En un "informe", el presunto homicida de Mayra Ayuso implicó a Félix González

Resurge acusación de asesinato contra candidato priísta a la gubernatura de QR

La madre de la víctima amplió la demanda porque la muchacha estaba embarazada

Las versiones, "chismes" para afectarlo en los comicios: subprocurador de Justicia

BLANCHE PETRICH, HUGO MARTOCCIA Y JAVIER CHAVEZ ENVIADA Y CORRESPONSALES

Cancun, QR, 5 de febrero. A 12 horas de que se inicie la competencia electoral por el gobierno de Quintana Roo, al candidato del PRI Félix González Canto se le vino encima un viejo expediente judicial que se había "extraviado" hace años y en el que se le señala como implicado en el asesinato, el 9 de noviembre de 1999, de una jovencita de 16 años, Mayra Ayuso Rodríguez, en Cozumel, donde el priísta, en esa época de 31 años, era presidente municipal.

La madre de la muchacha, Ana Isabel Rodíguez Mejía, presentó anoche una demanda penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por el extravío de la averiguación previa 1100/99, y pidió que fuera aceptada como prueba parte de este expediente perdido y recuperado por la familia de Mayra. En éste, uno de los declarantes, Juan Carlos Padilla Alcocer, confesó haber matado a golpes a la adolescente junto con un cómplice de nombre José Enrique, por encargo de un señor Rocha.

Dijo ante el agente del Ministerio Público de Cozumel, Mario Cajum Fernández: "Bajamos a Mayra en un lote baldío ubicado en un costado del aeropuerto y le advertimos acerca de la actitud que estaba tomando con el presidente municipal, de quererlo extorsionar por un supuesto embarazo, poniéndose ésta impertinente, por lo que se tuvo que tranquilizarla a golpes, y como estábamos ya alcoholizados se nos pasó la mano y la abandonamos en el lugar. Agrego a usted que la intención no era matarla, sino darle un pequeño susto".

El presunto asesino admitió haber recibido el pago por el encargo cumplido y además "me trasladé unos días a Playa del Carmen y Cancún para pasar unos días de vacaciones regresando después por el efectivo faltante". Después fue interceptado por Cajum para que realizara su declaración ministerial y fue dejado en libertad. Nunca se le volvió a molestar.

Por la muerte del hijo nonato de Mayra su madre amplió ayer su denuncia por doble homicidio.

La manipulación y extravío del primer expediente de este caso, dijo la madre de la muchacha al fundar su demanda, es un hecho "grave, delictivo e ilegal", porque en este reporte "se señala a los autores materiales del delito de homicidio de mi hija y de su hijo no nacido, y de igual forma se indica que el autor intelectual es Félix González Canto".

Este viernes empezó a circular entre algunos medios de prensa un "informe de investigación", firmado por el comandante de la policía judicial de Cozumel Jorge Picasso Sosa, con fecha del 8 de enero de 2000, con la declaración ministerial de Padilla Alcocer.

Al salir de la diligencia, llorosa y custodiada por el chofer del candidato del PRD-PT al gobierno estatal, Juan Ignacio García Zalvidea, la madre de Mayra recalcó que su demanda es contra quien resulte responsable y declinó hacer más comentarios.

Las dos hojas del expediente extraviado que detonaron el nuevo giro en este caso, que durante años logró ser acallado por autoridades judiciales del estado, pertenecen a la averiguación previa (AP) 1100/99. Esta fue sustituida posteriormente -no se precisa cuándo- por la AP 438/99. Este hecho, sostiene en su declaración la madre, es "incomprensible, arbitrario y contumaz, fuera de la lógica jurídica", y permitió el extravío de pruebas.

En el curso de la segunda averiguación fueron detenidos dos amigos de la joven, Alejandro Ciau Polanco, de 19 años, y Norma Páez, de 15, como "sospechosos". La chica fue liberada bajo fianza y el joven pasó 10 meses en la cárcel de Cozumel hasta que fue reconocida su inocencia.

En su nueva denuncia, la señora Rodríguez señala que Ciau fue "una víctima más de los funcionarios que integraron la maliciosa averiguación previa con el objeto de no señalar a los verdaderos asesinos materiales e intelectuales de mi hija".

La demanda de la señora Rodríguez se presentó ante el agente del Ministerio Público en turno de la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo. Poco antes de que iniciara, el subprocurador Luis Alfonso Chi Paredes intentó "desmentir" la cita de reporteros con la madre de Mayra y opinó que "todas esas versiones son chismes para afectar electoralmente" al candidato del PRI.

