo los mismos efectos en la población.

En este caso, el auto de formal prisión asegura que “los elementos de prueba no resultan aptos y suficientes para jurídicamente para tener por comprobado el delito de terrorismo”, y descarta el elemento: “A quien utilizando explosivos, sustancias tóxicas, arma de fuego o por incendio, inundación o por cualquier medio”, dado que no se puede comprobar dicho delito, “sino todo lo contrario, de lo que se les denuncia y se logró probar, es de haber causado zozobra en la población… al utilizar los medios electrónicos para simular que estaban ocurriendo esos sucesos, sin que eso fuera cierto”.

Es decir, que aunque no se utilizaron explosivos, sustancias tóxicas, o algún otro medio, los mensajes emitidos a través de Twitter y Facebook tuvieron supuestamente el mismo efecto señalado en la ley “Aun cuando en este delito la conducta consiste en la realización dolosa de actos contra las personas, las cosas, o los servicios públicos, el resultado de esta conducta debe ser el producir alarma, temo o terror en la población o en uno de sus grupos… y el fin que persigue el delincuente es el de perturbar la paz pública…”

Por ello, el auto de formal prisión emitido por el juez contempla que el delito cometido es el de Terrorismo y Sabotaje, pero no en su forma genérica, sino en su forma equiparada contemplada en el artículo 313 del Código Penal.

Según su consideración, el delito del que son culpables es de Terrorismo no configurado, según la legislación del Estado de Baja California, dado a conocer en 1993.

El otro argumento del juez, está basado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala que se debe sancionar la utilización de cualquier medio “que produzca alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella para perturbar la paz pública o tratar de menoscabar la autoridad del Estado o presionar a la autoridad para que tome una determinación”, pero al no haber “medios comisivos” se actualiza otro delito

El auto de formal prisión también señala que hubo delitos contra la seguridad del Estado, basados en el artículo 313 del Código Penal que dice que “Se considera terrorista a quien haga señales, dé voces de alarma o provoque estruendos por loe medios idóneos, simulando la posible existencia de alguno de los actos considerados por el delito de terrorismo, con el fin de suscitar tumultos, desórdenes, alarma o zozobra aun cuando estos no se produzcan”.

El juez considera que los tuiteros cayeron en los siguientes elementos.

a) A quien haga señales, dé voces de alarma o provoque estruendos por los medios idóneos.

b) Simulando la posible existencia de alguno de los actos considerados por el delito de terrorismo: que hayan utilizado explosivo, sustancias tóxicas, armas de fuego, provocando un incendio o una inundación u otro medio;

c) Con el fin de suscitar tumultos, desórdenes, alarma o zozobra aun cuando estos no se produzcan.

Por lo que según el juez, se demuestra que los indiciados utilizaron las redes sociales para desplegar sus conductas delictivas.



Las pruebas

El Juez considera como pruebas que:

Se tienen pruebas documentales, de noticias en diarios veracruzanos en los que se da cuenta con motivo de rumores en las redes sociales de supuestos hechos violentos en las ciudades de Veracruz y Boca del Río y en el punto 2 de los considerandos apunta que también se tiene la documental que contiene el monitoreo de medios electrónicos del 25 de agosto, día en el que se suscitaron los supuestos rumores.

Dentro de las pruebas que considera el juez, se encuentran los oficios de investigación de agentes ministeriales comisionados al caso, y que consisten en el rastreo de cuentas de internet y de redes sociales, lo que dio lugar a la orden de presentación de Gilberto Martínez Vera y de María de los Ángeles Bravo Pagola.

Además, se obtuvo la pericial en informática forense de la que se desprende que se extrajo información importante del equipo de Martínez Vera, relacionada con los mensajes subidos a través del usuario @Gilius_22 en Twitter, y también de “Maruchi Bravo Pagola”.

Otra prueba es que un oficio comprueba que el servicio de Emergencia 066 se vio bloqueado por varias horas, y se colapsaron las redes telefónicas de la ciudad de Veracruz, Veracruz.

Y para sumarle un poquito más, también cuentan con la declaración de la Cámara Nacional de Comercio, en las que se asegura que ese día, los afiliados a la organización sufrieron pérdidas cercanas al 70% de sus ventas.

El auto de formal prisión también señala que una de las pruebas, es el diario Notiver, el cual publica varias fotos en las que se puede ver “claramente fotografías de padres de familia corriendo jalando a sus hijos, en virtud de la histeria colectiva que se desató gracias a las diversas informaciones falsas“.

Aquí te dejamos el auto de formal prisión dictado a los tuiteros de Veracruz.

Duarte Ochoa dice "...me considero usuario...pero lo hago responsablemente"

El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, defendió la decisión de su gobierno de acusar de terrorismo a dos tuiteros que advirtieron sobre ataques a escuelas en el puerto de Veracruz.

Entrevistado en el Museo Nacional de Antropología, luego del mensaje del presidente Felipe Calderón con motivo de su V Informe de Gobierno, dijo que el tema no son estas dos personas, sino el delito en que incurrieron.