En la recta final de las campañas políticas el tema de este asesinato, ocurrido hace un lustro, no estuvo ausente de los medios de comunicación locales, pero los operadores políticos de González Canto no previeron que pudiera llegar a este punto.

La declaración de Padilla Alcocer aporta también elementos que apuntan a la existencia de prostitución infantil y pederastia en la isla en aquellos años, práctica en la que estaría involucrado el ex director de la Policía Municipal de Cozumel, de apellido Rocha, y de la que el alcalde González Canto supuestamente era cliente.

El presunto homicida declaró que llegó a la isla de Cozumel con José Enrique, de quien desconoce sus datos generales, y se hospedaron en el hotel El Cozumeleño, donde fue presentado con el señor Rocha, y le explicó el trabajo que tenían que realizar; es decir, ir a una fiesta y ahí encontrar a Mayra, quien les iba a brindar un servicio en el que se incluía el sexo. Dijo que la finalidad principal era darle un susto debido a que "se encontraba extorsionando al presidente municipal, al que con anterioridad ella había dado un servicio."

El declarante ofrece más detalles. Se operaba en la discoteca Neptuno. Se les pagó 20 mil pesos iniciales por "el servicio" y luego se les liquidó una cantidad similar. Una vez muerta, el comandante Rocha -quien no fue citado a declarar en el proceso de investigación- los ayudó a "cambiarse de hotel" por protección y les aseguró que "iba a tratar de manejar la situación con gente de muy arriba".

El agente Cajum escuchó en ese entonces este relato de viva voz y levantó el acta. Posteriormente el comandante Picasso, de la Policía Judicial del estado, elaboró un informe a sus superiores. Después, el expediente se perdió. Ahora está de regreso, cuando nadie en las altas esferas del poder estatal lo esperaba.

¿ESTE ES EL GOBERNADOR QUE QUEREMOS?

Hace ya algunos meses, desde antes de que inicien las campañas electorales, puse este tema y al parecer quedó en el olvido.

Pariente de aspirante priísta, involucrado en asesinato 

BLANCHE PETRICH ENVIADA (La Jornada).

Cozumel, QR, 1º de febrero. El pequeño taller de Mirna Zapata, costurera de oficio, es comedor, sala y cocina a la vez. Ahí se prepara la comida, se ve la tele y se "costura", todo al mismo tiempo, cuando suena el teléfono. "Es de la campaña de Félix", anuncia una voz desde el fondo de la vivienda.

En la isla, la batalla por los votos, de dos de los candidatos a gobernador -Félix González, por PRI-PVEM, y Addy Joaquín, por PAN-Convergencia, ambos prominentes cozumeleños-, se libra casa por casa. Pero en este hogar, la llamada de los promotores del priísta cae como una bofetada. Dos mujeres, Ana de Ayuso y doña Mirna, han charlado toda la tarde dando vueltas a las historias de sus hijas: una muerta hace cinco años; la otra, violada el año pasado. En ambos casos se vieron involucrados hombres del poder. En ninguno se hizo justicia.

La hija de Ana, Mayra Beatriz, murió hace cinco años, cuanto tenía 16. Salió de su casa el 5 de noviembre de 1999 rumbo a la escuela, vestida con su uniforme. Nunca regresó. Cuatro días después la Policía Judicial estatal avisó a su madre que el cuerpo de la adolescente había sido encontrado en un terreno propiedad de la familia del entonces presidente municipal González Canto. Se inició la averiguación previa 438/99 por homicidio. El médico forense Efrén González, pariente del hoy abanderado por el PRI, dictaminó asfixia por ahorcamiento como causa de la muerte. Los padres de Mayra la enterraron el día 10. Al día siguiente del sepelio les avisaron de la agencia del Ministerio Público (MP) que "se les había olvidado el feto". En ese momento se enteraron de una segunda versión policiaca: que la niña estaba embarazada de cuatro meses al morir y tenía perforación del útero por un legrado mal aplicado. Se les informó que eso -y no un ahorcamiento- le había causado la muerte. Ante la duda, los padres pidieron la exhumación del cuerpo y otra necropsia. Cuatro meses después tenían otra acta forense, del mismo Efrén González, que dictaminaba: "muerte por traumatismo craneal". Y se confirmaba la lesión del útero. La diferencia entre las tres versiones, les dijeron, fue producto "de un error humano".

La familia Ayuso pidió entonces la exhumación del feto y exámenes de ADN para determinar la relación de esos restos con los de Mayra y poder identificar al responsable del embarazo. La Procuraduría de Justicia estatal se negó a abrir esa línea de investigación, alegando que debido al costo de los análisis de ADN sólo se hacían cuando se trataba de "un caso muy especial".

Algunos testigos declararon ante el MP que el presidente municipal, que entonces tenía 31 años, sostenía una relación sentimental con la adolescente y en ocasiones pasaba a recogerla a dos cuadras del Conalep, donde estudiaba. Al poco tiempo los testigos se retractaron.

La investigación, a cargo del entonces procurador estatal Carlos Humberto Pereira, fue errática. El sitio donde se encontró el cuerpo nunca fue preservado, y la familia propietaria inmediatamente construyó casas en los predios. No se investigó quién pudo haber practicado un aborto fatal ni las conclusiones contradictorias del forense. Jamás se cuestionó el comportamiento del alcalde ni los frecuentes escándalos de sus colaboradores con jovencitas. Al año fueron detenidos dos jóvenes, amigos de Mayra, como "sospechosos". Nelson Ciau, de 19 años, pasó casi un año en la cárcel porque en los cuadernos de la chica aparecía su nombre junto a corazoncitos dibujados. Y Norma Páez, de 15 años, tuvo que pagar una fianza para evitar ser apresada, por ser la mejor amiga de Mayra.

A cinco años de su muerte, su madre se pregunta: "¿Tiene caso que me siga dando golpes contra la pared?"

Doña Mirna Zapata, presente en la entrevista, piensa que vale la pena seguir luchando por esclarecer el caso. El año pasado, 4 de febrero, su hija de 13 años fue violada por José Agustín Rangel, chofer y asistente personal de Félix González, quien en ese momento era diputado. Cuando se enteró del ataque acudió al MP. Tardaron cinco horas en atenderla y cuatro días en aceptar practicarle un examen médico a la niña. En lugar de levantar el acta por violación, el MP calificó el delito de "abuso deshonesto", lo que permitió que el atacante, confeso, quedara en libertad.

Las autoridades judiciales no reaccionaron hasta que doña Mirna fue a Cancún y denunció el delito en conferencia de prensa. Con la intervención de la agente especial en delitos sexuales del estado, Ruth Bustillos, el delito fue calificado finalmente de violación y se emitió orden de aprehensión contra Rangel. Entonces la familia recibió noticias de que Félix González quería hablar con la madre para llegar a un acuerdo. Polly, esposa del candidato, le pidió que abandonara el caso. "Ya ve que todavía tenemos a cuestas el asunto de Mayra", le dijo. El presidente de la Asociación de Padres de Familia de Quintana Roo, José Pulido, también la contactó -y después lo reconoció ante la prensa- para ofrecerle un millón de pesos.

Pero Mirna Zapata no ha desistido de su denuncia. En una población pequeña, como es Cozumel, se sabe cuando llega Rangel a la isla, custodiado y protegido. La policía municipal no se atreve a aprehenderlo. "Mire, doña -le han dicho a la madre-, nosotros no podemos hacer nada; si usted lo detiene y lo somete nos lo trae."

En opinión de doña Mirna, el arresto de Rangel y una investigación a fondo del médico forense Efrén González pudieran ser la clave para esclarecer la muerte de Mayra Ayuso y hacer justicia a su propia hija. Las dos mujeres esperan.

:angry:

México: Los mitos de J. Villalobos

Raymundo Riva Palacio | 2010-01-09 | La Opinión

México

En el momento más álgido de la crítica al presidente Felipe Calderón por su manejo de la guerra contra las drogas, una mano amiga salió en su defensa. Joaquín Villalobos, quien de ser uno de los cinco comandantes del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional salvadoreño pasó a ser consultor internacional en solución de conflictos, publicó un alegato en la revista Nexos donde critica a los críticos de la estrategia gubernamental. En 12 puntos pretendió desmantelar la ola expansiva opositora con argumentos con olor a pinos, bordados con verdades a medias y sofismas. Un buen intento que resultó fallido.