Insistió en que es correcta la acusación contra la periodista María de Jesús Bravo y el profesor Gilberto Martínez, pues la conducta de terrorismo y sabotaje que aparece tipificada en el Código Penal de Veracruz, “concuerda perfectamente con la actividad que estas dos personas realizaron y que puso en riesgo a miles de niños”.

Duarte de Ochoa señaló que desconoce si estas dos personas lanzaron los mensajes en Twitter pensando en las consecuencias de sus actos, pero “está claro que hay la intención de alarmar y mentir”.

Según el gobernador de Veracruz, la detención de Bravo y Martínez no tiene que ver con el hecho de que utilicen las redes sociales. “Yo mismo me considero usuario de las redes sociales, pero lo hago responsablemente”.

Insistió en que los mensajes que se supone enviaron estas personas causaron problemas de tránsito, choques, crisis nerviosas y pusieron en peligro a miles de niños en las escuelas.

El problema fue que los anuncios fueron leídos por directivos de escuelas, quienes llamaron a los padres de familia, como efecto de la “onda expansiva” que provocan las redes sociales.

Por ello, insistió en que el problema no son las redes sociales, “supuestamente privadas”, sino la forma en que éstas se utilizan.

Notimex.

Solicitarán amparo ante la justicia federal, señaló Fidel Ordoñez, encargado de la defensa de Tweeters


Francisco Sandoval Alarcón
(@MRTERREMOTO)
animalpolitico.com

Un juez penal en Veracruz dictó auto de formal prisión contra la periodista María de Jesús Bravo Pagola y el tuitero Gilberto Martínez Vera, detenidos el viernes 26 de agosto por representantes la Procuraduría General de Justicia en Veracruz (PGJV), luego de ser acusados por la presunta comisión de los delitos de sabotaje y terrorismo.

A las tres de la mañana de este miércoles, el Juez de la causa determinó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público, adscrito a la PGJV, si demostraban la probable responsabilidad de los inculpados, acusados de producir “alarma, temor, (y) terror” contra la población del puerto al difundir mensajes, a través de las redes sociales Twitter y Facebook, en los que advertían que grupos armados estaban atacando a alumnos y padres de familias que se encontraban en centro escolares de la zona Veracruz-Boca del Río.

Entrevistado por Animal Político, Fidel Ordoñez, abogado defensor de los detenidos, informó que en el transcurso de la semana solicitarán a un amparo a la justicia federal, con el objetivo de solicitar la libertad del tuitero y la periodista, bajo el argumento que con esta detención se violaron derechos humanos y garantías individuales como la libertad de expresión.

Según el abogado, el Juez penal que dictó la formal prisión tiene de tres a seis meses para resolver la situación legal de los detenidos, sin embargo, explicó que con el amparo que pedirán el tiempo se va a recortar, pero no especificó cuánto.

“Vamos a ir las garantías violadas, lo que significa que en el amparo se deben estudiar estas violaciones de procedimiento y las violaciones formales a las garantías constitucionales de ellos”.

Sobre el estado de ánimo que guardan las familias de los detenidos, dijo que tanto los hijos de María de Jesús como la mamá de Gilberto se encuentran consternados.

“Como que no la creen. No entienden el por qué de esta situación. Ellos pensaban que sería un auto de libertad, pero no lo fue”.

Las autoridades veracruzanos, por su parte, se han negado a responder a los señalamientos que la periodista María de Jesús Bravo le hiciera al juez que lleva el caso, al acusar a los representantes de la PGJV de haberle arrancado una declaración ministerial bajo “coacción”.

Desde el lunes 29 de agosto, Animal Político ha solicitado en cuatro ocasiones, a los representantes de la PGJV, una postura oficial sobre los señalamientos de la periodista, pero hasta el momento no se ha tenido una respuesta de los funcionarios.

La organización para la defensa de la libertad de expresión, Artículo 19, emitió un posicionamiento en el que asegura que el gobierno de Veracruz obstaculiza el libre flujo de información.

viernes, 2 de septiembre de 2011

Intentó matar a su esposa a cuchilladas

Detienen ayer por la mañana a Héctor López Vázquez, de 31 años de edad, quien amedrentó con un cuchillo a su mujer, Araceli Guzmán González, misma que explicó a la autoridad que su marido la trataba de matar, luego de que tuvieron una acalorada discusión, la cual no llegó a más, ya que la autoridad intervino a tiempo.

Fue así como en la mañana del jueves un incidente casero se convirtió en un intento de homicidio, cuando los ánimos se calentaron en lo que era una riña matrimonial, propiciando que Héctor López Vázquez sacara de entre sus ropas un cuchillo con el cual intentó agredir a su mujer, Araceli Guzmán González, quien al verse amenazada corrió a guarecerse de su pareja sentimental, la cual después de un rato salió a la calle, situación que le dio tiempo a la asustada mujer de llamar a la policía.

Fue así como se reportó al 066 un intento de homicidio, el cual iba a ser perpetrado en la Región 227, manzana 15, lote 6, lugar a donde se apersonaron elementos de Seguridad Pública, quienes cuestionaron a la compungida mujer, la cual les refirió que su marido se enojó tanto cuando estaban peleando, que sacó de su ropa un cuchillo con el cual la intentó matar, por ello se vio en la necesidad de llamar a la autoridad.