Villalobos empieza tropezándose al afirmar que el origen de la guerra contra el narcotráfico se debió a que el presidente Calderón decidió combatir frontalmente al narcotráfico por la violencia extendida, que había sido enfrentada por el gobierno de Vicente Fox. No dice que esa violencia entre cárteles estalló tras la fuga de Joaquín "El Chapo" Guzmán de un penal de máxima seguridad en el inicio del sexenio foxista, donde la responsabilidad era del entonces subsecretario de Gobernación, Jorge Tello Peón —viejo amigo de Villalobos—, ni explica porqué, si existía se percibía tan grave el fenómeno, nunca figuró en el discurso de campaña, ni en sus promesas electorales, ni en su programa de gobierno.

El narcotráfico no era prioridad para Calderón, quien iba a arrancar su gobierno sobre dos ejes: infraestructura y monopolios. Pero a cinco días de haber iniciado su administración, todo cambió. El 5 de diciembre, sin consultar con nadie, el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, autorizó que detuvieran a Flavio Sosa, líder de la APPO, sobre quien había una orden de aprehensión por su participación en el conflicto magisterial en Oaxaca. La detención provocó alarma en el gobierno por las consecuencias que preveían y lo censuraron políticamente. Sin embargo, el tracking poll de la Presidencia, que es la encuesta diaria para medir las políticas del gobierno, mostró un brinco significativo en la aprobación de Calderón.

Un presidente sin legitimidad por la sospecha de fraude electoral, vio que la acción policial le daba la fuerza moral que no había conquistado en las urnas. García Luna, quien llegó al equipo porque en vísperas del anuncio del gabinete, el designado Tello Peón declinó el cargo, fue visto inmediatamente como una solución al déficit político que arrastraba Calderón. Esa ventana fue aprovechada por el secretario, quien planteó al Presidente una lucha contra el narcotráfico, con la participación de las Fuerzas Armadas, que fueron arrastradas a ella. En Los Pinos lo vieron como una oportunidad para mejorar la imagen del Presidente y siete días después comenzó la guerra. Durante dos años y medio al menos, funcionó mediáticamente.

Villalobos plantea, sobre la misma mentira original, que Calderón no tenía opción. Argumenta que el estar "atrapado" México entre Estados Unidos, el mar de los consumidores, y Centroamérica, la zona "más violenta del mundo", no podía aislarse de la contaminación del fenómeno. Nuevo sofisma. El problema estalló mucho antes que cambiara el entorno social en Centroamérica: en 1996, los cárteles colombianos modificaron los términos de pago a sus socios mexicanos, y con ello la dinámica del fenómeno.

Los colombianos informaron a sus socios que dejarían de pagar en efectivo a los cárteles mexicanos que introducían la droga a Estados Unidos, y que saldarían las deudas en especie. Al quedarse la droga en México se modificó radicalmente el estado de cosas, en términos de negocio y de consumo. Las bandas mexicanos tuvieron que crear redes de distribución y comercialización que necesitaban respaldos logísticos y de seguridad, entrando en una espiral de competencia por el nuevo mercado. Se convirtieron en cárteles transaccionales, otro sofisma que plantea Villalobos, quien alega que las organizaciones evolucionaron al narcotráfico del contrabando, lo cual sólo sucedió con el Cártel del Golfo.

Este desconocimiento del origen de los cárteles de las drogas en México lleva a Villalobos a incurrir en otro error. Al criticar las teorías conspirativas de que detrás del narco hay políticos poderosos y empresarios, Villalobos afirma que el narco surge de clases medias bajas con poca educación que se dedicaban al contrabando. Esto refleja el origen de El Golfo, donde Juan N. Nepomuceno construyó una organización delictiva a partir del contrabando de whiskey y electrodomésticos en el noroeste del país. Nunca quiso entrar a las drogas, que fue introducida por su sobrino, Juan García Ábrego, actualmente preso en Estados Unidos, cuando lo sustituyó. Pero el resto tuvo un origen distinto. Los principales barones de la droga que dieron origen a los cárteles que se fueron creando y recreando desde fines de los 60 y 70, eran policías, como Guillermo González Calderoni, Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Aguilar, quienes encabezaron los cárteles de Guadalajara y Juárez, que se desdoblaron en Tijuana y Sinaloa.