De esta forma, tras tomar su declaración, los elementos de Seguridad Pública se dieron a la tarea de localizar al enardecido marido, quien deambulaba por la zona, por lo que fue fácil detenerlo y subirlo a la patrulla, para trasladarlo a las instalaciones de la corporación donde se le practicó el examen médico de ley, y posteriormente ponerlo a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, el cual le dictaminará su situación legal.

Es así como el destino del agresor está en manos de Araceli Guzmán González, quien tendrá que ratificar la demanda si desea que su esposo, Héctor López Vázquez, sea castigado por el intento de homicidio, pues en muchos casos las mujeres que acusan a sus maridos de agresión se arrepienten, ya que generalmente se reconcilian antes de que se proceda a continuar con el caso, lo que hace que muchas veces estos hechos no sean castigados conforme a la ley.

Periodistas fallecieron asfixiadas, declara Miguel Angel Mancera,.procurador capitalino

El Procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, rechazó que las dos mujeres halladas asesinadas ayer en Iztapalapa, Ana Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, hayan sido torturadas.

"Hoy les puedo decir que no hay huellas de tortura", indicó.

En entrevista con Carmen Aristegui, Mancera señaló que de acuerdo con información del Servicio Médico Forense las víctimas fallecieron de asfixia, además de que los cuerpos tenían disparos de armas de fuego.

"Hay una muerte que corresponde a la asfixia y hay dos lesiones por disparo de armas de fuego, prácticamente el dato o el signo principal para la causa del fallecimiento es la asfixia; la asfixia que se lleva a cabo con un mecanismo que se corresponde, por la huellas, a algún tipo de soga ."

Mancera indicó que no descartan ninguna línea de investigación, sin embargo están muy claros de que el asesinato no está relacionado con su trabajo periodístico.

"Estamos muy claros de que su colaboradora no estaba en alguna investigación delicada".

Agregó que se indaga si el crimen se debió a un asalto, debido a que una de ellas había realizado un retiro de dinero.

Ayer, los cuerpos de las dos mujeres fueron localizados por corredores en un parque de Iztapalapa.


El Semanario Agencia, ESA

Identifican cadáveres de mujeres asesinadas en Iztapalapa


Ciudad de México

Las dos mujeres encontradas asesinadas en Iztapalapa fueron identificadas como dos periodistas y se investiga si sus agresores las mataron durante un robo.

Las víctimas fueron reconocidas como Ana María Marcela Yarce Riveros, fundadora y directora de Relaciones Públicas de la revista Contralínea, y Rocío González Trápaga, ex reportera de Televisa.

La PGJDF informó que las mujeres, quienes eran amigas desde hace más de 10 años, murieron por asfixia y se habían citado ayer para tomar un café.

De acuerdo con las primeras investigaciones, González Trápaga era dueña de una casa de cambio en el aeropuerto, y aparentemente ayer realizó un retiro de una fuerte suma de dinero, por lo que se indaga si el crimen se debió a un asalto.

La información fue corroborada por la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales y por un comunicado de la propia revista Contralínea.

“Contralínea, Periodismo de Investigación, comunica con profundo pesar el fallecimiento de las periodistas Ana María Marcela Yarce Riveros y Rocío González Trápaga.

“Yarce fue fundadora y reportera de Contralínea y actualmente se encontraba al frente del área de Relaciones Públicas, y Rocío González Trápaga era ex reportera de Televisa y amiga de esta casa editorial, actualmente ejercía el periodismo de manera independiente”, señala el comunicado de la revista.

A las 6:00 horas de este jueves, vecinos de la Colonia Las Maravillas reportaron a las autoridades el hallazgo de los dos cuerpos.

Niños matan a su madre con una Uzi


Santa Ana, Chihuahua.

Una mujer perdió la vida al recibir un disparo de arma de fuego en el cuello, cuando sus hijos accidentalmente tiraron una ametralladora tipo UZI, que se encontraba encima del trastero de la cocina.

La fiscalía del Estado informó del hecho, el cual ocurrió en el poblado de Santa Ana, en el municipio serrano de Chínipas.

Según el reporte del ministerio público, los niños jugaban con una pelota en el interior de la vivienda, cuando golpearon un trastero y cayó una ametralladora que se encontraba encima del mismo, accionándose al golpear contra el piso de cemento.

El reporte ministerial añade que los hechos se dieron el pasado 30 de agosto, en el municipio de Chínipas, en la sierra Tarahumara, donde perdió la vida Brenda Gabriela Núñez Márquez, de 32 años de edad.

La mujer recibió una herida del arma de fuego calibre 9 milímetros a la altura del cuello, lo que le provocó la muerte por shock hipobolémico.

Los agentes ministeriales levantaron como evidencia el casquillo percutido y el arma de fuego tipo UZI, calibre 9 milímetros, la cual estaba semi destruida, ya que los menores intentaron destruirla para ocultar los hechos, de acuerdo a la declaración que hicieron los niños.