Su operación no podía darse sin redes de apoyo institucional. Varios gobernadores han sido identificados abiertamente en el pasado por sus vínculos con los barones de las drogas, como Leopoldo Sánchez Celis y Antonio Toledo Corro; uno más está preso, Mario Villanueva. La propia Dirección Federal de Seguridad, nació al amparo de la CIA, que aceptó que algunos de sus jefes traficaran con marihuana. Más adelante, la hoy extinta DFS controló la distribución de cocaína que repartían a artistas y periodistas, y un secretario de la Defensa, Juan Arévalo Gardoqui, también fue señalado en Estados Unidos como el principal traficante de marihuana. Es decir, las teorías conspirativas, si bien alcanzan rangos ilimitados, sí tienen fundamento.

Villalobos olvida convenientemente toda esa larga historia de narcotráfico en México, y utilizan las cifras y argumentos del gobierno para establecer analogías amañadas, al no emplear los contextos adecuados. Estos alegatos sofistas no eran necesarios para hacer la defensa a la guerra contra las drogas. Una defensa panfletaria no es defensa. Es propaganda, donde un ex guerrillero al servicio del gobierno —quizás espontáneo—, es el nuevo protagonista de la campaña de medios.

Raymundo Riva Palacio es director de Eje Central.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

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Asfixia por ahogamiento de Manuel Jesús Valdez Calderón

Asfixia por ahogamiento causa del fallecimiento de Manuel Jesús Valdez Calderón, determinó la necropsia de ley.

La Procuraduria General de Justicia de Quintana Roo informa que una vez que personal del Servicio Médico Forense (SE.ME.FO.)., de Chetumal realizó la necropsia de ley a quien en vida respondiera al nombre de Juan Carlos Valdez Poot determinó que la causa de su fallecimiento obedeció a asfixia por ahogamiento.

Elementos de la Policía Judicial del Estado (P.J.E.)., destacados en Mahahual, Othón P. Blanco informan que, en relación a este caso, el dia 4 del mes en curso tuvieron conocimiento de que el ahora occiso junto a otras personas habían ido a pescar a la altura de la comunidad Río Indio ubicada en el sur de Quintana Roo, sin embargo después de un buen rato los acompañantes de Valdez Poot salieron, no asi él, hecho que fue reportado a autoridades policiacas asentadas en la zona, incluyendo a efectivos de la P.J.E.

De esa manera, agentes de la P.J.E., en estrecha coordinación con elementos preventivos estatales, municipales, de la Marina y el Ejército Mexicano se incorporaron a la búsqueda de Juan Carlos Valdez Poot de 23 años de edad cuyo hallazgo fue reportado a temprana hora de este jueves a aproximadamente 15 kilómetros del lugar en donde junto a amigos ingresaron a pescar, expuso el director de la P.J.E., en el sur de la entidad Fernando Lira Manzanero.

El representante social destacado en Mahahual, Othón P. Blanco por su parte informó que al tener conocimiento del hallazgo del cadáver acudió al sitio en donde dio fe que lo encontró a la orilla de la playa en posición decúbito ventral, asentando los hechos en el Acta Circunstanciada AC- 2/91/2010 y en la que oficialmente fue identificado por su papá Manuel Jesús Valdez Calderón.

Grupo de sicarios asesina al periodista mexicano Valentín Valdés

Un grupo de sicarios asesina al periodista mexicano Valentín Valdés a la salida de su trabajo

MONTERREY, 8 Ene. (Reuters/EP

Un grupo de hombres armados, presuntos sicarios, asesinaron este viernes al periodista del diario mexicano 'Zócalo' Valentín Valdés, después de secuestrarlo a la salida de su trabajo en la noche del jueves en la ciudad de Saltillo, en el estado de Coahuila (norte).

La Policía encontró su cadáver fuera de un motel de la ciudad con un disparo y un mensaje en el pecho cuyo contenido no ha sido facilitado a los medios de comunicación. Sin embargo fuentes del diario para el que trabajaba aseguran que el texto contiene amenazas contra el fiscal estatal, Jesús Torres, que en diciembre de 2009 lanzó una ofensiva contra el crimen.

Funcionarios de la oficina del fiscal general del estado de Coahuila afirmaron que Valdés era uno de los objetivos de las bandas de narcotraficantes que operan en la zona por su trabajo, dedicado a contar los problemas locales de la ciudad.

Éste es el segundo ataque contra un informador en menos de un mes, después de que en diciembre presuntos sicarios mataran a un periodista en la ciudad balneario de Tulum, en el estado de Quintana Roo (sureste), y secuestraran a otro en el estado de Sinaloa (noroeste).

Saltillo y las ciudades de Monterrey, Reynosa y Matamoros están controladas por el cártel del Golfo de México y su brazo armado, 'Los Zetas', dedicados al tráfico de drogas y al blanqueo de dinero procedente del mismo.

La lucha por el control de las principales vías de narcotráfico en México hacia Estados Unidos ha causado cerca de 17.000 muertes desde que el presidente Felipe Calderón iniciara en 2006 su campaña contra las drogas.

En concreto, 24 periodistas han sido asesinados desde entonces, convirtiendo a México en uno de los países más peligrosos del mundo para los medios de comunicación, de acuerdo con el Comité de Protección a Periodistas de Estados Unidos.

"El asesinato de Valdés sigue un patrón de violencia sin precedentes contra los medios de comunicación en México", dijo el coordinador principal de la comisión para la América Latina, Carlos Lauría.

Homicidio de indigente el móvil fue el robo de sus bienes muebles

El agente del Ministerio Público informa que integra la averiguación previa 29/2009 por el delito de homicidio de una persona del sexo femenino en el interior de una cuartería marcada con el número 493 de la calle Librado Rivera entre Benjamin Hill y Ramón Corona en la capital del estado.

El representante social agrega que el reporte del caso, lo recibió esta mañana a través de agentes de la P.J.E., motivo por el cual junto a peritos y elementos de la Policía Judicial del Estado (P.J.E.)., acudieron al sitio en cuyo interior ubicaron en posición decúbito ventral el cadáver de quien en vida respondiera al nombre de Maria Guadalupe Pérez de 51 años de edad, propietaria del inmueble de acuerdo a datos aportados por Hiner Ulisés Verde ( hijo de la fallecida) y Virginia de los Ángeles Arguelles Pérez hermana de la mencionada.

Vergonzoso contraste

CHETUMAL, 31 de diciembre

Jorge Luis Uc Ramírez (Diario de Quintana Roo)

Mientras Leidy Balam Jiménez goza de su libertad al ser beneficiada por el Ministerio Público del Fuero Común con una caución de 26 mil pesos, los familiares de Martha Yasuri Chan Romero tendrán que desembolsar cerca de 50 mil pesos por las dos operaciones a la que será sometida la niña por las lesiones sufridas, además de que vio truncado sus planes de participar en las olimpiadas regionales en tae kwon do que le darían el pase a las justas nacionales del 2010.

Yoer Chan Xool, padre de la menor, manifestó a Diario de Quintana Roo su inconformidad por la liberación de Leidy Balam Jiménez, de 23 años de edad, pues por su imprudencia al conducir, a su hija Martha Yasuri le iban a amputar la pierna derecha por la fractura de tibia y peroné que sufrió el fin de semana pasado.

El informante dijo que las llantas del vehículo Ford Mercury placas UVS-68-98 conducido por Leidy Balam Jiménez le pasaron encima de la pierna derecha de su hija, lo que le originó la doble fractura, aunque por fortuna los médicos de la Clínica Carranza lograron salvarle la pierna a la mujer.

Sin embargo, Martha Yasuri será intervenida en varias ocasiones, “la primera fue el día que sucedieron los hechos, pero este sábado será sometida a una segunda operación para que le reconstruyan los tejidos, aunque el médico que la atiende me ha dicho que no serán las únicas intervenciones quirúrgicas que le hagan”, dijo el informante.

Dijo que su hija participaría en las olimpiadas estatales que le diera su pase a las justas regionales en tae kwon do y de esta manera obtener su boleto a las nacionales 2010 a realizarse en el Estado de Jalisco el próximo año, pero las lesiones que sufrió frustraron sus planes.

Por ello no cesarán en sus esfuerzos para lograr que la mujer pague por su imprudencia.

Para finalizar, el afligido padre dijo que la madre de Leidy Balam Jiménez le ofreció 7 mil pesos advirtiéndole que, lo aceptara o no, ella pagaría la fianza de su hija para que quedara en libertad.

Al respecto, el director de Averiguaciones Previas Juan Antonio Alcocer Basto dijo que el Ministerio Público del Fuero Común fijó una caución de 26 mil pesos a Balam Jiménez para que saliera en libertad, asegurando que el expediente será turnado al juzgado correspondiente donde se definirá la situación de la mujer.

Sin embargo cabe hacer mención que Leidy obtuvo su libertad sin recibir el perdón de los afectados, quienes piden a las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado procurar justicia a favor de los querellantes y no de los responsables.